La Jagua de Ibirico (Cesar) muestra el lado crítico de la transición energética

 La “fiebre” del carbón dejó al borde del colapso a La Jagua de Ibirico, uno de los 25 municipios del Cesar. Mientras el país busca energías más limpias, esta comunidad se debate entre la esperanza de un futuro mejor y la desesperación ante los daños ambientales y sociales causados por décadas de explotación minera, entre ellos la deforestación masiva, la contaminación de fuentes hídricas y el deterioro de la calidad del aire.

En 2021, la salida de la empresa minera Prodeco dejó la región sin una fuente crucial de ingresos, reduciendo en cerca del 60 % los recursos financieros que antes se obtenían a través de las regalías del carbón. Por eso la economista Johana Regino Vergara, estudiante del Doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), ha dedicado sus últimos 4 años a analizar esta transición en La Jagua de Ibirico.

“Lo que vemos aquí es un adelanto de lo que ocurriría en otras zonas mineras de Colombia como La Guajira, por eso es importante que aprendamos de esta experiencia para diseñar políticas de transición energética que sean verdaderamente justas y sostenibles”, precisa la investigadora.

Su estudio se enfocó en conocer la realidad de este territorio realizando entrevistas con diversos actores, entre ellos miembros de la comunidad, funcionarios gubernamentales y académicos. Además aplicó una encuesta a 100 personas para evaluar las percepciones sobre la naturaleza y las expectativas para el futuro.

“En estos años de análisis he identificado que la comunidad de este territorio valora la naturaleza más allá de su potencial económico; las personas no la ven como un recurso para explotar, sino que aprecian el aire limpio, los paisajes, hablan de la posibilidad de compartir tiempo en familia en el río, valores que no se pueden medir fácilmente en términos monetarios”, comenta la economista Regino.

En su estudio aborda estos aspectos como parte de una “valoración plural de la naturaleza”, la cual considera crucial porque contrasta con el enfoque tradicional de desarrollo económico que ha predominado en la región, pues durante casi 3 décadas La Jagua de Ibirico orientó su economía casi exclusivamente hacia la minería de carbón a cielo abierto.

“La dependencia de la explotación del carbón no solo transformó el paisaje físico, sino también el tejido social y cultural del municipio”, afirma.

El caso de Boquerón, un corregimiento de La Jagua, muestra precisamente uno de los impactos más profundos de esta transformación, ya que su comunidad fue desplazada por la contaminación ambiental causada por la minería. En 2021, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) revocó la orden de reasentamiento, y en vez de eso les exigió a las empresas mineras implementar un Plan de Manejo Socioeconómico.

“Los habitantes, que habían esperado ser reasentados, ahora deben adaptarse a vivir en un entorno significativamente alterado por las actividades mineras. Enfrentan desafíos como la reconstrucción de su comunidad y la recuperación de su entorno natural, afectado por la minería a cielo abierto”, señala la economista Regino, quien después de varios años de seguirle el rastro a esta problemática en La Jagua de Ibirico determinó que “la transición energética justa no se puede limitar a cambiar una fuente de energía, pues debe reconocer los vínculos que las personas tienen con su entorno”.

“Lo que la gente está pidiendo es un cambio estructural, quieren recuperar sus saberes tradicionales, explorar alternativas económicas que sean verdaderamente sostenibles, y sobre todo quieren formar parte del proceso de toma de decisiones”, precisa.

“Una de las barreras para lograr la transición energética justa con la participación de las personas es la falta de confianza de la comunidad en ese concepto”, sostiene la investigadora en su estudio.

“A partir de las entrevistas con los residentes vi que muchos habitantes sienten que las políticas se están diseñando sin su participación real y que no responden a las necesidades específicas de su territorio, como por ejemplo atraer y desarrollar sectores económicos alternativos al carbón, como la agricultura, e incluso que se den procesos de descontaminación de fuentes de agua afectadas por la actividad minera”, sostiene.

Por eso el estudio concluye que para que la transición energética sea verdaderamente justa debe ser un proceso participativo que involucre activamente a las comunidades afectadas y se debe basar en una comprensión profunda de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza en cada territorio específico.

“Debe ir más allá de las consideraciones puramente económicas para incluir una gama más amplia de valores y aspiraciones comunitarias”, precisa la candidata a Doctora.

Al respecto menciona 4 puntos que aportarían a superar las barreras que se presentan en este territorio específico; estos son:

• Plataformas de participación comunitaria: crear espacios en los que las comunidades puedan participar activamente en la planificación y ejecución de la transición energética.
• Educación y sensibilización: iniciar programas de educación para informarle a la población sobre la importancia y los beneficios de una transición energética justa. “Estos programas deben incluir talleres, seminarios y campañas de sensibilización sobre prácticas sustentables y el valor de la naturaleza”, precisa la investigadora.
• Diversificación económica: promover la diversificación de la economía local hacia actividades más respetuosas con la naturaleza, como la producción de café, cacao, maíz y productos forestales no maderables.
• Procesos estructurales para la transición: es crucial que las transiciones energéticas no se limiten a cambios superficiales en la fuente de energía, sino que aborden de manera integral las estructuras económicas y sociales subyacentes. “Se debe pensar en una transición energética que integre valores culturales, sociales y ecológicos en la toma de decisiones”, reitera. 

Este estudio está enmarcado en el Proyecto Trajects, convenio suscrito entre el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la UNAL y la Universidad Técnica de Berlín.

