En Punta Soldado los manglares resisten, pero el mar no da tregua

 En el Pacífico colombiano, los manglares de la isla Punta Soldado son fuente de alimento, forman parte de la cultura, y además protegen a las comunidades costeras de inundaciones y erosión. Sin embargo, un estudio revela que su capacidad de defensa natural se ve afectada tanto por el aumento del nivel del mar y los eventos extremos como El Niño, como por la deforestación y la sedimentación provocadas por actividades naturales y humanas. En 25 años se han perdido alrededor de 37 hectáreas de manglar, situación que pone en riesgo a la comunidad.

Ubicada al sur de la bahía de Buenaventura, hace más de 100 años la isla Punta Soldado es habitada por una comunidad afrodescendiente organizada en el Consejo Comunitario, que ha desarrollado sus actividades de pesca, agricultura y recolección al ritmo de la marea. Este ecosistema ha sido su fuente de alimento, espacio cultural y escudo natural frente a los embates del mar, pero hoy su cobertura se reduce año tras año, afectada por la variabilidad climática y la acción humana.

Un reciente estudio realizado por Natalia Zapata Delgado, magíster en Ingeniería - Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín, evidenció que la capacidad de protección de los manglares está en riesgo. Según los modelos desarrollados por la investigadora, se requieren al menos 30 hectáreas para mitigar eficazmente el impacto de las olas, pero entre 1996 y 2020 la zona ha perdido alrededor de 37 hectáreas.

La magíster explica que “las raíces de los manglares funcionan como escudos vivos que disipan la energía de las olas del mar, pero su eficacia depende de condiciones específicas como la altura de las olas, su dirección y el nivel del mar”.

Al respecto, el profesor Andrés Osorio, director del Grupo de Investigación en Oceanografía e Ingeniería Costera (Oceánicos), destaca que “Punta Soldado enfrenta una doble amenaza: por un lado, la variabilidad climática –como los eventos de El Niño que elevan el nivel del mar hasta en 60 cm, lo que equivale a décadas de cambio climático acumulado–, y por otro las presiones humanas como la tala de manglares.

“Cuando el nivel del mar sube, las olas ganan fuerza y la erosión se intensifica poniendo en riesgo a la comunidad y sus medios de vida, ya que estos ecosistemas no solo ofrecen protección sino también alimento, madera, aire limpio y oportunidades económicas”.

“Invertir en conservación no es solo una cuestión ambiental, es prevenir pérdidas mucho más costosas a futuro”, explica el investigador Osorio, director del estudio.

Sistemas que respiran y se transforman

En su investigación, la magíster Zapata analizó la función protectora de estos ecosistemas frente a fenómenos como la subida del nivel del mar y las olas extremas. El trabajo parte del enfoque de sistemas socio-ecológicos y del concepto de “contribuciones de la naturaleza a las personas”,

propuesto por el Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES). Ella lo resume así: “los manglares no son solo árboles que detienen olas, son sistemas vivos donde la naturaleza y las personas están profundamente conectadas, por lo que los cambios en uno afectan al otro”.

Así, su tesis buscó entender cómo esa relación se ve afectada por eventos extremos como El Niño y la pérdida de manglar: “una pequeña decisión en el sistema puede tener consecuencias grandes en su capacidad para proteger a la comunidad”, dice.

El estudio combinó herramientas cuantitativas –como modelación numérica y valoración económica– con enfoques cualitativos como entrevistas y observación participante. “No se trataba solo llegar con datos, sino de escuchar lo que la comunidad tiene para decir sobre el manglar”, explica la investigadora. Así se construyó un diálogo que permitió validar los resultados técnicos con el conocimiento local.

Las mujeres piangueras manifestaron que “cuando el mar está muy bravo no hay palo que aguante”, una frase que refleja lo que confirmaron los modelos: en condiciones extremas la capacidad de protección del manglar puede reducirse hasta en un 80 %.

Además se identificaron los “drivers de cambio”, es decir los factores que provocan transformaciones en el ecosistema, como la deforestación, la contaminación y las dificultades para hacer cumplir las regulaciones de protección, tarea esencial para construir un modelo de dinámica de sistemas que permita entender las interacciones entre las dimensiones física, social y económica.

El valor de lo tangible y lo intangible

Uno de los aportes más innovadores del estudio fue traducir en cifras económicas los servicios ecosistémicos que brinda el manglar. Para esta parte la magíster estuvo co-dirigida por la profesora Clara Inés Villegas, experta en valoración económica de ecosistemas. Se estimó cuánto costaría reemplazar los servicios de protección que ofrecen los manglares si se perdieran por completo, y la cifra fue contundente: alrededor de 8.000 millones de pesos.

Pero el valor va más allá del dinero: “si se pierde el manglar también se pierde la piangua, la tranquilidad, y la identidad cultural”, señala la tesis. Las mujeres piangueras, por ejemplo, no solo recolectan este molusco, sino que además lideran acciones de restauración.

El profesor Osorio subraya que estos estudios buscan proveer argumentos sólidos para que las autoridades ambientales y los decisores inviertan en conservación como una estrategia costo-efectiva. “No se trata solo de ser ambientalistas, sino de prevenir riesgos futuros mucho más costosos”, puntualiza.

Precisamente por eso la tesis no se queda en lo académico: parte de sus resultados se están incorporando en la formulación del Plan de Manejo Ambiental de Punta Soldado, liderado por el Consejo Comunitario – asesorado por un equipo técnico-cultural– y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 

“Para mí, más allá de los resultados técnicos, la mayor contribución es que este estudio sirva para que la comunidad tenga más herramientas y pueda tomar mejores decisiones sobre su territorio”, concluye la magíster Zapata.

 

Cuenta regresiva: en las próximas décadas Colombia perderá sus últimos glaciares

 Hace apenas un siglo Colombia contaba con 14 glaciares, hoy sobreviven apenas 6, y, de seguir la tendencia actual, en pocas décadas estos ecosistemas desaparecerán por completo. Su pérdida acelerada no es solo un efecto visible y palpable del cambio climático, sino también una amenaza ambiental que alterará el equilibrio tanto de las cumbres nevadas de las montañas como de la cultura de las comunidades que históricamente han vivido en torno a estas zonas.

