Ante los altos precios del oro Colombia debe formalizar a pequeños mineros

 Después de romper la barrera de los 3.000 dólares por onza, el precio del oro mantiene su tendencia al alza marcando récords históricos. Según expertos, esa cifra se mantendrá en los próximos meses, lo que motivará los procesos informales de extracción minera y de explotación ilegal en países como en Colombia, en donde la mayoría del metal se obtiene por esta vía.

En el país más del 90 % de la extracción del oro es informal y se realiza por minería artesanal y de pequeña escala, a la que se dedican más de 350.000 personas que encuentran en el barequeo y actividades similares un medio de subsistencia, y que genera cerca de 1 millón de empleos, según el Informe nacional: minería ilegal y contaminación por mercurio en Colombia, publicado en 2024 por la Procuraduría General de la Nación (PGN). En Antioquia, Cauca y Chocó, donde se concentra el 80 % de la producción nacional de oro, el 95 % es realizado por organizaciones de menos de 25 trabajadores.

Según el Informe, la minería ilegal se presenta en 323 municipios de 26 de los 32 departamentos de Colombia, y en 2022 creció un 19 %. El 85 % del oro que exporta el país tiene un origen ilícito, y el 70 % de este es controlado por grupos armados ilegales que han encontrado en esta práctica una forma de financiar sus actividades, incluso más lucrativa que la cocaína, y a veces a gran escala con dragas y maquinaria pesada como en el río Quito (Chocó). Ante el auge del oro se ha evidenciado un aumento de este tipo de extracción en zonas como Santa Fe de Antioquia y Buriticá (Antioquia).

Por la poca confianza que tiene el dólar en el panorama político, el oro sirve de refugio físico y psicológico de valor frente a una posible recesión económica mundial. Por eso alcanzó un precio histórico de 3.133,70 dólares por onza troy (medida estándar de metales preciosos equivalente a unos 31 g), sobrepasando un umbral que en el mediano plazo es muy difícil que vuelva a estar por debajo de los 3.000 dólares”, explica el profesor Giovanni Franco Sepúlveda, Ph. D. en Ingeniería y director del Grupo de Planeamiento Minero (Giplamin) del Departamento de Materiales y Minerales de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín.

El docente señala además que “ante este panorama, los altos precios del oro implican un incremento considerable en el mercado ilegal del mercurio, utilizado de manera irracional –técnica y ambientalmente– en las explotaciones de oro aluvial”. Por ejemplo, el Informe de la PGN indica que en Cauca se vierten en promedio 16,85 t anuales de mercurio y se usan 8,56 g por cada gramo de oro extraído, a pesar de que en Colombia el mercurio está prohibido según el Acuerdo de Minamata. Así mismo demandará más explosivos que se usan en la minería subterránea de oro de veta.

Según la Agencia Nacional de Minería y la Unidad Planeación Minero Energética (UPME), en 2024, mientras todas las exportaciones mineras se redujeron, el oro incrementó un 20,5 %.

El profesor Franco agrega que “los procesos informales de extracción minera de oro aumentan para aprovechar el precio de oportunidad de las altas cotizaciones del mineral”. Lo que preocupa es que esta situación lleva a que el Estado deje de percibir incalculables sumas de dinero provenientes de estas explotaciones, pues no se pagan cargas impositivas ni tributarias, y mucho menos regalías fruto de esta extracción, por lo que esta renta minera que no se distribuye equitativamente en toda la población debería financiar proyectos locales, departamentales y nacionales, mas no los bolsillos ilícitos.

Oportunidades y desafíos

“En Colombia seguimos enfrentando un desafío que parece insuperable: la incapacidad de construir una política pública eficaz que les permita a los mineros informales acceder de manera rápida y sencilla a programas de formalización, ya que los requisitos y la inversión necesaria para sus títulos los lleva a preferir la informalidad”, sostiene el profesor Franco.

Por eso propone construir puentes entre las grandes empresas mineras y los pequeños mineros que cumplan requisitos básicos para formalizarse, con el fin de construir una cadena productiva de la extracción del oro, una minería bien hecha que proteja la flora y la fauna de la contaminación, y además formalizada, de modo que permita aprovechar los conocimientos de todos los actores para convertir el sector minero en un apalancador de responsabilidad social y protección del medioambiente.

