Decisión sobre la marca Panelada fortalece protección constitucional a los campesinos

 La suspensión provisional de la marca Panelada a la multinacional Quala SA no solo detuvo el uso de un nombre ligado a la tradición campesina, sino que además abrió un debate jurídico inédito en Colombia. Así lo explican expertos de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quienes destacan que por primera vez un fallo aplica la reforma constitucional de 2023 y reconoce la dimensión económica de los campesinos como sujetos de protección especial.

El caso adquirió relevancia nacional luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a petición del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Minagricultura), ordenara la suspensión provisional de la marca Panelada, registrada en 2020 por la multinacional Quala SA.

La medida sienta un precedente en la defensa de prácticas culturales y saberes tradicionales y “protege no solo un producto emblemático como la panela —de la que dependen más de 380.000 familias campesinas en todo el país—, sino también el derecho de las comunidades a que sus denominaciones históricas no sean apropiadas por la industria”, según el grupo de investigación Política y Legislación sobre Biodiversidad, Recursos Genéticos, Conocimiento Tradicional y Propiedad Intelectual (Plebio) de la UNAL.

Mientras que la panela es un alimento obtenido exclusivamente del jugo de caña de azúcar, sin aditivos ni mezclas que alteren su composición natural, Panelada es un producto industrial elaborado por Quala SA a base de azúcar refinada, miel de caña, maltodextrina (derivado de almidones que se usa como espesante, estabilizante, y para mejorar la textura y el volumen de los alimentos) y edulcorantes como el aspartame. Aunque incluye una pequeña proporción de panela, su composición dista mucho de la panela natural, integral y nutritiva característica de la tradición campesina.

“Su denominación puede inducir al consumidor a pensar que adquiere panela tradicional, cuando en realidad se trata de una fórmula industrial con aditivos químicos; además ese desplazamiento en su ingesta se puede dar debido a la publicidad masiva y a los bajos precios de producto anunciado”, afirma el profesor Óscar Andrés Lizarazo Cortés, coordinador de Plebio.

El académico destaca la articulación inédita de la normativa con la Constitución reformada en 2023 y con la Ley 40 de 1990, que protege a los pequeños productores de panela.

Una medida cautelar con alcance histórico

Para el abogado Cristian Eduardo Avellaneda, estudiante de la Maestría en Derecho Procesal de la UNAL, integrante del equipo jurídico de Minagricultura y de Plebio, “es la primera decisión judicial en la historia del país en la que se reconoce la dimensión económica del campesinado como sujeto de especial protección constitucional”.

“Desde lo procesal, se destaca que es la primera vez en Colombia que un juez suspende provisionalmente una marca; usualmente las nulidades causan efectos solo después de la sentencia final, mientras que aquí el Tribunal estimó que no tomar una decisión preliminar ponía en riesgo a los campesinos y consumidores”.

Explica además que el argumento del alto tribunal se basa en el literal “g” del artículo 136 de la Decisión Andina 486, la cual establece una prohibición respecto de las marcas que evita que los terceros o privados se apropien de expresiones usadas por comunidades indígenas o afroamericanas, y en este caso locales, en su dimensión campesina.

La petición de nulidad de la marca Panelada interpuesta por el Ministerio se dio por solicitud del movimiento Dignidad Panelera tras el paro nacional de 2023. En el marco de esa movilización, el Gobierno decidió respaldar la defensa de la panela como patrimonio de las comunidades campesinas.

La suspensión se mantendrá mientras avanza el proceso de nulidad, aunque la empresa puede interponer recursos. La medida no implica que Quala SA deje de producir Panelada, pero sí se deberá ajustar a un uso marcario que no genere confusión ni apropiación indebida.

“Lo que cambia es que la empresa deberá usar una denominación distinta a Panelada. De hecho, después del fallo ya solicitó nuevas marcas con variantes con elementos ficticios. Lo importante es que no se usen términos de tradición campesina sin autorización ni consentimiento”, reitera el profesor Lizarazo.