Sede Palmira cumple 90 años aportando al desarrollo regional en Colombia

 La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira celebra este año 9 décadas de aportes al progreso del suroccidente colombiano a través de sus actividades de formación, investigación y extensión, con más de 12.000 egresados y 3.000 estudiantes del Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. El aniversario se conmemorará con eventos académicos, un libro sobre su historia y una exposición fotográfica, entre otras actividades.

Para hablar de los inicios de la Sede Palmira hay que remontarse al siglo XIX, cuando en Colombia emergieron dos modelos económicos capitalistas con enfoques distintos: el inglés, que promovía la gran propiedad rural y la producción intensiva, y el francés, basado en la pequeña propiedad rural y el desarrollo de cooperativas y asociaciones, e impulsado en el país por figuras intelectuales y políticas que influyeron profundamente en la visión agrícola del Valle del Cauca.

Entre ellos estuvo Manuel Esteban Ancízar Basterra, primer rector de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia –como se llamó en sus inicios la UNAL–, quien en su obra Peregrinación del Alpha resaltó la importancia de apoyar a las comunidades rurales para que se conviertan en pequeños empresarios, reflejando así el modelo francés, enfoque compartido por otros personajes y líderes vallecaucanos.

Sin embargo, en medio de la crisis mundial del capitalismo de 1929, y con una ley de emergencia que autorizaba la importación de alimentos, el sector agrícola colombiano estaba prácticamente arruinado y ante un desafío. En ese periodo llegó desde Puerto Rico al departamento la Misión Chardón para realizar un reconocimiento agropecuario, que al final sugirió que la investigación agrícola fuera transferida al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, país que mostró interés por tratarse de un territorio ubicado en el Trópico.

Esta propuesta marcó el primer momento de la Universalidad en el Valle del Cauca, destacando la transferencia de modelos agrícolas foráneos, especialmente estadounidenses, que se impusieron en la región.

En 1931, con la expedición de la Ley 132, cada departamento del país podía crear un instituto agrícola, el cual debería estar conformado por una escuela superior de agricultura, un servicio de extensión agrícola y una granja experimental, con la que ya se contaba, y el 5 de noviembre de 1934 se fundó en Cali la Escuela Superior de Agricultura Tropical con un plan de estudios adaptado al modelo francés y a las necesidades locales, que luego de superar diversas transformaciones y pasar a ser la Facultad de Agronomía, hoy celebra sus 90 años como Sede Palmira de la UNAL.

En resumen, la agricultura regional se desarrolló en medio de estas dos líneas de pensamiento, y con ello inició la historia de la Sede Palmira, como recuerda el profesor Néstor Fabio Valencia Llano, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, autor de varias publicaciones que compilan esta historia, y quien concluye que “con el tiempo se instauraron los dos sistemas productivos: el que  utiliza la agricultura convencional en amplias extensiones de tierra, y el de la pequeña propiedad rural, modelos que también influencian el currículo”.

Progreso e impacto en la región

Desde su fundación, la Sede Palmira ha estado a la vanguardia en la investigación agrícola, ambiental, agroindustrial y pecuaria, además de otros campos del conocimiento como el diseño y la administración, abarcando la transferencia tecnológica de modelos extranjeros y la investigación autóctona centrada en las necesidades locales.

La profesora Luz Stella Cadavid Rodríguez, vicerrectora de la Sede, anunció que “para celebrar este aniversario, durante este año el campus será el escenario de diversas actividades y eventos académicos que conmemorarán la rica trayectoria de la Universidad y su contribución al desarrollo regional de la mano de las comunidades. Además se publicará un libro y se desarrollará una exposición fotográfica con los hitos más relevantes de estos 90 años”.

Agro-ecología, comunidades y liderazgo femenino

En el legado de la Sede Palmira han sido fundamentales los aportes de la profesora titular Marina Sánchez de Prager en la evolución de la agro-ecología en la región. Su trayectoria comenzó hace más de 50 años, cuando la científica rompió barreras de género al ser la primera mujer en ocupar un cargo en un entorno dominado por hombres, rol que le permitió demostrar las capacidades de las mujeres en la ciencia y la agricultura y fue la primera Decana de Sede antes de que surgiera la figura de Vicerrector.

Bajo su liderazgo, la UNAL ha contribuido con el movimiento nacional y latinoamericano de la agro-ecología, formando profesionales y colaborando estrechamente con comunidades campesinas en la implementación de tecnologías blandas y prácticas de cultivo sostenibles.

Hortalizas, aporte de la Sede Palmira al país

En paralelo, el profesor emérito Franco Alirio Vallejo, primer vicerrector de la Sede Palmira, ha dejado una marca indeleble en la agricultura nacional a través de su trabajo con el grupo de investigación “Mejoramiento genético, agronomía y producción de semillas de hortalizas”, uno de los más antiguos de la Institución y que ha permitido la formación de 30 doctores, 55 magísteres y 130 profesionales al servicio del país.

Su contribución llevó al desarrollo de las variedades de hortalizas “Unapal”, que incluyen tomate chonto Maravilla, cilantro Laurena, habichuela Milenio, pimentón Serrano y zapallo Bolo Verde, innovaciones que han beneficiado en productividad y calidad a los agricultores nacionales, especialmente en Valle del Cauca, Cauca y Eje Cafetero.

Por sus aportes a la investigación, en 1994 el profesor Vallejo recibió el Premio Nacional en Ciencias de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, y en 2021 la Orden Simón Bolívar en el grado Gran Maestro, conferida por el Ministerio de Educación Nacional.