Camila Martínez Arenas, geóloga de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) e investigadora del Semillero de Clima y Glaciología de la Asociación Europea de Geocientíficos e Ingenieros (EAGE), advierte que el retroceso glacial es irreversible y que estamos siendo testigos de las últimas décadas de los glaciares en el trópico.

Un fenómeno único en peligro

Los glaciares son una gran masa de hielo que se forma en las partes más altas de las montañas (4.900 msnm en Colombia) o en los polos terrestres, donde la nieve se acumula durante años. Estos ecosistemas cumplen funciones como regular la temperatura y la humedad local, enfriar el aire y favorecer la generación de lluvias; son reserva de agua dulce que alimenta los páramos y bosques altoandinos, y su valor paisajístico y cultural es de los más importantes del país; además, comunidades indígenas como arahuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta o los u’wa en el Cocuy los consideran como parte de su identidad.

Colombia alberga glaciares en pleno trópico, a escasa distancia del ecuador terrestre, un fenómeno que convirtió el país en un caso de estudio global, ya que cerca del 45 % de los glaciares ecuatoriales del planeta están en territorio colombiano, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Pero el cambio climático inducido por la actividad humana está poniendo en jaque estos ecosistemas, llevándolos a su desaparición por derretimiento.

La investigadora Martínez señala que “aunque el planeta siempre ha atravesado ciclos naturales de enfriamiento y calentamiento —conocidos como períodos glaciares e interglaciares—, el calentamiento global del último siglo ha sido más rápido e intenso que cualquier otro en la historia reciente. Lo que les preocupa a los científicos es la rapidez con la que la temperatura global ha aumentado en el último siglo. Nuestra actividad industrial ha acelerado el calentamiento del planeta, y los glaciares están respondiendo a ese cambio”.

Actualmente Colombia cuenta con 6 glaciares: el Nevado del Ruiz, Santa Isabel (en grave riesgo de desaparecer en los próximos años), el Tolima, el Huila, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra Nevada del Cocuy. Cabe mencionar que cuatro de ellos están sobre volcanes, lo que agrega un riesgo, ya que la actividad volcánica también acelera su derretimiento. Según el Ideam, cada año el área glaciar del país disminuye entre 3 y 5 %, una reducción alarmante que no solo amenaza la  biodiversidad de los ecosistemas de alta montaña, sino que además compromete la seguridad hídrica de las comunidades y los sectores productivos del país.

¿Por qué son tan importantes los glaciares?

Aunque su aporte hídrico es de apenas el 7,5 % del total nacional —por lo que no es la fuente principal de agua—, su desaparición sí impactará directamente a las comunidades aledañas que dependen de ellos y a los sistemas ecológicos que están en equilibrio gracias a su presencia. La ausencia de los glaciares también representa un impacto simbólico y cultural, ya que resalta la conexión espiritual de las comunidades con estos paisajes como zonas de rituales o de origen de la vida y su valor como parte del patrimonio natural.

“Perder glaciares en Colombia es un hecho que no tiene vuelta atrás. Más allá de la importancia de sus fuentes hídricas, lo que se está perdiendo es parte de la identidad de muchas personas que han crecido viéndolos, ya sea de cerca, o no tan de cerca”, señala la geóloga.

El profundo vínculo que mantienen las comunidades con los glaciares obedece a que estas los consideran como guardianes de su identidad, y por eso muchos miembros se involucran en iniciativas de protección, promoviendo su cuidado mediante la conciencia ambiental y la preservación de los ecosistemas circundantes. Por eso la desaparición de estos glaciares es una pérdida ecológica y además un golpe emocional y cultural para las poblaciones que, generación tras generación, han vivido en estrecha relación con estas imponentes formaciones.

¿Qué se puede hacer?

Detener el retroceso glacial en Colombia ya no es una opción viable, pero sí es posible ralentizar su desaparición y reducir sus impactos. Esto implica compromisos globales, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y acciones locales como la protección de los ecosistemas de alta montaña y la educación ambiental en comunidades cercanas.

“El mayor aporte hoy es la conciencia. Saber que los estamos perdiendo, entender por qué son importantes y actuar en consecuencia, desde lo académico, lo político y lo ciudadano”, concluye la experta Martínez.

A pesar de la evidencia, la respuesta institucional ha sido limitada. Existen esfuerzos académicos, como la declaración de 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares por parte de la ONU, con el objetivo de aumentar la conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas para el ciclo del agua y el clima, y fomentar acciones de protección. Sin embargo aún falta una política integral del Estado que priorice la conservación activa, la educación ambiental y la mitigación del impacto climático.

Ante los altos precios del oro Colombia debe formalizar a pequeños mineros

 Después de romper la barrera de los 3.000 dólares por onza, el precio del oro mantiene su tendencia al alza marcando récords históricos. Según expertos, esa cifra se mantendrá en los próximos meses, lo que motivará los procesos informales de extracción minera y de explotación ilegal en países como en Colombia, en donde la mayoría del metal se obtiene por esta vía.

En el país más del 90 % de la extracción del oro es informal y se realiza por minería artesanal y de pequeña escala, a la que se dedican más de 350.000 personas que encuentran en el barequeo y actividades similares un medio de subsistencia, y que genera cerca de 1 millón de empleos, según el Informe nacional: minería ilegal y contaminación por mercurio en Colombia, publicado en 2024 por la Procuraduría General de la Nación (PGN). En Antioquia, Cauca y Chocó, donde se concentra el 80 % de la producción nacional de oro, el 95 % es realizado por organizaciones de menos de 25 trabajadores.

Según el Informe, la minería ilegal se presenta en 323 municipios de 26 de los 32 departamentos de Colombia, y en 2022 creció un 19 %. El 85 % del oro que exporta el país tiene un origen ilícito, y el 70 % de este es controlado por grupos armados ilegales que han encontrado en esta práctica una forma de financiar sus actividades, incluso más lucrativa que la cocaína, y a veces a gran escala con dragas y maquinaria pesada como en el río Quito (Chocó). Ante el auge del oro se ha evidenciado un aumento de este tipo de extracción en zonas como Santa Fe de Antioquia y Buriticá (Antioquia).

