En Bogotá, lluvias cortas, pero más intensas, evidencian efecto del cambio climático

 Las zonas más afectadas por las intensas lluvias suelen encontrarse hacia el oriente de Bogotá, cerca de los cerros. Áreas específicas como la calle 205 con Autopista Norte y la zona de Contador son más propensas a tormentas intensas. Así se desprende del análisis de la información proporcionada por la red de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, realizado por ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), el cual reveló una disminución de los días que llueve, pero a la vez un aumento de la intensidad.

Los efectos del cambio climático son una realidad y una preocupación mundial. Cuando se presentan altas temperaturas, se alteran los patrones de precipitación o lluvias, lo que significa que la forma en que el agua cae puede ser mayor o menor. Esto conlleva problemas como inundaciones, movimientos de tierra y daños en infraestructuras.

El análisis del ingeniero civil Fabio Rubiano Sánchez, especialista en Análisis Espacial de la UNAL, abarcó datos recopilados entre 1970 y 2020. El propósito de su trabajo era evaluar el impacto del cambio climático en la distribución espacial de las lluvias en Bogotá. “El aumento en la intensidad de las lluvias plantea desafíos considerables en términos de gestión del riesgo y adaptación urbana", afirma.

En la capital las lluvias que solían ser prolongadas y moderadas se han ido transformando de manera gradual debido a los efectos del cambio climático. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ya había alertado que hacia el año 2100 se proyecta una transformación en el comportamiento general, con una disminución del -20 a -10 % de las precipitaciones en la parte oriental y un aumento del 20 a 30 % en la zona occidental.

Lo que indican los datos

En el análisis se recopiló información de eventos extremos, es decir, de esas lluvias que superaban el percentil 99 de la distribución de los datos. Esto permitió evaluar la frecuencia e intensidad de aguaceros que estaban fuera de lo común.

Para identificar la tendencia que se ha venido marcando en la capital, se utilizó una combinación de herramientas, incluyendo rutinas de programación en Python y Sistemas de Información Geográfica (SIG).

“Esta revisión se complementó con una interpolación incluyendo información de los puntos de la red de monitoreo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá que, al igual que otras entidades, miden estos fenómenos”, indica.

Los puntos de riesgo

Las zonas más afectadas por las intensas lluvias suelen encontrarse hacia el oriente de Bogotá, cerca de los cerros. Áreas específicas como la calle 205 con Autopista Norte y la zona de Contador han sido identificadas como propensas a tormentas intensas.

Mientras que las zonas más secas en Bogotá suelen ubicarse hacia el occidente y suroccidente, en localidades como Kennedy, Fontibón y Engativá. De hecho, Kennedy tiene una referencia histórica con el primer aeropuerto de Bogotá en Techo, que indica que esta zona ha sido tradicionalmente menos propensa a las lluvias intensas.

Según el experto, “hablar del riesgo de inundaciones en determinadas zonas de una ciudad como Bogotá no es tan sencillo. Este se calcula teniendo en cuenta la amenaza y la vulnerabilidad. Para el caso de la ciudad, la amenaza está asociada con la intensificación de las lluvias, y la vulnerabilidad se refiere a la capacidad de adaptación ante estos eventos”.

Sin embargo, con la tendencia que pone en conocimiento este estudio, se pueden crear estrategias en gestión del riesgo frente a estos eventos naturales, que aunque no se pueden controlar sí se pueden atender con una mayor preparación.

“Hay una necesidad de crear medidas en la planificación urbana, el diseño de sistemas de drenaje y la concientización pública para minimizar los riesgos asociados con las inundaciones. Con estos datos se puede avanzar en ello”, puntualiza el investigador.

Cianuro de la minería caldense supera con creces los índices de la normativa ambiental

 El análisis de aspectos físicos –como color, olor o turbidez y niveles de acidez o alcalinidad (pH)– y de la presencia de mercurio o plomo, entre otros parámetros químicos del agua resultante del proceso de extracción de oro en 6 muestras procedentes de empresas mineras en Caldas, evidenció que sustancias como el cianuro alcanzaban entre 500 y 3.000 partes por millón, muy por encima del límite establecido por la normativa ambiental colombiana, que indica que este debe estar por debajo de 1 parte por millón.

