Laboratorio de Suelos, Aguas y Foliares fortalece la formación, la investigación y la extensión en la Orinoquia

 Este espacio de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Orinoquia se consolida como un eje estratégico para el desarrollo sostenible de la región. Desde allí se integran la formación académica, la investigación aplicada y la extensión universitaria, con impacto directo en las comunidades y los sectores productivos.

Allí se realizan análisis fisicoquímicos y biológicos de suelos, aguas y tejidos foliares, esenciales para orientar decisiones en fincas, proyectos productivos, instituciones públicas y privadas, así como en iniciativas de conservación ambiental. Los resultados permiten mejorar la productividad agropecuaria, optimizar el uso de los recursos naturales y promover una gestión territorial basada en el conocimiento científico.

El equipo coordinador del Laboratorio menciona que más que un laboratorio de análisis, este es un lugar académico vivo en donde se integran la docencia, la investigación y la extensión universitaria, con impacto directo en la región Orinoquia.

Además de su función analítica, es un escenario pedagógico que fortalece los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Sede Orinoquia. Las prácticas realizadas permiten que los estudiantes desarrollen competencias científicas, éticas y analíticas, enfrentándose a problemas reales del territorio y proponiendo soluciones ajustadas a los retos ambientales y productivos de la región.

Articulación con el SENA para la formación técnica

En el marco de un convenio interinstitucional, el Laboratorio trabaja articuladamente con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). A través de esta alianza, los aprendices del programa de Monitoreo Ambiental realizan prácticas y demostraciones en las que participan en todas las etapas del proceso: desde la toma de muestras hasta la interpretación de resultados y su relación con la calidad del suelo y del agua.

“Durante la jornada realizada en el Laboratorio de Agua y Suelo, los aprendices tuvieron la oportunidad de reconocer los materiales, equipos e instrumentos utilizados en los procesos de laboratorio, así como de observar los procedimientos fisicoquímicos aplicados en muestras de agua y suelo. Esta experiencia les permitió comprender directamente cómo se desarrollan los análisis, reforzando así su capacidad para interpretar resultados, aplicar metodologías de muestreo y comprender la importancia del análisis técnico en la gestión ambiental, fortaleciendo además el vínculo entre la academia y la formación técnica y promoviendo el aprendizaje práctico y el desarrollo de competencias esenciales para el ejercicio profesional”, destaca Silvia Dayanna Cárdenas Ramírez, instructora del SENA.

Soporte para la investigación y la extensión universitaria

El Laboratorio también respalda proyectos de investigación desarrollados por docentes, estudiantes y grupos de trabajo de la Sede Orinoquia. Los análisis se convierten en insumos para publicaciones científicas, propuestas de innovación y recomendaciones de manejo que se comparten con comunidades rurales, asociaciones de productores y entidades territoriales.

En el componente de extensión, impulsa procesos de capacitación, asesoría técnica y demostraciones de métodos de análisis dirigidas a productores, técnicos, instituciones educativas y organizaciones comunitarias, acciones que promueven prácticas sostenibles, fortalecen capacidades locales y contribuyen a la gestión eficiente de los recursos naturales.

SE FORTALECE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA CON LA SIEMBRA DE 500 ÁRBOLES EN YUMBO

 EN LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA NACIONAL AGUACATAL (LA ELVIRA) Y CERRO DAPA CARISUCIO

Un total de 400 árboles de especies nativas fueron sembrados en la vereda El Diamante, corregimiento de Dapa, con el propósito de regenerar áreas impactadas por la ganadería y fortalecer a la cuenca del río Arroyohondo.

La jornada se desarrolló en el marco del proyecto de Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP), orientado a conservar, restaurar y mejorar la conectividad ecológica, la biodiversidad y los servicios ambientales del territorio. Participaron actores como el Batallón de Policía Militar No. 3 General Eusebio Borrero Costa, estudiantes de la Institución Educativa Rosa Zarate y la organización Dapaviva.

Siembra en Santa Inés

 En otra jornada, y con motivo del Día Mundial de la Protección de la Naturaleza (18 de octubre), se sembraron 100 árboles en el corregimiento de Santa Inés, también en el municipio de Yumbo. Esta actividad hizo parte de la Campaña por el Orgullo del río Yumbo, liderada por la CVC y que impulsa acciones de restauración y uso sostenible en dicho municipio, como parte de los Acuerdos Recíprocos por el Agua, firmados con propietarios de predios para la preservación de bosques y de nacimientos acuáticos. 

“Dentro de la campaña, se han firmado 13 acuerdos en la cuenca del río Yumbo, con una intervención total de 292,21 hectáreas: 259,2 hectáreas dedicadas a la conservación de ecosistemas abastecedores de agua y 32,23 hectáreas destinadas al uso sostenible, gracias al compromiso de los propietarios de la cuenca alta”, señaló Mónica Hernández, coordinadora de la campaña.

En esta siembra se utilizaron especies como gualanday, algarrobo y acacia mangium, entre otras, en el predio Escocia 2, donde además se adelanta un programa de turismo científico. Esta zona también se encuentra dentro de la Reserva Forestal Protectora Nacional Aguacatal (La Elvira) y Cerro Dapa Carisucio.

 “Con esta siembra contribuimos a la conectividad biológica de fragmentos de bosque, facilitando la movilidad de la fauna silvestre”, destacó Wilmar Bolívar, biólogo-zoólogo y director científico de Escocia 2.

