Entre 2016 y 2020 se registraron más de 105.000 intervenciones en el arbolado urbano de Bogotá. Aunque cada árbol talado debería compensarse con 8 nuevos, en la práctica las siembras no restituyen los beneficios ambientales perdidos. La verificación en campo mostró que muchos ejemplares reportados nunca existieron en los sitios señalados, y además que las reposiciones suelen hacerse lejos de los barrios más afectados, dejando a las comunidades sin sombra, regulación térmica y aire limpio.
El Manual de silvicultura urbana para Bogotá,presentado
por la Secretaría de Ambiente de Bogotá, establece que toda intervención en el
arbolado debe garantizar la continuidad de las relaciones ecosistémicas, pero
la ciudad mantiene un déficit eviden
te frente a este principio.
La verificación en campo desarrollada por Laurenst Rojas
Velandia, magíster en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia
(UNAL), estableció que los árboles retirados en localidades densamente pobladas
como Kennedy, Suba y Engativá fueron compensados con nuevas siembras en zonas
periféricas como Usme y Sumapaz.
“Tales redistribuciones no garantizan la recuperación de
beneficios ambientales en los barrios más afectados, donde la sombra, la
regulación térmica y la calidad del aire son necesidades inmediatas”.
“El problema no es que se siembren árboles, sino que se siembran lejos de donde se talaron; así, la comunidad que perdió el beneficio ambiental nunca lo recupera. Un árbol en Usme no compensa la sombra que se perdió en Kennedy ni regula la temperatura en Suba o Engativá”, señala el investigador.
El sistema de compensación en la ciudad funciona a través de
permisos de intervención autorizados por la Secretaría Distrital de Ambiente a
entidades públicas, constructoras o particulares que requieren talar o
trasladar árboles para obras y proyectos. Estas intervenciones se deben
compensar con la siembra de nuevos ejemplares. Siendo así, la administración
distrital advierte que por cada árbol talado se deben sembrar 8 nuevos.
Según la Organización Mundial de la Salud en el mundo
debería existir al menos un árbol por cada tres habitantes, pero las cifras
distritales muestran que en Bogotá la relación es de 0,17 árboles por cada
habitante. La ciudad afronta un déficit de al menos 1.243.761 árboles para
cumplir con la norma ambiental, y aunque la ciudad cuenta con 1.434.455
árboles, su población de más de 8 millones requiere cerca de 2,6 millones para
alcanzar el equilibrio ecológico mínimo.
Inconsistencias que ponen en duda la transparencia
ambiental
“Más que contar cuántos árboles se plantaron, los recorridos
muestran que la información oficial tiene vacíos y no permite dimensionar
claramente la efectividad de la compensación. Sin datos confiables, la
ciudadanía no logra medir la magnitud de la pérdida ni exigir correctivos a las
autoridades”, subraya el magíster.
El problema radica no solo en las cifras sino en la forma
como se ejecuta la compensación, lo cual lleva a que el modelo, lejos de
equilibrar el ecosistema urbano, se limite a cumplir un requisito
administrativo de reposición numérica que no conserva las relaciones ecológicas
propias de cada territorio.
“La política de transparencia debe garantizar que la
información sea asequible y entendible para cualquier ciudadano. Sin datos
claros, la participación ciudadana se reduce y la rendición de cuentas pierde
eficacia”, afirma.
Dos visiones enfrentadas sobre el valor del árbol
La conceptualización del árbol en la política pública
resultó ser otro elemento central del estudio. Según el magíster, existen dos
visiones predominantes de este recurso ambiental: una “ecocapitalista”, que
concibe el árbol como un bien que se valora por los beneficios económicos que
produce, y una visión “ecológica”, que lo entiende como parte de un entramado
vital con suelos, agua, fauna y clima.
Según la jurisprudencia y los tratados internacionales
revisados, la perspectiva adoptada en Colombia se acerca a la segunda; sin
embargo en dicho modelo persisten las fracturas. Un ejemplo ilustrativo es la
emblemática avenida 68, donde la ejecución de obras demandó la tala de cientos
de árboles. Aunque se realizaron compensaciones en otras áreas, el impacto
ambiental y social en los barrios afectados fue inmediato.
Casos como este muestran que la política actual no responde
a las necesidades del entorno inmediato ni a las exigencias del Manual
de silvicultura, que orienta la gestión del arbolado en la ciudad.
Ciudadanía y control social sobre la política ambiental
La investigación también destaca el papel de la ciudadanía en la evaluación de las políticas ambientales, planteando que el estudio no se reduce al voto, sino que implica exigir información, verificar resultados y cuestionar las decisiones de la administración. En ese sentido, la metodología propuesta le permite a cualquier persona ejercer control social sobre la gestión ambiental.
Entre las recomendaciones se encuentran: articular la
planeación urbana con los planes de siembra y capacitar a los funcionarios para
facilitar el acceso ciudadano a los datos.
El magíster Rojas insiste en que el desafío para Bogotá es
replantear el modelo de compensación y avanzar hacia una gestión ambiental que
cumpla estándares internacionales, fortalezca la transparencia y promueva un
verdadero control ciudadano.
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