El hallazgo fue posible gracias a la aplicación del índice de calidad de agua residual (ICAR), basado en la Resolución 0631 de 2015 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la cual se establecen las concentraciones máximas en las que se pueden verter 23 compuestos –como hierro, plomo, zinc y cianuro– a los diferentes afluentes del país.

Guillermo Humberto Gaviria López, magíster en Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales, diseñó una herramienta que mide de 0 a 100, en cinco niveles, y con un “semáforo”, el impacto de la minería, un importante sector económico de la región junto con el café, pero que afecta los ecosistemas. Su uso les permitiría a grandes y pequeños mineros monitorear el cumplimiento de la normativa ambiental.

La Resolución 0631 de 2015 aplica para más de 73 sectores productivos como la metalmecánica, el plástico, los textiles, el lavado de carros, las curtiembres y la minería. Para el caso de Caldas, a la fecha existen más de 400 concesiones mineras en funcionamiento.

Otro factor que poco favorece a la región con respecto a la gestión de las aguas residuales es la inexistencia de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que permita frenar el impacto de la contaminación antes de que llegue a los ríos Magdalena, Cauca, Otún y Risaralda.

“El ICAR describiría qué tan positivo o negativo está siendo el proceso de potabilización de un minero, pequeño o grande, en su producción de oro. La norma es tan extensa que en la mayoría de los casos es difícil aplicarla; por ejemplo, exige limpiezas profundas cuando no se cuenta con las maquinarias o los insumos tecnológicos apropiados”.

“Eso no quiere decir que no se siga la norma, pero sí que existe un camino posible para mitigar el impacto o el vertimiento descontrolado de residuos químicos al agua, empezando por unos pocos y no todos a la vez, al simplificar la información”, destaca el magíster.

Las cinco categorías de medición son: nivel ICAR, el cual muestra el impacto inicial en valores de 0 a 100; luego por letras, donde A es bueno, B aceptable, C regular, D malo y E muy malo; y una tercera columna está por colores, o “semaforización”, donde azul es positivo, verde y amarillo es regular, naranja es malo y rojo es preocupante.

Índice eficaz

Las 6 muestras procedentes de empresas mineras en Caldas se colectaron en frascos de vidrio y se trasladaron hasta el laboratorio del grupo Procesos Reactivos Intensificados con Separación en Materiales Avanzados (Prisma), en donde se determinaron los parámetros fisicoquímicos de interés según los métodos estándar para agua y agua residual, y así se obtuvo un ICAR de 828,06, el cual indica una calidad muy mala del efluente.

Por ejemplo el cianuro alcanzó porcentajes que oscilaban entre 500 y 3.000 partes por millón, muy por encima del límite establecido por la normativa, que debería ser inferior a 1 parte por millón. En relación con otros parámetros se hallaron altas concentraciones de zinc, cobre, hierro, plomo, cadmio, mercurio y níquel.

“Tanto el cobre como el zinc superan ampliamente lo establecido en la normativa” afirma el investigador. Estos minerales pueden formar complejos químicos con el cianuro, lo cual modifica la toxicidad de los efluentes.

Así, el ICAR diseñado evidenció que es posible crear descriptores categóricos fáciles de interpretar para el tratamiento de aguas residuales por extracción de minería. Los aportes se presentaron en el Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería, organizado por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (Acofi) y celebrado en Cartagena.

El magíster, quien adelanta el Doctorado en Ingeniería Química, sigue avanzando en el desarrollo del ICAR, ahora de la mano de los docentes Izabela Dobrosz Gómez y Miguel Ángel Gómez García, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNAL Sede Manizales.

Polímero + arcilla = limpieza de agua contaminada con dañino colorante industrial

 Así lo demostró un experimento realizado en laboratorio, en el cual se mezclaron el quitosano y la bentonita, que, aunque no son superhéroes, sí tienen el poder de la limpieza. El primero es un polímero abundante en la naturaleza y recubre el cuerpo de crustáceos, insectos y hongos, y el segundo, es una arcilla fina formada de ceniza volcánica; al combinarlos removieron en un 90 % agua contaminada con tartrazina, colorante artificial amarillo usado por la industria en helados, panes o bebidas.

