En medio de la creciente preocupación por las crisis ecológicas y las profundas desigualdades que perpetúan el daño ambiental, la criminología verde –una rama del crimen enfocada en el estudio de los delitos y daños ambientales como el tráfico de fauna y flora, la deforestación y la contaminación del aire y el agua entre otros– se propone repensar las dinámicas de castigo que favorecen a las grandes corporaciones en detrimento de las comunidades vulnerables y los ecosistemas.
Durante el conversatorio “Construcción del campo de la
criminología verde del sur”, realizado en la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), el
criminólogo David Rodríguez Goyes, investigador de la Universidad de Oslo,
planteó estrategias concretas para transformar las políticas actuales,
fortalecer la justicia ambiental y enfrentar las raíces estructurales de los
crímenes ecológicos.
El experto, integrante del grupo Política y Derecho
Ambiental de la UNAL, resaltó que “en el ámbito ambiental, la
criminología verde examina por qué actividades como la minería artesanal
frecuentemente son criminalizadas mientras que prácticas de mayor impacto, como
la minería a gran escala, son legales, y además promovidas por los Estados”.
“Este contraste revela que las estructuras de poder globales
–enmarcadas por lo económico– favorecen a ciertos actores económicos mientras
desplazan los costos ambientales y sociales hacia comunidades vulnerables. […]
Los procesos de criminalización también están muy vinculados a la victimización
ambiental”.
La criminología verde analiza no solo qué comunidades,
ecosistemas o especies son más propensos a ser afectados por el daño ambiental,
sino también quiénes son reconocidos como víctimas. Este reconocimiento no
siempre ocurre, como se observa en el caso de las víctimas de conflictos
sociales o ambientales en Colombia, donde a menudo las complejidades legales y
políticas excluyen a quienes sufren las peores consecuencias.
El profesor Rodríguez hizo propuestas concretas para
fortalecer la justicia ambiental, entre ellas desafiar las estructuras de poder
económico y político: “las grandes industrias suelen evadir los costos de sus
actividades, los cuales recaen sobre comunidades vulnerables, por eso es
necesario reformar las políticas internacionales para que los responsables
asuman los costos ambientales, además de fortalecer las regulaciones contra
industrias extractivas”.
Según el criminólogo, “al ampliar el concepto de justicia
ambiental es fundamental incluir los ecosistemas como víctimas de los crímenes
ambientales, ya que las personas no son las únicas que sufren; la naturaleza
misma merece protección jurídica. Los marcos legales deben reconocer los daños
ecológicos como crímenes graves”.
Otra propuesta es promover la educación y la concienciación
ambiental: “la educación es clave para combatir los crímenes ambientales.
Capacitando a las comunidades locales en la vigilancia ambiental, y fomentando
la denuncia de prácticas ilegales, fortalecemos la acción colectiva y reducimos
la impunidad”, aseguró el experto.
Con respecto a la reorientación de las políticas de
criminalización, el profesor Rodríguez criticó las políticas que penalizan a
pequeños actores –como mineros artesanales o cazadores furtivos– mientras las
grandes corporaciones que
En relación con el fortalecimiento de la criminología verde
desde el Sur Global, el investigador abogó por visibilizar las luchas de las
comunidades indígenas y campesinas, señalando que “estas han sido marginadas,
pero sus saberes ancestrales son fundamentales para construir políticas
ambientales justas”.
Equidad y sostenibilidad, una prioridad
La criminología verde busca no solo sancionar los crímenes
ecológicos, sino además transformar las dinámicas de poder que los originan. El
modelo actual beneficia a unos pocos y perjudica a muchos, incluyendo a la
naturaleza.
“Necesitamos un enfoque que priorice la equidad y la
sostenibilidad, ya que las personas que cometen delitos como tráfico de fauna y
flora silvestres, por ejemplo, generalmente están en extrema pobreza y el
Estado no hace presencia; si se cambiaran estas prácticas y se apoyara a las
personas económicamente y con educación, no tendrían que hacerlo”, concluyó el
experto invitado a la UNAL.
Con estas propuestas, la criminología verde se posiciona
como una herramienta clave para enfrentar los desafíos ambientales y construir
un modelo de justicia que proteja tanto a las personas como al planeta.