 

Manejo centralizado del turismo impediría la sostenibilidad del sector

 En Colombia la planificación turística centralizada a menudo ignora las realidades locales, lo que afecta la efectividad de las políticas públicas para atender las necesidades de las comunidades que viven en los lugares de interés para los viajeros.

Un estudio realizado en los Parques Nacionales Naturales Los Nevados, Salento - Cocora y San Cipriano, examinó cómo la sostenibilidad del turismo se ve afectada por las estructuras de gobernanza, es decir por los actores encargados de administrar las zonas turísticas.

El estudio fue realizado por Alejandro Echeverri Rubio para el Doctorado en Administración en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales, dirigido por el profesor Jaime Andrés Vieira-Salazar, Ph. D. en Ciencias de la Gestión, y con el apoyo del grupo de investigación Gestión Responsable para la Sostenibilidad Territorial (GREST).

El objetivo de este trabajo fue analizar los principales desafíos que enfrentan los actores en la configuración de estructuras de gobernanza para lograr la sostenibilidad de los socio-ecosistemas con aprovechamiento turístico en Colombia y contribuir a que las políticas públicas se adapten a las necesidades locales. La tesis fue laureada por su notable contribución al campo de la gobernanza turística y la sostenibilidad.

Según el estudio, en Colombia las leyes y políticas turísticas –como la Ley 2068 de 2020, la Política Nacional de Turismo Comunitario y los Planes de Ordenamiento Territorial (POT)– han causado controversias entre el Gobierno y las comunidades locales por priorizar el desarrollo turístico sobre las necesidades y los derechos de estas colectividades, excluyéndolas de beneficios económicos, y además por no considerar suficientemente los impactos culturales y ambientales.

Tanto en las regiones de los tres parques estudiados como en el Eje Cafetero y Valle del Cauca se realizaron entrevistas y grupos focales para profundizar en la comprensión de las dinámicas y los retos presentes, utilizando observación directa y encuestas a actores del turismo.

Estos instrumentos permitieron recopilar datos para identificar a los actores involucrados, describir sus relaciones, caracterizar los conflictos socio-ecológicos, detallar las estructuras de gobernanza y proponer escenarios prospectivos para el aprovechamiento turístico sostenible en cada caso de estudio.

En el estudio, los actores clave identificados variaron según el caso. En el Parque Los Nevados los principales actores fueron la Oficina de Parques Nacionales y la Unión Temporal de Operación Nevados (UTON), encargados de la gestión y conservación del Parque, mientras que las comunidades locales desempeñaron un papel secundario.

En Salento - Cocora el análisis incluyó al gobierno local y al Gobierno nacional, que regulan y apoyan el turismo, además de las comunidades locales y las agencias de viajes y operadores turísticos, que participan activamente en la gestión y promoción del turismo.

Para el caso de San Cipriano, los actores clave fueron la Fundación San Cipriano, que coordina la red local; la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, encargada de la gestión ambiental; el Consejo Comunal, que representa a la comunidad; y las agencias de viajes y operadores turísticos, que apoyan el desarrollo del turismo en la región.

Las redes expuestas en la tesis muestran cómo las estructuras de gobernanza afectan la gestión del turismo en cada caso: en el Parque Los Nevados la centralización limita la participación local. En Salento - Cocora la coordinación horizontal facilita una gestión colaborativa, y en San Cipriano, aunque existe una centralización, la participación local sigue siendo relevante.

La estructura jerárquica y centralizada del Parque Nacional Natural Los Nevados no es inherentemente negativa, de hecho los resultados sugieren que este tipo de gobernanza puede ser necesaria y adecuada para destinos turísticos que requieren un control riguroso y una administración estricta para asegurar la conservación y gestión efectiva de recursos naturales.

Esta estructura, aunque limita la participación local, puede ser esencial para garantizar la protección de áreas de alta biodiversidad y la implementación de políticas de conservación. Por otro lado, la estructura de gobernanza en Salento es menos jerárquica y fomenta una mayor participación colaborativa, mientras que la de San Cipriano, aunque más horizontal en comparación con la del Parque Los Nevados, aún presenta elementos de centralización.

“Es vital mencionar la relevancia del factor socioecológico en la gobernanza del turismo, porque es fundamental para asegurar una gestión equilibrada y sostenible de los recursos naturales y culturales”, explica el investigador. Este factor se refiere a la interacción entre aspectos sociales y ecológicos, y cómo estas interacciones influyen en la sostenibilidad de los destinos turísticos.

“La integración efectiva de las dinámicas socio-ecológicas en la planificación y gestión turística permite no solo conservar el medioambiente, sino además fortalecer a las comunidades locales promoviendo un desarrollo turístico que beneficia tanto a las personas como al entorno natural”, puntualiza el investigador.

Las redes colaborativas, como la de San Cipriano, tienden a manejar mejor los recursos turísticos y a abordar las necesidades locales. En contraste, las estructuras más centralizadas, como en Parque Los Nevados, pueden enfrentar desafíos en términos de inclusión y adaptabilidad. Comprender y adaptar estas estructuras a las dinámicas socio-ecológicas específicas de cada destino es esencial para promover un desarrollo turístico sostenible y equilibrado.

UNAL en la COP16: inicia la agenda previa con seminarios de biodiversidad y conservación

 Las 9 Sedes de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) se preparan para la Decimosexta Conferencia de las Partes (COP16) sobre biodiversidad –que congregará en Cali a líderes, científicos y expertos nacionales e internacionales–, iniciando la agenda académica PreCOP16 con un evento de agro-ecología en la Sede Palmira.