La tartrazina representa el 30,78 % de los colorantes más presentes en aguas residuales por encima del rojo y el azul, es altamente soluble y de difícil remoción; tiene una vida media de 300 días en presencia de rayos ultravioleta y su vertimiento presenta un riesgo para el ambiente, ya que impide la penetración de la luz, lo cual afecta los procesos fotosintéticos y el oxígeno disuelto, afectando la flora y fauna de ríos y quebradas entre otros afluentes.

Además, tiene un efecto toxico para algunas especies acuáticas, ya que su descomposición genera aminas aromáticas (sustancias cancerígenas y mutagénicas), por esta razón su tratamiento forma parte de evaluaciones y estudios.

Willy Alexander Velásquez Bustos, magíster en Ingeniería - Ingeniería Ambiental, del Grupo de Investigación en Procesos Químicos, Catalíticos y Biotecnológicos (PQCB) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales, probó una alternativa a la captación de colorantes artificiales durante la producción de alimentos, antes de verter el agua de las industrias a ríos y quebradas.

Afirma que, “la bentonita y el quitosano, fáciles de conseguir en el mercado, son eficaces para diseñar métodos de cristalización de aguas, algo que se logra mediante la adsorción, técnica en la que se produce un compuesto de ambos materiales permitiendo que la tartrazina se adhiera a la superficie de la sustancia mezclada en cortos lapsos”.

En cinco ensayos, el investigador trituró una muestra de bentonita que pasó a través de un tamiz (rejilla) para conseguir la muestra más fina del producto; después agregó este fino polvo a un recipiente con agua, y sobre este puso el quitosano; durante 24 horas ambas sustancias se mezclaron en un agitador magnético.

“La estructura molecular de la bentonita genera dos capas, una superior y una inferior, dejando un espacio en medio para que las partículas del quitosano se adhieran generando un compuesto de dos materiales”, señala el investigador.

Para garantizar la mezcla entre los materiales se añadió una pequeña cantidad de glutaraldehído, compuesto químico que garantiza que el quitosano no se disuelva en el agua.

Posteriormente, la muestra se secó a temperatura ambiente, adquiriendo una forma gelatinosa que se trituró y tamizó de nuevo; el resultado fue un polvo fino de tonalidad gris, listo para ser añadido al agua contaminada con tartrazina.

De las cinco muestras de agua residual utilizadas, cuatro fueron artificiales, es decir, creadas en el laboratorio, mientras que la quinta sí fue real, obtenida de una industria alimentaria de Manizales.

Este proceso se hizo teniendo en cuenta diferentes variables como el pH, tiempo de contacto, la carga de adsorbente y la concentración del colorante, dentro de la muestra, con el fin de determinar el valor exacto en el cual se podría generar una contención del colorante.

Así, se evaluaron muestras desde los 30 hasta los 100 mg de tartrazina por litro de agua, a tres temperaturas: 25, 35 y 45 °C, con valores en pH de 3,5, una carga de adsorción del compuesto de 0,2 a 0,4 gramos por litro y una agitación constante 300 revoluciones por minuto a 120 minutos durante 24 horas.

Los resultados mostraron que el valor indicado para remover un 98,6 % del colorante de la muestra es a los 45 °C durante 120 minutos con un compuesto de quitosano y bentonita al 4 % por litro de agua.

Es importante destacar que, a pesar de ser un polvo fino, este no se disuelve en el agua, por lo que se debe retirar mediante un proceso de filtración por celulosa. Este método separa las partículas sólidas o materiales no deseados del líquido mediante un papel de filtro con porosidad controlada, dejando el agua libre de residuos sólidos, en este caso, el compuesto con quitosano y bentonita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre burocracia y taponamientos, ciénagas en Bolívar se están secando

 No hay certeza sobre la cantidad de ciénagas sedimentadas o secadas en el complejo cenagoso de Cascaloa, en Magangué, lo cual afecta a cientos de campesinos que dependen de la pesca. Un problema que se agravó con la construcción de una vía carreteable en 2002, pues taponó la conexión de estas aguas con el río Magdalena. Las autoridades aún no tienen respuesta, por lo que un grupo de investigadores trabajó con la comunidad para intervenir estos puntos, una tutela sería la solución.

