VISITA DE CONTROL CONFIRMA NORMALIDAD EN NAVARRO

 La CVC, en compañía del Dagma, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y Emsirva, realizó una visita de seguimiento al antiguo vertedero de Navarro. Durante el recorrido se verificó el adecuado funcionamiento de los sistemas de manejo y tratamiento de lixiviados y que, de acuerdo con las condiciones observadas, el sitio no sería el origen de los olores ofensivos reportados en Cali.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, realizó una visita periódica de control y seguimiento al antiguo vertedero de Navarro, en el marco de las actividades que desarrolla como autoridad ambiental para verificar el cumplimiento del plan de cierre y clausura y las condiciones de seguridad ambiental del lugar.

 El recorrido se llevó a cabo conjuntamente con el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – Dagma; la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y Emsirva, entidades que participaron en la verificación de las condiciones actuales de la celda número 7, la última que la que se depositaron residuos antes de su cierre, y de los sistemas asociados al manejo de lixiviados.

“Durante la visita se constató que los niveles de lixiviados se encuentran en condiciones normales, las piscinas de almacenamiento están en buen estado y la Planta de Tratamiento de Lixiviados opera a una tasa superior a la producción actual de estos líquidos. Estas condiciones, sumadas a la disminución progresiva de la carga orgánica de los lixiviados y de la producción de gases que se presenta con el paso del tiempo, permiten establecer que el antiguo vertedero no presenta actualmente indicadores que lo relacionen como fuente de los olores ofensivos reportados en la ciudad”, explicó Miguel Ángel Sánchez, ingeniero sanitario y ambiental y coordinador de la Unidad de Gestión de Cuencas Lili-Meléndez-Cañaveralejo-Cali de la CVC.

El funcionario recordó que el antiguo vertedero de Navarro se encuentra clausurado desde 2008 y que, desde entonces, se viene ejecutando el correspondiente plan de cierre y clausura. “En la medida en que pasa el tiempo, el lixiviado es menos contaminante y tiene una menor carga orgánica. En el tema de gases, también hay una menor producción con el paso del tiempo”, señaló.

Durante el recorrido también se observó presencia de fauna en el área, el manejo de aguas lluvias y revegetalización de los vasos y se verificó el adecuado funcionamiento de los sistemas de manejo y tratamiento. La Planta de Tratamiento de Lixiviados tiene actualmente una capacidad de tratamiento superior a la producción de estos líquidos, lo que permite mantener controlados los niveles de almacenamiento.

“La visita hace parte de las actividades periódicas de control y seguimiento que adelanta la CVC al plan de cierre y clausura del antiguo vertedero de Navarro. Inspeccionamos y verificamos el estado de las piscinas de almacenamiento de lixiviados, que encontramos en buen estado”, destacó Diana Palta, líder de la Planta de Lixiviados de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – Uaesp de Cali.

Por su parte, Diana Hincapié, del grupo de Gestión de la Calidad del Aire del Dagma dijo que las lagunas de almacenamiento se encuentran en niveles bajos y que no ha sido necesario realizar transferencias hacia ellas, por lo que, de acuerdo con las condiciones verificadas, el olor muy probablemente no provenga de esta zona.

Con vigilancia digital controlan plaga que arriesga exportaciones florales

 Además de ser reconocida por afectar cultivos de tomate y espárrago, la negrita o caracha (Prodiplosis longifila) también causa pérdidas de hasta el 100 % en follajes ornamentales empleados en fincas de Cundinamarca para arreglos florales y jardinería, convirtiéndose en un riesgo para la floricultura de exportación. Ante la situación, el uso de herramientas digitales ha permitido acercar a los agricultores a los datos y fortalecer la vigilancia fitosanitaria en el centro del país.

Colombia, el segundo país exportador mundial de flores cortadas, afronta una nueva amenaza: la negrita, una mosca de apenas 3 mm de longitud, que aunque se registró en el país en década de 1980, ahora enciende las alarmas del sector floricultor en el centro del país, debido a su reciente surgimiento y grave afectación en plantas de follaje como el rusco (Ruscus aculeatus) y otras del género Cocculus, que apenas comienza a documentarse.

Uno de los hospederos reportados para esta especie es el clavel (Tagetes sp.), lo que indica un potencial riesgo de expansión hacia otras especies de flores de corte, amenazando aún más su producción. Al ser considerada como plaga cuarentenaria en varios países, podría generar restricciones comerciales si se comprueba su presencia en flores destinadas a la exportación.

