jueves, 4 de septiembre de 2025

Con inteligencia artificial y drones detectan altos niveles de contaminación en la laguna de La Herrera

 Un sistema que combina drones y algoritmos de inteligencia artificial (IA) detectó altos niveles de contaminación en la laguna La Herrera (Mosquera) por la actividad minera (arcilla para construcción), y buena salud en la de Ubaque. La innovación abre la puerta a monitoreos más ágiles y precisos que complementan los análisis de laboratorio.

El modelo reconoce en segundos y con una precisión de entre el 75 y 90 % el estado del agua, gracias a cientos de imágenes tomadas por el dron —a alturas de 90 a 200 m— que permiten mapear por completo las dos lagunas. Con ayuda de algoritmos de IA se determinan parámetros como turbidez, nitratos y fosfatos, factores decisivos para establecer si un cuerpo de agua está contaminado o no.

Esa lectura desde el aire fue posible gracias a la investigación de Diego Joaquín Rugeles Martínez, magíster en Geomática de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien diseñó una metodología para evaluar la calidad del agua en cuerpos lénticos, como se les llama a las lagunas porque no presentan corrientes rápidas como los ríos.

Su trabajo responde a un problema frecuente en Colombia y en el mundo: cómo monitorear de manera rápida y económica los lagos y lagunas que abastecen a comunidades enteras, sostienen la biodiversidad y cumplen funciones esenciales en el equilibrio ecológico.

Hasta ahora la medición de la calidad del agua dependía de las muestras tomadas en puntos específicos y analizadas en laboratorio. Aunque el método es preciso resulta lento, costoso y limitado, pues no siempre refleja lo que ocurre en toda la laguna. La propuesta del investigador Rugeles supera esa barrera con drones equipados con cámaras que captan longitudes de onda invisibles al ojo humano y permiten estimar la concentración de contaminantes.

“Una sola prueba para medir la acidez del agua puede costar hasta 80.000 pesos; si se multiplica por los puntos de muestreo y se añaden otros parámetros el valor se dispara. Además los resultados pueden tardar entre 24 horas y 15 días según el lugar, lo que dificulta conocer la calidad real del agua en el momento de la medición”, explica el experto de la UNAL.

Tres parámetros que revelan la salud del agua

El estudio se enfocó en tres parámetros cruciales para determinar si el agua está contaminada o no: la turbidez (qué tan clara o turbia está el agua), los nitratos (asociados con el uso de fertilizantes y desechos orgánicos) y los fosfatos (nutrientes que, en exceso, disparan la proliferación de algas).

Además, en las lagunas seleccionadas se recolectaron 30 muestras de agua que se analizaron en laboratorio, lo que permitió entrenar y validar los modelos de predicción, es decir, mostrarle los  datos a un algoritmo de IA que aprende a identificar lo que es buena o mala calidad del agua según estos parámetros.

Para el procesamiento el investigador aplicó tres algoritmos de aprendizaje automático diseñados en el lenguaje de programación Python, todos implementados para encontrar relaciones ocultas entre las imágenes y los valores químicos. El algoritmo GBR (Gradient Boosting Regressor) fue el que mostró mejores resultados, con predicciones más estables y precisas.

Las imágenes mostraron que la laguna La Herrera registra niveles muy altos de turbidez y nutrientes, una evidencia de su deterioro por la escorrentía de las minas a cielo abierto dedicadas a materiales de construcción. Estos hallazgos coinciden con reportes previos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Alcaldía de Mosquera. En contraste, la laguna de Ubaque, sometida a procesos de restauración y bajo protección ambiental, conserva valores bajos y un estado cercano al natural.

La turbidez permite determinar qué tantas partículas distintas a las de agua hay en la laguna, para el caso de la Herrera había cerca de 700 NTU (unidades nefelométricas de turbidez), mientras que en Ubaque el valor era de solo 3 NTU. Por otro lado los nitratos, que en valores altos significan un ambiente ideal para bacterias como Eschericia coli y para otros parásitos y ambientes patógenos, en el caso de La Herrera llegaba a 70 miligramos por litro de agua (mg/L), mientras que en Ubaque solo a 6 mg/L.