En 2020, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) otorgó la marca, la Constitución aún se no había reformado. En ese momento prevaleció una interpretación aislada de la norma marcaria. “Hoy, con la reforma constitucional de 2023, el panorama cambia y el Tribunal tiene mejores herramientas jurídicas para proteger al campesinado”, agrega el profesor Lizarazo.

Cada año el sistema de propiedad industrial procesa más de 40.000 solicitudes de marca, lo que incidiría en que, por atenderlas oportunamente, se sacrifiquen los análisis de fondo.

El grupo Plebio resalta que el fallo también abre una reflexión más amplia sobre el rol del derecho de marcas. “Este caso muestra que la propiedad intelectual no se puede aplicar de manera aislada: debe dialogar con la libre competencia, con los derechos de los consumidores, y ahora con la protección de comunidades campesinas”, asegura el abogado Avellaneda.

Por su parte, el profesor Lizarazo concluye que “esta decisión envía una señal pedagógica para el sistema de propiedad intelectual, ya que no basta con registrar signos distintivos, sino que además es necesario entender sus implicaciones sociales y culturales”.

Para los investigadores, la medida no excluye al sector industrial, sino que garantiza claridad y transparencia en el mercado, de modo que el consumidor pueda distinguir entre la panela natural artesanal y los productos industrializados.

Parques con campesinos, modelo de democracia y paz rural en el Meta

 En La Macarena (Meta), escenario de una resistencia campesina que desde los años 80 defiende sus derechos y su territorio tras la declaratoria de Parques Nacionales Naturales en terrenos previamente habitados, lo que dejó a sus comunidades en la ilegalidad, el movimiento “Parques con campesinos” ha sido una exitosa iniciativa para proteger el medioambiente y consolidar la paz, convirtiéndose en un modelo de democracia y resiliencia.

En el suroccidente del Meta, una zona donde confluyen las regiones Andina, Amazónica y Orinoquense, se levanta la Sierra de La Macarena, una formación geológica que pertenece al antiguo escudo guayanés. Este espacio, considerado como uno de los más biodiversos de Colombia, es un punto estratégico donde la naturaleza y la historia se entrelazan. Desde mediados del siglo XX esta región dejó de ser un territorio aislado para convertirse en un escenario de colonización, conflicto y negociación, transformado por la llegada de campesinos y colonos desplazados.

Desde entonces ha sido un escenario del conflicto histórico, marcado por la violencia y las luchas por la tierra. Tras el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP, las comunidades buscan una convivencia pacífica y sostenible.

La investigación del sociólogo Erick Salomón, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), documenta mediante entrevistas y trabajo de campo los hechos históricos y las tensiones entre desarrollo rural, democracia y derechos ambientales, mostrando a La Macarena como un reflejo de los retos de Colombia hacia la paz.

“El conflicto se agudizó cuando a finales de los años 80 y principios de los 90 el Estado trazó las fronteras de parques naturales como la Serranía de La Macarena, Tinigua y Serranía de los Picachos sin considerar a las comunidades que ya habitaban esos territorios, sin un censo o consulta, dejando a los campesinos en el limbo legal, obligándolos a desplazarse, esto sin perder de vista que las mismas autoridades promovieron el poblamiento de la zona en periodos anteriores”, explica el sociólogo.

El proceso de colonización del Meta fue promovido por el mismo Estado en los años 50, en un intento por desarrollar zonas inexploradas del país. “Familias campesinas de Santander, Tolima y Boyacá fueron trasladadas al Meta para ‘colonizar el monte’, bajo el amparo estatal, primero los invitaron a deforestar y ocupar la tierra, luego los declararon ilegales”, destaca el investigador, subrayando la contradicción en las políticas públicas de la época.

Campesinos como guardianes del territorio

Dichas tensiones entre colonización, desalojo y conservación persisten hasta hoy. La respuesta del campesinado fue la organización y resistencia pacífica. A través de los núcleos veredales –espacios de participación comunitaria– creados por los habitantes se construyeron los “Parques con  Campesinos”, una propuesta que busca armonizar la presencia de las comunidades con la protección del medioambiente.