Bajo el lema “Paz con la Naturaleza”, la COP16 abordará los desafíos globales en la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. En este contexto, la UNAL compartirá con el mundo su cúmulo de conocimiento y prácticas de conservación desarrollados en el país en 4 grandes temas: Amazonia; mares y océanos; ciudades verdes; y protección de la biodiversidad biológica.

Al destacar el rol de la UNAL en esta cumbre mundial, la profesora Nubia Janeth Ruiz Ruiz, vicerrectora de Investigación, informó que “la Universidad participará de manera activa en este escenario internacional, a partir de las fortalezas y capacidades de todas las Sedes, y actuando de manera articulada”.

La UNAL expondrá su rol en la conservación de ecosistemas como la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco (Valle del Cauca), un laboratorio vivo de más de 500 hectáreas a su cargo, vital para la regulación hídrica, la captura de carbono y la conservación de especies en la región.

Por su parte, la profesora Diana Carolina López Álvarez, del grupo de investigación Diversidad Biológica de la Sede Palmira y una de las delegadas para centralizar la participación de la UNAL en la COP16, resaltó que “la Universidad es un espacio abierto que recoge la problemática de la sociedad y la aplica a estudios específicos que permiten generar conocimiento científico, el cual debe ser retribuido a las comunidades, y por lo tanto esta será una oportunidad para acercar la ciencia a los ciudadanos”.

La COP16 contará con dos espacios: la Zona Azul, en donde se realizará la Conferencia de las Partes, el órgano decisor del Convenio sobre la Diversidad Biológica conformado por líderes de 150 países que promueven el desarrollo sostenible mundial; y la Zona Verde, que será el epicentro de la estrategia de movilización y participación.

“En la Zona Verde se materializará la COP de la gente. Allí, universidades, empresas, organizaciones y sociedad civil compartirán su visión y sus compromisos para proteger la biodiversidad”, agregó la vicerrectora Ruiz. Además, desde la Vicerrectoría de Investigación se gestiona la suscripción de un convenio de cooperación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el objetivo de aunar esfuerzos para conseguir actividades en el marco de la COP16.

La COP16 contará con una amplia agenda académica liderada por universidades con sede en el Valle del Cauca, centros de investigación y el Instituto Humboldt, que busca integrar Estado, sector privado y sociedad civil en torno a la biodiversidad. Esta programación –en la que participa la UNAL–, anunciada por la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, promueve la participación durante la PreCOP16, la COP16 y la PosCOP16.

Sede Palmira, 90 años aportando a la biodiversidad

La UNAL Sede Palmira es refugio de la biodiversidad de flora y fauna del suroccidente colombiano. Su participación en la COP16 se centra en dos áreas clave: recursos genéticos y servicios ecosistémicos, un enfoque integral que permite desarrollar de la mano de las comunidades soluciones más completas y efectivas ante los retos ambientales del país.

La agenda preCOP16, que se desarrollará durante las semanas previas al 21 de octubre, inició el 25 de julio con el conversatorio “Agroecología y futuro local, regional, territorial y planetario: una mirada desde el Valle del Cauca”.

Continúa el 15 de agosto con el “Seminario Nacional Sentipensares y Pluriversos: acciones y retos para la conservación de la diversidad biológica”, del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA Palmira), y el 4, 5 y 6 de septiembre sigue el “Seminario Biotecnología y Biodiversidad: clave para un futuro sostenible y resiliente”, organizado en conjunto por la UNAL Sede Palmira, la Universidad del Valle y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia).

El 12 de septiembre será la jornada de reflexión “El cuidado del territorio como un eslabón en la conservación de la biodiversidad desde una mirada holística de la ciencia, tecnología e innovación”, y el 19 de septiembre cierra el simposio “Colecciones entomológicas: mucho más que estantes con insectos”, del grupo de investigación Interacciones Tritróficas.

Uno de los eventos de la UNAL más relevantes y confirmados en la Zona Verde de la COP16 es el Simposio Internacional Biopolis2024, que contará con la participación de expertos nacionales e internacionales, organizado por la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UNAL en colaboración con otras entidades del sector; el evento será el 22 de octubre entre 9 a. m. y 4 p. m. en la Casa Humboldt. 

Moluscos en Tumaco presentan alta contaminación por hidrocarburos

 Un análisis de contaminación por hidrocarburos en moluscos bivalvos de la bahía de Tumaco identificó niveles tóxicos para los seres vivos. Los resultados sugieren que las entidades protectoras del medioambiente y de la salud de los habitantes del puerto nariñense tomen acciones preventivas.

El ingeniero químico Jesús Alberto Angulo Cuero –oriundo de Tumaco–, magíster en Ingeniería Ambiental la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales, analizó la contaminación por hidrocarburos en moluscos bivalvos (que se encuentran dentro de una concha rígida formada por dos piezas o valvas) de la bahía de Tumaco, asociada con los derrames de petróleo.

Inicialmente el investigador escogió el caso ocurrido en 2000, cuando 3.500 barriles de petróleo crudo (provenientes del oleoducto trasandino) se derramaron en el río Rosario, y cuya mancha se extendió por más de 40 km amenazando con llegar al océano Pacífico a través de la bahía de Tumaco.

El río Rosario es la principal fuente de abastecimiento para las comunidades ribereñas, donde habitan principalmente consejos comunitarios y población afrodescendiente.

Después del derrame se estableció una estación de monitoreo en la desembocadura del río Rosario para medir los niveles de hidrocarburos y detectar su ingreso a la bahía. A pesar de los esfuerzos para evitar más afectaciones, las riberas y los manglares presentaron impregnación de crudo en alturas entre 2 y 3 m.

