La presencia de grupos armados y la falta de acceso al mercado se identificaron como los principales obstáculos para desarrollar la agricultura y garantizar la seguridad alimentaria en el Meta, un departamento con abundante biodiversidad y recursos agrícolas.
La abogada Liliana Marcela Baquero Torres, estudiante de la
Maestría en Administración de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede
Manizales, centró su trabajo de investigación en identificar y analizar los
factores determinantes que afectan la comercialización de los productos
agrícolas en el Meta.
Su estudio se fundamenta en los datos de 405 pequeños
agricultores –junto con sus 30 asociaciones y sus 30 unidades productivas en la
región–, recopilados con dos propósitos: identificar las condiciones actuales
que ellos enfrentan, y proponer estrategias y soluciones que mejoren su
situación económica y fortalezcan su seguridad alimentaria.
La inseguridad
Durante décadas el Meta ha sido severamente afectado por la
violencia en el país, especialmente su población rural. Según la Defensoría del
Pueblo (2024), entre 2018 y 2023 se emitieron 11 alertas tempranas para la
región. La más reciente, en febrero de 2023, cobijó a los municipios de
Cubarral, El Castillo y Lejanías, debido a la presencia de grupos identificados
como disidencias de las FARC (frentes 40 y 53) que provocan terror y control
territorial, especialmente en zonas rurales montañosas.
Al indagar sobre la vulnerabilidad de los campesinos, 150
agricultores decidieron no informar sobre sus condiciones en ese sentido, como
una muestra del inconformismo por el abandono y la inseguridad en el campo. De
los que respondieron, 125 no presentan condiciones de vulnerabilidad, 32 se
identificaron como madres o padres cabeza de familia, y había 1 persona en
condición de discapacidad.
Los resultados arrojaron que del 40 % de los campesinos
agricultores han sido afectados directamente por la violencia; de estos, el
10 % son desplazados, el 2 % desmovilizados, y el 88 % víctimas
directas del conflicto mediante amenazas, atentados, desplazamiento forzado,
minas antipersona, violación, tortura, desaparición forzada, homicidio,
masacre, secuestro, despojo y abandono.
El estudio abarca el periodo 2013-2014, y se desarrolló en
los municipios de Villavicencio, Granada, Cubarral, El Dorado, Fuente de Oro,
San Juan de Arama, Lejanías y Acacías, “elegidos tanto por la relevancia de los
datos sobre el conflicto armado y las alertas tempranas reportadas por la
Defensoría del Pueblo, como por su representatividad en el contexto de la
investigación sobre la vulnerabilidad y el fortalecimiento emocional de los
campesinos en el departamento”, comenta la investigadora.
Relación desigual con los intermediarios
Los principales productos agrícolas cultivados en los
municipios estudiados, y su participación, son: café (36 %), plátano
(20 %), cacao (16 %), guayaba pera (6 %), mandarina arrayana
(5 %), aguacate lorena (5 %), naranja tangelo (5 %), naranja
Valencia (3 %), maracuyá (2 %) y yuca (2 %); estos representan
la base agrícola predominante en la región analizada.
El estudio destaca el impacto negativo de los intermediarios
en el sector agrícola del departamento, ya que estos aprovechan que los
campesinos no tienen acceso directo a los mercados para comprarles sus
productos a precios muy bajos. Esta práctica reduce significativamente los
márgenes de ganancia de los productores y los deja en una posición económica
vulnerable.
“La seguridad alimentaria garantiza que todos, tanto en
áreas urbanas como rurales, tengan acceso a alimentos suficientes y nutritivos
para desayuno, almuerzo y comida. Los campesinos desempeñan un papel crucial en
la producción de estos alimentos”, afirma la investigadora. Sin embargo, la
falta de transparencia en las transacciones y la escasa información sobre
precios y costos de transporte dificultan una negociación justa, lo que afecta
los ingresos de los agricultores, y por ende su capacidad de satisfacer sus
necesidades básicas.
Los factores determinantes identificados en este estudio
ofrecen un marco integral para que los campesinos y el Meta fortalezcan la
gestión agrícola y mejoren el proceso de comercialización. Desde el
fortalecimiento de la asociatividad y la integración hasta la transformación y
generación de valor agregado, cada factor aborda específicamente las falencias
encontradas en el sistema actual, como la alta intermediación y las
dificultades para adaptarse a las demandas del mercado.
Implementar estas propuestas no solo empoderará a los
agricultores, sino que además promoverá más justicia económica, fortalecerá la
economía local y contribuirá significativamente a la seguridad alimentaria
regional.
Es crucial destacar que la capacitación en tecnología,
sostenibilidad y gestión emocional, junto con la consolidación de políticas
público-privadas orientadas a infraestructura y apoyo financiero, son elementos
clave para asegurar el éxito de estas iniciativas. Estas medidas no solo
mejorarán las condiciones de vida de los campesinos, sino que también
fomentarán la resiliencia frente a los desafíos climáticos y socioeconómicos,
posicionando la agricultura campesina como un pilar fundamental para el desarrollo
sostenible y la seguridad alimentaria en la región del Meta.
