Creencias como que el canto de los canarios ayuda con los negocios, que la sangre de los chulos sirve para curar el asma, o que tomar caldo de pichón de loro ayuda a los niños a hablar, forman parte de los usos indebidos que incentivan el tráfico de fauna silvestre.
Así lo destacó la veterinaria Carmen Rocío González Cantor,
de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), subdirectora de Silvicultura
Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente, en el
programa Análisis UNAL, de Radio UNAL (98.5 FM). Según la
funcionaria, “la fauna silvestre es objeto de comercialización o de tenencia
ilícita para tener especímenes como animales de compañía –como los loros y
canarios costeños–, o para venderlos”.
Agrega que “en todo el mundo se utilizan muchos de los
animales para el consumo humano –como las tortugas matamata (Chelus
fimbriata)– y en otros casos para preparar medicamentos con el veneno que
producen algunas ranas”.
Animales de fauna silvestre como tortugas, águilas, osos,
guacamayas y loros están dentro del territorio nacional y viven sin la
intervención del hombre. Sin embargo, el tráfico ilegal de especies está entre
los ocho negocios ilícitos más lucrativos del mundo y produce al menos 10.000
millones de dólares al año.
Las especies exóticas que se trafican se utilizan como
mascotas de moda, para suplir costumbres alimenticias (carne de cacería), por
creencias o para lucrarse.
En términos generales, cada año se trafican en el mundo
alrededor de 30.000 mamíferos, de 2 a 5 millones de aves, de 2 a 3 millones de
reptiles y 6.000 millones de peces y anfibios.
Ante esta problemática mundial, nació la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES), cuyo objetivo principal es regular la exportación, reexportación
e importación de especies, así como la introducción de especímenes de animales
y plantas procedentes del mar, listadas en alguno de sus tres apéndices.
Así mismo el Gobierno nacional ha tomado medidas más
drásticas para combatir este flagelo, el cual está tipificado en el Código
Penal que establece “que humanizar a los animales silvestres es un delito
porque se considera como maltrato animal”.
El 13 de abril de 2020, la Procuraduría emitió la Directiva
014, la cual ordena que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) deben
recoger todos los animales de fauna silvestre que dejaron en tenencia, excepto
en zoológicos y universidades.
Para que un animal de fauna silvestre se reincorpore a su
hábitat natural pueden pasar semanas, meses y años, pues es un proceso lento
que depende de la evolución en la adaptación que muestre el animal; en algunos
casos los animales no logran adaptarse y nunca pueden regresar a su hábitat
natural.
Los profesionales en la salud animal –como biólogos,
zootecnistas y veterinarios– realizan una evaluación exhaustiva del animal que
se encontraba en tenencia, con el fin de conocer su estado de salud física,
nutricional y psíquica.
Prevención desde la Orinoquia
La ingeniera agrónoma Ana María Romero Hernández, profesora
de la UNAL y coordinadora del proceso de extensión de la Sede Orinoquia,
explica que “cuando se extrae un animal de fauna silvestre de su hábitat común,
se da un desequilibrio ecológico sistémico. Los animales sufren problemas en su
psiquis y empiezan a tener procesos de humanización, creando dependencia de las
personas para sus procesos vitales como la subsistencia y la alimentación”.
La UNAL Sede Orinoquia y la Policía Ambiental de la zona
realizaron una campaña de sensibilización para que las personas conozcan esta
situación.
La propuesta “Dale vía a la vida” busca concientizar a los
conductores que pasan por el trayecto desde la Arauca hasta el km 9 del Campus
de la UNAL Sede Orinoquia, para que protejan la vida de los animales silvestres
que aparezcan en el camino.
Esta campaña está vigente y debe mantenerse permanente. Por
otro lado, se están buscando otros aliados como las CAR y se espera
promover estrategias también en Casanare.
En 2020 se incautaron 19.580 especímenes de fauna y 202.255
de flora gracias a acciones articuladas de las autoridades ambientales del
país.