El complejo cenagoso de Cascaloa tiene cerca de 11.000 hectáreas, con 92 ciénagas, en las que más de 23.000 personas se benefician de la pesca; sin embargo, desde los años setenta, y debido a los cambios en el uso de estos ecosistemas, esta actividad tradicional se ha disminuido considerablemente, dando lugar a cultivos de arroz, que deterioran y modifican cada vez más las ciénagas.

Así lo describe el investigador Juan Manuel Quinche Roa, magíster en Gestión y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), para quien el problema es que los playones junto a estos humedales son “terrenos baldíos”, superficies que no tienen una delimitación clara en el país y de las cuales se supone el Estado es dueño. Los procesos administrativos para conocer su extensión son lentos e impiden la atención de fenómenos de apropiación iniciados por actores que no forman parte de las comunidades tradicionales.

“Los procesos de delimitación de estas zonas se llaman deslindes, y determinarían desde qué punto se pueden constituir propiedad privada, disminuyendo los riesgos de apropiación; sin embargo, a febrero de 2023, solo un proceso de este tipo se había culminado en el municipio de Simití, sur de Bolívar, luego de que la Corte Constitucional fallara a favor una acción de tutela interpuesta por las organizaciones campesinas”, asegura.

Desde hace tres años el investigador se ha interesado en aportar de alguna forma a que esto no siga ocurriendo, y a que factores que aceleran los procesos de sedimentación de las ciénagas, como la construcción de vías carreteables que taponan caños como el “rompedero”, no impacten de manera negativa el ciclo reproductivo de los peces, que dependen de un flujo de agua óptimo entre el río y las ciénagas.

Aproximación pionera

En ocasiones pasadas no se había tenido en cuenta la variable del “deslinde”, clave a la hora de atender los conflictos en torno a la tenencia la tierra que afectan a las comunidades. En este caso, el experto analizó la relación existente entre la no culminación del deslinde y el taponamiento de los caños con ocasión a la construcción de la vía carreteable antes mencionada.

Fueron numerosas entrevistas a líderes campesinos y pescadores que habitan la ciénaga, la revisión de 32 expedientes de deslindes abiertos en el complejo, una exhaustiva revisión de  sentencias proferidas por tribunales de todo el país, y la sistematización de la información que la Agencia Nacional de Tierras tiene sobre las ciénagas en el sur de Bolívar.

El experto indica que este es un gran logro, pues las administraciones municipales no habían atendido las peticiones que buscaban rehabilitar el caño, lo cual es paradójico, porque alrededor de 2021 la vía carreteable sufrió graves daños, y en vez de tener en cuenta las demandas de la comunidad para restaurar las ciénagas y contemplar obras civiles que no generaran taponamientos en el tránsito del agua, se volvieron a rellenar con material los mismos puntos en donde el daño y la obstrucción ya estaban presentes.

“Debido a los taponamientos de los caños, hay regiones de las ciénagas que aceleran su sedimentación, acentuando problemas de vieja data en humedales sin delimitar como la deforestación, la expansión de ganadería extensiva o los monocultivos. Se busca que con la tutela se suspendan las obras que impiden la conectividad ecológica, interviniendo y garantizando la rehabilitación de los caños, y teniendo procesos de concertación con los habitantes para que la pesca no se vea marchitada”, expresa el magíster.

Para él es importante hacer la distinción entre la forma en que antes se realizaban cultivos temporales que no modificaban el ecosistema cenagoso, y lo que se está haciendo hoy en día en la región, dando lugar a que diversos puntos de las ciénagas tengas cercas y diques, afectando el tránsito natural de agua y materia orgánica entre los ecosistemas.

“Es necesario seguir con los procesos de concertación en torno a la restauración ecológica mientras se espera la culminación del deslinde y una decisión de la tutela presentada. La idea es que las autoridades administrativas y las corporaciones regionales tengan en cuenta la voz de los pescadores artesanales, y que establecer y respetar los límites del complejo cenagoso sea una prioridad”, asegura el investigador.

La tutela fue producto de un trabajo conjunto con la comunidad y la Corporación Tiempos de Vida, y está siendo estudiada por la Corte Constitucional en el despacho de la magistrada Natalia Ángel Cabo.

