Para contrarrestar los conflictos socioambientales del río Magdalena, en cuya cuenca habita el 77 % de la población colombiana y se produce el 85 % del producto interno bruto (PIB) nacional, sería necesario brindarle protección al afluente y los ecosistemas que lo componen, además de reconocer su importancia como principal vía fluvial del país.
Una de las problemáticas del río Magdalena identificadas por
el ingeniero civil Gonzalo Duque Escobar –con posgrados en Economía, Geofísica
y Mecánica de Suelos y docente de la UNAL– es la carga de 150 millones anuales
de toneladas de sedimentos que se vierten al Caribe, como expresión de la
deforestación del 80 % de la región Andina, y las crecientes periódicas
que inundan decenas de miles de hectáreas en su cuenca baja como consecuencia
de la pérdida de la función reguladora de la depresión Momposina, en donde se
han desarticulado complejos de cientos de ciénagas, cerrando sus caños.
Según el investigador, a esta situación se suma la pérdida
del 90 % de la pesca y el blanqueamiento del 80 % de los corales
entre Cartagena y Santa Marta, así como la consecuencia de la deforestación en
algunas de sus cuencas.
“Este río de 1.613 km, con 990 km navegables desde
su desembocadura en el mar Caribe hasta el Salto de Honda, y 400 km más
desde allí hasta el departamento del Huila, tiene comprometida su cuenca –de
unos 250.000 km2–, puesto que es un escenario deforestado que
explica por qué en la desembocadura, siendo el caudal promedio de 7.200 m3/segundo,
se presentan variaciones desde 10.287 m3/s en invierno hasta
4.068 m3/s en verano.
“Lo anterior explica por qué amparar los derechos
ambientales a la Luz del artículo 331 de la Constitución Política de Colombia
–que crea Cormagdalena– y de la Ley 161 de 1994 –que la organiza– es darles
primacía a sus 30.000 pescadores y a 15.000 más de sus afluentes en el Cauca, a
los humedales y bosques secos que lo circundan, no solo para ponerle límites a
las intervenciones que buscan establecer un canal navegable para que no alteren
su vaguada (ascenso de masas de aire cálido y húmedo) ni los frágiles humedales
como ecosistemas vitales de este territorio”, enfatiza.
Por otro lado, en 1991 la Constitución Política, mediante el
artículo 331, crea la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la
Magdalena, (Cormagdalena) encomendándole la recuperación de la navegación y la
protección del medioambiente y de los recursos naturales renovables de la
principal arteria fluvial del país. “Pero pese a haberle encomendado la
recuperación integral del río, al adscribírsele el organismo con la misión al
Ministerio de Transporte, se ha ocupado principalmente de la navegación, dejando
de lado a los pescadores y los ecosistemas”, manifiesta el investigador Duque.
Deterioro ambiental va más allá de la deforestación y
pérdida de complejos de humedales; además de resolver la contaminación por
aguas vertidas y no tratadas, donde a las actividades agroindustriales con su
huella hídrica se suman los vertimientos industriales y urbanos”, precisa.
Propuesta
Para el ingeniero civil, una posible solución sería una
declaratoria que priorice al río Magdalena partiendo del concepto del
territorio como sujeto de derechos. “Si su cuenca es el hábitat en donde se dan
las relaciones con el medio andino tropical y también el río hoy –víctima del
olvido– y se encuentra degradado y contaminado, urge emprender una recuperación
que tenga como fin una política pública orientada a socializar los beneficios
de la economía modal”.
“Además, para recuperar íntegramente el río, sostiene que se
necesita una declaratoria que lo haga sujeto de derechos bioculturales y de
reconocer su valor excepcional como patrimonio cultural y natural de la
humanidad, como lo propone la Cátedra Unesco”, puntualiza el investigador.
Recorrido del río
La cuenca del río Magdalena ocupa el 24 % del
territorio colombiano. En ella están 11 departamentos: Magdalena, Atlántico,
Bolívar, Cesar, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Tolima y
Huila.
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