Después de dos años de diálogos en el marco de la Consulta Previa ordenada en la Sentencia T-333 de 2022 de la Corte Constitucional para proteger los derechos de los raizales tras el inconcluso proceso de reconstrucción de la Isla, este mes se firmaron y protocolizaron cerca de 400 compromisos adquiridos por el Gobierno nacional y las administraciones locales para compensar los daños sufridos por la comunidad de Providencia.
La reconstrucción no cumplió con acuerdos básicos, por lo
cual muchas viviendas se entregaron incompletas e inadecuadas para albergar
personas, hecho que profundizó la crisis económica en muchas familias. Aunque
se entregaron insumos, estos esfuerzos no lograron compensar completamente los
daños sufridos.
En noviembre de 2020 el huracán Iota –de categoría 5– pasó
por el archipiélago de San Andrés dejando gravemente afectada la isla de
Providencia. Un análisis de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede
Caribe evidenció que la desconexión entre la institucionalidad y la comunidad
ha impedido una adecuada recuperación.
En 2023 se adelantó el estudio “Efectos del huracán Iota en
Providencia y Santa Catalina: análisis de las pérdidas económicas en
agricultura, pesca y turismo”, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la
gestión del riesgo a partir de la generación de conocimiento e innovación
social (CTeI)”.
Según la economista Julibeth Ortiz Roca, coordinadora del
estudio, el objetivo fue estimar y entender la magnitud de las pérdidas
económicas derivadas del impacto del huracán en la isla de Providencia, que
dejó una afectación en el 98 % del aparato productivo de la Isla.
En 2023 se adelantó el estudio “Efectos del huracán Iota en
Providencia y Santa Catalina: análisis de las pérdidas económicas en
agricultura, pesca y turismo”, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la
gestión del riesgo a partir de la generación de conocimiento e innovación
social (CTeI)”.
Según la economista Julibeth Ortiz Roca, coordinadora del
estudio, el objetivo fue estimar y entender la magnitud de las pérdidas
económicas derivadas del impacto del huracán en la isla de Providencia, que
dejó una afectación en el 98 % del aparato productivo de la Isla.
Para obtener información la investigadora realizó 20 entrevistas semiestructuradas y 2 talleres de acción participativa con la comunidad y funcionarios de entidades locales, metodologías usadas específicamente para evaluar daños y pérdidas con el fin de estimar la magnitud de los impactos en cada sector.
Una economía golpeada
En el sector turismo se registraron pérdidas por un valor
aproximado de 152.000 millones de pesos, debido tanto al impacto del huracán
–que afectó el 75 % de los establecimientos turísticos– como a las
restricciones por la pandemia de Covid-19 en los flujos de viajeros nacionales
e internacionales. “Aunque los vuelos a San Andrés se reanudaron el 3 de
septiembre de 2020, para el momento del paso del huracán aún no se habían
restablecido los vuelos comerciales hacia Providencia”, explica la investigadora.
Para la agricultura las afectaciones no fueron menos
adversas: daño del 100 % de la superficie de tierra con función agrícola,
limitada disponibilidad de agua y baja calidad de los suelos, lo que dificultó
el cultivo y la productividad; además se perdieron todas las semillas y
cultivos frutales.
El 45 % del área de la Isla se destina a la
agricultura, principalmente a cultivos de pan coger. El entorno boscoso y las
instalaciones de fincas se vieron afectadas, registrando pérdidas en productos
como batata, ahuyama, plátano, caña de azúcar, banano, boscó y piña, así como
la pudrición de raíces, tallos y plántulas por exceso de lluvias. Entre las
pérdidas de quienes se dedican a la venta de estos productos, se considera que
el 70 % resultaron afectados.
“En el escenario posdesastre, los productos agrícolas
recuperados y cultivados en Providencia fueron completamente relajados, no hubo
ventas; las dificultades económicas y logísticas y la falta de un mercado
funcional impidieron la comercialización de los productos. La inversión fue
limitada y hasta 2023 los recursos para el sector no se destacan”, comenta la
investigadora.
Acerca de la pesca, el eslabón más importante en la economía de muchas familias, el desordenado proceso de reconstrucción representó un desafío considerable; además se perdió gran parte de la flota pesquera y de los equipos esenciales.
Según los datos recogidos por la investigadora las pérdidas
en el sector pesquero por el Iota ascendieron a 21.951 millones de pesos. “Las
ventas acostumbradas solo se pudieron recuperar un año después del desastre
natural, ya que más del 80 % de las embarcaciones resultaron gravemente
afectadas, al punto de no poder usarlas por la magnitud del daño o la pérdida
de los motores”, agrega.
Según la investigadora, aunque se suministraron 151 lanchas
y equipos como cascos, estos carecían de los elementos para la navegación, por
lo que los pescadores tuvieron que incurrir en gastos adicionales y préstamos
para poner en funcionamiento sus equipos, los cuales ascienden aproximadamente
a $2.265 millones de pesos. Algunos pescadores no lograron recuperarse y
cambiaron su actividad económica.
Lecciones aprendidas
Aunque se reconocen avances importantes en gestión de
riesgos y en el conocimiento ancestral ante posibles eventos naturales, se
resalta la importancia de prever y tomar medidas, realizar mejoras
estructurales y colaborar permanentemente con la institucionalidad.
Además, se hace hincapié en la necesidad de formalizar los
negocios que operan en la Isla, pues aquellos que sí estaban debidamente
registrados pudieron acceder a más beneficios durante el proceso de
reconstrucción.
“El retorno a conocimientos ancestrales y la preparación
para el cambio climático son aspectos fundamentales para abordar la
vulnerabilidad de la Isla y avanzar hacia un desarrollo sostenible en
Providencia y Santa Catalina. Sin embargo la intervención gubernamental ha sido
limitada, se necesita de una gestión eficiente y atención específica para los
diferentes sectores a fin de garantizar su resiliencia”, anota la
investigadora.
Además, precisa que es necesario elaborar una política
pública que permita acelerar el cumplimiento de lo ordenado por la Corte
Constitucional, cuyo objetivo es garantizar los derechos de pueblo raizal de
Providencia luego del proceso de reconstrucción.
“Los errores cometidos en la atención al desastre y la reconstrucción se están tratando de remediar. La realización de la Consulta Previa es una garantía del derecho a la participación y se está llegando a acuerdos sobre vivienda digna y derecho a la salud, la educación y el reconocimiento de la propiedad ancestral, entre otros derechos fundamentales, y la recuperación de la economía”, concluye.