Habitantes de zonas costeras, en riesgo por contaminación de mercurio y microplásticos

 El análisis de 2.000 peces del Pacífico colombiano evidenció que todos presentaban algún nivel de mercurio en sus tejidos; sin embargo, por contener menos de 0,5 µg/g (microgramos por gramo) no representan un problema para la salud humana, siempre y cuando se consuman una o máximo dos veces por semana. Las poblaciones costeras, en donde todos los días se come pescado, afrontarían un potencial peligro si no se toman medidas. La investigación se extenderá al Caribe.

El proyecto de investigación intersedes “Evaluación del efecto de la contaminación por metales pesados en la biodiversidad y dinámica ecosistémica para identificar riesgos por consumo de organismos marinos en la bahía de Buenaventura”, adelantado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), se centra en la contaminación por mercurio (se estudiaron 2.000 individuos) y la presencia de microplásticos (partículas de plástico menores a 5 mm hasta tamaños imperceptibles) en pescados de la zona (800 individuos).

Entre las más de 50 especies analizadas se encuentran ñato, canchimala común y canchimala blanca, y especies de la familia de las corvinas, como el cajero o pacora.

A diferencia de la presencia de mercurio en los tejidos del 100 % de los individuos estudiados, solo el 50 % de los peces tenían microplásticos en su tracto digestivo, en particular bagres de mar y corvinas, fundamentales para el sector pesquero local, tanto  artesanal como comercial.

“Algunas de estas especies mostraron una disminución del 25 % de su peso en relación con su tamaño, lo que quiere decir que están reemplazando su alimento por los microplásticos, lo que afecta su salud, y de paso, por la cadena alimenticia, afectaría a las personas”, afirma el profesor Guillermo Duque Nivia, líder del Grupo de Investigación Ecología y Contaminación Acuática.

La población costera que se alimenta a diario con estas especies corre un riesgo potencial de exposición a niveles peligrosos de mercurio, en especial las familias de los pescadores, que son quienes más las consumen. “No obstante, según estudios previos, los índices detectados en la bahía de Buenaventura se mantienen bajos frente a los de otras regiones, como la bahía de Cartagena”, explica el académico.

“Esto se puede atribuir, en parte, a que allí la actividad minera de oro es más baja que en Chocó y la parte norte del país; sin embargo es preocupante, ya que el mercurio es persistente y se mantiene en los ecosistemas por décadas aunque se detengan los vertimientos, y se activa cuando se hacen dragados, los cuales son comunes en la bahía de Buenaventura”, amplía.

Ante la magnitud del problema, los investigadores desplegarán el estudio a regiones de la costa Caribe, incluyendo muestras de Santa Marta, en un nuevo proyecto intersedes que se adelantará con la UNAL Sede La Paz y la Universidad del Atlántico y que permitirá comparar los niveles de contaminación entre Caribe y Pacífico, un estudio pionero en el país.

Para el investigador Duque, “ante la necesidad de comprender y abordar la contaminación ambiental en Colombia, este nuevo proyecto garantizará un enfoque multidisciplinario y la comprobación de los resultados en las zonas costeras del país”.

Los hallazgos obtenidos hasta ahora proporcionan una base sólida para futuras políticas y programas de mitigación, y también para crear conciencia pública a industrias, turistas y habitantes locales sobre los peligros de estos contaminantes y la urgencia de tomar medidas.

A fin de evaluar la contaminación por mercurio, para este nuevo proyecto la UNAL adquirió un innovador equipo que permite medir directamente el metal en el músculo de los peces, eliminando la necesidad de preparación química y reduciendo posibles errores. Esta innovación tecnológica garantizará mediciones precisas y eficientes.

Según el profesor Duque, “antes todas las muestras para analizar mercurio se procesaban en el Laboratorio de Toxicología de la Universidad de Córdoba, dirigido por el profesor José Marrugo, nuestro asociado académico para ese tipo de análisis, pero ya contamos con el equipo DMA80, que es el medidor directo de mercurio, adquirido gracias a la gestión –por mucho tiempo– de los recursos necesarios”.