El dron no “ve” el agua como nosotros, sino que registra la luz que esta refleja en distintos colores, incluso en rangos invisibles al ojo humano. Cuando hay turbidez o exceso de nutrientes como nitratos y fosfatos, la forma en que el agua refleja la luz cambia: se vuelve más brillante en ciertas longitudes de onda y más opaca en otras. Esas variaciones, imperceptibles para nosotros, quedan registradas en imágenes multiespectrales que, con ayuda de algoritmos de IA, se traducen en valores concretos de turbidez y concentración de nutrientes.

Un diagnóstico ambiental rápido y confiable

El hallazgo más importante no se limita a esas dos lagunas. La investigación demostró que la calidad del agua se puede “leer” desde el aire, con una tecnología que ahorra tiempo y dinero frente a los métodos convencionales, y que además permite generar mapas completos de contaminación, no solo datos aislados de algunos puntos.

En total se tomaron más de 800 imágenes con el dron en casi 10 vuelos que cubrieron toda la extensión de las lagunas. Esto es innovador, pues hasta el momento en el país no se había implementado un modelo de este estilo para medir la calidad del agua.

El investigador Rugeles explica que “la utilidad práctica es enorme, de hecho ya se está aplicando en tiempo real en el humedal Córdoba, al noroccidente de Bogotá, en la localidad de Suba, en un proyecto denominado “Sistema de monitoreo de calidad del agua para humedales de Bogotá a partir de inteligencia artificial”.

Con este avance, la UNAL les entrega a las entidades encargadas de proteger estas lagunas la posibilidad de monitorear las aguas de manera novedosa y precisa, pues el algoritmo tiene un 90 % de precisión, lo cual lo hace fiable y complementario a las pruebas de laboratorio.

La investigación muestra que el método es crucial para enfrentar la eutrofización, un fenómeno que afecta a la mayoría de las lagunas y ríos en Colombia y que ocurre cuando el exceso de nutrientes genera proliferación de algas, pérdida de oxígeno y muerte de peces y otros organismos, produciendo un desequilibrio en el ecosistema.

“La contaminación de la laguna de La Herrera restringe el uso que los habitantes del municipio les podrían darl a sus aguas, las cuales se podrían utilizar para actividades agrícolas o como agua potable. Por ello urgen medidas que recuperen este importante afluente, que se ve contaminado por los sedimentos que llegan desde el río Bojacá”, afirma el magíster.

Los drones, asociados hasta hace poco especialmente con la fotografía aérea o la agricultura de precisión, ahora se consolidan como aliados de la salud pública y de la conservación, capaces de convertir un simple vuelo en un diagnóstico de los ecosistemas acuáticos.






miércoles, 3 de septiembre de 2025

EL CANTO DE LAS AVES DESPIERTA LA CONCIENCIA DE NIÑOS Y JÓVENES EXPLORADORES EN BUGA

 LA CVC LOS INSPIRA A CUIDAR LA BIODIVERSIDAD

Una actividad de observación fomentó el respeto y el amor por el territorio. Guiados por la CVC, vivieron una experiencia educativa y ambiental transformadora, donde avistaron más de 10 especies de aves.

Con binoculares al cuello y libretas en mano, un grupo de pequeños exploradores se internó en el corazón verde de la vereda Alaska, en Buga. Son los integrantes del club de observadores de aves Las Aves de mi Vereda, pertenecientes a la sede educativa Agropecuaria Alaska, quienes vivieron una experiencia mágica con un recorrido de avistamiento en el sendero hacia la cascada La Milagrosa, uno de los tesoros naturales más emblemáticos de la zona.

Con cada paso, estos pequeños guardianes de las aves se sumergieron en el mágico mundo del avistamiento, donde aprendieron a identificar especies, registrar comportamientos y, sobre todo, a observar con respeto y admiración. 

 “Vi un ave con pico largo y plumas amarillas, nunca la había visto tan cerca. Fue como encontrar un tesoro entre los árboles”, contó, emocionado, Samuel, de 11 años. A su lado, Valeria, de 10, apuntaba en su cuaderno: “Cada canto me hacía sentir como si el bosque nos hablara…aprendí que las aves también tienen su lenguaje”.

