Con participación de la UNAL, el Valle del Cauca adopta el primer Plan Agroecológico del país

 Más de 7.000 productores agro-ecológicos del departamento se beneficiarán con la implementación del Plan Agro-ecológico construido colectivamente y adoptado por el Valle del Cauca para el periodo 2024-2035, proceso acompañado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira.

El nuevo Plan Agro-ecológico del Valle del Cauca, adoptado por la Ordenanza 656 del 11 de junio, contempla una inversión cercana a los 95.000 millones de pesos para transformar en los siguientes 11 años la agricultura departamental y beneficiar mediante su implementación a más de 7.473 personas agrupadas en 233 asociaciones agro-ecológicas.

La agro-ecología toma cada vez más interés en el mundo porque promueve la conexión de conocimientos científicos y tradicionales para desarrollar sistemas agrícolas sustentables. Por eso en el Plan también se propone promover la autosuficiencia alimentaria, posibilitar el acceso a la tierra con dignidad y asegurar la conservación de la biodiversidad y la inclusión de la agro-ecología en la producción rural.

Desde sus inicios esta iniciativa ha estado respaldada por la experiencia y acción de más de 20 años del Grupo de Investigación y del Centro de Pensamiento en Agro-ecología de la UNAL Sede Palmira, los cuales, a través de seminarios y encuentros con agricultores, han facilitado la apertura institucional hacia la investigación y el trabajo comunitario en los territorios. Así la Institución busca articularse al Plan mediante la participación activa en el grupo “Alianzas por la Agro-ecología”.

“Esta coalición buscará impulsar la agro-ecología en todos sus componentes: tecnológico, económico, social, político y ambiental, con la articulación de la Gobernación, organizaciones campesinas agro-ecológicas, el Instituto Mayor Campesino (Inca), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la UNAL”, informa la profesora Marina Sánchez de Prager, coordinadora del Centro de Pensamiento y del Grupo de Investigación en Agro-ecología, el cual avanza en la formulación de proyectos para contribuir al bienestar de las comunidades.

“A partir de esta ordenanza la UNAL debe proyectarse más allá de sus paredes y seguir trabajando de manera integral con la comunidad, pues la agro-ecología es una herramienta poderosa para mitigar el cambio climático, bajar los costos de producción y promover la justicia social, fundamental para la sostenibilidad y la paz en los territorios”, enfatiza la coordinadora.

Con la adopción del Plan Agroecológico, el Valle del Cauca se convierte en el primer departamento de Colombia en asumir con acciones reales los pilares de la política nacional para el campo, la cual plantea: convertir el país en potencia agroalimentaria para promover la soberanía y seguridad alimentaria desde lo local; frenar la crisis del hambre; garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada; sustituir las importaciones de alimentos y de insumos con base en la  petroquímica, y además estimular la producción rural con miras a fortalecer la agricultura campesina, familiar, comunitaria y popular.

Plan de Agro-ecología, un trabajo colectivo

En entrevista con la Agencia UNAL, el ingeniero agrónomo Fernando de Jesús Álvarez Ramírez, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca y coordinador de la construcción colectiva del Plan, destacó que “la iniciativa se hizo con enfoque territorial y de género, lo que permitió una participación amplia de los municipios en las 4 subregiones del departamento: norte, centro, Pacífico y sur”.

“Para los agricultores que adopten prácticas agro-ecológicas el Plan incluirá incentivos, como subsidios para la compra de insumos orgánicos y apoyo técnico continuo. Estamos comprometidos a garantizar que los agricultores tengan acceso a los recursos necesarios para implementar estas prácticas y mejorar la rentabilidad y calidad de vida de las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes”.

El Plan Agroecológico del Valle del Cauca prevé la implementación de 50 mercados agro-ecológicos, 20 casas de semillas, 500 escuelas campesinas de agroecología, y 8 casas museo para la memoria biocultural. Además, la construcción de redes subregionales de consumidores agro-ecológicos y la creación de 84 proyectos para la producción de energías alternativas y 178 biofábricas, con el apoyo de la UNAL y otras instituciones académicas y de investigación de la región.