“La propuesta no es solo una solución pragmática, sino un modelo en el que todos ganan. El Estado se beneficiaría al reducir los niveles de informalidad y aumentaría el recaudo tributario, lo que fortalecería las finanzas públicas. Las empresas mineras, por su parte, podrían aprovechar los altos precios del oro para mejorar sus balances financieros y generar mayor confianza entre sus accionistas. Los mineros formalizados accederían a prestaciones sociales y seguridad laboral, protegiendo tanto su bienestar como el de sus familias”, concluye el docente.

Hidrógeno “verde”, oportunidad de oro para Colombia que necesita mayor apoyo estatal

 “Como fuente energética, el hidrógeno verde es un vector energético que proviene de fuentes renovables y con cero emisiones de dióxido de carbono; su producción en Colombia tiene un gran potencial ya que el país cuenta con fuentes primarias como la hidráulica, la biomasa y la energía solar”, afirmó el ingeniero electricista Omar Prías, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), durante el I Congreso UNAL de Hidrógeno y Energías Renovables, organizado por la Facultad de Ciencias de la Institución

El experto en temas de eficiencia energética y fuentes renovables manifestó que el futuro de una nueva fuente de energía como el hidrógeno verde –o hidrógeno renovable– depende no solo de una buena política sino también de que se asignen presupuestos para desarrollar la tecnología que impulse su desarrollo en el corto, mediano y largo plazo.

“La ley de transición energética ya existe, pero el Congreso de la República debe integrarla en la política pública para definir quién produce, quién transporta y cómo se regula el hidrógeno. Es una decisión política que no puede esperar más”, dijo el académico.

En su opinión, el hidrógeno verde representa no solo una solución ambientalmente sostenible sino también una oportunidad de oro para diversificar la matriz energética y fortalecer la economía nacional, ya que se puede vender a países vecinos. Sin embargo, subrayó: “la clave está en tomar decisiones rápidas y bien fundamentadas antes de que esta oportunidad se nos escape”.

El académico enfatizó en que la planificación energética debe integrar incentivos tributarios y recursos suficientes para fomentar la producción y el uso del hidrógeno verde, y también advirtió que el desarrollo del hidrógeno verde requiere vigilancia tecnológica y prospectiva. “Aunque todo el mundo habla del hidrógeno, ¿cómo se va a producir, con qué máquinas, cómo se usará? Hay que hacer un seguimiento de las tecnologías, verificar casos de éxito y adaptar esas tecnologías a nuestras condiciones”.

Transición energética requiere inversiones billonarias

Otro invitado a la primera jornada del evento fue Arno van den Bos, ingeniero y analista de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena), organismo intergubernamental con más de 170 miembros y comprometida con liderar la transición energética global, quien expresó que “alcanzar un sistema energético sostenible sí es posible pero requiere de inversiones masivas, innovación y políticas públicas decididas. Si realmente queremos mantenernos en un mundo que no rebase los 1,5 ^oC debemos reducir drásticamente las emisiones del sector energético y de otros sectores esenciales”.

La Irena calcula que para 2050 la transición energética global requiere inversiones de 150 billones de dólares, de los cuales 80 billones deberán destinarse a energías renovables, 45 billones a eficiencia energética y 12 billones al desarrollo de hidrógeno verde.

“Es un reto pero también una oportunidad única para transformar nuestras economías y construir un futuro sostenible. Las energías renovables tienen costos operativos bajos pero requieren acceso a capital asequible para su implementación”, indicó el experto Van den Bos.

Según un informe de la Irena, para 2050 el consumo final de energía mundial debería reducirse significativamente mediante la implementación de medidas de eficiencia energética. La electricidad representa hoy solo un 29 % del consumo energético global, pero en un escenario de descarbonización debería alcanzar el 91 %.

Al respecto, el profesor Prías aportó que “en Colombia el carbón sigue siendo una oportunidad no solo de producir electricidad sino también de que las comunidades tengan de dónde vivir, pues muchas familias viven del carbón”.

De igual manera instó a la academia a jugar un papel más activo en este proceso. “La universidad tiene que investigar nuevas tecnologías, no solo desde lo académico sino también desarrollando soluciones prácticas. Si no lo hacemos seguiremos importando tecnologías listas y quedándonos con la tarea de limpiar los equipos”, precisó el experto Prías.

En esa afirmación coincidió el ingeniero Van den Bos de la Irena: “un mundo descarbonizado es posible, pero necesitamos actuar ahora. Para lograrlo es fundamental la cooperación entre Gobiernos, sector privado y sociedad”.

Urgen modelos energéticos sostenibles

El investigador Mirovan Sverko, del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), invitado al Congreso, centró su intervención en la importancia de no perder de vista el impacto del calentamiento global.

