Este municipio de la Sabana de Bogotá crece sobre franjas de protección de ríos y quebradas y de antiguos suelos agrícolas, amparada en un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que hace más de 10 años no se actualiza . Este desfase entre planeación y gestión ambiental ha llevado a que más del 30 % del agua tratada se pierda en redes obsoletas, mientras que las aguas residuales se descargan sin tratamiento al río Bogotá, en medio de un auge inmobiliario que avanza más rápido que la capacidad hídrica del territorio.
La investigación realizada por Juan Sebastián Fonseca,
magíster en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL),
evidenció que en Zipaquirá las modificaciones al POT en las áreas de transición
entre lo urbano y lo rural (zonas suburbanas) duplicaron los índices de
ocupación —del 20 al 40 %— entre las versiones de 2000 y 2003, lo que
permitió urbanizar áreas concebidas originalmente para regular la expansión
hacia suelos agrícolas y ecosistemas sensibles.
El estudio reconstruyó hasta el 2000 la historia
hídrico-urbana de Zipaquirá y de la Sabana de Bogotá —conformada por 27
municipios—, analizando los cambios en el uso del suelo y su relación con las
fuentes de agua.
“Encontramos que la urbanización temprana del municipio
siguió lógicas territoriales heredadas de los periodos muisca y premuisca, y
que durante la colonia se consolidó una división espacial entre el ‘pueblo de
blancos’ y el ‘pueblo de indios’, una forma temprana de segregación
socioespacial. Esa separación histórica sigue presente hoy en la manera en que
se han transformado los suelos agrícolas en áreas residenciales, muchas de
ellas ubicadas sobre rondas de ríos y quebradas”, afirma el magíster.
En ese contexto, el crecimiento urbano reciente se ha
concentrado en el noroccidente del municipio, en donde se desarrollaron
proyectos de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario
(VIP). Como consecuencia, zonas cercanas a las quebradas El Molino y El
Amoladero han perdido franjas verdes y suelos productivos, que han sido
reemplazados por urbanizaciones cerradas y proyectos de alta densidad, con
edificaciones de hasta 12 pisos que ejercen presión directa sobre estos cuerpos
de agua.
El investigador también revisó los POT de 2000, 2003 y 2013,
comparando sus disposiciones con la expansión real de la ciudad mediante
cartografía y análisis normativo. Este ejercicio le permitió evidenciar cómo
las modificaciones sucesivas facilitaron el avance urbano sobre zonas
originalmente destinadas a contención, y cómo en la franja de expansión se
concentraron conflictos entre dinámicas urbanas y sistemas hídricos,
documentados a partir de las percepciones de actores sociales y comunitarios.
El agua sin “voz” en la planeación
La ausencia de una visión integral del agua en el POT se
refleja directamente en el sistema de acueducto de Zipaquirá. El municipio se
abastece de una planta de tratamiento regional que comparte con Nemocón y
Cogua, a través de redes de distribución instaladas hace décadas. Más del
30 % del agua tratada se pierde por fugas, superando los límites legales
permitidos, y una gran parte de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado
—formulado en 2011— sigue sin ejecutarse, a pesar de haber superado su horizonte
de planeación.
A esta situación se suma una distribución desigual del
recurso: mientras los barrios tradicionales enfrentan cortes frecuentes, los
nuevos conjuntos residenciales son priorizados, lo que refleja que la expansión
urbana ha avanzado sin considerar la capacidad hídrica real del territorio.
Este escenario convierte el manejo del agua en un problema
integral, en el que, además de las dimensiones ambientales y sociales
mencionadas, se cruzan las culturales, pues la transformación de suelos
agrícolas ha erosionado la identidad campesina y debilitado el vínculo
histórico de la población con el agua como sustento de vida.
Una torre de Babel institucional
El caso de Zipaquirá es representativo de lo que ocurre en
varios municipios pequeños de la Sabana de Bogotá que enfrentan limitaciones
técnicas e institucionales para actualizar y ejecutar sus instrumentos de
ordenamiento. Su POT, expedido en el 2000, tuvo modificaciones excepcionales en
2003 y 2013, pero debió ser objeto de una revisión estructural en 2012, lo que
no ocurrió. Como resultado, hoy opera desactualizado y sin incorporar
integralmente resoluciones ambientales recientes de entidades como la CAR o el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ni fallos judiciales como la
sentencia que ordena el saneamiento del río Bogotá.
Este rezago ha creado un campo normativo ambiguo, en el que
las administraciones locales pueden otorgar licencias con base en el POT, en
circulares internas o en otras normatividades que no están articuladas
coherentemente entre sí. Las tensiones con el nivel nacional —ambiental,
agrario y cultural, dado que el centro histórico es patrimonio nacional— se
superponen sin una jerarquía clara, generando vacíos y conflictos regulatorios.
“Esto ha derivado en una verdadera torre de Babel
institucional que dificulta la gestión sostenible y abre espacios a prácticas
discrecionales, por ejemplo en el licenciamiento”, advierte el investigador.
A este problema institucional se suma la precariedad de la
infraestructura sanitaria. Zipaquirá no cuenta con una Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) plenamente funcional, el sistema actual, basado en una
laguna de oxidación diseñada en el POT del 2000, rebosa en temporada de lluvias
y descarga directamente al río Bogotá.
“La coexistencia de un alcantarillado mixto, donde confluyen
aguas residuales y pluviales, incrementa la carga contaminante y limita la
capacidad de respuesta frente al crecimiento poblacional”, indica el magíster.
Por otra parte, la presión sobre el recurso hídrico
trasciende las fronteras municipales. Zipaquirá depende en parte de la cuenca
del río Neusa, compartida con otros municipios de la Sabana, lo que evidencia
la falta de articulación regional en la planeación.
Ciudadanía y territorios sensibles al agua
La investigación del magíster Fonseca también identificó
procesos comunitarios que han surgido como respuesta a las deficiencias
institucionales. En la quebrada El Amoladero, por ejemplo, habitantes de la
zona se han organizado para defender la ronda hídrica y proponer alternativas
locales de manejo, articulando prácticas cotidianas con una visión territorial
del agua.
Tales hallazgos evidencian que la planeación urbana,
particularmente en Zipaquirá, enfrenta una debilidad estructural en el
desconocimiento del agua como eje central del territorio. Así mismo, sin la
actualización de los POT y su articulación con normas ambientales y
resoluciones judiciales, los municipios seguirán expuestos a crisis de
abastecimiento, deterioro de ecosistemas y conflictividades sociales ligadas a
su dimensión hídrica en su expansión.
Así, la investigación concluye que el agua no solo es un
recurso sino un actor territorial que configura la forma en que se habita el
territorio, que cumple un rol desde lo ambiental, cultural, político y
simbólico, y que opera en diferentes escalas, de lo local a municipal y
regional.
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