Esta agenda plantea que los campesinos se comprometan a cuidar los bosques y la biodiversidad mientras continúan habitando y trabajando la tierra, evitando la deforestación y la llegada de nuevos colonos, para proteger los límites establecidos. Según el magíster “este es un ejercicio de democracia directa, donde la comunidad se autogestiona, dialoga y media con el Estado para defender sus derechos”.

Uno de los episodios más críticos para la comunidad campesina fue la Operación Artemisa adelantada en 2020, “una estrategia militar que buscaba frenar la deforestación, pero que, según denuncias, llevó a violaciones de derechos humanos. El problema se trató como un asunto criminal y no civil. Se militarizó el territorio, destruyeron viviendas y separaron familias”, relata el sociólogo Chávez.

El desarraigo y la violencia estatal han marcado profundamente a estas comunidades. Sin embargo, lejos de desistir, los campesinos han fortalecido su organización construyendo vías, escuelas y otros servicios básicos mediante la autogestión. “La ausencia estatal obliga a las comunidades a suplir sus necesidades y a dialogar tanto con el Gobierno como con actores armados, siempre priorizando su subsistencia”, señala el investigador.

Históricamente La Macarena ha sido un territorio estratégico, no solo para el campesinado sino también para movimientos guerrilleros. Desde los años 60 la zona fue cuna de guerrillas liberales y posteriormente de las FARC, lo que añadió otra capa de complejidad al conflicto. Pese a ello, la organización campesina ha buscado mantenerse al margen de estos grupos y enfocarse en sus propios reclamos sociales.

Hoy el movimiento Parques con Campesinos representa una propuesta innovadora en el contexto del posconflicto colombiano. “No se trata solo de un reclamo territorial sino de una apuesta por la paz y la convivencia en armonía con la naturaleza; es una lección para el país sobre cómo lo democrático puede surgir desde las bases sociales, más allá de las instituciones formales”, reflexiona el investigador.

Universitarios y campesinos rescatan árboles para restaurar alta montaña en el Valle del Cauca

 Academia, empresa y familias campesinas restauraron ecológicamente en cooperación zonas degradadas por la deforestación para agricultura y ganadería en áreas de conservación de recursos naturales de la alta montaña de Palmira. La siembra de casi 500 árboles rescatados por las comunidades fue un éxito al lograr el 60,6 % de supervivencia en el primer semestre del año

Este territorio, ubicado entre los 2.400 y 2.800 msnm, es rico en biodiversidad y de allí se originan importantes ríos que surten al municipio. Además ha sido históricamente escenario del conflicto armado y actividades al margen de la ley, que luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, se abrió a nuevas oportunidades productivas y turísticas, y con ello vino una mayor ocupación y uso de la tierra. Algunas familias regresaron al territorio y otras llegaron buscando un nuevo comienzo.

La paz brindó la oportunidad a la academia, representada en profesores, investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira, de subir a estas zonas del municipio y reconocerlas, un proceso que desde 2017 ha originado diversos proyectos de investigación en los corregimientos de Toche, Teatino, Cabuyal y Combia.

En este último, ubicado en la parte más alta de la montaña cerca al Parque Nacional Natural de Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño, se realizó la restauración ecológica en cooperación con la siembra de 487 árboles nativos como gavilán, flor amarilla, sauce, cedro negro, molde y palma de cera, el árbol nacional del país.

Cerca del 60 % de las plantas fueron rescatadas por la comunidad. Las 13 familias campesinas, en sus recorridos por la zona montañosa, se dedicaron a identificar árboles pequeños de entre 20 y 40 cm de altura, utilizando su conocimiento ancestral y una cartilla proporcionada por el Grupo de Investigación Prospectiva Ambiental y su semillero de Investigación Ambiental (SIAMB). Durante las caminatas encontraban estos arbolitos en lugares donde probablemente no sobrevivirían, y siguiendo las indicaciones los sacaban cuidadosamente protegiendo la raíz y parte del sustrato.

Yorledis Esquivel, una de las participantes de la zona rural de Combia, quien ordeña en las mañanas y en las tardes realiza los oficios de la casa, manifestó: “uno que no conoce muchos árboles puede pensar que son maleza y no sirven, pero este proyecto nos enseñó su importancia y cómo cuidarlos para ayudar al medioambiente”.