Con base en esta información, el investigador determinó que los moluscos bivalvos, almejas, piangua y ostras, por tener su hábitat en manglares y formar parte de la dieta alimentaria de los tumaqueños, recibirían una gran carga de contaminantes, ya que estos se alimentan a través de la filtración y presentan la propiedad de biomagnificar (transferencia de químicos a través de la cadena trófica) el contenido de los hidrocarburos en sus tejidos grasos.

Así, y con el área de estudio conformada por 3 puntos: la desembocadura del río Rosario, El Morro y El Pindo, se comprobó la alta concentración de contaminantes, es decir por encima de los 35 nanogramos, considerada como tóxica para el hombre y las especies de animales que cohabitan en estos sectores.

Estos hidrocarburos, clasificados como aromáticos polinucleares por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), y presentes especialmente en fuentes naturales como petróleo, carbón o depósitos de alquitrán, cuando llegan mar provenientes de diferentes orígenes (rio, manglar, puerto) y son ingeridos en distintos niveles de la cadena alimentaria hasta llegar al hombre, ocasionan graves riesgos para su salud.

Con estos resultados se emite una señal de alerta para que las autoridades ambientales y de salubridad continúen los análisis de sedimentos marinos y revisen los planes de contingencia que contribuyan a proteger la vida humana, reducir las consecuencias ambientales y centrar los esfuerzos en la restauración de los ambientes impactados.

Conflicto e intermediarios, retos para la seguridad alimentaria en el Meta

 La presencia de grupos armados y la falta de acceso al mercado se identificaron como los principales obstáculos para desarrollar la agricultura y garantizar la seguridad alimentaria en el Meta, un departamento con abundante biodiversidad y recursos agrícolas.

La abogada Liliana Marcela Baquero Torres, estudiante de la Maestría en Administración de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales, centró su trabajo de investigación en identificar y analizar los factores determinantes que afectan la comercialización de los productos agrícolas en el Meta.

Su estudio se fundamenta en los datos de 405 pequeños agricultores –junto con sus 30 asociaciones y sus 30 unidades productivas en la región–, recopilados con dos propósitos: identificar las condiciones actuales que ellos enfrentan, y proponer estrategias y soluciones que mejoren su situación económica y fortalezcan su seguridad alimentaria.

La inseguridad

Durante décadas el Meta ha sido severamente afectado por la violencia en el país, especialmente su población rural. Según la Defensoría del Pueblo (2024), entre 2018 y 2023 se emitieron 11 alertas tempranas para la región. La más reciente, en febrero de 2023, cobijó a los municipios de Cubarral, El Castillo y Lejanías, debido a la presencia de grupos identificados como disidencias de las FARC (frentes 40 y 53) que provocan terror y control territorial, especialmente en zonas rurales montañosas.

Al indagar sobre la vulnerabilidad de los campesinos, 150 agricultores decidieron no informar sobre sus condiciones en ese sentido, como una muestra del inconformismo por el abandono y la inseguridad en el campo. De los que respondieron, 125 no presentan condiciones de vulnerabilidad, 32 se identificaron como madres o padres cabeza de familia, y había 1 persona en condición de discapacidad.

Los resultados arrojaron que del 40 % de los campesinos agricultores han sido afectados directamente por la violencia; de estos, el 10 % son desplazados, el 2 % desmovilizados, y el 88 % víctimas directas del conflicto mediante amenazas, atentados, desplazamiento forzado, minas antipersona, violación, tortura, desaparición forzada, homicidio, masacre, secuestro, despojo y abandono.

El estudio abarca el periodo 2013-2014, y se desarrolló en los municipios de Villavicencio, Granada, Cubarral, El Dorado, Fuente de Oro, San Juan de Arama, Lejanías y Acacías, “elegidos tanto por la relevancia de los datos sobre el conflicto armado y las alertas tempranas reportadas por la Defensoría del Pueblo, como por su representatividad en el contexto de la investigación sobre la vulnerabilidad y el fortalecimiento emocional de los campesinos en el departamento”, comenta la investigadora.

Relación desigual con los intermediarios

Los principales productos agrícolas cultivados en los municipios estudiados, y su participación, son: café (36 %), plátano (20 %), cacao (16 %), guayaba pera (6 %), mandarina arrayana (5 %), aguacate lorena (5 %), naranja tangelo (5 %), naranja Valencia (3 %), maracuyá (2 %) y yuca (2 %); estos representan la base agrícola predominante en la región analizada.

El estudio destaca el impacto negativo de los intermediarios en el sector agrícola del departamento, ya que estos aprovechan que los campesinos no tienen acceso directo a los mercados para comprarles sus productos a precios muy bajos. Esta práctica reduce significativamente los márgenes de ganancia de los productores y los deja en una posición económica vulnerable.

“La seguridad alimentaria garantiza que todos, tanto en áreas urbanas como rurales, tengan acceso a alimentos suficientes y nutritivos para desayuno, almuerzo y comida. Los campesinos desempeñan un papel crucial en la producción de estos alimentos”, afirma la investigadora. Sin embargo, la falta de transparencia en las transacciones y la escasa información sobre precios y costos de transporte dificultan una negociación justa, lo que afecta los ingresos de los agricultores, y por ende su capacidad de satisfacer sus necesidades básicas.

Los factores determinantes identificados en este estudio ofrecen un marco integral para que los campesinos y el Meta fortalezcan la gestión agrícola y mejoren el proceso de comercialización. Desde el fortalecimiento de la asociatividad y la integración hasta la transformación y generación de valor agregado, cada factor aborda específicamente las falencias encontradas en el sistema actual, como la alta intermediación y las dificultades para adaptarse a las demandas del mercado.

