Aunque algunos Gobiernos de la región siguen minimizando o negando la existencia de la crisis climática, los impactos ya se sienten con fuerza: desplazamientos forzados, conflictos por el agua y pérdida de territorios. Solo en 2022 se registraron 2,6 millones de desplazamientos internos en el continente americano, de los cuales el 80 % obedecieron a desastres naturales, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (UNHCR). En 2023 Brasil y Colombia encabezaron la lista de países con más desplazados climáticos.
Este escenario fue discutido durante el panel “Reformas
energéticas en América Latina: entre negacionismo climático y sostenibilidad”,
realizado en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional de Colombia (UNAL), en el marco de la X Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales (Clacso) 2025. Para los
expertos de Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela, la región debe
avanzar hacia una transición energética que ponga en el centro la justicia climática,
la soberanía energética y los derechos humanos.
Según alertaron, la crisis climática está siendo aprovechada
por intereses económicos para reconfigurar el modelo extractivista en nombre de
las energías limpias, sin consultarles a los pueblos ni reconocer los efectos
sociales y ambientales de proyectos como hidroeléctricas y parques solares o
eólicos. “Los países siguen atrapados en estructuras jurídicas y políticas que
favorecen intereses privados”, advirtieron.
Durante el evento denunciaron el impacto del negacionismo
climático en las comunidades más vulnerables, el cual debilita la respuesta
jurídica y política frente a la crisis global, y llamaron la atención de que
las principales víctimas sean especialmente mujeres, menores de edad, adultos
mayores y personas con discapacidad. No obstante, resaltaron las formas de
movilización política, jurídica y social en torno a la justicia ambiental y
climática que emergen en Suramérica.
Además, según afirmaron, “la hibridación de marcos jurídicos
a menudo favorece intereses privados, lo que profundiza las desigualdades y
desdibuja los límites entre lo público y lo privado”.
Según el profesor Javier Valencia Garza, de la Universidad
de Caldas, aunque la transición energética es una bandera del actual gobierno
colombiano, esta continúa privilegiando fuentes hidroeléctricas e ignora los
impactos socioambientales de las grandes y pequeñas represas, como los
trasvases -que consiste en trasladar agua de una cuenca a otra, por medio de
obras como canales y acueductos- y con ello el desplazamiento forzado de
comunidades.
“He acompañado durante 30 años a comunidades afectadas por
estos proyectos en sus luchas y resistencias. No es el cambio climático el que
desplaza a las personas, son los proyectos de desarrollo mal concebidos”,
afirmó. Del mismo modo, lamentó que las decisiones sobre la matriz energética
se tomen desde arriba, sin tener en cuenta a los territorios ni la voz de sus
poblaciones.
El profesor Valencia destacó que muchas de estas personas
enfrentan lo que se denomina “atrapamiento climático”, una situación donde
carecen del capital económico, social o legal necesario para migrar, viéndose
obligadas a permanecer en zonas de riesgo. Aunque destacó que la Corte
Constitucional haya reconocido el desplazamiento forzado interno por factores
ambientales, cuestionó el reconocimiento real hacia estas víctimas, quienes son
tratadas como “damnificados”, una etiqueta que evade el reconocimiento de sus
derechos como desplazados climáticos.
En el caso de Venezuela, Sonia Boueri Bassil,
co-coordinadora del GT de Pensamiento Jurídico Crítico y conflictos
sociopolíticos de Clacso, destacó que el conflicto político ha opacado una
disputa internacional por el control de sus recursos energéticos. “Todas las
empresas transnacionales están detrás del petróleo venezolano”, aseguró;
también denunció que más de 1.000 sanciones impuestas al país obstaculizan su
capacidad de producción y exportación petrolera.
Por Argentina, Ignacio Sabatella, de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), analizó el caso de Vaca Muerta,
megaproyecto de hidrocarburos no convencionales que, bajo la administración de
Javier Milei, ha desplazado toda posibilidad de planificación de una transición
sustentable. “Hoy no hay un plan claro para avanzar hacia otras fuentes”, dijo.
Por Brasil, Deborah Werner, de la Universidad Federal de Río
de Janeiro, señaló que a pesar de que el 88 % de la matriz eléctrica de su
país proviene de fuentes renovables, estas también han generado impactos. En
2023 proyectos solares causaron la deforestación de 4.500 hectáreas, y
comunidades indígenas denunciaron afectaciones como el “síndrome de la turbina
eólica”.
Por último, el profesor Arístides Gutiérrez Garza, de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes (México), se refirió a la tensión entre
nacionalismo energético y neoliberalismo: “el Estado ha cedido poder a las
transnacionales mediante tratados que privilegian el mercado sobre el bienestar
social”, indicó. También criticó la mercantilización del derecho público.
Constanza Estepa, moderadora del panel y representante del
Clacso, concluyó que América Latina debe pensarse como región estratégica para
la transición energética global, no solo por sus reservas de hidrocarburos,
sino además por minerales clave como el litio. “La transición energética es un
campo de disputa geopolítica y las ciencias sociales deben abordarla
críticamente”.
