Durante el conversatorio “Críticas a los enfoques de la economía verde aplicables a las crisis ecológica y climática global”, desarrollado en el marco del evento Pre-COP16 en la UNAL Bogotá Región, se expuso la necesidad de hacer política pública desde el territorio; además, que el mercado de carbono no conduce a la sostenibilidad ni resolvería el cambio climático, y que no todos los productos pueden volver a la economía en términos de economía circular.
Al evento asistieron las docentes de la UNAL Nubia Janeth
Ruiz, Vicerrectora de Investigación; Carolina Jiménez Martín, Vicerrectora de
la Sede Bogotá, y Teresa Mosquera Vásquez, Directora de Investigación y
Extensión de la Sede Bogotá.
En su intervención, la profesora Ruiz señaló que “más de 30
años después de iniciar este trasegar por la lucha contra el cambio climático,
de firmar múltiples acuerdos multilaterales, de proponer procesos que intentan
reducir el cada vez más acelerado calentamiento global, el resultado no puede
ser más devastador. La medición de las temperaturas desde 1994 hasta 2023
muestra que el calor en la Tierra habría aumentado en 1,48 °C. Los
informes anuncian hoy, con gran preocupación, que hemos llegado a 1,5 °C,
dato que pone al planeta en un umbral del cual muchos ecosistemas tendrán
dificultades para adaptarse”.
En el conversatorio se expuso que el modelo de desarrollo
depredador debe cuestionarse y las políticas públicas centrarse en una economía
ambiental. Sin embargo, mientras algunas personas consideran que la economía
verde es portadora de grandes esperanzas para lograr salir de la crisis
multifuncional por la que pasa el mundo, otros creen que no es el camino
adecuado y que muchas de las propuestas a lo que llevan es a perder tiempo que
ya no hay.
Todo lo anterior haciendo referencia a los diferentes
enfoques de la economía verde, entre ellos: la bio-economía, entendida como un
modelo económico que se enfoca en la producción y el uso de recursos
biológicos, con productos derivados de la biodiversidad; la economía circular,
que implica un modelo de producción que aproveche los productos existentes el
mayor tiempo posible, como el reciclaje; y la economía verde, que es un modelo
económico que busca reducir el impacto ambiental y promover el desarrollo sostenible
fomentando la eficiencia energética y el uso de energías renovables, entre
otros propósitos.
“Existen numerosas evidencias de los mercados de carbono y
que algunos enfoques de la bio-economía y de la economía ambiental pueden
conducir a grandes asimetrías y desigualdades, no solo económicas, sino también
ecológicas y sociales, y muchos de estos mercados se han convertido en
especulaciones perversas y burbujas financieras sin que tengan impacto alguno
sobre el objetivo para el que fueron creados”, planteó la profesora
Castiblanco.
Bio-economía
Johana Regino, líder de la Misión de Bioeconomía y
Territorio del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación y estudiante del
Doctorado en Estudios Ambientales de la UNAL, expresó que la política pública
se debe deconstruir en términos de complejidad, teniendo en cuenta que se basa
en mostrar ejecución y no realmente en analizar si se está contribuyendo a
generar un impacto en los territorios, pues la naturaleza se percibe como un
recurso económico, y constantemente se estudia su uso útil.
“El concepto de bio-economía seguirá perpetuando la lógica
de crecimiento económico, y tanto para la academia como para la política
pública es un reto trabajar para definir los enfoques, ya que desde la
formulación de la política hay un vacío porque se hace en un escritorio de
Bogotá, cuando el verdadero impacto será en el territorio y se convierte en un
desafío socializarla con las comunidades cuando estas expresan otras
problemáticas”, aseguró la líder Regino.
Cambio climático
El economista Carlos Enrique Díaz, magíster en Medio
Ambiente y Desarrollo de la UNAL, aseguró que todas las organizaciones
internacionales que presionan para que en cada país se implementen políticas
públicas que mitiguen el impacto del cambio climático, en realidad tienen un
interés económico de fondo.
“La Política Nacional Ambiental de Colombia se construyó
desde afuera, se construyó del exterior. Estados Unidos, a través de entidades
como GIZ, Usaid o el Fondo Acción, presiona para que se desarrolle una guía de
instrumentación con políticas públicas de largo plazo, dejando imposibilitado
al Gobierno nacional para generar cambios estructurales en materia de ambiente,
ya que existen compromisos internacionales que no permiten que se hagan
políticas publicas pensando en las comunidades y el territorio, sino en sus
intereses”, sostuvo el panelista invitado.
Economía circular
Es un modelo económico que busca minimizar el desperdicio y
maximizar el uso eficiente de los recursos. A diferencia del modelo lineal
tradicional (“extraer, producir, desechar”), la economía circular propone un
ciclo cerrado en el que los productos, materiales y recursos se reutilizan,
reparan, reciclan y se les da un nuevo uso, evitando así que se conviertan en
residuos.
La panelista Nidia Yaneth Rincón Velásquez, economista de la
UNAL, considera que no es posible asegurar que todos los recursos volverán a la
economía. “Lo que nos están vendiendo es un discurso en el que supuestamente
volveremos a reutilizar todos los recursos y lo que nos dicen es ‘traiga lo
usado’, pero compre más, y es ahí donde se crea esa ironía, y lo que denota es
que la economía circular es una economía débil y no fuerte. Desde nuestros
hogares es imposible que eso suceda porque un producto se puede reutilizar 2
veces, pero no 3, y ahí se corta esa economía circular donde el producto vuelve
al mercado”, sostuvo.
El conversatorio resaltó críticas fundamentales a los
enfoques predominantes de la economía verde, especialmente en su aplicación a
la crisis ecológica y climática. Los panelistas señalaron que el mercado de
carbono y otros mecanismos económicos globales no son soluciones viables para
la sostenibilidad, ya que no abordan las realidades locales ni el impacto en
los territorios.
También se cuestionó la efectividad de la bio-economía, pues
perpetúa lógicas de crecimiento económico sin considerar las necesidades de las
comunidades. Además, se puso en duda la viabilidad de la economía circular,
señalando que no todos los recursos se pueden reutilizar como se propone. En
general, el debate dejó en evidencia la necesidad de una política pública que
se construya desde el territorio y no desde intereses externos o teóricos, para
abordar de manera efectiva las crisis ambiental y climática.