Implementar estas propuestas no solo empoderará a los agricultores, sino que además promoverá más justicia económica, fortalecerá la economía local y contribuirá significativamente a la seguridad alimentaria regional.

Es crucial destacar que la capacitación en tecnología, sostenibilidad y gestión emocional, junto con la consolidación de políticas público-privadas orientadas a infraestructura y apoyo financiero, son elementos clave para asegurar el éxito de estas iniciativas. Estas medidas no solo mejorarán las condiciones de vida de los campesinos, sino que también fomentarán la resiliencia frente a los desafíos climáticos y socioeconómicos, posicionando la agricultura campesina como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria en la región del Meta.

Turistas con huellas ambientales positivas: así funciona el turismo regenerativo

 Implementar prácticas agroecológicas en entornos turísticos puede aumentar la biodiversidad local hasta en un 30 %, además de mejorar la conservación de los ecosistemas. Así lo evidencia un proyecto de turismo regenerativo en el embalse conocido como Lago Calima (Valle del Cauca), en donde los visitantes participan de la restauración del suelo, plantan árboles nativos y apoyan la economía de la región.

Una tesis de la Maestría en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira busca demostrar los aportes de la agroecología en la transformación de la industria turística para conservar la biodiversidad, fortalecer las economías locales y promover el desarrollo sostenible en esta región del país, mediante el estudio de caso de una finca agroecológica en donde funciona el Hotel La Huerta, ubicada en el municipio vallecaucano de Calima El Darién.

Desde hace más de 7 años en esta finca –que antes era cafetera– dejaron de utilizar agroquímicos para empezar a recuperar el suelo mediante técnicas de manejo sostenible como la siembra de árboles nativos, la aplicación de compost orgánico y el uso de insecticidas naturales que han permitido el control biológico de plagas. En estas actividades también participan los turistas para aprender y contribuir directamente con su regeneración.

Desde su implementación en 2017 este emprendimiento ha visto numerosos beneficios tanto para el medioambiente como para la comunidad local. Por ejemplo, la plantación de corredores de árboles ha contribuido a reducir la temperatura local en hasta 10 °C promedio creando un microclima más fresco y agradable. Además la biodiversidad ha aumentado notablemente, con el registro de 172 especies de aves, frente a las 100 iniciales.

La profundización del suelo ha sido clave para producir alimentos y mejorar la retención de humedad, ya que reduce significativamente la necesidad de riego. En este proceso se enriquecen las capas profundas del suelo con nutrientes y materia orgánica como el estiércol de los cerdos, mejorando su estructura y capacidad para almacenar agua. También se han hecho terrazas en las pendientes y trasplantado microbiota del bosque a las zonas de cultivo.

Respecto a la huella de carbono emitida como resultado de las actividades turísticas en la finca, gracias a las prácticas agroecológicas el suelo captura un poco más de 50 toneladas de carbono por hectárea al año, las cuales compensarían las emitidas, y así contribuyen con la mitigación del cambio climático en esta zona del país. Cabe anotar que el turismo regenerativo contabiliza el carbono emitido por los visitantes y trata de compensarlo a través de actividades que beneficien el suelo y reduzcan la generación de gases de efecto invernadero como el carbono.

A partir de estos resultados, el ingeniero agrónomo Iván Darío Castrillón Libreros, de la UNAL Sede Palmira, autor de la tesis para la Maestría en Ciencias Agrarias en la línea de investigación en Agroecología, inició su proyecto de investigación para demostrar los aportes de esta disciplina al turismo regenerativo, el cual implementa en la finca cafetera que era de su padre, inspirado por 

modelos de agroturismo nacionales e internacionales mediante los cuales los agricultores diversifican sus ingresos con turismo.

La finca produce más del 50 % de los ingredientes consumidos en el restaurante del Hotel, un arcoíris en el plato gracias a la variedad de alimentos que incluyen pollo, cerdo, cordero, pescado, leche, queso, yogur, huevos y legumbres, además de 60 tipos de vegetales. Allí, 1 de cada 3 pesos que entran en el Hotel quedan en la comunidad rural a través de la nómina de los colaboradores, quienes habitan en el entorno.

En el estudio, el ingeniero Castrillón analiza la captura de carbono en el suelo, y luego la comparará con otras fincas de la región que continúan usando agroquímicos para determinar la salud del suelo, la biodiversidad de especies arbóreas y de aves, la reforestación y los corredores biológicos. Mediante metodologías cualitativas y cuantitativas, que contemplan entrevistas en profundidad y encuestas para medir el impacto en la vida de los visitantes, el magíster evalúa el impacto en la comunidad local y la experiencia transformadora en la vida de los turistas.

“Nuestra misión es enseñarle a la mayor cantidad de personas posible a producir alimentos sin agroquímicos. Antes trabajé en la industria de agroquímicos, pero un cultivo de banano orgánico en Ecuador me mostró otro camino”, comenta el investigador Castrillón.

Hacia políticas públicas

El tesista espera que su investigación inspire políticas públicas que promuevan la agroecología y el turismo regenerativo en todo el país: “queremos demostrar que sí es posible producir alimentos de manera sostenible y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales. Nuestra experiencia es replicable y contribuye a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos el 2, Hambre cero”, agregó.

A diferencia del turismo convencional, el regenerativo busca que los turistas vivan una experiencia transformadora, haciéndolos conscientes de lo que comen y del impacto que generan; evita el uso de plásticos de un solo uso y promueve la participación de los visitantes en proyectos de conservación y monitoreo de aves, así como en iniciativas de reforestación.