En cuanto a la detección de microplásticos, se empleará un equipo, proporcionado por la Universidad del Atlántico, que permite determinar con precisión la presencia y el tipo de estos contaminantes en las muestras, teniendo en cuenta que se trata de un área nueva, y que aunque su conocimiento ha crecido en los últimos años, todavía falta mucho por determinar el efecto en los organismos.

Vuelve la leña al fuego, urge un mejor manejo de incendios forestales en el país

 La llama de los incendios en Colombia sigue latente, y una muestra de ello es lo que ocurre en el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque (Boyacá), un lugar en el que científicos encontraron la huella de “combustible” natural (residuos de grandes robles y pequeñas plantas que resultan inflamables), que hace que estos eventos sean cada vez más fuertes. Un tema del que poco se habla y que no tiene un monitoreo riguroso.

En 2015 muchas hectáreas de bosque y vegetación de este majestuoso lugar del municipio de Villa de Leyva fueron consumidas por un incendio de grandes proporciones, provocado, al parecer, por un grupo de personas que buscaban cazar animales silvestres.

Aunque los equipos de bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja llegaron al lugar para controlar el fuego, existe un factor que a largo plazo sería un talón de Aquiles, y es que cuando ocurre un incendio forestal se aplica el plan de manejo existente para atenderlo, pero poco se piensa en lo que queda en el lugar: cientos de trozos de madera y hojarasca que sirven de leña para la próxima conflagración.

La ingeniera forestal Alejandra Reyes Palacios, magíster en Biología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), monitoreó la zona y la encontró vulnerable por la alta carga y concentración de “combustibles naturales”, el incremento desmedido del helecho marranero, y la pérdida tanto de robustez de la corteza interna del roble andino como de humedad en sus hojas.

Para ello, entre 2018 y 2019 tomó muestras en 12 parcelas –la mitad con bosque quemado y la otra sana– de los troncos de los árboles, sus hojas y algunos transectos de bosque para determinar los desechos que sirven como “gasolina” de los incendios, trabajo que contó con el apoyo y acompañamiento de Parques Nacionales y Naturales de Colombia.

“El problema de los ecosistemas andinos es que no están adaptados al fuego, distinto a lo que ocurre en algunas regiones como la Orinoquia, en donde las quemas se hacen cada cierto tiempo, incluso en actividades tradicionales de ganadería; por eso el impacto es cada vez mayor, e incluso la vegetación que prefiere el calor termina muriendo, es algo insostenible y hay que prestarles mayor atención a las estrategias de mitigación”, asegura la magíster, integrante del grupo de investigación Ecología del Paisaje y Modelación de Ecosistemas (Ecolmod) de la UNAL, liderado por la profesora Dolors Armenteras, de la Facultad de Ciencias de la Institución.

Añade que “mientras en 2018 los bosques quemados en el Santuario contenían cerca de 8,34 toneladas de material leñoso por cada hectárea, en 2019 estas aumentaron a 13,92, lo cual se contrasta con la parte de bosques conservados, en donde solo se llega a 2,99 toneladas”.

Esto quiere decir que cada hectárea de bosque tiene residuos que son como la “mecha” para un próximo incendio, haciendo que la chispa sea mucho más peligrosa y arrase con todo a su paso, no  solo con la vegetación sino también con animales pequeños que viven en la zona como ardillas, armadillos, conejos y zorros.

“Más del 90 % de los incendios que se presentan en el país son generados por actividades humanas, una irresponsabilidad que se busca cambiar con pedagogía sobre un manejo integral del fuego, en la que se tenga en cuenta que algunas actividades ganaderas tradicionales en las sabanas de la Orinoquia necesitan del fuego para sus procesos ecológicos, por ello es importante conocer el régimen del fuego necesario para mantener el equilibrio”, indica la magíster.

Como se mencionó, algunas especies de vegetación –como hierbas y enredaderas– han empezado a propagarse en zonas con mayor radiación solar porque son tolerantes al calor y lo prefieren, y aunque también germinan especies del bosque nativo, se ha observado que después de un tiempo ya no están, lo cual obedecería a la presencia de helecho marranero en áreas quemadas, según reportes de la literatura.

“Así como puede haber restos de madera de 0,5 cm, que el fuego consume en solo una hora, también existe la posibilidad de que en la zona haya trozos de roble –o cualquier otra especie– de unos 8 cm, que tardan en quemarse alrededor de 1.000 horas”, expresa la experta.