Por la poca confianza que tiene el dólar en el panorama político, el oro sirve de refugio físico y psicológico de valor frente a una posible recesión económica mundial. Por eso alcanzó un precio histórico de 3.133,70 dólares por onza troy (medida estándar de metales preciosos equivalente a unos 31 g), sobrepasando un umbral que en el mediano plazo es muy difícil que vuelva a estar por debajo de los 3.000 dólares”, explica el profesor Giovanni Franco Sepúlveda, Ph. D. en Ingeniería y director del Grupo de Planeamiento Minero (Giplamin) del Departamento de Materiales y Minerales de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín.

El docente señala además que “ante este panorama, los altos precios del oro implican un incremento considerable en el mercado ilegal del mercurio, utilizado de manera irracional –técnica y ambientalmente– en las explotaciones de oro aluvial”. Por ejemplo, el Informe de la PGN indica que en Cauca se vierten en promedio 16,85 t anuales de mercurio y se usan 8,56 g por cada gramo de oro extraído, a pesar de que en Colombia el mercurio está prohibido según el Acuerdo de Minamata. Así mismo demandará más explosivos que se usan en la minería subterránea de oro de veta.

Según la Agencia Nacional de Minería y la Unidad Planeación Minero Energética (UPME), en 2024, mientras todas las exportaciones mineras se redujeron, el oro incrementó un 20,5 %.

El profesor Franco agrega que “los procesos informales de extracción minera de oro aumentan para aprovechar el precio de oportunidad de las altas cotizaciones del mineral”. Lo que preocupa es que esta situación lleva a que el Estado deje de percibir incalculables sumas de dinero provenientes de estas explotaciones, pues no se pagan cargas impositivas ni tributarias, y mucho menos regalías fruto de esta extracción, por lo que esta renta minera que no se distribuye equitativamente en toda la población debería financiar proyectos locales, departamentales y nacionales, mas no los bolsillos ilícitos.

Oportunidades y desafíos

“En Colombia seguimos enfrentando un desafío que parece insuperable: la incapacidad de construir una política pública eficaz que les permita a los mineros informales acceder de manera rápida y sencilla a programas de formalización, ya que los requisitos y la inversión necesaria para sus títulos los lleva a preferir la informalidad”, sostiene el profesor Franco.

Por eso propone construir puentes entre las grandes empresas mineras y los pequeños mineros que cumplan requisitos básicos para formalizarse, con el fin de construir una cadena productiva de la extracción del oro, una minería bien hecha que proteja la flora y la fauna de la contaminación, y además formalizada, de modo que permita aprovechar los conocimientos de todos los actores para convertir el sector minero en un apalancador de responsabilidad social y protección del medioambiente.

“La propuesta no es solo una solución pragmática, sino un modelo en el que todos ganan. El Estado se beneficiaría al reducir los niveles de informalidad y aumentaría el recaudo tributario, lo que fortalecería las finanzas públicas. Las empresas mineras, por su parte, podrían aprovechar los altos precios del oro para mejorar sus balances financieros y generar mayor confianza entre sus accionistas. Los mineros formalizados accederían a prestaciones sociales y seguridad laboral, protegiendo tanto su bienestar como el de sus familias”, concluye el docente.

Aplicación móvil colombiana predice muerte masiva de peces en el Caribe

 La Ciénaga Grande de Santa Marta, un vasto complejo lagunar considerado como uno de los ecosistemas más importantes del Caribe colombiano, ha sido el escenario de la muerte masiva de peces, lo que afecta a miles de familias de la región que dependen de la pesca. Para atender este fenómeno –provocado por el crecimiento descontrolado de algas tóxicas y el aumento de la temperatura–, un equipo científico logró validar y poner en funcionamiento una herramienta predictiva capaz de anticipar con precisión cuándo las condiciones del agua afectarían la vida marina.

La muerte masiva de peces como róbalo, lisa, tilapia, mojarra y pargo en la Ciénaga Grande de Santa Marta se relaciona con los florecimientos algales nocivos (FAN), un fenómeno natural que se vuelve más frecuente y peligroso por el cambio climático y la contaminación que llevan las aguas residuales agrícolas o humanas, con fertilizantes o detergentes ricos en fósforo.

Cuando microalgas como Anabaenopsis encuentran un exceso de nutrientes –entre ellos el fósforo– proliferan descontroladamente. Este “brote” de algas consume el oxígeno disuelto en el agua generando hipoxia (bajo oxígeno) o anoxia (ausencia total de oxígeno), lo que provoca la asfixia de peces y otros organismos acuáticos.

Estos eventos tienen consecuencias no solo ecológicas, sino también sociales y económicas: los pescadores pierden su sustento, se afectan los ecosistemas costeros, y si no se actúa a tiempo se pueden generar impactos sobre la salud pública. Según Parques Nacionales Naturales, más de 30.000 habitantes dependen de los recursos pesqueros del complejo lagunar de esta región.

Una aplicación para actuar a tiempo

A mediados de la década de 1990 científicos colombianos propusieron una idea visionaria: crear una herramienta que permitiera anticipar estas crisis, y así nació el indicador de riesgo de muerte de aerobios (IRMA), diseñado para alertar sobre el riesgo de mortandad masiva de peces a partir del monitoreo de tres variables esenciales del agua: fosfato (PO₄), clorofila (CLA) y oxígeno disuelto (OD).

Sin embargo en ese entonces el IRMA no se pudo validar con suficientes datos y su uso se descontinuó hasta ahora, cuando un equipo de trabajo lo retomó y actualizó utilizando 5.778 registros históricos recolectados entre 1993 y 2019 en 71 Estaciones de Monitoreo de la Ciénaga Grande de Santa Marta, información que se consolidó gracias a la cooperación del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar).

También incluyó una base de datos única construida con 26 años de noticias y reportes sobre mortandad de peces en la región, gracias al trabajo de investigadores y medios de comunicación. En este caso se contó con la información del “Proyecto de cooperación técnica colombo alemán:

rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta” (Pro-Ciénaga), dirigido por el doctor Horst Salzwedel, biólogo marino de la Universidad de Kiel (Alemania).