Restauración de manglares debe considerar fenómenos de El Niño y La Niña

 Acciones de dragado, manejo de sedimentos y limpieza de caños en la Ciénaga Grande de Santa Marta deben tener en cuenta los fenómenos de El Niño y La Niña para evitar afectaciones en los manglares. Un estudio demuestra que la restauración ecológica debe ser climáticamente inteligente para contrarrestar o evitar reforzar los efectos que pueden tener las temporadas de sequía y lluvia en estas importantes especies vegetales.

La Ciénaga Grande de Santa Marta es muy importante para el Caribe colombiano y el país porque alberga alrededor de 519 especies animales y sustenta más de 3.000 pescadores que dependen de sus servicios ecosistémicos, según explica el doctor en Biología Marina David Alejandro Sánchez Núñez, docente de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede de La Paz. Incluso algunas comunidades viven inmersas dentro del manglar, como las poblaciones palafíticas de Buenavista y Nueva Venecia, que se benefician de la pesca, el ecoturismo, la madera y la protección contra vientos.

“Cuando se muere extensivamente el manglar, que ellos denominan como su ‘empresa’, hay muchos peces y otras especies comerciales que pueden aminorar, entre ellas sábalo, mojarras, camarón, robalo, lisa, macabí y jaiba, que utilizan para su sustento y para vender”, acota el experto. Mientras que, si los manglares se expanden, habría más hábitats para los peces, más recursos pesqueros y mayor bienestar para las poblaciones.

Para proteger estos ecosistemas y quienes dependen de ellos es necesario actuar según la variabilidad climática. “Normalmente cuando el evento es de El Niño (lluvias por debajo de lo normal en los Andes y Caribe colombiano) se pierde cobertura, o sea que se muere la vegetación; y cuando es de La Niña (donde ocurren lluvias y aumentan caudales por encima de lo normal) gana cobertura o se expande”, explica el investigador.

“Cuanto más fuerte sea El Niño, como en el 2015, cuando el Gobierno nacional impulsó el ahorro de agua y luz para evitar racionamientos, hubo muchos manglares que se murieron, mientras que con eventos de La Niña consecutivos entre 2007 y 2010 o entre 2020 y 2023 los manglares se recuperaron, y lo más interesante es que se expandieron en lugares internos difíciles de recuperar con el desarrollo de árboles”, anota el profesor Sánchez.

Así mismo, las actividades humanas, como las obras de infraestructura o mantenimiento de afluentes, impactan las condiciones de estos ecosistemas costeros. La Ciénaga Grande de Santa Marta perdió 27.380 hectáreas de manglares entre 1956 y 1995, de las 51.150 hectáreas presentes previamente por la construcción de las carreteras Ciénaga-Barranquilla y Palermo-Sitio Nuevo y de diques paralelos al río Magdalena, que aumentaron la salinidad del suelo en el sistema (hipersalinización) al reducir la conectividad mareal y de agua dulce.

La salinidad del suelo es uno de los principales reguladores de las plantas de manglar. Aunque los manglares son tolerantes a la sal, cuanto mayor sea la salinidad, mayor será la energía involucrada en la absorción de agua y menor será el crecimiento del manglar.

Cabe anotar que a este sistema le entra agua dulce del río Madalena a través de varios caños y de tres ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que aumentan su caudal durante estaciones lluviosas y eventos La Niña, y disminuyen su caudal durante la estación seca o durante eventos El Niño.

Un poco de historia

Entre 1996 y 1998, la Ciénaga Grande de Santa Marta fue declarada como sitio Ramsar (humedal de importancia internacional) y en el año 2000 como Reserva Internacional de la Biosfera. Durante la década de 1990 se implementó un proyecto de rehabilitación hidrológica llamado Prociénaga para aumentar la conectividad de agua dulce mediante la construcción de derivaciones que reconectan al sistema lagunar con el río Magdalena, principal fuente de agua dulce.

En 1998 cuando se reabrió el Canal Aguas Negras como medida de restauración hidrológica, sucedió al mismo tiempo un evento de La Niña fuerte. Es decir, le entró mucha agua dulce al sistema, disminuyendo la salinidad demasiado y muy rápido. El manglar no se recuperó en el corto plazo tanto como se esperaba, pues en algunos lugares proliferaron otras especies de vegetación acuática como la enea (Typha domingensis).

La alta carga de sedimentos provenientes del río Magdalena, 10 veces mayores a las existentes hace varios siglos, taponan los caños y reducen la conectividad hidrológica (los sedimentos taponan los caños como el colesterol lo hace con las arterias). Por eso desde 2004 el mantenimiento de caños se ha realizado periódicamente, y aun así la extensión ocupada por los manglares ha fluctuado con periodos de recuperación o degradación.

Luego de El Niño de 2015-2016, que fue el más fuerte que se ha registrado, se perdieron alrededor de 7.659 hectáreas de manglar, casi la mitad de la extensión de manglar recuperada entre 1995 y 2015 (16.711 ha). En 2017, este sistema natural fue incluido en el registro de Montreux (humedales Ramsar en peligro crítico) debido a la sequía severa generada por El Niño 2015-2016 y a otras a afectaciones como la expansión agrícola y ganadera y los desvíos y captaciones de flujos de agua de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Medidas como mejoras en la disposición de sedimentos cuando se hace dragado de caños, eventos de la Niña consecutivos entre 2016-2018 y entre 2022-2023 y una restauración ecológica más efectiva han permitido recuperar el manglar a un nivel similar al presente antes de El Niño 2015-2016.

