Pese al enfoque ecológico de la Constitución Política de Colombia, y al importante número de normas que protegen el medioambiente en el país, no será posible salvar un refugio de pelícanos ubicado en una casa lote de la zona de Bello Horizonte (Santa Marta), en donde se construirá un edificio escalonado de 258 apartamentos. Una de las razones es que las regulaciones de las instituciones públicas involucradas no están integradas, no se complementan, muchas veces se contradicen, y la interpretación delegada a los jueces siempre llega tarde.
Además, 7 eucaliptos sembrados hace más de 30 años junto con
árboles frutales bordean parte del lote, que también alberga otras especies de
aves, iguanas, serpientes, zarigüeyas y ardillas.
Cuando el terreno se vendió para construir un edificio,
algunas personas que ven a diario la llegada de los pelícanos a su hábitat
reaccionaron pidiendo la protección preventiva de la fauna y la flora del lugar
ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente), y ante la
autoridad ambiental de la ciudad, confiando en que la intervención de las
autoridades mitigaría el riesgo medioambiental que representaba la
construcción, que contempla la tala total de la flora del lugar.
Un ejemplo de la desarticulación de las entidades es que
Minambiente declaró su incompetencia ante diha solicitud, argumentando que
aunque forma parte de la rama ejecutiva del poder público solo se encarga de
establecer políticas y lineamientos nacionales para la protección del ambiente,
y que a las autoridades locales les corresponde cumplir y velar por el
cumplimiento de dichas normas. Se entendió que es un Ministerio más legislador
que ejecutor.
De otra parte la autoridad local, que en este caso es el
Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA),
respondió adelantando una serie de visitas técnicas al lote y dio cuenta de la
variedad de fauna y flora existente en el lugar, representada en una cantidad
importante de especies autóctonas de la región.
Como era de esperarse, el proceso de venta y construcción
continuó y la Curaduría 2 de Santa Marta ya les anunció a los vecinos que ya
existía una solicitud de permiso de construcción. Así mismo, los constructores
o sus representantes le presentaron al DADSA una “solicitud de aprovechamiento
forestal”, lo que significa la autorización para talar 29 árboles del lote,
aparte de las 24 palmas de coco que son de tala libre, lo que significa una
pérdida de 53 árboles en total.
Aunque se desconoce el contenido de la solicitud, lo que sí
se tiene claro es que los eucaliptos, como especie foránea, pueden ser los más
afectados, y por ende los pelícanos. Las normas lo permiten, por lo que la
entidad ambiental no estaría incumpliendo sus funciones si concediera el
permiso, y la Curaduría 2 de Santa Marta tampoco estaría incumpliendo si
concede la licencia de construcción, pues es un ente privado que ejerce
funciones públicas, solo debe analizar requisitos estructurales y técnicos para
concederla. El medioambiente no forma parte del espectro de lo que se debe
considerar para conceder una licencia de construcción.
Desarticulación institucional
Ahora bien, el procedimiento es tan desarticulado normativa
y administrativamente, que deja la puerta abierta para que la construcción no
tenga ningún tipo de talanquera y para que todos los problemas se resuelvan
posteriormente, ya sea con el pago de sanciones o con la siembra de árboles en
diferentes sitios de la ciudad, que nadie controla, cuida, ni mantiene. Así se
van perdiendo los ecosistemas y correlativamente se videncia que el supuesto
liderazgo del país en temas ambientales, es de papel y como se dice
coloquialmente “un saludo a la bandera”.
En este caso, las normas permiten que el DADSA otorgue
permiso para la tala de árboles, sin que exista un mecanismo que privilegie el
traslado de animales antes de que su hábitat sea destruido. En este momento la
referencia ya no es a los pelícanos, que tristemente tendrán que partir hacia
el Aeropuerto como único sitio que les queda para refugiarse y donde
representarán un riesgo para la entrada y salida de aviones, sino también a las
iguanas, serpientes, ardillas, zarigüellas y demás especies que habitan el
bosque y que huirán a la carretera cuando los 29 árboles y los 24 cocoteros ya
no existan.
Además el DADSA carece no solo de personal permanente y
suficiente, sino de presupuesto para ejecutar las funciones que le ordena la
ley y las que le delega el Ministerio, y esa histórica discapacidad
institucional genera aún más riesgo para el medioambiente y más caminos
aprovechados y aprovechables para que los intereses privados primen sobre el
derecho fundamental a un ambiente sano, que es un derecho colectivo.
No habrá más remedio que despedirse de los pelícanos, de los
árboles del hermoso bosque y del resto de sus habitantes terrestres y aéreos,
para darle cabida a una piscina, un jacuzzi y cualquier otra
clase de amenidades que requieren los apartamentos en primera línea de playa.
Estas lindas aves se chocarán contra los grandes ventanales cuando se
equivoquen de rumbo y busquen sus árboles perdidos, y nada, ni los mecanismos
de la Constitución ecológica, como la tutela o la acción popular, los van a
salvar.
En esta zona existen dos relictos de manglar, denominados
Playa Dormida Norte y Playa Dormida Sur que están en procedimiento de
delimitación por parte del DADSA, que fueron ignorados por el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) al catalogar el predio “en tratamiento
urbanístico de consolidación” que presupone un sector en el que se puede
construir indiscriminadamente por cuanto cuenta con servicios.
Los habitantes del lugar saben que la calificación no es
adecuada por la falta de agua potable, por la inexistencia de redes de
alcantarillado y por la falta de estudios de carga poblacional que pueden
soportar los lugares, y en especial las playas. Pero nada de esto le compete a
la entidad que otorga la licencia, ni siquiera teniendo a la vista el desastre
socioecológico de El Rodadero.
Para finalizar, el hecho de no poder tratar un tema como
este de una forma integral interinstitucional, se hace extensivo a todo el país
y amerita por lo menos una denuncia colectiva, por cuanto los intereses
públicos están siendo amenazados con la “tabla de la ley en la mano” y en ese
estado del juego la partida la va ganando el círculo vicioso de la voracidad
privada y del ingreso de los municipios por impuestos prediales por impuestos
prediales, sin más consideraciones.
