La falta de control sobre la expansión agrícola y la ausencia de una planificación ambiental efectiva están poniendo en riesgo el páramo de Sumapaz, el más grande del mundo. Aunque la Provincia Administrativa y de Planificación del Sumapaz (PAP-Sumapaz) se creó para coordinar su protección, la desarticulación entre entidades dificulta su impacto, mientras los cultivos y el turismo sin regulación siguen degradando este ecosistema esencial para el agua en Colombia.
El páramo de Sumapaz cubre más de 300.000 hectáreas y es
vital para la regulación hídrica, ya que abastece a millones de personas en
Bogotá y otras regiones del país, pero su frágil equilibrio está en riesgo.
“El páramo representa la vida de todos”, le dijo un
habitante de la vereda Santa Bárbara –quien ha dedicado su vida a la
agricultura– a la abogada María Fernanda Pirabán Cañón, candidata a magíster en
Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de
Colombia (UNAL), quien adelantó este estudio.
Históricamente el territorio ha estado ligado a movimientos
de colonización campesina y luchas agrarias por el acceso a la tierra. Sin
embargo, la expansión de la frontera agrícola ha afectado gravemente la
conservación del páramo, debido especialmente a actividades agropecuarias y
asentamientos rurales. La Ley 1930 de 2018 prohíbe la agricultura y la minería
en los páramos, pero la regulación ha sido insuficiente en municipios como
Pasca, Arbeláez y Cabrera.
“Nosotros reforestamos y protegemos el recurso hídrico
solos, sin ayuda de las instituciones porque no ayudan en nada ni se aparecen
por aquí”, le manifestó también la presidenta de la Junta de Acción Comunal de
la Vereda El Salitre. Su testimonio refleja la frustración de las comunidades
campesinas, que sienten el abandono institucional frente a los retos
ambientales que afrontan.
Aunque la PAP-Sumapaz se creó en 2023 para coordinar la
gestión ambiental en la región y debía ofrecer soluciones, la falta de
articulación entre entidades ha limitado su impacto.
Descoordinación y conflictos por el uso del suelo
A partir de un enfoque cualitativo, la abogada Pirabán
analizó las dinámicas del territorio más allá de los datos estadísticos,
priorizando la percepción de los actores involucrados. A través de entrevistas
a habitantes del páramo, líderes comunales y funcionarios públicos, documentó
cómo la falta de diálogo y coordinación entre entidades ha debilitado la
gestión del ecosistema.
También revisó documentos oficiales como los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios afectados, el Plan de Manejo
Ambiental del Parque Nacional Natural Sumapaz y registros cartográficos sobre
los cambios en el uso del suelo.
“No existe una definición común y precisa de la extensión
del páramo; en algunos casos su ubicación se asocia con la altitud, pero no hay
una única referencia de altura, y en otros casos se define con base en veredas
específicas, lo que genera confusión en la aplicación de las normativas y en la
protección efectiva del ecosistema”, detalla.
Además, el turismo sin regulación ha sumado otro problema:
en lugares como las lagunas de Colorados, Larga y Negra, el aumento de
visitantes ha generado contaminación y daño en la biodiversidad. “Aquí vienen
turistas, pero no hay control. No hay quién cuide el páramo y cada vez hay más
gente entrando”, advirtió un campesino entrevistado en la vereda Santa Bárbara.
Urge una estrategia integral
La abogada enfatiza en que la Ley de Páramos es un gran
avance, ya que establece una perspectiva integral para la gestión del
ecosistema. Aún así, destaca la importancia de fortalecer los escenarios de
participación y concertación con las comunidades, dado su arraigo histórico y
social en la región.
“Las comunidades han experimentado conflictos por el acceso
a la tierra y tienen una percepción negativa de las entidades públicas, en
especial de las autoridades ambientales, que imponen restricciones pero no
ofrecen alternativas viables”, sostiene.
En ese sentido, recomienda que la gestión del páramo no se
limite a la delimitación del territorio y la formulación del Plan de Manejo
Ambiental, sino que las comunidades se incluiyan como aliadas en el control y
monitoreo permanentes. “Ellos son habitantes perennes de la zona, lo que los
convierte en actores estratégicos para la protección del ecosistema”, agrega.
Otra importante medida es fortalecer los pagos por servicios
ambientales, un incentivo económico para fomentar prácticas de restauración y
conservación. Asimismo se requiere realizar el censo de habitantes del páramo,
una obligación del DANE según la Ley de Páramos. “Este censo es crucial para
diseñar estrategias de reconversión productiva y garantizarles alternativas de
sustento a las familias que dependen del páramo”, puntualiza.
Por último, la investigadora Pirabán sugiere que en la
revisión de los POT de los municipios con área de páramo se regulen los usos
del suelo en las zonas colindantes. “Esto permitiría establecer una zona de
amortiguación para prevenir la expansión de actividades que amenacen la
conservación del ecosistema”, concluye.
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