Recordó que este es impulsado principalmente por la acumulación de gases de efecto invernadero que ha llevado a un aumento promedio de la temperatura del planeta de 1,2 °C y no se puede sobrepasar de 1,5 °C, lo que quiere decir que si sigue aumentando así también lo hará el nivel del mar, lo que perjudicaría a la población.

“Este incremento, aunque aparentemente pequeño, tiene consecuencias catastróficas en los sistemas climáticos y en fenómenos meteorológicos extremos y pérdida de biodiversidad”, afirmó.

Agregó que el sector energético es uno de los mayores contribuyentes a este problema, ya que depende en gran medida de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural, cuya combustión libera a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono y metano.

“Estas emisiones no solo intensifican el efecto invernadero, sino que además retrasan la transición hacia un modelo energético sostenible basado en fuentes renovables y limpias”, concluyó.

Combinación de métodos incrementaría recuperación de oro contaminado con arsénico

 Los minerales que contienen arsénico pueden concentrar hasta 1 millón de veces más oro que el que se encuentra en aguas termales como las del río Cauca, por ejemplo. En esa presentación el metal precioso no se ve a simple vista, por lo que para recuperarlo es necesario aplicar procesos químicos que, por lo general, son ineficaces y contaminantes. Para que este proceso sea exitoso, métodos como moler finamente el mineral y oxidar el arsénico con permanganato de sodio son alternativas económica y ambientalmente viables.

Aunque el oro presente en la cordillera de los Andes −uno de los cinturones orogénicos más importantes del mundo− se emplea en la elaboración de monedas, joyas y aparatos tecnológicos, los grandes depósitos de este metal suelen estar asociados con el arsénico, un contaminante que lo mantiene en una especie de encapsulamiento.

Fernanda Karina Enderica Ortega, magíster en Ingeniería - Recursos Minerales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín, explica que “para recuperar ese oro suelen emplearse métodos convencionales como la cianuración (agregar una solución de cianuro de potasio o sodio al mineral para recuperar el oro), que dejan a su paso sustancias tóxicas en el ambiente, como el ácido sulfúrico y el ácido trioxoarsénico”.

Para su trabajo de maestría, la investigadora sistematizó la literatura existente sobre el tema, y al respecto señala: “encontramos que el metal atrapado por el arsénico está presente especialmente en grandes menas, es decir sitios en los que se realiza minería a mediana y gran escala”.

“También constatamos que tratamientos como la cianuración convencional son poco viables porque implican un alto consumo de reactivos y muy poca recuperación de metal”.

Con base en la literatura, la magíster comparó la viabilidad de cada método y determinó que procesos como someter a flotación el oro (porque el oro libre flota) antes de la cianuración incrementa los índices metalúrgicos, pues en los relaves (o sobrantes) queda apenas un 10 % de mineral que sí debe ser recuperado por cianuración, lo que bajaría el gasto en reactivos.

Para la investigadora, “los procesos de recuperación de oro contaminado con arsénico se deben complementar entre sí y no usarse de forma individual”.

Teniendo esto en cuenta propone un circuito para el aprovechamiento del metal que, aunque no ha sido probado de manera experimental, sí está validado en estudios realizados en otras latitudes.

El circuito propuesto consiste en que el mineral llegue a la planta con un proceso previo de reducción del tamaño de sus partículas –o conminución–, para después ingresarlo a una fase de pretratamiento que incluye pasarlo por una molienda fina-ultrafina, para luego llevar las partículas más pequeñas a una fase de oxidación del arsénico (el oxígeno se mezcla con las demás moléculas), bien sea a partir de permanganato de sodio, de potasio, o mediante oxidación bacteriana.

“En seguida se pasa a la fase de tratamientos, en la que el mineral se debe concentrar más mediante flotación, usando además reactivos de biológicos que permiten mayor adhesión en la superficie del oro. Por último se procede a la cianuración con oxigenación para generar oxidación en las partículas que, en fases anteriores, no reaccionaron totalmente, logrando así que todo el proceso sea más rentable y eficiente”.

“Con la remolienda se puede lograr un incremento de hasta el 75 % en la recuperación del oro en concentrado de arsénico, por eso proponemos hacerlo como pretratamiento dentro del circuito”, explica la magíster.

Para futuras investigaciones recomienda ahondar en las propiedades químicas y termodinámicas de las reacciones que se generan a partir de la oxidación del arsénico y hacer experimentos en condiciones ambiente, pues en estas es más difícil controlar variables como la presión y la temperatura.

