Como país de ingreso medio ubicado en el trópico, Colombia
no es el primer país en el que muchos piensan cuando se habla de problemas de
seguridad alimentaria. Colombia ocupa el puesto 43 de 113 países en el Índice Global
de Seguridad Alimentaria, y su situación es igual o mejor que la de muchos
de sus vecinos sudamericanos. Por otro lado, existen grandes desigualdades en
Colombia y el país actualmente acoge a muchos de los refugiados que están
huyendo de la crisis humanitaria en Venezuela. Estas y otras cuestiones hacen
que la situación en cuanto a seguridad alimentaria esté intrínsecamente
vinculada con un sistema alimentario funcional.
¿Cómo le está yendo entonces al sistema alimentario
colombiano (y a su seguridad alimentaria) ante la pandemia mundial actual? En
otras palabras, la COVID-19 ha afectado a todos de alguna manera. En todo el
mundo, países ricos y pobres están sufriendo el impacto del virus, se están
recuperando o aún esperando que venga lo peor. En el ámbito mundial, una de las
señales tempranas del potencial de las repercusiones a largo plazo de la covid
se hizo evidente por el casi inmediato impacto sobre los sistemas alimentarios.
En muchas partes del mundo, las personas deben hacer largas colas en los
supermercados solo para encontrar estanterías vacías y escasez general de
productos básicos.
Desafortunadamente, los sistemas alimentarios de muchos
países de ingreso bajo o medio se vieron afectados de manera desproporcionada.
Aquí en Colombia, por ejemplo, los mercados se abarrotaron apresuradamente y se
vaciaron parcialmente. Con una movilización altamente regulada, como parte de
unas estrictas medidas cuarentenarias, había poca oportunidad de reabastecerse
y, sin regularidad en el trabajo, el poder adquisitivo de muchos colombianos se
redujo rápidamente.
Colombia es uno de los países con las medidas de
confinamiento más largas. Comenzaron el 21 de marzo y actualmente todavía se
encuentran en vigencia (20 semanas consecutivas) y, por varias semanas, solo un
miembro de la familia tenía permitido salir dos veces por semana por
provisiones (a comprar alimentos o medicinas). Lamentablemente, a pesar del
estricto confinamiento, el número de casos y de muertes relacionadas con la
COVID-19 sigue en aumento. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección
Social de Colombia, hoy en día hay cerca de 400.000 casos registrados y más de
13 mil muertes atribuidas al virus. En la actualidad, Colombia ocupa el cuarto
puesto en cuanto a número de casos en América del Sur (después de Brasil, México
y Perú—al 11 de agosto de 2020, según datos de la Universidad de Johns
Hopkins).
El confinamiento afectó y sigue afectando en mayor proporción a la población urbana en situación de pobreza. Este segmento de la población no solo enfrenta dificultades para movilizarse y abastecerse de alimento, sino, como el sistema de transporte se suspendió, no han podido trabajar. En resumen, entre más pobre sea uno en Colombia, más probabilidades tiene de sufrir inseguridad alimentaria.
Lo anterior describe la fragilidad de los sistemas
alimentarios y la función que desempeñan características socioeconómicas
particulares (p. ej., riqueza) en minimizar o agravar los desafíos
relacionados con las fallas de los sistemas alimentarios. Con la creciente
urbanización acaecida en los últimos años y una economía cada vez más
diversificada, la importancia de los vínculos entre las áreas urbanas y
rurales, sobre todo en lo concerniente a la resiliencia nacional en tiempos de
crisis, se ha posicionado en primer plano.
Ello ocurre especialmente cuando se examina el sistema alimentario
y actualmente en Colombia existe voluntad de convocar a un “pacto
intersectorial” diseñado para proveer nuevas
condiciones de conectividad e infraestructura en las áreas rurales
donde se origina gran parte del suministro de alimentos. Los sistemas
alimentarios vinculan lo rural con lo urbano, al rico con el pobre, y esto
significa un desarrollo positivo para todos.
A un nivel más comunitario, las “escuelas
rurales alternativas” están surgiendo en muchas áreas críticas para el
proceso de paz en curso en Colombia. Dichas organizaciones se han esforzado
para fomentar el establecimiento de huertos familiares que en gran medida son
orgánicos y que sustentan dietas saludables incluso cuando los cultivos básicos
se ven afectados por sequías u otras dificultades. Los huertos familiares
también han promovido la creación de redes comunitarias resilientes donde las
personas intercambian vegetales y se brindan apoyo mutuo.
Los complejos desafíos de Colombia no han pasado
desapercibidos en el ámbito mundial. A comienzos del periodo de cuarentena, la
Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (UN
OCHA, sus siglas en inglés) determinó que la escasez de alimentos derivada de
la pandemia se vería agravada por el
acaparamiento, el aumento de los precios y la escasez de mano de obra. A
finales de abril, el Programa Mundial de Alimentos, ya muy activo en Colombia
brindando apoyo a refugiados venezolanos altamente vulnerables, reportó más de
900.000 solicitudes directas de apoyo de parte de personas que se
esforzaban por hacer frente a la COVID-19. Desafortunadamente, la crisis solo
ha seguido creciendo y, a mediados de junio, había cerca de 50.000 casos más de
los que se reportaban a finales de abril. En una reciente
actualización de UN OCHA, la organización humanitaria estimaba que se
necesita algo más de US$300 millones para ayudar a Colombia en su lucha contra
la pandemia. De esos recursos, más de la mitad son necesarios para abordar
necesidades básicas en materia de cohesión social, seguridad alimentaria y
estrategias de medios de subsistencia.
De hecho, como ya se mencionara anteriormente, una parte significativa del problema que afecta al país radica en que hay muchas personas empleadas en el sector informal. En todo Colombia, los gobiernos subnacionales y municipalidades locales reconocieron la necesidad de intervenciones tempranas para apoyar a personas cuyos medios de subsistencia dependían completamente de su capacidad de circular en el ámbito de los empleos informales. En Cali, por ejemplo, a finales de marzo, el gobierno municipal movilizó una masiva red de apoyo para facilitar que llegara alimento a personas que normalmente participaban en la economía informal. El gobierno municipal reorientó COP60 millones (aproximadamente US$16 millones) para brindar apoyo a un programa de distribución de alimentos que llega a la partes más afectadas de la ciudad.
Ejemplos como las escuelas rurales alternativas y la acción
temprana del gobierno municipal de Cali ilustran un nivel de comprensión e
intuición a nivel local/municipal, con respecto a los problemas que se les
presentan. Muchos en Colombia se preguntan a sí mismos de qué manera puede
aprender Colombia de la presente crisis y transformarse para adquirir mayor
resiliencia. El replanteamiento
de la función de los sistemas alimentarios en relación con la economía colombiana ya
dio inicio, con el reconocimiento de que el país cuenta con los recursos para
producir una proporción de alimento mayor de lo que consume.
¿Puede Colombia transformar esta crisis en una oportunidad? Hasta ahora, las respuestas nacionales y locales han logrado evitar los peores resultados potenciales. Muchos ven esto como una oportunidad para que la gente sopese, redefina el sistema alimentario y replantee cuán importantes son los alimentos cultivados localmente, sobre todo en tiempo de necesidad. ¿Qué opina usted?
CIAT- comunicaciones