Con esta información se busca empezar a plantear mejores estrategias, que tengan en cuenta la realidad de los incendios forestales y que actúen de manera oportuna después de los eventos. Una buena medida sería remover el material vegetal inflamable, pero aún se necesitan más estudios para determinar el riesgo que esta medida generaría para los ecosistemas.

Cantos, plumas y picos, observación de aves en la UNAL Sede Orinoquia

 Durante el October Big Day –ejercicio de avistamiento de aves que congrega a aficionados, biólogos y ornitólogos de todo el mundo–, en el campus de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Orinoquia se observaron 84 especies de aves, ampliando el registro de 145 a 173. En la jornada se hallaron tres tipos de aves migratorias que darían cuenta de la importancia del ecosistema del campus en la región.

Desde su creación en 2009, el October Big Day busca que las personas se interesen por las aves y así generar estrategias para su conservación. En 2022 Colombia ocupó el primer lugar con 1.233 especies avistadas, registradas especialmente en Caldas, Antioquia, Risaralda y Cundinamarca.

El sábado 14 de octubre las amplias sabanas de la Orinoquia fueron escenario de una observación sin precedentes. En el “pajareo” del campus de la UNAL, ubicado en el municipio de Arauca (Arauca), el profesor Andrés Aponte y 7 estudiantes y administrativos alcanzaron a ver 84 especies de aves, entre las que se resaltan 3 migratorias, algo que sorprendió a los participantes pues no es común ver estos animales por esos lares. Además, de las dos listas de aves que se generaron en el departamento, la Sede fue la que registró mayor número de especies.

“Registramos 3 reinitas, un grupo de aves migratorias consideradas como un indicador dentro de los ecosistemas porque requieren ciertas condiciones para reproducirse. A pesar de que vienen de Estados Unidos a Colombia no están en todo el país, lo que nos indica que el campus tiene las condiciones para que estas especies sensibles habiten”, expresa el biólogo Aponte.

La jornada también permitió que el profesor y su pupila Danna Duque ampliaran el registro de aves de la Sede. En 2013 el docente Néstor Pérez y otro grupo de expertos identificaron 145 especies de aves, y 10 años después, con las 84 especies observadas, el registro pasó a 173.

“La actividad da cuenta de la reciente declaratoria del campus como Escenario Misional y Santuario de Fauna y Flora. Hace 27 años se le donó un terreno a la Sede y se hizo un trabajo para recuperar el ecosistema sembrando árboles; en 2011 el inventario forestal nos indicó que teníamos 2.995 árboles, y en 2021, cuando lo actualizamos, teníamos 5.508 árboles. En 10 años recuperamos esa cobertura vegetal sembrando plantas nativas de la región para no alterar el ecosistema”, señala Gina Ávila, profesional del área de Gestión Ambiental de la Sede.

Otro hallazgo fue la especie Saltator orenocensis,ave amarilla con negro que tiene una distribución restringida por lo que no es común avistarla. “Es un animal que se mantiene escondido en el dorsal de los árboles, es difícil de detectar porque no canta mucho y tampoco se exhibe en las ramas, por lo que para nosotros fue sorprendente”, explica la estudiante Duque.

El docente y la estudiante concuerdan en que a pesar del poco espacio recorrido para el pajareo tuvieron resultados significantes. “El recorrido empezó a las 6 de la mañana en la Granja Experimental el Cairo y caminamos hasta las marraneras, en donde está la franja de bosque cerca al apiario.

Luego estuvimos por las canchas y el parqueadero, en donde hay algunas lagunas, y escogimos una parte del Sendero Ecológico”, relata el experto.

Agrega que, “el October Big Daynació de un proyecto de aula de un grupo de estudiantes que decidieron comparar la riqueza de las especies de aves en tres lagunas de la Universidad, dos que se encuentran a la entrada del campus y una que va hacia las cachameras, un trabajo que les permitió a los interesados en el avistamiento de aves darse cita en el campus todos los viernes para realizar esta ardua labor. 

 

“Para la observación se les enseña a manejar los binoculares, a individualizar las aves, a identificar el canto de las aves para así empezar con la identificación. Por eso a la hora del Big Day lo que hicimos fue asociar más personas”, concluye.