Durante la jornada, Jenny Marcela Sepúlveda, funcionaria de la CVC, acompañó al grupo y destacó el valor de estas actividades como herramientas clave de educación ambiental. “Avistamos alrededor de 12 especies de aves. Lo que estamos haciendo aquí va más allá del avistamiento, estamos sembrando amor por el territorio, respeto por la biodiversidad y una conciencia ambiental que los niños y niñas llevarán consigo toda la vida”, afirmó con orgullo.

La jornada fue mucho más que un paseo, fue una lección viva de educación ambiental que guio a estos pequeños guardianes por un sendero de aprendizaje, conexión y respeto por la naturaleza. Esta iniciativa, impulsada desde el corazón mismo del territorio, cultiva amor por el entorno, fortalece el sentido de pertenencia y despierta una conciencia ambiental que, sin duda, volará alto. 

 Es importante recordar que la CVC entregó binoculares y guías al grupo ecológico, como un impulso y parte del fortalecimiento al Proyecto Ambiental Escolar (PRAE). Esta dotación busca potenciar el trabajo de estudiantes de primaria y bachillerato en el reconocimiento y protección de la biodiversidad local.

Este tipo de experiencias indican que la educación ambiental no necesita un aula tradicional para ser transformadora. En cada caminata, en cada ave descubierta y en cada sonrisa curiosa, nace una nueva generación más consciente, más conectada con su territorio y comprometida con la protección de la vida que habita en él.












martes, 2 de septiembre de 2025

Decisión sobre la marca Panelada fortalece protección constitucional a los campesinos

 La suspensión provisional de la marca Panelada a la multinacional Quala SA no solo detuvo el uso de un nombre ligado a la tradición campesina, sino que además abrió un debate jurídico inédito en Colombia. Así lo explican expertos de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quienes destacan que por primera vez un fallo aplica la reforma constitucional de 2023 y reconoce la dimensión económica de los campesinos como sujetos de protección especial.

El caso adquirió relevancia nacional luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a petición del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Minagricultura), ordenara la suspensión provisional de la marca Panelada, registrada en 2020 por la multinacional Quala SA.

La medida sienta un precedente en la defensa de prácticas culturales y saberes tradicionales y “protege no solo un producto emblemático como la panela —de la que dependen más de 380.000 familias campesinas en todo el país—, sino también el derecho de las comunidades a que sus denominaciones históricas no sean apropiadas por la industria”, según el grupo de investigación Política y Legislación sobre Biodiversidad, Recursos Genéticos, Conocimiento Tradicional y Propiedad Intelectual (Plebio) de la UNAL.

Mientras que la panela es un alimento obtenido exclusivamente del jugo de caña de azúcar, sin aditivos ni mezclas que alteren su composición natural, Panelada es un producto industrial elaborado por Quala SA a base de azúcar refinada, miel de caña, maltodextrina (derivado de almidones que se usa como espesante, estabilizante, y para mejorar la textura y el volumen de los alimentos) y edulcorantes como el aspartame. Aunque incluye una pequeña proporción de panela, su composición dista mucho de la panela natural, integral y nutritiva característica de la tradición campesina.

“Su denominación puede inducir al consumidor a pensar que adquiere panela tradicional, cuando en realidad se trata de una fórmula industrial con aditivos químicos; además ese desplazamiento en su ingesta se puede dar debido a la publicidad masiva y a los bajos precios de producto anunciado”, afirma el profesor Óscar Andrés Lizarazo Cortés, coordinador de Plebio.

El académico destaca la articulación inédita de la normativa con la Constitución reformada en 2023 y con la Ley 40 de 1990, que protege a los pequeños productores de panela.

Una medida cautelar con alcance histórico

Para el abogado Cristian Eduardo Avellaneda, estudiante de la Maestría en Derecho Procesal de la UNAL, integrante del equipo jurídico de Minagricultura y de Plebio, “es la primera decisión judicial en la historia del país en la que se reconoce la dimensión económica del campesinado como sujeto de especial protección constitucional”.

“Desde lo procesal, se destaca que es la primera vez en Colombia que un juez suspende provisionalmente una marca; usualmente las nulidades causan efectos solo después de la sentencia final, mientras que aquí el Tribunal estimó que no tomar una decisión preliminar ponía en riesgo a los campesinos y consumidores”.