En municipios como Cachipay, Anolaima, Zipacón y La Mesa, reconocidos por su producción de follajes ornamentales, los productores han reportado pérdidas totales en sus cosechas. La plaga, difícil de detectar por su actividad nocturna y el camuflaje de sus larvas, obliga a muchos agricultores sin asesoría técnica a aplicar pesticidas hasta 3 veces por semana, lo que eleva los costos y puede generar resistencia a los productos, complicando aún más su control.

Así lo evidencia un estudio pionero liderado por el profesor Joaquín Guillermo Ramírez Gil en el Laboratorio de Agrocomputación y Análisis Epidemiológico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNAL Sede Bogotá. La investigación combinó epidemiología digital, ciencia ciudadana, inteligencia artificial, análisis de datos y saberes campesinos para detectar, monitorear y mitigar el avance de esta mosquita, como complemento a la vigilancia fitosanitaria tradicional.

Epidemiología digital en plantas

Los resultados del estudio son preocupantes: más del 50 % de los agricultores reportaron pérdidas entre el 20 y 40 % de su producción debido a la plaga, y en algunos casos extremos la afectación llegó al 100 %. En cuanto a la vigilancia digital, el análisis estadístico mostró una correlación positiva entre los picos de búsqueda en Google y los casos confirmados por el ICA. Esta plataforma resultó ser la más confiable, seguida de YouTube y X.

La metodología empleada por la ingeniera agrónoma Laura Alejandra Valbuena Gaona, magíster en Ciencias Agrarias de la UNAL, se basó en el análisis de tendencias mediante un estudio bibliométrico de artículos científicos extraídos de las bases de datos Scopus, PubMed y Google Scholar. El objetivo fue establecer el estado del arte sobre Prodiplosis, con un total de 957 documentos analizados.

El primer registro encontrado se remonta a 1812. A partir de 1987 se evidenció un crecimiento sostenido en las publicaciones, con un pico en 2019, año en el que se reportaron 82 artículos centrados en temas como identificación, distribución, daños, calidad, rendimiento, manejo y genética.

También analizó las dinámicas en redes sociales como X (antes Twitter) y YouTube, además de los datos disponibles en la web mediante la plataforma Google Trends, observando picos de interés desde 2016 que sugieren que en ese periodo la plaga empezó a convertirse en un problema en países andinos como Perú, Ecuador y Colombia. “En el caso colombiano, los mayores niveles de búsqueda se ubicaron en Cauca, Nariño, Cundinamarca y el Eje Cafetero”, informa la investigadora Valbuena.

Para recopilar las percepciones y levantar información sobre las prácticas de manejo relacionadas con Prodiplosis en los sistemas de cultivo de más de 20 productores de follajes en Cachipay, la magister utilizó encuestas en chats grupales de WhatsApp, con 53 preguntas estructuradas, que arrojaron vacíos en el conocimiento de la biología, la ecología y las estrategias de manejo de la plaga, especialmente en follajes. “A pesar de las limitaciones de conectividad, los agricultores tienen acceso a celulares y se comunican por redes sociales”, comentó.

Para facilitar la recolección de datos, la investigadora trabajó con la finca Economía Agrícola-Agropecuaria Villapard, con el acompañamiento de los agricultores Héctor Julio Villamil y Luz Mary Pardo, así como con otras fincas de Cachipay. Como parte del proceso, desarrolló dos herramientas interactivas: una aplicación móvil llamada Pro-Diplosis, para el registro en campo, y una plataforma web conocida como Portal Agrointeractivo, que permite visualizar mapas, modelos predictivos y recomendaciones de manejo.

Los resultados sobre el uso e impacto de los productos aplicados contra Prodiplosis indican que, según los agricultores, el control químico resultaba más efectivo cuando se aplicaba después de las 6 p. m., entre 2 y 3 veces por semana. Esto coincide con el horario de mayor actividad sexual de las moscas adultas.

CALI TIENE EL PRIMER HELIPUNTO DEL PAÍS PARA CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES

Cali cuenta desde este viernes 18 de julio con el único helipunto del país diseñado para el control de incendios forestales con asistencia de los helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana. Está ubicado en un sitio estratégico para las labores del Cuerpo de Bomberos de Cali.

“El año pasado se presentaron 390 incendios que afectaron 420 hectáreas solamente en Cali, donde se presentó un 25 % de los incendios que hubo en el Valle, por eso nos pusimos de acuerdo con nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cali y  nuestra Fuerza Aérea para construir este helipunto en un sitio estratégico donde los pilotos puedan recargar agua con el bambi bucket en un reservorio y ayudar a combatir los incendios forestales que nos afectan los cerros en temporadas de verano como la que se avecina”, dice Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CVC.

