Incluir a las comunidades en la discusión y construcción de las políticas públicas de seguridad alimentaria en los distintos territorios del país es clave para que se orienten los programas y metas en esta dirección.
Así lo plantea Alejandra Álvarez, nutricionista dietista con
grado de honor de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), en su
investigación sobre economía feminista, pos-neoliberalismo y seguridad
alimentaria, que forma parte de la lista de tesis meritorias del Bicentenario,
publicada en forma de libro por la Editorial UNAL.
“Este libro resulta de dos intereses fundamentales: los
procesos de lo alimentario y las diferentes formas de entenderlo desde lo
institucional, desde enfoques comunitarios y sociales como el concepto de
soberanía alimentaria; y segundo, los procesos de participación ciudadana en la
construcción de políticas públicas”, puntualiza.
Desde 2008 Colombia cuenta con una política pública de
seguridad alimentaria y nutricional que se espera afianzar en los territorios
adaptándola a los planes territoriales de cada municipio, en los que se debe
hacer inclusión efectiva de la ciudadanía.
La nutricionista Álvarez cuenta que “empezamos a indagar si
eso pasa efectivamente y encontramos que el caso del Plan Decenal 2010-2019 de
Nariño es emblemático, pues ese departamento, además de contar con un plan,
involucra un enfoque innovador en el país de la soberanía alimentaria”.
La investigación advierte que en el documento técnico de
Nariño se estableció un proceso participativo y se evaluó la situación a través
del estudio de caso, entrevistas y revisión de documentos que permitieran
reconstruir el proceso de formulación de la política. Por ello, una de las
conclusiones del estudio es que es necesario sistematizar este tipo de
ejercicios para hacer un mejor análisis.
El estudio identificó que efectivamente el proceso de la
política se dio en el marco de la participación y que además involucró un gran
espectro de actores d
Otra de las conclusiones es que, si bien hubo un proceso de
participación mediado por la institucionalidad y no en todos los momentos los
actores comunitarios pudieron tener incidencia, si se dio una construcción
social. “Esto es importante porque gran parte de lo que se puede encontrar en
el libro es un viaje por el concepto de participación, y una gran conclusión es
pensar que aunque puede tener algunos apellidos, los procesos alimentarios son
una de las mejores formas para hablar de participación comunitaria”, subraya la
investigadora Álvarez.
Recomendaciones para la política pública
El trabajo, que surge del Instituto Unidad de
Investigaciones Jurídico Sociales Gerardo Molina de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAL, recalca que el proceso de
participación es constante, de esfuerzo, es un reto político, pero que cada vez
más se han abierto puertas desde ejercicios de organización, resistencia y
legitimación de las comunidades en el país.
Otro punto que indica la nutricionista Álvarez, quien
pertenece al Grupo de Investigación de Seguridad Alimentaria y Nutricional del
Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria de la UNAL, es que el ejemplo
de Nariño muestra que, aunque es de largo aliento, es realizable, que la puerta
a la participación está abierta y se pueden construir procesos más cercanos a
los territorios, involucrar nuevas formas de entender procesos como la
alimentación y nuevas formas de política pública.
Por último, la investigadora recalca que para la
participación es necesaria una tríada entre territorio, reconocimiento de
sujetos y la construcción de representación. “Estos procesos se deben dar desde
el reconocimiento de un territorio que da espacio a una comunidad y a la
construcción de una identidad y que, unido a los sujetos que habitan el
territorio y empiezan a construir el discurso, llega la construcción de la
representatividad positiva, legítima, que permita ejercicios de participación
cada vez más cercanos”.