Luego de recolectar los árboles, los llevaban a sus casas y los cuidaban en bolsas especiales que les habían sido suministradas. Cuando llegaba el momento de la siembra, profesores y estudiantes revisaban el material vegetal rescatado, y si estaba en buenas condiciones lo trasladaban al lugar de plantación en la montaña.

“Durante el proceso de investigación adelantado con un equipo multidisciplinario identificamos uno de los problemas más importantes: la fragilidad ambiental que tienen estas zonas frente a la conservación de su biodiversidad, particularmente sus árboles nativos y sus bosques, que son clave para la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático”, señaló la profesora María Victoria Pinzón Botero, directora del SIAMB y líder de la iniciativa, respecto al origen del proyecto.

A pesar del impacto del fenómeno de El Niño a inicio de 2024, en el seguimiento adelantado en el primer semestre se registró que los árboles lograron un porcentaje de supervivencia de 60,6 %, “lo que evidencia que ese esfuerzo compartido logró un éxito contundente, incluso a pesar de las variaciones climáticas”, agregó la profesora Pinzón.

La metodología empleada se centró en un enfoque participativo y de transferencia de conocimiento. El trabajo de siembra se distribuyó en tres jornadas entre febrero y abril de 2024, y paralelamente se fue realizando el seguimiento a cada uno de los arbolitos sembrados en los diferentes sectores correspondientes a las franjas de protección del río Amaime y de la quebrada Los Cuchos, fuente abastecedora del centro poblado plan de vivienda del corregimiento.

Restauración ecológica en cooperación

En el trabajo con las comunidades que venía adelantando la UNAL Sede Palmira en Combia, la iniciativa fue impulsada por el vivero local con el campesino Jaime Quintero, quien desde hace algunos años trabaja en el rescate de la palma de cera, nativa de las regiones montañosas de los Andes colombianos. Luego, con el apoyo del SIAMB, se propusieron destinar un área adicional para cultivar y rescatar árboles nativos.

Desde 2017 la actividad investigativa ha sido apoyada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Parques Nacionales Naturales de Colombia, el municipio de Palmira y la empresa Ecotank, que en 2023, a través del programa “Reverdece con propósito” y con la colaboración de compañías de diversos sectores a los que presta sus servicios, logra contribuir con la puesta en marcha de la siembra de árboles con apoyo económico para las familias campesinas.

Diana Giraldo, quien vive con su familia en la vereda Combia y se dedica a diversos oficios como la recolección de cebolla y otras tareas del campo, recorrió con su esposo y dos hijos pequeños la montaña en el rescate de árboles. Ella destaca que fue “algo muy bonito que les enseñó a valorar y proteger el entorno natural, donde mis hijos aprendieron la importancia de esta tarea”.

Para la profesora Pinzón “es fundamental que los futuros profesionales comprendan que las zonas de conservación y protección no siempre están en las condiciones ideales que imaginamos. Este proyecto ha permitido que los estudiantes se enfrenten a la realidad de los territorios y conozcan la importancia de conservar los árboles nativos y la biodiversidad para un ordenamiento territorial más sostenible que aporte efectivamente a los retos de la adaptación al cambio climático”.

Mercados campesinos y otras redes, proveedores en la crisis

 Situaciones como la pandemia y el paro nacional, que afectan a Colombia en estos momentos, han impulsado a los campesinos a asumir –en parte– la responsabilidad de generar soluciones encaminadas a controlar el desabastecimiento de alimentos que suele presentarse en medio de estas crisis.

Organizaciones campesinas como la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca (Redmac) o el Mercado Agroecológico de Cali (Asoproorgánicos) han mantenido el flujo de sus productos mediante diferentes estrategias que les permiten mantener la soberanía alimentaria de sus miembros y el flujo de alimentos en la región y parte del país.

Este tipo de iniciativas, que también se han promovido dentro de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira, ha permitido que el mercado agroecológico que se realizaba en la Institución cada 15 días se siga manteniendo a pesar de la pandemia.