Recomendaciones

Con base en esta investigación realizada por el doctor Sánchez junto con la magíster en Ciencias de Biología, Jenny Alexandra Rodríguez y el doctor en Biología José Ernesto Mancera, docente de la UNAL Sede Bogotá, se podría recomendar que cuando se espere un evento de El Niño se realicen los dragados de mantenimiento a los canales; mientras que cuando se presenten eventos de La Niña muy fuerte no es recomendable realizar mantenimientos extensivos porque se dulcifica rápidamente el sistema de la Ciénaga Grande.

Esponjas de aluminio servirían para remediar derrames de petróleo

 En pruebas de laboratorio, una “esponja” demostró una eficiencia superior al 98 % separando agua y aceite, lo que la convierte en una alternativa prometedora y económica para atender derrames de petróleo con un método novedoso.

Los derrames de petróleo pueden ocurrir por fallas en la operación o por manipulación ilegal y generan desastres de gran magnitud, como el ocurrido en 2018 en Santander, que dejó más de 2.400 animales muertos y más de 1.000 especies de árboles afectadas.

Según la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), entre enero y mayo de 2024 ocurrieron 76 incidentes (entre operativos y ocasionados por terceros) que implicaron el derrame de 8,4 barriles de hidrocarburos, eventos a los que se suman los hurtos de miles de barriles al año, de los cuales más del 70 % terminan derramados por el trasiego o la falta de sello hidráulico en las válvulas.

“Estos accidentes afectan los cuerpos de agua y ponen en riesgo el equilibrio de los ecosistemas, y aunque existen herramientas para recoger el crudo, estas suelen ser eficientes solo a pequeña escala, o requieren de contextos muy precisos, como estar en un área remota o cubierta de hielo”, explica Laura Carolina Álvarez Gil, magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín.

Entre las técnicas tradicionales está la combustión en el lugar, el bombeo o descarga de agua, la aplicación de dispersantes y la biorremediación, que aunque es ambientalmente sostenible es inefectiva a gran escala y puede producir metabolitos tóxicos. “Por eso proponemos un método distinto que utiliza ‘metales celulares’ selectivos, que por ser porosos funcionan como esponjas”.

Para esto, la investigadora revisó la bibliografía relacionada con el tema y encontró que, aunque se habían probado “esponjas” de níquel o de cobre, estas terminaban siendo muy costosas, y por el tamaño de sus poros resultaban efectivas solo para algunos tipos de hidrocarburos. “Decidimos entonces probar el aluminio, ya que sus propiedades son más favorables en cuanto a densidad, precio y temperatura de fusión, entre otras”, agrega la magíster Álvarez.

Cómo se fabrican las “esponjas” de aluminio

El aluminio es un material prometedor porque es reciclable, cuesta entre 20 y 30 veces menos que los demás empleados en investigaciones similares, y se puede modificar para que su superficie tenga afinidad hacia sustancias apolares (que no interactúan con el agua), haciéndolo adecuado para remover selectivamente materiales contaminantes del agua.

La investigadora explica que “este nuevo trabajo se basó en los estudios adelantados por los grupos de investigación Biomecánica e Ingeniería de Rehabilitación, y Física de Nuevos Materiales, en los que fabricaron esponjas de aluminio para disipar la energía por colisiones y aligerar estructuras. Nosotros hicimos algunas modificaciones y optimizamos algunos parámetros para lo que teníamos en mente”.

“Una de las mejoras que hicimos con los expertos de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) fue modificar la superficie del material para que el agua no pudiera atravesarlo pero el aceite sí, para lo cual hicimos unos ataques químicos con hidróxido de sodio, que eliminan una capa externa, y luego sumergimos el material en un ácido carboxílico, que deja unas terminales orgánicas en él, afines con el aceite”.

Este trabajó estuvo dirigido por el profesor Juan Fernando Ramírez Patiño, adscrito al Departamento de Ingeniería Mecánica de la UNAL Sede Medellín, y codirigido por la docente Patricia Fernández Morales, de la UPB.

Puesto a prueba: separar agua y aceite

Para obtener la forma de “esponja” se utiliza una preforma soluble que demarca los poros, que en este caso fue de granos de sal marina de distintos tamaños. “Inicialmente llevamos el aluminio a un horno hasta que alcanzara su punto de fusión; luego hicimos el ‘vaciado’, dejamos enfriar, desmoldamos y maquinamos para darle su forma final”, explica.

El resultado se probó mediante un proceso de imbibición, que implica sumergir la esponja en agua o en aceite para observar qué tanto líquido retiene. “La suspendimos en el aire y evaluamos cuánto peso perdía de agua o de aceite y a qué velocidad, y observamos que retenía por más tiempo el aceite que el agua”.

Así mismo, la esponja se puso en la boca de una manguera de succión, a través de la cual se hizo pasar la mezcla y se obtuvo una retención del 99 % del aceite. “Aunque las pruebas principales las hicimos con aceite mineral, también probamos con gasolina y crudo, y obtuvimos resultados igual de favorables, lo que nos permitió comprobar que cuanto más viscoso sea el líquido más lenta será la captación, por lo que a futuro se pueden analizar distintos tamaños de poro”, puntualizó.

Así, este método se establece como una alternativa viable para resolver problemas asociados con derrames de hidrocarburos. Investigaciones posteriores se podrían enfocar en maximizar las propiedades deseables del aluminio o calcular la eficiencia y el caudal de separación en función del tiempo, por ejemplo