El resultado es una versión validada, precisa y operativa del IRMA, y, aún más importante, un sistema de alerta temprana listo para ser utilizado por autoridades ambientales, pescadores y cualquier persona interesada en proteger este ecosistema vital, con una precisión del 78 % para predecir la mortandad de estos peces.

El proyecto no se quedó en el laboratorio, sino que con el apoyo de desarrolladores de Nova Transmedia, el equipo creó una aplicación móvil gratuita que ya está disponible en App Store (https://apps.apple.com/es/app/florecimientos-algales-nocivos/id1602753063), que pone el IRMA directamente en la palma de la mano.

La app les permite a los usuarios ingresar valores de fósforo, clorofila y oxígeno disuelto obtenidos con sensores básicos o estaciones de monitoreo, y el sistema calcula automáticamente el nivel de riesgo de mortandad de peces en una escala que va de “poco riesgo” a “muy alto riesgo”.

También ofrece un tablero gráfico interactivo, mapas de riesgo geoespacial y un módulo educativo virtual que enseña a identificar microalgas tóxicas, realizar muestreo de campo y entender los ciclos ecológicos de la Ciénaga.

El estadístico Luis Felipe Santos Becerra, magíster en Biología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), trabajó en la investigación con los profesores José Ernesto Mancera, del Departamento de Biología, y Liliana López Kleine, del Departamento de Estadística. El estudio contó con toda la rigurosidad científica necesaria, pues se utilizaron modelos estadísticos avanzados como análisis multivariados, aprendizaje automático (machine learning) –a través de bosques aleatorios utilizados para predicción–, y modelado geoestadístico (Kriging).

Además contiene datos históricos valiosos, que integran más de dos décadas de monitoreo ambiental y noticias que permiten observar patrones a largo plazo que antes eran invisibles; y una aplicabilidad real, ya que la herramienta se diseñó no solo para investigadores sino también para pescadores, educadores, estudiantes, y autoridades que necesitan actuar con rapidez.

Un problema que se extiende

Este problema sigue latente, pues en 2019 el Invemar señaló que más de 2 toneladas de peces en la Ciénaga Grande de Santa Marta (desembocaduras de los ríos Fundación y Aracataca) murieron por el fenómeno de disminución de oxígeno con varias causas, entre ellas el aumento de la temperatura por el fenómeno de El Niño, un evento asociado con el incremento de algas tóxicas como las cianobacterias.

De hecho en medio del mar ya hay zonas llamadas como “muertas”, que son como grandes bolsas sin oxígeno, y por ende sin vida. Un estudio de 2018 publicado en la revista Science mostró que desde mediados del siglo XX estas zonas se han cuadruplicado en los océanos, mientras que cerca de las costas se han multiplicado por 10. Estas condiciones se dan por el aumento de calor de la Tierra, que es la base para que las cianobacterias se sigan reproduciendo; se estima que en los próximos 5 años la temperatura aumentaría 1,5 °C de más.

Según la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), en Colombia hay más de 300.000 pescadores y solo en 2021 la pesca y la acuicultura alcanzaron una producción de más de 300.000 toneladas, en especial de tilapia, cachama, trucha y camarón. Sumado a esto, el consumo per cápita de pescado pasó de 6,9 kg en 2018 a 9,6 kg en 2022, datos que evidencian la importancia de este sector no solo para esta región costera sino para todo el país.

Por eso la investigación del magíster Santos se convierte en un salvavidas, pues permite tener herramientas que generen sistemas de alerta temprana frente a la mortandad de peces, un problema que incide directamente en la economía no solo del Caribe sino del país, y de la cual dependen miles de familias.

 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL RÍO PANCE, PREVIO A SEMANA SANTA

 Frente a la Semana Santa y como parte de una campaña interinstitucional de prevención y gestión del riesgo, la institucionalidad de Cali hace un llamado a los bañistas y a la comunidad que visita el río Pance para que tomen precauciones ante los peligros derivados de las intensas lluvias.

“Estamos realizando actividades en colaboración con los lideres comunitarios que hacen parte del Sistema de Alertas Tempranas – Satic Pance, anticipándonos al incremento de visitantes al corregimiento. Nuestro objetivo es sensibilizar sobre temas ambientales y promover la gestión del riesgo y desastres en esta temporada de lluvias”, destacó Norely Cuello, funcionaria de la Regional Suroccidente de la CVC.
 
Esta iniciativa es promovida por la CVC, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil, Parques Nacionales Naturales de Colombia y el grupo comunitario Guardianes del río Pance, que se encargan de sensibilizar a los bañistas y demás visitantes sobre la importancia de una conducta responsable.

 

Edwin Cortes, socorrista de la Cruz Roja, dijo que la campaña de prevención y promoción busca educar sobre la gestión del riesgo y temáticas ambientales. “Les aconsejamos que sean precavidos al bañarse, especialmente en zonas seguras, y que tengan cuidado con los niños. Además, es importante no realizar fogatas para evitar impactos negativos en la fauna silvestre y los bosques”.

 

Durante esta jornada, también se sensibilizó sobre las serpientes nativas del área, utilizando modelos realistas en 3D para facilitar su identificación. Asimismo, se llevó a cabo una observación de aves y de la fauna silvestre presente, apoyada por un sendero interpretativo con 18 estaciones, gracias a las Guardianas del río Pance, quienes explicaron la fauna y flora del ecoparque y la relevancia de su protección.

 

Recuerde que si va a Pance, debe hacerlo de manera responsable, contribuyendo a preservar la belleza natural de este corregimiento de Cali:

 

•    Llévese la basura que generó durante su visita y deposítela en los lugares adecuados.
•    No arroje basura en el río, ni en los senderos.
•    Si va a preparar sancocho de leña, recuerde usar los espacios autorizados para evitar incendios y daños a la fauna silvestre que habita en la zona.
•    Está prohibido quemar material agrícola, vegetal u otro tipo de residuos sin autorización.