Explica además que el argumento del alto tribunal se basa en el literal “g” del artículo 136 de la Decisión Andina 486, la cual establece una prohibición respecto de las marcas que evita que los terceros o privados se apropien de expresiones usadas por comunidades indígenas o afroamericanas, y en este caso locales, en su dimensión campesina.

La petición de nulidad de la marca Panelada interpuesta por el Ministerio se dio por solicitud del movimiento Dignidad Panelera tras el paro nacional de 2023. En el marco de esa movilización, el Gobierno decidió respaldar la defensa de la panela como patrimonio de las comunidades campesinas.

La suspensión se mantendrá mientras avanza el proceso de nulidad, aunque la empresa puede interponer recursos. La medida no implica que Quala SA deje de producir Panelada, pero sí se deberá ajustar a un uso marcario que no genere confusión ni apropiación indebida.

“Lo que cambia es que la empresa deberá usar una denominación distinta a Panelada. De hecho, después del fallo ya solicitó nuevas marcas con variantes con elementos ficticios. Lo importante es que no se usen términos de tradición campesina sin autorización ni consentimiento”, reitera el profesor Lizarazo.

En 2020, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) otorgó la marca, la Constitución aún se no había reformado. En ese momento prevaleció una interpretación aislada de la norma marcaria. “Hoy, con la reforma constitucional de 2023, el panorama cambia y el Tribunal tiene mejores herramientas jurídicas para proteger al campesinado”, agrega el profesor Lizarazo.

Cada año el sistema de propiedad industrial procesa más de 40.000 solicitudes de marca, lo que incidiría en que, por atenderlas oportunamente, se sacrifiquen los análisis de fondo.

El grupo Plebio resalta que el fallo también abre una reflexión más amplia sobre el rol del derecho de marcas. “Este caso muestra que la propiedad intelectual no se puede aplicar de manera aislada: debe dialogar con la libre competencia, con los derechos de los consumidores, y ahora con la protección de comunidades campesinas”, asegura el abogado Avellaneda.

Por su parte, el profesor Lizarazo concluye que “esta decisión envía una señal pedagógica para el sistema de propiedad intelectual, ya que no basta con registrar signos distintivos, sino que además es necesario entender sus implicaciones sociales y culturales”.

Para los investigadores, la medida no excluye al sector industrial, sino que garantiza claridad y transparencia en el mercado, de modo que el consumidor pueda distinguir entre la panela natural artesanal y los productos industrializados.






lunes, 1 de septiembre de 2025

UNA JORNADA POR LA VIDA EN EL PACÍFICO VALLECAUCANO

 LA CVC REALIZA LIBERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE Y ACOMPAÑA LA TEMPORADA DE BALLENAS EN BUENAVENTURA

En medio de una maratónica jornada en el Pacífico Vallecaucano se realizó la liberación de 33 animales, entre ellos dos babillas, once tortugas de diferentes especies y veinte boas constrictor, que tras un proceso de recuperación lograron volver a su hábitat natural.

 “Hoy es un día que nos llena de alegría, porque estos 33 animales regresan al lugar al que pertenecen. Estamos hablando de babillas, tortugas y boas que, gracias al trabajo de nuestros veterinarios, biólogos y zootecnistas, pudieron recuperarse y ahora vuelven a su entorno natural. Solo en lo corrido de este año hemos recibido en el Centro de Atención y Valoración de San Emigdio más de 1.600 ejemplares, y 632 de ellos ya han sido liberados. Eso significa 632 historias de vida que continúan, y que nos motivan a seguir trabajando con pasión por nuestra biodiversidad”, señaló Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CVC.

El director recordó que muchos de estos animales llegan al Centro producto de rescates en zonas urbanas y rurales, de entregas voluntarias o de decomisos. “En ocasiones, como ocurrió con varias de las babillas, las comunidades encuentran a los animales y nos avisan para que la CVC intervenga. Otras veces son entregados voluntariamente, como sucede con algunas boas halladas en fincas o cañaduzales. En cada caso hacemos un proceso de valoración rigurosa para garantizar que estén en condiciones de volver a la naturaleza. Ese es nuestro compromiso”, agregó Suárez Gutiérrez.