Una de las primeras decisiones que tomaron dichas organizaciones fue mantener en funcionamiento los mercados agroecológicos campesinos de sus regiones, pero no solo como el lugar que provee alimentos de calidad, sino como la primera línea de abastecimiento en medio de la delicada situación que vive el país. Para eso adoptaron protocolos de bioseguridad y consiguieron salvoconductos con las autoridades locales para mantenerse abiertos y seguir abasteciendo a los consumidores.

“Cuando empezó la cuarentena estricta en Cali decidimos, como grupo, buscar las dinámicas para llegar a la ciudad, y por fortuna se dieron con algunos apoyos de la Secretaría de Desarrollo Económico. El mercado de Cali nunca dejó de funcionar; en algunos momentos por disposición de la Alcaldía tuvimos que trasladar el día del mercado, pero siempre funcionamos”, señala Ana Franco Avellaneda, integrante de la Junta Directiva de Asoproorganicos, campesina agroecológica y panadera artesanal. 

Dentro de sus territorios han revivido los trueques como mecanismo alternativo económico para las comunidades rurales. Esta dinámica tomó un papel protagónico en medio de la pandemia, porque les garantiza a los campesinos la soberanía alimentaria en sus casas, en sus fincas, con sus familias y también con sus vecinos.

Por otro lado, y después de establecer unas cadenas de servicio a domicilio (que han generado empleo para algunas personas), se han establecido otras alternativas como las canastas solidarias y las canastas agroecológicas que permiten seguir haciendo presencia en las ciudades. Las primeras consisten en provisiones de diferentes productos alimenticios que se entregan en lugares y a personas en estado de vulnerabilidad, y las segundas son las entregas a domicilio que hacen los mercados campesinos por encargo expreso del consumidor.

Canastas agroecológicas en la UNAL

En la UNAL Sede Palmira, la estudiante Elsa María Guetocue, del Grupo de Investigación en Agroecología, como consumidora, como madre de familia y como futura ingeniera agrónoma, se apersonó del mercado agroecológico que se hacía en la Sede para que este perseverara.

Ella se empoderó de la propuesta, y con otros estudiantes de la Universidad mantienen las canastas agroecológicas. Así, “Elsa María recibe los productos, arma las canastas, la gente pide los domicilios y se le llevan”, comenta el profesor Diego Iván Ángel, de la UNAL Sede Palmira, doctor en Agroecología y consumidor de productos agroecológicos.

Los mercados campesinos aprovecharon la cercanía con sus “amigos consumidores” –como ellos los llaman– para generar cadenas de abastecimiento entre los mismos consumidores, y así se genera una dinámica de domicilio muy útil en tiempos o situaciones de movilidad restringida o controlada. Un consumidor adquiere los productos en el mercado y los distribuye entre vecinos y amigos.

Una de las características más destacables de estos mercados es la relación productor-consumidor: “como productores, ellos han asumido el importante papel de educar al consumidor, saber qué es lo que estamos consumiendo, por qué es importante consumirlo, y no solo desde el punto de vista alimenticio sino desde la soberanía alimentaria, saber el recorrido que tiene lo que llega a nuestra mesa desde que se siembra hasta que lo compramos, ya sea fresco o procesado”, afirma el doctor Ángel.

Agrega que “el mercado no es un espacio en el que solo se vaya a comprar, es un lugar de intercambio de saberes, donde se encuentra con un amigo productor al que se le pregunta por sus hijos y con el que se puede conversar, generando una relación de amistad que convierte a los consumidores en un importante apoyo para los mercados agroecológicos”.

Retos para la agricultura familiar en el contexto del covid -19:

¿Sigue afectando la pandemia del COVID-19 a nuestros campesinos?

Ya ha pasado un año desde que se reportó el primer caso de Covid-19 en América Latina y el Caribe (ALC). Desde entonces, la región ha sido una de las más gravemente afectadas del mundo, con más de 70 millones de casos reportados y más de 1,5 millones de decesos.

Además de la preocupante situación de contagios y decesos, la pandemia ha generado una crisis de hambre. La mayoría de los países de América Latina y el Caribe han percibido retrocesos importantes en temas de seguridad alimentaria debido a una caída en los ingresos y remesas, así como al incremento en los precios de los alimentos.