La estrategia se estructuró en 4 dimensiones: (i) ecológica técnico-productiva para el manejo y la conservación de la agro-biodiversidad, (ii) histórico-cultural y espiritual para recuperar la memoria cultural y los saberes ancestrales, (iii) las económicas diversas y alternativas como la del cuidado, popular y solidaria, y (iv) organizativo-política e institucional, que fortalecerá el movimiento agro-ecológico y la integración de la agro-ecología con las instituciones de la región.

Dada la importancia del Plan, la agenda previa de la COP16 en la UNAL Sede Palmira inició con el conversatorio “Agroecología y futuro local, regional, territorial y planetario: una mirada desde el Valle del Cauca y el PLAVEV”, en el que se socializó parte de la iniciativa. Revívelo aquí.

Participación comunitaria aumentaría seguridad alimentaria

 Incluir a las comunidades en la discusión y construcción de las políticas públicas de seguridad alimentaria en los distintos territorios del país es clave para que se orienten los programas y metas en esta dirección.

Así lo plantea Alejandra Álvarez, nutricionista dietista con grado de honor de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), en su investigación sobre economía feminista, pos-neoliberalismo y seguridad alimentaria, que forma parte de la lista de tesis meritorias del Bicentenario, publicada en forma de libro por la Editorial UNAL.

“Este libro resulta de dos intereses fundamentales: los procesos de lo alimentario y las diferentes formas de entenderlo desde lo institucional, desde enfoques comunitarios y sociales como el concepto de soberanía alimentaria; y segundo, los procesos de participación ciudadana en la construcción de políticas públicas”, puntualiza.

Desde 2008 Colombia cuenta con una política pública de seguridad alimentaria y nutricional que se espera afianzar en los territorios adaptándola a los planes territoriales de cada municipio, en los que se debe hacer inclusión efectiva de la ciudadanía.

La nutricionista Álvarez cuenta que “empezamos a indagar si eso pasa efectivamente y encontramos que el caso del Plan Decenal 2010-2019 de Nariño es emblemático, pues ese departamento, además de contar con un plan, involucra un enfoque innovador en el país de la soberanía alimentaria”.

La investigación advierte que en el documento técnico de Nariño se estableció un proceso participativo y se evaluó la situación a través del estudio de caso, entrevistas y revisión de documentos que permitieran reconstruir el proceso de formulación de la política. Por ello, una de las conclusiones del estudio es que es necesario sistematizar este tipo de ejercicios para hacer un mejor análisis.

El estudio identificó que efectivamente el proceso de la política se dio en el marco de la participación y que además involucró un gran espectro de actores desde los territorios.

Otra de las conclusiones es que, si bien hubo un proceso de participación mediado por la institucionalidad y no en todos los momentos los actores comunitarios pudieron tener incidencia, si se dio una construcción social. “Esto es importante porque gran parte de lo que se puede encontrar en el libro es un viaje por el concepto de participación, y una gran conclusión es pensar que aunque puede tener algunos apellidos, los procesos alimentarios son una de las mejores formas para hablar de participación comunitaria”, subraya la investigadora Álvarez.

Recomendaciones para la política pública

El trabajo, que surge del Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico Sociales Gerardo Molina de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNAL, recalca que el proceso de participación es constante, de esfuerzo, es un reto político, pero que cada vez más se han abierto puertas desde ejercicios de organización, resistencia y legitimación de las comunidades en el país.

Otro punto que indica la nutricionista Álvarez, quien pertenece al Grupo de Investigación de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria de la UNAL, es que el ejemplo de Nariño muestra que, aunque es de largo aliento, es realizable, que la puerta a la participación está abierta y se pueden construir procesos más cercanos a los territorios, involucrar nuevas formas de entender procesos como la alimentación y nuevas formas de política pública.

Por último, la investigadora recalca que para la participación es necesaria una tríada entre territorio, reconocimiento de sujetos y la construcción de representación. “Estos procesos se deben dar desde el reconocimiento de un territorio que da espacio a una comunidad y a la construcción de una identidad y que, unido a los sujetos que habitan el territorio y empiezan a construir el discurso, llega la construcción de la representatividad positiva, legítima, que permita ejercicios de participación cada vez más cercanos”.