 En este helipunto los helicópteros podrán aterrizar en una plataforma de 900 metros cuadrados perfectamente demarcada con la normativa exigida por la Fuerza Aérea Colombiana y cuenta con una manga veleta que permitirá a los pilotos calcular la intensidad y dirección del viento. Además, cuenta con un reservorio con capacidad de 160 metros cúbicos de agua que permite recargar en vuelo el bambi bucket. El helipunto se construyó en el predio Loyola perteneciente a los bomberos, ubicado en el corregimiento La Castilla de Cali.

 “Hasta ahora, los helicópteros recargaban el bambi bucket en la parte alta de Chipichape o en este mismo predio de los bomberos, pero para ello se usaban unas piscinas portátiles que se debían llevar hasta estos sitios y llenarlas con carrotanques que se abastecen del hidrante más cercano, todo el proceso tardaba unas tres horas”, añadió el Director General de la CVC. 

“Con el helipunto y el reservorio todo será más sencillo, además porque las piscinas portátiles tienen una boca pequeña y los pilotos debían maniobrar mucho, el reservorio, en cambio, tiene 9 metros de lado, suficiente para la entrada del bambi bucket. Además, cada carga del bambi bucket es de 2,5 metros cúbicos y el reservorio, con 160 metros cúbicos de capacidad, permitirá varias recargas”, explica José David Saldarriaga, ingeniero civil de la CVC y además bombero voluntario del Cuerpo de Bomberos de Cali.

Desde mayo pasado se han hecho pruebas con vuelos, aterrizajes y recargas de agua con total éxito.

La CVC entregó además una dotación por valor de 1.500 millones de pesos a los bomberos de Cali, en la que se incluyen 698 unidades de elementos de protección personal y herramientas como palas, palines, motosierras, guadañas dos bombas de alta capacidad y una cámara optrónica para la detección de incendios forestales, con esta ya se completan 9 en puntos estratégicos de los cerros tutelares de Cali.

 “No solamente se hizo la adecuación del espacio, sino que también se creó un taller para la atención de incendios forestales con la Fuerza Aérea, una capacitación para las brigadas de bomberos forestales donde se incentivó la comunicación con los pilotos en temas de señales, de manejo de la información, de lenguaje para que se entendiera tanto el piloto como el personal que está en tierra para controlar el incendio forestal”, dice Suárez Gutiérrez.

 "Es histórico no solo para Cali sino para Colombia somos los primeros en tener esta infraestructura para salvar vidas tanto humanas como las vidas silvestres", destacó María Alexandra Pacheco Muñoz, secretaria de Gestión del Riesgo de Cali.

"Todo esto lo tenemos gracias a la financiación que realizó la CVC, la institución puso el lote pero la CVC puso todo el presupuesto para financiar la helibase y la donación de estos equipos esenciales para la extinción de incendios forestales. Son equipos de alta tecnología y equipos muy finos precisamente ahora que se viene la época de incendios forestales", dijo Capitán Francisco Javier Díaz comandante del Cuerpo de Bomberos de Cali.

"Quiero agradecer a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cali por confiar en las capacidades técnicas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para obtener este objetivo estratégico porque en eso se convierte, para la extinción de incendios en los Farallones de Cali y el área metropolitana", dijo el coronel Germán Augusto Varela comandante del comando aéreo de combate 7 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Falta de control agrava el deterioro del páramo de Sumapaz

 La falta de control sobre la expansión agrícola y la ausencia de una planificación ambiental efectiva están poniendo en riesgo el páramo de Sumapaz, el más grande del mundo. Aunque la Provincia Administrativa y de Planificación del Sumapaz (PAP-Sumapaz) se creó para coordinar su protección, la desarticulación entre entidades dificulta su impacto, mientras los cultivos y el turismo sin regulación siguen degradando este ecosistema esencial para el agua en Colombia.

El páramo de Sumapaz cubre más de 300.000 hectáreas y es vital para la regulación hídrica, ya que abastece a millones de personas en Bogotá y otras regiones del país, pero su frágil equilibrio está en riesgo.

“El páramo representa la vida de todos”, le dijo un habitante de la vereda Santa Bárbara –quien ha dedicado su vida a la agricultura– a la abogada María Fernanda Pirabán Cañón, candidata a magíster en Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien adelantó este estudio.