En junio de 2020, presentamos los resultados de un estudio que, a través de entrevistas telefónicas a una muestra de 105 pequeños y medianos productores agropecuarios de la región, analizó los efectos inmediatos de la crisis del Covid-19 para la agricultura familiar. Este estudio reveló que las principales consecuencias de la pandemia en el corto plazo incluyeron una disminución de las ventas, principalmente debido a dificultades en el transporte de la producción, y una caída en la demanda. Además, se encontraron obstáculos en la obtención de insumos y mano de obra, y restricciones de liquidez causadas por la caída de los precios y la demanda. En suma, este estudio mostraba efectos preocupantes, que podían afectar la continuidad de la producción agrícola y, como consecuencia, empujar a la pobreza a los productores más vulnerables.

Si bien este primer estudio nos permitió entender los efectos inmediatos de la pandemia, la crisis de salud pública y económica en la región continuó por varios meses más. Por tanto, resultaba importante saber si los graves efectos observados durante los primeros tres meses de la pandemia continuaban, y así entender si la situación había mejorado.

A fin de arrojar luz sobre estas preguntas, se realizó el estudio: Retos para la agricultura familiar en el contexto del COVID-19: Seguimiento tras 6 meses de crisis. Entre agosto y noviembre de 2020, dimos seguimiento a la misma muestra de productores de Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y República Dominicana (aproximadamente 15 productores de cada país), para explorar los efectos de la pandemia 6 meses después. Este estudio, por tanto, corresponde a la Fase 2 del estudio anterior.

En general, los resultados del segundo estudio muestran que los problemas encontrados en la Fase 1 persisten y que, en su mayoría, se han acentuado. Específicamente, en la Fase 2, los productores indicaron haber tenido mayores problemas en obtener insumos y conseguir mano de obra, y una mayor proporción de productores manifestó haber enfrentado mayores precios en los insumos. Como consecuencia, los problemas de liquidez observados en la Fase 1 desmejoraron. De hecho, mientras que un 69.5% indicó haber tenido que utilizar ahorros, vender activos o solicitar un préstamo para afrontar la crisis durante la Fase 1, en la Fase 2 esta proporción aumentó a un 82%. Adicionalmente, un 84% de los productores mencionó que sus ingresos se vieron afectados durante la Fase 2.

Esta reducción importante de la liquidez y los ingresos podría afectar la continuidad de la producción y de esta manera agravar la situación de inseguridad alimentaria en el mediano y  largo plazo. De hecho, los resultados de la Fase 2 indican que un 39% de productores encuestados consideró que los ingresos del hogar no son suficientes para la compra de alimentos en el hogar, y el 64.9% de los hogares se encontró en algún estado de inseguridad alimentaria (i.e. leve, moderada o severa). Dado que sabemos que la crisis afecta la producción y los ingresos de estos agricultores, la prolongación de esta misma crisis podría agravar la situación de inseguridad alimentaria aún más.

Fuente: Retos para la agricultura familiar en el contexto del CVID-19: Seguimiento tras 6 meses de crisis

En resumen, nuestros resultados apuntan a que, después de 6 meses de crisis, la pandemia ha afectado de forma crítica la producción agrícola de los pequeños agricultores, convirtiéndose en un ciclo vicioso de baja producción, bajos ingresos y alta inseguridad alimentaria. Los pequeños productores agrícolas se encuentran hoy en una posición más difícil que al comienzo de la pandemia y, dadas las tendencias observadas entre las dos fases de la encuesta, es probable que los múltiples retos identificados sigan afectando la dinámica del sector y la seguridad alimentaria de esta población en el largo plazo.

Para impedir que esto suceda, es necesario realizar mayores esfuerzos con políticas públicas encaminadas a reducir los problemas de liquidez y mejorar la seguridad alimentaria de los campesinos. En el futuro, durante una eventual fase de recuperación de la crisis, jugarán un papel importante aquellas políticas que provean apoyo a los grupos más vulnerables y que aseguren una producción constante de alimentos para los mercados locales, evitando así un posible quiebre de la producción agrícola y ayudándolos a superar la inseguridad alimentaria.