Falta de control agrava el deterioro del páramo de Sumapaz

 La falta de control sobre la expansión agrícola y la ausencia de una planificación ambiental efectiva están poniendo en riesgo el páramo de Sumapaz, el más grande del mundo. Aunque la Provincia Administrativa y de Planificación del Sumapaz (PAP-Sumapaz) se creó para coordinar su protección, la desarticulación entre entidades dificulta su impacto, mientras los cultivos y el turismo sin regulación siguen degradando este ecosistema esencial para el agua en Colombia.

El páramo de Sumapaz cubre más de 300.000 hectáreas y es vital para la regulación hídrica, ya que abastece a millones de personas en Bogotá y otras regiones del país, pero su frágil equilibrio está en riesgo.

“El páramo representa la vida de todos”, le dijo un habitante de la vereda Santa Bárbara –quien ha dedicado su vida a la agricultura– a la abogada María Fernanda Pirabán Cañón, candidata a magíster en Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien adelantó este estudio.

Históricamente el territorio ha estado ligado a movimientos de colonización campesina y luchas agrarias por el acceso a la tierra. Sin embargo, la expansión de la frontera agrícola ha afectado gravemente la conservación del páramo, debido especialmente a actividades agropecuarias y asentamientos rurales. La Ley 1930 de 2018 prohíbe la agricultura y la minería en los páramos, pero la regulación ha sido insuficiente en municipios como Pasca, Arbeláez y Cabrera.

“Nosotros reforestamos y protegemos el recurso hídrico solos, sin ayuda de las instituciones porque no ayudan en nada ni se aparecen por aquí”, le manifestó también la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Salitre. Su testimonio refleja la frustración de las comunidades campesinas, que sienten el abandono institucional frente a los retos ambientales que afrontan.

Aunque la PAP-Sumapaz se creó en 2023 para coordinar la gestión ambiental en la región y debía ofrecer soluciones, la falta de articulación entre entidades ha limitado su impacto.

Descoordinación y conflictos por el uso del suelo

A partir de un enfoque cualitativo, la abogada Pirabán analizó las dinámicas del territorio más allá de los datos estadísticos, priorizando la percepción de los actores involucrados. A través de entrevistas a habitantes del páramo, líderes comunales y funcionarios públicos, documentó cómo la falta de diálogo y coordinación entre entidades ha debilitado la gestión del ecosistema.

También revisó documentos oficiales como los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios afectados, el Plan de Manejo Ambiental del Parque Nacional Natural Sumapaz y registros cartográficos sobre los cambios en el uso del suelo.

El estudio encontró que la falta de coordinación entre entidades ambientales y municipales es uno de los mayores obstáculos para conservar el páramo. Existen superposiciones de competencias entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente), las Corporaciones .

Además, la delimitación del páramo ha sido un proceso problemático. La Resolución 1437 de 2017 de Minambiente estableció límites sin la participación de las comunidades. Frente a esto, la Coordinadora Campesina de Sumapaz-Cruz Verde presentó una acción de tutela exigiendo la protección de sus derechos al mínimo vital, igualdad y participación ambiental. En 2019, un juzgado dejó sin efectos la delimitación y ordenó un nuevo proceso participativo que incluya a las comunidades de los municipios con cobertura de páramo.

“No existe una definición común y precisa de la extensión del páramo; en algunos casos su ubicación se asocia con la altitud, pero no hay una única referencia de altura, y en otros casos se define con base en veredas específicas, lo que genera confusión en la aplicación de las normativas y en la protección efectiva del ecosistema”, detalla.

Además, el turismo sin regulación ha sumado otro problema: en lugares como las lagunas de Colorados, Larga y Negra, el aumento de visitantes ha generado contaminación y daño en la biodiversidad. “Aquí vienen turistas, pero no hay control. No hay quién cuide el páramo y cada vez hay más gente entrando”, advirtió un campesino entrevistado en la vereda Santa Bárbara.

Urge una estrategia integral

La abogada enfatiza en que la Ley de Páramos es un gran avance, ya que establece una perspectiva integral para la gestión del ecosistema. Aún así, destaca la importancia de fortalecer los escenarios de participación y concertación con las comunidades, dado su arraigo histórico y social en la región.

“Las comunidades han experimentado conflictos por el acceso a la tierra y tienen una percepción negativa de las entidades públicas, en especial de las autoridades ambientales, que imponen restricciones pero no ofrecen alternativas viables”, sostiene.

En ese sentido, recomienda que la gestión del páramo no se limite a la delimitación del territorio y la formulación del Plan de Manejo Ambiental, sino que las comunidades se incluiyan como aliadas en el control y monitoreo permanentes. “Ellos son habitantes perennes de la zona, lo que los convierte en actores estratégicos para la protección del ecosistema”, agrega.

Otra importante medida es fortalecer los pagos por servicios ambientales, un incentivo económico para fomentar prácticas de restauración y conservación. Asimismo se requiere realizar el censo de habitantes del páramo, una obligación del DANE según la Ley de Páramos. “Este censo es crucial para diseñar estrategias de reconversión productiva y garantizarles alternativas de sustento a las familias que dependen del páramo”, puntualiza.

Por último, la investigadora Pirabán sugiere que en la revisión de los POT de los municipios con área de páramo se regulen los usos del suelo en las zonas colindantes. “Esto permitiría establecer una zona de amortiguación para prevenir la expansión de actividades que amenacen la conservación del ecosistema”, concluye.

Manglares de San Andrés y Tumaco responden distinto a la erosión costera

 Mientras en las playas de Bocagrande (Tumaco), cuando el oleaje es más intenso, los manglares prosperan, en el Parque Nacional Manglares de Old Point (San Andrés) ocurre lo contrario: la potencia de las olas los deteriora, debilitándolos con el tiempo. Así se evidenció luego del análisis de imágenes satelitales y datos sobre oleaje y caudal en estas regiones, un enfoque novedoso ya que considera a estos ecosistemas como indicadores de la erosión costera.

