Ante los altos precios del oro Colombia debe formalizar a pequeños mineros

 Después de romper la barrera de los 3.000 dólares por onza, el precio del oro mantiene su tendencia al alza marcando récords históricos. Según expertos, esa cifra se mantendrá en los próximos meses, lo que motivará los procesos informales de extracción minera y de explotación ilegal en países como en Colombia, en donde la mayoría del metal se obtiene por esta vía.

En el país más del 90 % de la extracción del oro es informal y se realiza por minería artesanal y de pequeña escala, a la que se dedican más de 350.000 personas que encuentran en el barequeo y actividades similares un medio de subsistencia, y que genera cerca de 1 millón de empleos, según el Informe nacional: minería ilegal y contaminación por mercurio en Colombia, publicado en 2024 por la Procuraduría General de la Nación (PGN). En Antioquia, Cauca y Chocó, donde se concentra el 80 % de la producción nacional de oro, el 95 % es realizado por organizaciones de menos de 25 trabajadores.

Según el Informe, la minería ilegal se presenta en 323 municipios de 26 de los 32 departamentos de Colombia, y en 2022 creció un 19 %. El 85 % del oro que exporta el país tiene un origen ilícito, y el 70 % de este es controlado por grupos armados ilegales que han encontrado en esta práctica una forma de financiar sus actividades, incluso más lucrativa que la cocaína, y a veces a gran escala con dragas y maquinaria pesada como en el río Quito (Chocó). Ante el auge del oro se ha evidenciado un aumento de este tipo de extracción en zonas como Santa Fe de Antioquia y Buriticá (Antioquia).

Por la poca confianza que tiene el dólar en el panorama político, el oro sirve de refugio físico y psicológico de valor frente a una posible recesión económica mundial. Por eso alcanzó un precio histórico de 3.133,70 dólares por onza troy (medida estándar de metales preciosos equivalente a unos 31 g), sobrepasando un umbral que en el mediano plazo es muy difícil que vuelva a estar por debajo de los 3.000 dólares”, explica el profesor Giovanni Franco Sepúlveda, Ph. D. en Ingeniería y director del Grupo de Planeamiento Minero (Giplamin) del Departamento de Materiales y Minerales de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín.

El docente señala además que “ante este panorama, los altos precios del oro implican un incremento considerable en el mercado ilegal del mercurio, utilizado de manera irracional –técnica y ambientalmente– en las explotaciones de oro aluvial”. Por ejemplo, el Informe de la PGN indica que en Cauca se vierten en promedio 16,85 t anuales de mercurio y se usan 8,56 g por cada gramo de oro extraído, a pesar de que en Colombia el mercurio está prohibido según el Acuerdo de Minamata. Así mismo demandará más explosivos que se usan en la minería subterránea de oro de veta.

Según la Agencia Nacional de Minería y la Unidad Planeación Minero Energética (UPME), en 2024, mientras todas las exportaciones mineras se redujeron, el oro incrementó un 20,5 %.

El profesor Franco agrega que “los procesos informales de extracción minera de oro aumentan para aprovechar el precio de oportunidad de las altas cotizaciones del mineral”. Lo que preocupa es que esta situación lleva a que el Estado deje de percibir incalculables sumas de dinero provenientes de estas explotaciones, pues no se pagan cargas impositivas ni tributarias, y mucho menos regalías fruto de esta extracción, por lo que esta renta minera que no se distribuye equitativamente en toda la población debería financiar proyectos locales, departamentales y nacionales, mas no los bolsillos ilícitos.

Oportunidades y desafíos

“En Colombia seguimos enfrentando un desafío que parece insuperable: la incapacidad de construir una política pública eficaz que les permita a los mineros informales acceder de manera rápida y sencilla a programas de formalización, ya que los requisitos y la inversión necesaria para sus títulos los lleva a preferir la informalidad”, sostiene el profesor Franco.

Por eso propone construir puentes entre las grandes empresas mineras y los pequeños mineros que cumplan requisitos básicos para formalizarse, con el fin de construir una cadena productiva de la extracción del oro, una minería bien hecha que proteja la flora y la fauna de la contaminación, y además formalizada, de modo que permita aprovechar los conocimientos de todos los actores para convertir el sector minero en un apalancador de responsabilidad social y protección del medioambiente.

“La propuesta no es solo una solución pragmática, sino un modelo en el que todos ganan. El Estado se beneficiaría al reducir los niveles de informalidad y aumentaría el recaudo tributario, lo que fortalecería las finanzas públicas. Las empresas mineras, por su parte, podrían aprovechar los altos precios del oro para mejorar sus balances financieros y generar mayor confianza entre sus accionistas. Los mineros formalizados accederían a prestaciones sociales y seguridad laboral, protegiendo tanto su bienestar como el de sus familias”, concluye el docente.