Decisión sobre la marca Panelada fortalece protección constitucional a los campesinos

 La suspensión provisional de la marca Panelada a la multinacional Quala SA no solo detuvo el uso de un nombre ligado a la tradición campesina, sino que además abrió un debate jurídico inédito en Colombia. Así lo explican expertos de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quienes destacan que por primera vez un fallo aplica la reforma constitucional de 2023 y reconoce la dimensión económica de los campesinos como sujetos de protección especial.

El caso adquirió relevancia nacional luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a petición del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Minagricultura), ordenara la suspensión provisional de la marca Panelada, registrada en 2020 por la multinacional Quala SA.

La medida sienta un precedente en la defensa de prácticas culturales y saberes tradicionales y “protege no solo un producto emblemático como la panela —de la que dependen más de 380.000 familias campesinas en todo el país—, sino también el derecho de las comunidades a que sus denominaciones históricas no sean apropiadas por la industria”, según el grupo de investigación Política y Legislación sobre Biodiversidad, Recursos Genéticos, Conocimiento Tradicional y Propiedad Intelectual (Plebio) de la UNAL.

Mientras que la panela es un alimento obtenido exclusivamente del jugo de caña de azúcar, sin aditivos ni mezclas que alteren su composición natural, Panelada es un producto industrial elaborado por Quala SA a base de azúcar refinada, miel de caña, maltodextrina (derivado de almidones que se usa como espesante, estabilizante, y para mejorar la textura y el volumen de los alimentos) y edulcorantes como el aspartame. Aunque incluye una pequeña proporción de panela, su composición dista mucho de la panela natural, integral y nutritiva característica de la tradición campesina.

“Su denominación puede inducir al consumidor a pensar que adquiere panela tradicional, cuando en realidad se trata de una fórmula industrial con aditivos químicos; además ese desplazamiento en su ingesta se puede dar debido a la publicidad masiva y a los bajos precios de producto anunciado”, afirma el profesor Óscar Andrés Lizarazo Cortés, coordinador de Plebio.

El académico destaca la articulación inédita de la normativa con la Constitución reformada en 2023 y con la Ley 40 de 1990, que protege a los pequeños productores de panela.

Una medida cautelar con alcance histórico

Para el abogado Cristian Eduardo Avellaneda, estudiante de la Maestría en Derecho Procesal de la UNAL, integrante del equipo jurídico de Minagricultura y de Plebio, “es la primera decisión judicial en la historia del país en la que se reconoce la dimensión económica del campesinado como sujeto de especial protección constitucional”.

“Desde lo procesal, se destaca que es la primera vez en Colombia que un juez suspende provisionalmente una marca; usualmente las nulidades causan efectos solo después de la sentencia final, mientras que aquí el Tribunal estimó que no tomar una decisión preliminar ponía en riesgo a los campesinos y consumidores”.

Explica además que el argumento del alto tribunal se basa en el literal “g” del artículo 136 de la Decisión Andina 486, la cual establece una prohibición respecto de las marcas que evita que los terceros o privados se apropien de expresiones usadas por comunidades indígenas o afroamericanas, y en este caso locales, en su dimensión campesina.

La petición de nulidad de la marca Panelada interpuesta por el Ministerio se dio por solicitud del movimiento Dignidad Panelera tras el paro nacional de 2023. En el marco de esa movilización, el Gobierno decidió respaldar la defensa de la panela como patrimonio de las comunidades campesinas.

La suspensión se mantendrá mientras avanza el proceso de nulidad, aunque la empresa puede interponer recursos. La medida no implica que Quala SA deje de producir Panelada, pero sí se deberá ajustar a un uso marcario que no genere confusión ni apropiación indebida.

“Lo que cambia es que la empresa deberá usar una denominación distinta a Panelada. De hecho, después del fallo ya solicitó nuevas marcas con variantes con elementos ficticios. Lo importante es que no se usen términos de tradición campesina sin autorización ni consentimiento”, reitera el profesor Lizarazo.

En 2020, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) otorgó la marca, la Constitución aún se no había reformado. En ese momento prevaleció una interpretación aislada de la norma marcaria. “Hoy, con la reforma constitucional de 2023, el panorama cambia y el Tribunal tiene mejores herramientas jurídicas para proteger al campesinado”, agrega el profesor Lizarazo.

Cada año el sistema de propiedad industrial procesa más de 40.000 solicitudes de marca, lo que incidiría en que, por atenderlas oportunamente, se sacrifiquen los análisis de fondo.

El grupo Plebio resalta que el fallo también abre una reflexión más amplia sobre el rol del derecho de marcas. “Este caso muestra que la propiedad intelectual no se puede aplicar de manera aislada: debe dialogar con la libre competencia, con los derechos de los consumidores, y ahora con la protección de comunidades campesinas”, asegura el abogado Avellaneda.

Por su parte, el profesor Lizarazo concluye que “esta decisión envía una señal pedagógica para el sistema de propiedad intelectual, ya que no basta con registrar signos distintivos, sino que además es necesario entender sus implicaciones sociales y culturales”.

Para los investigadores, la medida no excluye al sector industrial, sino que garantiza claridad y transparencia en el mercado, de modo que el consumidor pueda distinguir entre la panela natural artesanal y los productos industrializados.