La erosión costera es un fenómeno natural generado por el oleaje, el viento, las corrientes oceánicas y las mareas. Sin embargo, según la investigadora Johanna Paola Echeverry Hernández, magíster en Biología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), la actividad humana acelera este proceso, convirtiéndolo en un problema no solo para los ecosistemas sino también para las comunidades que habitan las zonas costeras.

Este fenómeno afecta a diversas regiones del país. Datos del Observatorio Ambiental de Cartagena de Indias —una ciudad que la experta ya había estudiado en relación con la erosión costera— indican que “La Heroica” enfrenta un alto riesgo debido al aumento del nivel del mar, las lluvias torrenciales y otros factores que propician la erosión y las inundaciones.

Investigaciones de las Universidades de los Andes y EAFIT advierten que para 2040 el nivel del mar en Cartagena se incrementaría entre 15 y 20 cm, poniendo en peligro al menos al 80 % de los barrios de la ciudad. 

Este problema no es exclusivo de Colombia. Según un artículo publicado en la revista Nature Climate Change, en las próximas tres décadas el mar avanzará unos 100 m sobre las playas del mundo, con América Latina entre las regiones más afectadas; particularmente Chile, Argentina y México serían los países más vulnerables.

Dado que se estima que el 40 % de la erosión costera es prevenible, la investigación de la magíster Echeverry cobra especial relevancia, ya que en su estudio comparó el comportamiento de los manglares de San Andrés, donde se encuentran dentro de un área protegida, y en Tumaco, donde la madera de estos ecosistemas es aprovechada con fines comerciales. 

Estos bosques de árboles y arbustos, además de servir como barreras naturales contra la erosión, cumplen funciones ecológicas esenciales: capturan y almacenan carbono, y albergan una gran diversidad de especies marinas, como peces y moluscos.

Del satélite al detalle

Para su análisis la investigadora utilizó imágenes satelitales de acceso público y gratuito, como las de PlanetScope y Rapideye, del periodo 2010-2023. Estas herramientas le permitieron obtener una visión detallada de la cobertura vegetal en el Caribe y el Pacífico colombianos, con especial énfasis en los manglares.

Además recurrió a los datos del programa Climate Data Store Copernicus de la Unión Europea —dedicado al monitoreo ambiental del planeta— para evaluar variables como temperatura y oleaje. También utilizó imágenes de la NASA y registros del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sobre el impacto del fenómeno de El Niño en estas zonas.

El análisis de estas variables, realizado a través de un software especializado en geografía y estadística, reveló hallazgos significativos. En primer lugar, los manglares no responden de la misma manera a la erosión en todo el país, lo que cuestiona las estrategias de conservación que los abordan como ecosistemas homogéneos.

Por ejemplo en Bocagrande (Tumaco), cuando el oleaje es más intenso, los manglares prosperan. La fuerza del mar contribuye a la acumulación de sedimentos permitiendo la expansión de estos ecosistemas y evitando la progresión de la erosión, mientras en San Andrés ocurre lo contrario: la intensidad de las olas deteriora los manglares, debilitándolos con el tiempo.

Otro factor determinante es la temperatura. Durante los eventos de El Niño —que elevan la temperatura del agua— los manglares de Tumaco no logran resistir y mueren, mientras que los de San Andrés se ven favorecidos y prosperan. En cambio, con el fenómeno de La Niña ocurre lo opuesto.

El estudio también evidenció la importancia del caudal de ríos y mares en estos procesos: mientras en Tumaco un mayor volumen de agua ayuda a los manglares a procesar y aprovechar los sedimentos, en San Andrés esta dinámica es diferente, ya que la Isla carece de ríos que alimenten sus costas con estos materiales.

La investigación aporta un nuevo enfoque para entender la erosión costera, al demostrar que los manglares pueden ser indicadores importantes de estos procesos. Sin embargo, su respuesta a los cambios ambientales varía según la región, lo que resalta la necesidad de diseñar estrategias de conservación adaptadas a las particularidades de cada ecosistema.

Humedal Meandro del Say, refugio natural en riesgo por la expansión de Bogotá

 El crecimiento urbano de la capital del país no se detiene, pero ¿a qué costo? Este humedal, declarado en 2004 como Parque Ecológico Distrital, enfrenta la presión de la urbanización y de un plan de desarrollo que proyecta construir más de 4.000 viviendas en casi 16 hectáreas, lo que, según expertos, ignora su valor ecológico. Este ecosistema, que regula las aguas del río Bogotá y alberga decenas de especies, vería comprometida su existencia si el desarrollo urbano no integra criterios ambientales en su planificación.

El agua estancada refleja el cielo gris de Bogotá, mientras algunas aves nativas o migratorias revolotean sobre la superficie en busca de alimento. En el humedal Meandro del Say, un ecosistema que parece detenido en el tiempo, todavía persiste la vida silvestre en medio de la expansión urbana que lo rodea.

“Dicho entorno es estratégico para la regulación hídrica y la conectividad ecológica, junto a otros humedales cercanos, como Jaboque, Juan Amarillo-Tibabuyes y Techo”, advierte el investigador Alejandro Callejas Mora, magíster en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

El humedal Meandro del Say, formado por el aislamiento artificial de un meandro del río Bogotá, ha conformado un hábitat único para la flora y la fauna silvestres del altiplano andino colombiano, a pesar de estar separado de otros elementos de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá y de la Estructura Ecológica Regional de Cundinamarca, que es el conjunto de elementos naturales que sostienen la biodiversidad de un territorio.

Ubicado entre el municipio de Mosquera y la localidad de Fontibón, en 2021 el Meandro del Say fue declarado como Reserva Distrital de Humedal, y, a diferencia de otros humedales urbanos de la ciudad, su origen se debe a la intervención humana, cuando las compuertas desviaron el cauce del río Bogotá creando un meandro de 5.700 m. Así, lo que alguna vez fueron tierras de haciendas coloniales, hoy es un ecosistema amenazado por la urbanización descontrolada y las ocupaciones ilegales.

Un ecosistema bajo presión

Para su investigación, el ingeniero Callejas partió de una consulta bibliográfica y de un análisis teórico sobre la gestión de humedales urbanos y del impacto del crecimiento urbano en áreas protegidas; luego delimitó el área de estudio en el Meandro del Say, evaluando tanto su contexto ambiental, social y normativo como los hitos históricos.