 Además, recalcó la importancia de evitar tener animales silvestres en cautiverio: “Siempre repetimos un mensaje que para nosotros es fundamental: la fauna silvestre no son mascotas. Entiendo que muchas personas pueden encariñarse con un animal que llegó a su casa, pero eso no es lo correcto. Estos animales pierden sus instintos naturales y con ello se afecta su capacidad de sobrevivir en libertad. Nuestro trabajo consiste en rehabilitarlos, devolverles esas habilidades y garantizar que vuelvan a su hogar natural. Ese es un acto de responsabilidad y de amor por la vida”, enfatizó.

Control y vigilancia en temporada de ballenas jorobadas

Posteriormente, en sectores como Juachacho y Bahía Málaga, se realizaron las labores de control y vigilancia en el marco de la temporada de ballenas jorobadas, un fenómeno natural que cada año atrae a visitantes y comunidades locales. Estas imponentes especies recorren más de 8.500 kilómetros desde el sur de Chile y la Antártida para llegar a las cálidas aguas del Pacífico colombiano, donde cumplen su ciclo reproductivo entre los meses de julio y octubre.

“Estamos en el sector de Negritos, observando cómo hacen el avistamiento de nuestras ballenas jorobadas, un espectáculo único que nos recuerda la riqueza del Pacífico. Son animales que hoy suman apenas 20.000 ejemplares en el mundo, lo que nos obliga a cuidarlos con mayor responsabilidad. Su presencia aquí no solo es un regalo de la naturaleza, también es un motor para el turismo sostenible, que beneficia directamente a nuestras comunidades”, afirmó Suárez Gutiérrez.

El Director destacó el trabajo pedagógico que realizan los funcionarios de la Corporación con las comunidades y los operadores turísticos: “Durante los recorridos entregamos recomendaciones claras: mantener una distancia mínima de 200 metros, acercarse de forma paralela al trayecto de las ballenas, poner en neutro el motor de la embarcación cuando estén cerca y, por supuesto, nunca arrojar plásticos ni residuos al mar. Lo más valioso es que los mismos lancheros locales han ido asumiendo estas prácticas, y hoy se han convertido en aliados. Ellos entienden que proteger a las ballenas significa también proteger su futuro y el de sus familias”.

Con estas dos acciones, la CVC reafirma su papel como autoridad ambiental comprometida con la vida en todas sus formas, promoviendo un equilibrio entre la conservación de la fauna silvestre, la protección de los ecosistemas marinos y el fortalecimiento del turismo responsable en el Pacífico Vallecaucano.

 “Cada vez que liberamos un animal o que observamos una ballena nadando en libertad, entendemos que nuestro trabajo tiene un sentido profundo: garantizar que las próximas generaciones también puedan disfrutar de esta riqueza natural. Ese es el legado que queremos dejar: un Pacífico vivo, diverso y protegido”, concluyó el Director General de la CVC.












viernes, 29 de agosto de 2025

Compensación por tala de árboles en Bogotá no garantiza equilibrio ecológico

 Entre 2016 y 2020 se registraron más de 105.000 intervenciones en el arbolado urbano de Bogotá. Aunque cada árbol talado debería compensarse con 8 nuevos, en la práctica las siembras no restituyen los beneficios ambientales perdidos. La verificación en campo mostró que muchos ejemplares reportados nunca existieron en los sitios señalados, y además que las reposiciones suelen hacerse lejos de los barrios más afectados, dejando a las comunidades sin sombra, regulación térmica y aire limpio.

El Manual de silvicultura urbana para Bogotá,presentado por la Secretaría de Ambiente de Bogotá, establece que toda intervención en el arbolado debe garantizar la continuidad de las relaciones ecosistémicas, pero la ciudad mantiene un déficit eviden
te frente a este principio.

La verificación en campo desarrollada por Laurenst Rojas Velandia, magíster en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), estableció que los árboles retirados en localidades densamente pobladas como Kennedy, Suba y Engativá fueron compensados con nuevas siembras en zonas periféricas como Usme y Sumapaz.

“Tales redistribuciones no garantizan la recuperación de beneficios ambientales en los barrios más afectados, donde la sombra, la regulación térmica y la calidad del aire son necesidades inmediatas”.