Geoturismo de volcanes en Nariño: nuevos lineamientos que abren camino para visitarlos

 Hasta hace poco el geoturismo –que permite conocer y observar el valor de estas maravillas naturales– no figuraba en las políticas turísticas colombianas. Ahora, gracias a una investigación de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), que propone cuatro puntos clave, esta modalidad está ganando terreno en Nariño, hogar de unos 7 volcanes activos, abriendo la posibilidad de impulsar el turismo responsable en un país con cerca de 50 estructuras geológicas, según el Servicio Geológico Colombiano.

En Colombia, sumarse a esta experiencia ha generado situaciones problemáticas como el acceso no autorizado a zonas peligrosas y situaciones de riesgo para los visitantes, debido a la falta de directrices específicas para practicar el geoturismo de volcanes. Según Virna Pirateque Lizarazo, especialista en Turismo, Ambiente y Territorio de la UNAL, “esto ocurre porque las políticas actuales se basan en lineamientos generales de ecoturismo que no consideran las características únicas y los riesgos asociados con la actividad volcánica”.

Y es que, por sus particularidades biodiversas, los volcanes requieren una gestión especial tanto cultural como del riesgo, la cual implica suspender la actividad turística o el ingreso de personas ante cualquier señal de alerta.

Frente a esta realidad, en su plan estratégico de naturaleza la Dirección de Turismo de la Gobernación de Nariño incorporó el geoturismo, convirtiéndose en el único departamento en incluir esta modalidad en sus políticas, además de los involucrados en el Geoparque Natural Zona Volcánica Nevado del Ruiz.

Este compromiso se respalda con una ordenanza departamental que abarca el periodo 2023-2032. Esto quiere decir que no solo se reconoce la importancia del geoturismo como un elemento distintivo en la oferta turística de Nariño, sino que también se establece un marco de largo plazo para desarrollar  esta actividad de manera sostenible. El enfoque no se trata solo de atraer turistas, sino además de respetar la biodiversidad y la riqueza geológica de la región.

Recordemos que en Nariño existen imponentes volcanes como el Galeras, ubicado unos 9 km al occidente de la ciudad de San Juan de Pasto, conocido por los indígenas quillacingas como “quillacingas urcunina” (montaña de fuego) y luego designado como volcán Galeras por los primeros conquistadores españoles. Los volcanes Cumbal, Azufral, Chiles, Cerro Negro de Mayasquer, Tajumbina y Doña Juana también forman parte del paisaje natural.

Propuesta de lineamientos

Según el Servicio Geológico Colombiano, el país cuenta con cerca de 50 estructuras geológicas, la mayoría ubicadas en la cordillera Central, por ello, los lineamientos propuestos contemplan 4 puntos que buscan impulsar el geoturismo de los volcanes; estos son:

1. Fomentar la colaboración con diversas entidades para fortalecer el desarrollo del geoturismo, y así mismo reconocer la importancia de trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes.
2. Crear rutas y destinos que promuevan el turismo geológico sostenible, generando beneficios tanto para los visitantes como para las comunidades locales.
3. Integrar prácticas respetuosas con el medioambiente en todos los aspectos del turismo, asegurando que la exploración de estos entornos naturales se realice de manera responsable.
4. Promover la geoeducación, la ciencia y la innovación a través del conocimiento y la divulgación del Patrimonio Geológico, transformando la visita en una experiencia educativa significativa.

La formulación de estos lineamientos involucró una recopilación exhaustiva de información, que incluyó análisis documental, revisión de políticas turísticas, estudios existentes y visitas de campo desde 2021, en las cuales se exploraron diversos escenarios volcánicos de Colombia y Ecuador. Además, se entrevistó a expertos académicos, nacionales e internacionales, quienes ofrecieron sus perspectivas educativas y científicas sobre el geoturismo de volcanes.

Según la investigadora y autora de estos lineamientos, “esta forma de ver el geoturismo también ha permitido crear espacios como el Primer Encuentro Internacional de Geoturismo, Geoparques y Volcanes, que coordinamos y realizamos con el Departamento de Geografía y el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la UNAL, escenarios para ampliar las miradas sobre el geoturismo”.