La recolección de información en campo y en las entidades permitieron determinar una codificación, unas categorías y unos patrones esenciales para los resultados obtenidos, trabajo que se hizo mediante entrevistas con importantes actores como los líderes comunitarios, altos funcionarios de entidades gubernamentales, investigadores y empresas del sector productivo inmobiliario interesado en la zona.

También analizó datos espaciales mediante herramientas de georreferenciación como ArcGIS y QGIS, para mapear los patrones de asentamientos urbanos y su relación con el humedal.

“El Plan Parcial El Chanco no solo amenaza la biodiversidad del humedal, sino que además alteraría significativamente su función como regulador hídrico, aumentando el riesgo de inundaciones en las zonas urbanas aledañas, al contemplar las medidas de ecourbanismo y construcción sostenible expuestas en el Decreto 582 de 2023”.

“La falta de control y ejecución de las competencias de las entidades afecta gravemente la estructura del ecosistema generando un desequilibrio en la flora y la fauna silvestres debido a la perdida de hábitat, teniendo en cuenta que esta área es crucial para las especies migratorias” , señala el magíster.

Entre los principales hallazgos de su trabajo, el investigador identificó que este conflicto ambiental es un claro ejemplo de las controversias entre el desarrollo urbano territorial definido en la Ley 388 de 1997 y el ordenamiento ambiental territorial definido en la Ley 99 de 1993.

“Aunque existen normativas para proteger el ecosistema, la falta de coordinación entre entidades distritales, regionales y nacionales ha permitido la expansión de asentamientos informales y la presión inmobiliaria”, destaca.

También evidenció que “algunos habitantes del barrio conformado por ocupaciones informales ven en la protección del humedal una oportunidad para generar espacios de recreación y educación ambiental; ellos buscan formar parte del tejido de actores y dolientes del territorio. Por otro lado, otros ocupadores informales de este sector lo perciben como un obstáculo para el desarrollo de nuevas viviendas y actividades económicas”.

Precisamente este conflicto ambiental se intensifica en el barrio de los asentamientos informales conocido como “Rincón del Recodo”, en el costado suroccidental del humedal y dentro de su área de conservación y protección ambiental (APCA), el cual alberga a más de 300 personas, con cerca de 200 ocupaciones informales, las cuales son prácticamente casas consolidadas con hasta cuatro pisos, garajes, parqueadero, e incluso servicios públicos de agua potable y energía eléctrica.

“Este crecimiento irregular ha generado la apertura de al menos 80 expedientes policivos por daños ambientales y violaciones a las normativas urbanísticas”, señala el magíster.

¿Cómo preservar el Meandro del Say?

Como parte de las estrategias de mitigación, el investigador sugiere implementar corredores ecológicos que conecten el Meandro del Say con otros humedales cercanos, permitiendo la movilidad de especies y garantizando la conservación de la biodiversidad. También considera esenciales las acciones de restauración a través de un plan determinado a mediado y largo plazo.

En este sentido, destaca la necesidad de incluir los lineamientos de ecourbanismo y construcción sostenible contemplados en el Decreto 582 de 2023, además de implementar criterios ambientales en la planificación urbana, asegurando que el crecimiento de la ciudad no comprometa estos humedales estratégicos en la ciudad-región.

Además, plantea que transformar el barrio informal “Rincón del Recodo” en un ecobarrio sería una solución viable para frenar la expansión irregular y fomentar la integración comunitaria en la conservación del humedal.

El Plan de Manejo del humedal ha reportado la presencia de al menos 27 especies de aves, 4 de mamíferos y 3 de herpetos (anfibios y reptiles), además de una variedad de vegetación que sustenta el equilibrio del ecosistema. Sin embargo, sin una planificación adecuada muchas de estas especies se verían afectadas por la expansión urbana.

El trabajo “Asentamientos urbanos en el Sistema de Áreas Protegidas de Bogotá, caso de estudio: humedal Meandro del Say”, fue dirigido por la profesora Nohra León Rodríguez, actual decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNAL.

Turismo y contaminación amenazan los manglares del Pacífico

 Lo que impulsa el turismo en la costa Pacífica también está amenazando su equilibrio natural. Una investigación de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) encontró que la contaminación por fosfatos y nitratos –causada por aguas residuales y restos agrícolas– está afectando la regeneración de los manglares en Buenaventura y Tumaco, poniendo en riesgo su biodiversidad y los servicios que les brindan a las comunidades. El impacto de este deterioro sería irreversible si no se toman medidas urgentes.

Los manglares son ecosistemas que, además de albergar una rica biodiversidad, sostienen la vida de comunidades negras e indígenas, las cuales los utilizan para pescar, recoger frutos y obtener materiales de construcción. Así mismo, brindan servicios ecosistémicos esenciales como proteger las costas, purificar el agua y capturar carbono. No obstante, estas funciones están siendo alteradas por acciones humanas como el vertimiento inadecuado de desechos, la acumulación de microplásticos y el uso excesivo de fertilizantes en zonas aledañas.

La investigadora Luisa Fernanda Mondragón Díaz, magíster en Ingeniería Ambiental de la UNAL, estudió la relación entre la concentración de nutrientes en los sedimentos y la estructura de los bosques de manglar en Buenaventura y Tumaco. Su estudio demostró que los bosques cercanos a zonas urbanas y turísticas reciben mayor carga contaminante, lo que afecta su crecimiento y composición.

Para su trabajo se analizaron cuatro sitios con distintos niveles de intervención humana: en Buenaventura se compararon los manglares del bosque de Piangüita –altamente expuestos al turismo y la contaminación– con los de San Pedro, más protegidos por barreras naturales, y en Tumaco se evaluaron los bosques de Bocagrande, situados en una zona turística, y los de Rompido, donde la tala y quema de árboles son frecuentes.