“El problema no es que se siembren árboles, sino que se siembran lejos de donde se talaron; así, la comunidad que perdió el beneficio ambiental nunca lo recupera. Un árbol en Usme no compensa la sombra que se perdió en Kennedy ni regula la temperatura en Suba o Engativá”, señala el investigador.

El sistema de compensación en la ciudad funciona a través de permisos de intervención autorizados por la Secretaría Distrital de Ambiente a entidades públicas, constructoras o particulares que requieren talar o trasladar árboles para obras y proyectos. Estas intervenciones se deben compensar con la siembra de nuevos ejemplares. Siendo así, la administración distrital advierte que por cada árbol talado se deben sembrar 8 nuevos.

Según la Organización Mundial de la Salud en el mundo debería existir al menos un árbol por cada tres habitantes, pero las cifras distritales muestran que en Bogotá la relación es de 0,17 árboles por cada habitante. La ciudad afronta un déficit de al menos 1.243.761 árboles para cumplir con la norma ambiental, y aunque la ciudad cuenta con 1.434.455 árboles, su población de más de 8 millones requiere cerca de 2,6 millones para alcanzar el equilibrio ecológico mínimo.

Inconsistencias que ponen en duda la transparencia ambiental

Para llegar a estos hallazgos, el magíster Rojas comparó los listados oficiales entregados por la Secretaría Distrital de Ambiente con recorridos de verificación en distintas localidades. Así confirmó que alrededor del 78 % de los árboles reportados sí estaban en el terreno, un 8 % no se  pudo localizar por falta de datos claros, y el 13 % restante simplemente no existía en los sitios señalados, lo que evidencia inconsistencias en la compensación.

“Más que contar cuántos árboles se plantaron, los recorridos muestran que la información oficial tiene vacíos y no permite dimensionar claramente la efectividad de la compensación. Sin datos confiables, la ciudadanía no logra medir la magnitud de la pérdida ni exigir correctivos a las autoridades”, subraya el magíster.

El problema radica no solo en las cifras sino en la forma como se ejecuta la compensación, lo cual lleva a que el modelo, lejos de equilibrar el ecosistema urbano, se limite a cumplir un requisito administrativo de reposición numérica que no conserva las relaciones ecológicas propias de cada territorio.

También constató las dificultades para acceder a la información oficial sobre tala y compensación. Los registros entregados por las entidades responsables resultaron incompletos, y en varios casos presentaron inconsistencias que impidieron un seguimiento claro de los árboles reportados. La falta de datos precisos no solo obstaculizó el trabajo de verificación, sino que también expone un problema de transparencia en la gestión ambiental del Distrito.

“La política de transparencia debe garantizar que la información sea asequible y entendible para cualquier ciudadano. Sin datos claros, la participación ciudadana se reduce y la rendición de cuentas pierde eficacia”, afirma.

Dos visiones enfrentadas sobre el valor del árbol

La conceptualización del árbol en la política pública resultó ser otro elemento central del estudio. Según el magíster, existen dos visiones predominantes de este recurso ambiental: una “ecocapitalista”, que concibe el árbol como un bien que se valora por los beneficios económicos que produce, y una visión “ecológica”, que lo entiende como parte de un entramado vital con suelos, agua, fauna y clima.

Según la jurisprudencia y los tratados internacionales revisados, la perspectiva adoptada en Colombia se acerca a la segunda; sin embargo en dicho modelo persisten las fracturas. Un ejemplo ilustrativo es la emblemática avenida 68, donde la ejecución de obras demandó la tala de cientos de árboles. Aunque se realizaron compensaciones en otras áreas, el impacto ambiental y social en los barrios afectados fue inmediato.

Casos como este muestran que la política actual no responde a las necesidades del entorno inmediato ni a las exigencias del Manual de silvicultura, que orienta la gestión del arbolado en la ciudad.

Ciudadanía y control social sobre la política ambiental

La investigación también destaca el papel de la ciudadanía en la evaluación de las políticas ambientales, planteando que el estudio no se reduce al voto, sino que implica exigir información, verificar resultados y cuestionar las decisiones de la administración. En ese sentido, la metodología propuesta le permite a cualquier persona ejercer control social sobre la gestión ambiental.