Históricamente el territorio ha estado ligado a movimientos de colonización campesina y luchas agrarias por el acceso a la tierra. Sin embargo, la expansión de la frontera agrícola ha afectado gravemente la conservación del páramo, debido especialmente a actividades agropecuarias y asentamientos rurales. La Ley 1930 de 2018 prohíbe la agricultura y la minería en los páramos, pero la regulación ha sido insuficiente en municipios como Pasca, Arbeláez y Cabrera.

“Nosotros reforestamos y protegemos el recurso hídrico solos, sin ayuda de las instituciones porque no ayudan en nada ni se aparecen por aquí”, le manifestó también la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Salitre. Su testimonio refleja la frustración de las comunidades campesinas, que sienten el abandono institucional frente a los retos ambientales que afrontan.

Aunque la PAP-Sumapaz se creó en 2023 para coordinar la gestión ambiental en la región y debía ofrecer soluciones, la falta de articulación entre entidades ha limitado su impacto.

Descoordinación y conflictos por el uso del suelo

A partir de un enfoque cualitativo, la abogada Pirabán analizó las dinámicas del territorio más allá de los datos estadísticos, priorizando la percepción de los actores involucrados. A través de entrevistas a habitantes del páramo, líderes comunales y funcionarios públicos, documentó cómo la falta de diálogo y coordinación entre entidades ha debilitado la gestión del ecosistema.

También revisó documentos oficiales como los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios afectados, el Plan de Manejo Ambiental del Parque Nacional Natural Sumapaz y registros cartográficos sobre los cambios en el uso del suelo.

El estudio encontró que la falta de coordinación entre entidades ambientales y municipales es uno de los mayores obstáculos para conservar el páramo. Existen superposiciones de competencias entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente), las Corporaciones .

Además, la delimitación del páramo ha sido un proceso problemático. La Resolución 1437 de 2017 de Minambiente estableció límites sin la participación de las comunidades. Frente a esto, la Coordinadora Campesina de Sumapaz-Cruz Verde presentó una acción de tutela exigiendo la protección de sus derechos al mínimo vital, igualdad y participación ambiental. En 2019, un juzgado dejó sin efectos la delimitación y ordenó un nuevo proceso participativo que incluya a las comunidades de los municipios con cobertura de páramo.

“No existe una definición común y precisa de la extensión del páramo; en algunos casos su ubicación se asocia con la altitud, pero no hay una única referencia de altura, y en otros casos se define con base en veredas específicas, lo que genera confusión en la aplicación de las normativas y en la protección efectiva del ecosistema”, detalla.

Además, el turismo sin regulación ha sumado otro problema: en lugares como las lagunas de Colorados, Larga y Negra, el aumento de visitantes ha generado contaminación y daño en la biodiversidad. “Aquí vienen turistas, pero no hay control. No hay quién cuide el páramo y cada vez hay más gente entrando”, advirtió un campesino entrevistado en la vereda Santa Bárbara.

Urge una estrategia integral

La abogada enfatiza en que la Ley de Páramos es un gran avance, ya que establece una perspectiva integral para la gestión del ecosistema. Aún así, destaca la importancia de fortalecer los escenarios de participación y concertación con las comunidades, dado su arraigo histórico y social en la región.

“Las comunidades han experimentado conflictos por el acceso a la tierra y tienen una percepción negativa de las entidades públicas, en especial de las autoridades ambientales, que imponen restricciones pero no ofrecen alternativas viables”, sostiene.

En ese sentido, recomienda que la gestión del páramo no se limite a la delimitación del territorio y la formulación del Plan de Manejo Ambiental, sino que las comunidades se incluiyan como aliadas en el control y monitoreo permanentes. “Ellos son habitantes perennes de la zona, lo que los convierte en actores estratégicos para la protección del ecosistema”, agrega.

Otra importante medida es fortalecer los pagos por servicios ambientales, un incentivo económico para fomentar prácticas de restauración y conservación. Asimismo se requiere realizar el censo de habitantes del páramo, una obligación del DANE según la Ley de Páramos. “Este censo es crucial para diseñar estrategias de reconversión productiva y garantizarles alternativas de sustento a las familias que dependen del páramo”, puntualiza.

Por último, la investigadora Pirabán sugiere que en la revisión de los POT de los municipios con área de páramo se regulen los usos del suelo en las zonas colindantes. “Esto permitiría establecer una zona de amortiguación para prevenir la expansión de actividades que amenacen la conservación del ecosistema”, concluye.