Las muestras se tomaron del agua intersticial de los sedimentos, aquella atrapada entre las partículas del suelo (o sedimento) en un ecosistema acuático, que actúa como un reservorio de nutrientes y otras sustancias químicas influyendo en la disponibilidad de elementos esenciales para las plantas y los microorganismos, y cuya composición puede cambiar por la contaminación, y afectar la salud de los manglares. De las muestras se midió la concentración de nutrientes y su impacto en la estructura de los manglares.

El impacto invisible de la contaminación

“Los resultados revelaron que en Buenaventura las concentraciones de fosfatos y nitratos son más altas, y que estos nutrientes favorecieron la aparición de nuevos árboles, pero más pequeños”.

“En Tumaco los niveles de amonio y nitritos son más elevados, y la alta concentración de estos últimos afectó la regeneración del manglar. Dichos niveles aumentan en época seca, lo que posiblemente obedece al incremento de aguas residuales por el turismo”, afirma la investigadora.

Señala además que “el exceso de nutrientes puede generar eutrofización, un fenómeno en el que la proliferación de algas reduce el oxígeno disponible, lo que perjudica a la fauna y la flora: una acumulación excesiva de fósforo obstaculiza el crecimiento de las plantas, y la reducción del oxígeno en los sedimentos puede aumentar las emisiones de gases como el dióxido de carbono y el metano”.

Este estudio representa un hallazgo fundamental para entender el estado de los manglares del Pacífico colombiano, pues al generar una base de datos sobre la calidad del agua intersticial y los niveles de eutrofización se pueden establecer alertas tempranas y orientar estrategias de conservación.

La investigación  también subraya la necesidad de establecer regulaciones más estrictas en la gestión de residuos y en el turismo en estas áreas sensibles, asegurando la protección de estos ecosistemas esenciales tanto para la biodiversidad como para las comunidades locales.

Lagartijas estriadas se han adaptado para vivir en el campus de la UNAL Sede Bogotá

 De estas habitantes de la Ciudad Universitaria, conocidas científicamente como Riama striata y cuya característica principal son las estrías en sus escamas, existen dos poblaciones que han sorteado las amenazas de vivir en la ciudad, con adaptaciones diferentes entre sí en sus formas de reproducción que evidencian historias fascinantes de supervivencia.

Sede Bogotá se ubica en los invernaderos de la Facultad de Ciencias Agrarias y se caracteriza por un rápido recambio de individuos jóvenes, por su alta tasa de natalidad; la otra está en los alrededores del edificio de la Facultad de Cine y Televisión, en donde las lagartijas optan por una estrategia más cautelosa, con individuos que viven más tiempo, pero su reproducción es menos frecuente.

La lagartija estriada es autóctona de las tierras frías y altas de la cordillera Oriental de Colombia y se distribuye en Boyacá, Cundinamarca y Santander. Los registros de la especie se reportan especialmente en la Sabana de Bogotá, los cerros Orientales y los páramos.

Esta especie se puede observar debajo de troncos, rocas, hojarasca o entre el pasto. En áreas afectadas por la expansión urbana habita debajo de escombros de cemento, ladrillo, plástico o madera. Las hembras ponen entre 1 y 2 huevos, y se ha sugerido que dos o más de ellas pueden ubicarlos en un mismo sitio, lo que se conoce como “nidos comunales”.

El biólogo Miguel Ángel Méndez Galeano, magíster en Biología, realizó el primer reporte oficial de estas lagartijas en la Universidad en 2016. Ahora, junto con sus colegas Rafael Moreno y Alejandra Pinto –también de la Institución– adelantaron un exhaustivo seguimiento de ambas poblaciones para conocer su estado, parámetros y dinámicas en un área urbana.

Para realizar el estudio, durante un año los investigadores buscaron individuos en las instalaciones de Cine, el Invernadero, y cerca al Estadio Alfonso López Pumarejo y la Hemeroteca Nacional. “Los individuos capturados se marcaron para poder identificarlos y facilitar el monitoreo de su crecimiento y supervivencia”, explica el magíster.

Este estudio arroja luces sobre la compleja dinámica demográfica de estas lagartijas, y además plantea preguntas cruciales sobre cómo las condiciones ambientales y las estrategias de vida pueden influir en la resiliencia de las especies en entornos urbanos.

Misma especie, diferentes comportamientos

Los hallazgos mostraron que las dos poblaciones de lagartijas son distintas. Aunque presentan características de estabilidad poblacional, las de Agronomía mostraron una mayor cantidad de individuos, con 68 encontrados (53 % adultos, 47 % juveniles) y un número estimado de 109 a 201. La población de Cine y Televisión, aunque más pequeña, se comportó de manera diferente en términos de estrategias demográficas. Allí se capturaron 40 lagartijas (62 % adultos, 38 % juveniles), y se estima que hay entre 60 y 126 ejemplares.

Las tasas de mortalidad también variaron entre las poblaciones. “La de Agronomía mostró una mayor mortalidad entre los adultos”, señala el biólogo Méndez. Esta evaluación, así como la de supervivencia, se realizó mediante recapturas, para llevar un control sobre si los individuos previamente marcados volvían a ser vistos, permitiendo así estimar la muerte y el nacimiento en cada población.

La lagartija estriada de la UNAL Sede Bogotá no cambia mucho de lugar y guarda fidelidad a su refugio, ubicado en los lugares que la protegen del pastoreo, los nichos térmicos, los sitios reproductivos o las fuentes de alimento, por lo que su conservación depende de que sus hábitats no se modifiquen con cambios de cobertura vegetal por urbanización, lo que podría en riesgo su existencia.

A pesar de las condiciones de alta intervención humana en el campus, las poblaciones de R. striata se mantienen estables. Esto sugiere que, aunque son vulnerables por su tamaño poblacional, han encontrado estrategias para sobrevivir en un entorno que presenta desafíos a causa de la presencia humana.

Según el investigador, “para proteger estas poblaciones únicas se aconseja preservar y enriquecer los elementos clave del hábitat de la especie, tales como mantener zonas de pastizal con refugios naturales y artificiales y evitar la poda de pasto en estos lugares”.

“Lo que puede parecer desordenado o antiestético para los humanos puede ofrecer refugio y oportunidades de supervivencia para la fauna local”, concluye el investigador.