“Se puede vivir sin oro o sin carbón, pero no sin agua”: Pedro Arrojo, relator de la ONU

 Imaginar un mundo sin agua parece algo del futuro, pero es una realidad del presente: alrededor de 2.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable. Pedro Arrojo, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, de la Organización de las Naciones Unidas, se reunió con organizaciones regionales y comunitarias defensoras de este derecho en el país para discutir la problemática y la resistencia en torno a esta.

Casi el 40 % de la población mundial sufre de falta de agua y más del 50 % (4.200 millones de personas) carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura, según cifras de Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El profesor Gregorio Mesa, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), director del Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales (GIDCA), le dio la bienvenida al relator Arrojo e hizo una breve introducción en la que planteó los retos a los que se enfrenta la humanidad, y en particular Colombia, por la gestión y gobernanza del agua.

Por su parte, Libardo León Pinzón, de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios –articulación de asociaciones y redes de acueductos comunitarios que lucha por el fortalecimiento y reconocimiento de la gestión comunitaria del agua–, enfatizó en la importancia de estos espacios para las comunidades del país, que se encargan de aprovechar saberes ancestrales tanto indígenas como campesinos –desde La Guajira hasta Nariño– para proteger las fuentes hídricas para que sean el manantial para cerca de 11 millones de colombianos.

El relator Arrojo expresó que “en informes del año ya se hablaba de la necesidad de que la sociedad hiciera las paces con los ríos, de que debía haber una ingeniería natural que promueva la gobernanza del agua como un bien común y no como una mercancía, situación que se veía, por ejemplo, con que el agua se fuera a negociar en Wall Street”.

Agregó que el informe “Riesgos de privatización, financiarización y gestión”, presentado este año, señala que es clave construir una gestión comunitaria del agua que tenga como eje principal la participación tanto de las comunidades indígenas –quienes ven este recurso como el alma azul de la vida, que forma parte del territorio– como de las campesinas, que ayudan a que el agua se vea como un bien común, como un tesoro de la gobernanza democrática.

El derecho al agua y la resistencia en Colombia

Como parte de la visita del relator Arrojo se realizó un panel con expertos de organizaciones como el Comité por la Defensa y la Vida de Buenaventura, la Organización Sütsuin Jiyeyu Wayuu –o Fuerza y Mujeres Wayuu– y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD).

En el evento, el sociólogo Andreiev Pinzón, del Comité de Buenaventura, dijo que “es increíble que el municipio tenga 9 cuencas hidrográficas, por las que fluyen alrededor de 10.000 m³ por segundo de este recurso, y la comunidad no tenga agua, lo cual es consecuencia de la gestión gubernamental enfocada a que el agua forme parte de proyectos para los muelles o los trenes, mas no para la población”.

Como parte de la conversación, el líder indígena Miguel Socarrás, de la comunidad wayuu, expuso la problemática de La Guajira señalando que cada año se usan alrededor de 30 millones de litros de agua en procesos de minería que afectan al río Ranchería, principal afluente de la región, y específicamente al arroyo Bruno, lo cual provoca que la comunidad tenga escasez del líquido vital.

Enfatizó además en que las actividades adelantadas por las multinacionales no están generando desarrollo, sino “des-arroyo”, refiriéndose a la destrucción del arroyo Bruno y las demás fuentes hídricas: “las empresas pueden producir petróleo, gas o muchos minerales, pero ninguna puede producir agua, porque esta solo la da la madre naturaleza”.

Aura Rodríguez, representante de la PCDHDD, expresó que algunos de los problemas más graves asociados con el agua en el país son su uso en la agroindustria, en productos como la caña de azúcar o las flores, además del fracking, las empresas de bebidas azucaradas, la generación de energía y electricidad, y el asesinato de líderes sociales.

Después de exponer las dificultades que trae esta situación, los panelistas expusieron algunas de las formas en que sus comunidades han estado resistiendo y protegiendo el derecho fundamental al agua.

Entre estas iniciativas se pueden destacar: el paro cívico realizado en Buenaventura en 2018, con el que se consiguieron recursos para crear empresas público-comunitarias para la gestión y gobernanza del agua; el diseño de políticas públicas en comunidades de Antioquia y Santander gracias a la Red Nacional de Acueductos Comunitarios; y la Sentencia de la Corte Constitucional de 2016, mediante la cual se reconoce al río Atrato como un sujeto de derechos.