Prevenir la deforestación, producir energías renovables y sostenibles, además de avanzar en la gobernanza ambiental, son algunas de las políticas públicas efectivas de mitigación y adaptación para que Colombia cumpla con la meta de reducir en 51 % las emisiones de gases efecto invernadero del país para el 2030.
Así lo recomienda Gustavo Ortega, doctor en Derecho de la
Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y miembro del Grupo de Investigación
del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la UNAL, quien explica que la
gobernanza ambiental debe involucrar actores de la sociedad civil –como empresa
privada y comunidades locales– como parte de la hoja de ruta que llevaría al
país a cumplir sus metas frente a la lucha contra el cambio climático para la
próxima década.
El experto recordó que el cambio climático es una realidad
que debemos afrontar día tras día, por lo que es importante fortalecer la
política ambiental tanto en mitigación como en adaptación (integración de
instrumentos de planificación ambiental y territorial, inversión en proyectos
ambientales, etc.).
En momentos en que se analizan los avances de las acciones
de los países para frenar este fenómeno en la Semana del Clima de Nueva York
–evento global organizado por The Climate Group y las Naciones Unidas, en
colaboración con la COP-26– el investigador aseguró que aunque las estrategias
que se adelantan en el país han seguido los lineamientos que se han venido
aprobando en la ONU, aún falta por hacer.
Esas estrategias consisten especialmente en planes de
mitigación para disminuir la concentración de gases de efecto invernadero de
origen humano (antropogénicas) y otros de adaptación, con el fin de reducir
vulnerabilidades y riesgos.
Producción limpia
Sin embargo, el principal factor está asociado con la
contaminación por emisiones a la atmósfera. Según sus investigaciones, por no
encontrarnos dentro de los países con mayores niveles de industrialización,
nuestras emisiones están ocasionadas especialmente por la deforestación y los
cambios en el uso del suelo.
En este sentido, la pérdida de bosques, por ejemplo en la
Amazonia, es un aspecto crítico, pues afecta la capacidad de los ecosistemas
para capturar dióxido de carbono y producir oxígeno. También influyen en gran
medida la industrialización y quema de combustibles fósiles como los derivados
del petróleo y del carbón, por lo que se deben diseñar estrategias de
producción limpia.
Precisamente en el documento “Convergencia por Colombia:
Ideas desde la universidad para diálogos constructivos”, realizado por la UNAL
en junio pasado, en marco del “Pacto por la vida”, se precisa que Colombia
puede alinear su estrategia de carbono neutralidad de largo plazo E-2050 con
sus planes de recuperación económica en el periodo posCovid-19, y llevar a cabo
alianzas regionales que potencien los esfuerzos conjuntos de preparación
técnica de las economías para sus transformaciones.
No obstante, los expertos participantes en la construcción
del Pacto reconocen la dificultad de reducir las emisiones bajo marcos
insuficientes de políticas públicas y modelos productivos.
A pesar de todos estos esfuerzos, desde el punto de vista de las políticas, aún falta mucho por avanzar, y aunque gran parte de la responsabilidad en las soluciones está en mano de los países más industrializados, Colombia tiene que formar parte del proceso y hacer realidad su estrategia para seguir siendo uno de los líderes en biodiversidad.