Entre las recomendaciones se encuentran: articular la planeación urbana con los planes de siembra y capacitar a los funcionarios para facilitar el acceso ciudadano a los datos.

El magíster Rojas insiste en que el desafío para Bogotá es replantear el modelo de compensación y avanzar hacia una gestión ambiental que cumpla estándares internacionales, fortalezca la transparencia y promueva un verdadero control ciudadano.








jueves, 28 de agosto de 2025

CVC ENTREGA PUNTOS POSCONSUMO EN EL NORTE DEL VALLE

Pilas, bombillos, medicamentos vencidos y aparatos eléctricos ya tienen un lugar seguro para su disposición final.

La CVC entregó nuevos puntos posconsumo en los municipios de Sevilla y Bugalagrande, espacios creados para que la ciudadanía deposite residuos especiales que no deben ir a la basura común, ya que contienen sustancias peligrosas que afectan la salud y el ambiente.

Los residuos posconsumo son aquellos elementos de uso cotidiano que, al terminar su vida útil, requieren un manejo diferenciado porque pueden convertirse en focos de contaminación, si no se gestionan adecuadamente. Entre ellos, se encuentran:

 •    Pilas y baterías usadas•    Bombillos y luminarias

•    Medicamentos vencidos

•    Aparatos eléctricos y electrónicos en desuso
•    Envases de plaguicidas domésticos y agropecuarios


Con estas entregas, evitamos que sustancias nocivas lleguen a los ríos, al suelo o incluso a la basura común, generando riesgos para la salud y los ecosistemas. 

 Invitamos a los ciudadanos a usar los puntos y ser parte activa de la protección del medio ambiente.

La correcta disposición de los residuos posconsumo es una acción sencilla que marca la diferencia. Hoy, gracias a la CVC, Sevilla y Bugalagrande cuentan con aliados para avanzar hacia un futuro más limpio y sostenible.






miércoles, 27 de agosto de 2025

JÓVENES DE DAGUA TRANSFORMAN EL RECICLAJE EN UNA FUENTE DE VIDA Y PROGRESO

 El colectivo juvenil Eco Aventurero ha implementado una ruta de reciclaje selectivo en zonas rurales del municipio, logrando no solo limpiar el entorno, sino también educar a la comunidad y generar ingresos para el grupo.

En un esfuerzo por contrarrestar la quema de residuos y la contaminación de fuentes hídricas, un grupo de jóvenes del municipio de Dagua, bajo la iniciativa del colectivo Eco Aventurero, ha puesto en marcha un proyecto de reciclaje selectivo que ya está transformando la vida de la comunidad.

 Desde hace varios años, el grupo recorre diversas zonas rurales donde el servicio de recolección de basura es limitado o inexistente. En un motocarro, recogen materiales reciclables como cartón, papel y botellas plásticas, evitando que estos sean quemados o depositados de manera irresponsable en quebradas y ríos.

La labor ha generado un cambio positivo en el comportamiento de los habitantes; ahora separan sus residuos en la fuente y guardan el material reciclado hasta el día de paso de la ruta, que recorre los corregimientos de Atuncela, El Queremal, Borrero Ayerbe, El Carmen, entre otros, y veredas aledañas.

 Todo lo recolectado es almacenado en una bodega, donde se clasifica, para ser vendido posteriormente. Los fondos obtenidos se utilizan para cubrir las necesidades del grupo, demostrando que el cuidado del medio ambiente puede ir de la mano con el desarrollo sostenible.

“Ver cómo las personas han tomado conciencia, gracias a esta iniciativa, es satisfactorio. La comunidad rural de Dagua está comprometida en entregar los residuos aprovechables y así darle una nueva vida útil a elementos como el plástico, el papel, entre otros. El colectivo Eco Aventureros espera continuar mitigando la problemática de los residuos sólidos en lugares donde no alcanza a llegar el carro recolector de basura”, dijo Andrés Fernando Vélez Muñoz, director del programa de reciclaje de esta organización.

La CVC ha elogiado esta iniciativa, destacando el liderazgo de los jóvenes de Dagua y el impacto positivo que tiene en el ecosistema local.