Escuela Agrobiológica de la UNAL crece y llega a más bachilleres rurales

 Con un balance de 525 estudiantes certificados en 2023 –de los municipios de Pradera y Florida (Valle del Cauca)– cierra año la Escuela Agrobiológica de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira, una iniciativa creada para atender los desafíos de la educación rural más allá de las aulas e incentivar la apropiación por el campo en esta región del país. Un diagnóstico hecho por los universitarios encontró que la inseguridad alimentaria y el hacinamiento son los principales problemas.

Estudiantes voluntarios y profesores de dicha iniciativa culminan el año consolidándose como agentes de cambio en los territorios del suroccidente del país, en medio de un escenario nacional en el que persisten las disparidades educativas entre áreas urbanas y rurales. Por ejemplo, en 2022 solo el 1,8 % de los habitantes rurales ostentaba un título universitario, frente al 11,8 % registrado para áreas urbanas según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE.

El impacto positivo de la Escuela se refleja en la certificación de más de 1.000 bachilleres de colegios rurales del Valle del Cauca desde 2016 –luego de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia– y su expansión a instituciones educativas de los municipios de Palmira, La Cumbre, Ginebra, El Cerrito, Guacarí, y recientemente Pradera y Florida.

En 2023 participaron en el proyecto más de 50 estudiantes de la UNAL Sede Palmira, quienes trascendieron de las aulas convencionales y dispusieron en cada semestre de unas horas de su tiempo en calidad de voluntarios de la Escuela Agrobiológica para ofrecerles a los bachilleres del colegio Francisco Antonio Zea (Pradera) y de la Institución Educativa Rural Simón Bolívar (Florida) una experiencia educativa sobre seguridad alimentaria, agricultura en huertas caseras, control biológico de plagas en hortalizas, recuperación de suelos, paisajismo, arborización, agricultura con drones, cambio climático, manejo de residuos sólidos, pastos y forrajes, y administración y emprendimiento, entre otros temas.

El balance que hace el profesor Manuel José Peláez Peláez, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, da cuenta del alcance de la iniciativa respecto al número de estudiantes rurales atendidos: en el primer semestre de 2023 fueron 195 y en el segundo 330, y con los años anteriores desde su inicio, que son 500. “Esperamos que la Escuela Agrobiológica siga creciendo y sea replicada en todas las regiones del país a través de las sedes de la UNAL”, señala el docente.

Para el estudiante Jefferson Naranjo, de octavo semestre de Ingeniería Agronómica, “esta experiencia ha sido una trayectoria satisfactoria, siempre procuramos dejar una huella imborrable en estas instituciones, compartir los conocimientos y hacer lo mejor posible para ver algo positivo reflejado en cada bachiller”.

Jefferson y su compañero Anderson Farid Vargas trabajaron el módulo “Manejo sostenible de huertos” en la Institución Educativa Rural Simón Bolívar, en donde sembraron pimentón, cilantro y fríjol, que son cultivos de ciclo rápido, es decir que no tardan mucho en germinar.

En un contexto en el que muchos jóvenes aspiran a abandonar el campo, estos universitarios –en representación de sus compañeros voluntarios– lanzaron un mensaje que no se queda solo en palabras, sino que lo demostraron con hechos: “el campo es la base fundamental de la alimentación y la supervivencia”. Por eso invitan a los colombianos a no descuidar la ruralidad y al campesinado, reconocer su importancia y contribuir con su progreso mediante prácticas sostenibles.

Esta fue la primera experiencia de los futuros ingenieros agronómicos fuera del campus universitario: “en la huerta abordamos cómo determinar las medidas que se requieren para cada cultivo, es decir las distancias de siembra; también preparamos y aplicamos ciertos productos naturales para que los insectos plaga no afecten las plantas. Entre todos afianzamos conocimientos, aprendimos de ellos y logramos una muy buena actividad, nos hicieron saber que fue muy grata y constructiva”, señalan.

En riesgo la seguridad alimentaria de las familias rurales

Este año la Escuela Agrobiológica UNAL, además de abordar aspectos técnicos de la agricultura, sumó en el segundo semestre el componente social en el colegio Francisco Antonio Zea, con la profesora Ninfa Leal Muñoz, encargada de la asignatura de “Ciencias agropecuarias y seguridad alimentaria”, para promover en la comunidad mejores hábitos de consumo y fortalecer este enfoque en los estudiantes de las ingenierías y otras áreas que participan en la realidad social y las problemáticas directas en zonas rurales.

En el diagnóstico identificaron hábitos de consumo poco saludables y otros aspectos socioeconómicos relacionados con el rol de las mujeres a cargo del hogar y las dificultades en el sostenimiento, así como el hacinamiento de algunas familias consultadas.

“Encontramos problemas de alimentación, unas familias en mejores condiciones socioeconómicas que otras, pero observamos como generalidad que los chicos no consumen verduras ni hortalizas, por el contrario, se interesan por la comida ‘chatarra’, luego desarrollamos estrategias para que ellos mismos .

Ampliación de la frontera agrícola está alterando suelo del páramo Guantiva-La Rusia

 Los páramos producen hasta el 85 % del agua que consumimos en el país, pero eso depende de las características del suelo; si este es menos poroso (espacios o agujeros en la tierra) o tiene una mayor densidad (masa de materia orgánica) es más difícil que el líquido se filtre y llegue a ríos o quebradas montaña abajo. Esto es justo lo que está sucediendo en el páramo Guantiva-La Rusia, ubicado entre Boyacá y Santander, debido entre otras razones a la ampliación de la frontera agrícola.

El páramo Guantiva-La Rusia es una de las fuentes hídricas más importantes del país, cuenta con 85 lagunas y humedales y más de 2.300 drenajes que alimentan los ríos Fonce, Chicamocha y Suárez, lo que permite proveer del preciado líquido a por lo menos 23 municipios.

“Sin embargo, tanto la introducción de ganado y cultivos como la expansión de la frontera agropecuaria mediante la tala y quema evidencian una alteración en el suelo, que se reflejada especialmente en los municipios de Belén y Cerinza”, menciona la ingeniera forestal Luisa María Moya Alarcón, de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín. Tales cambios producen una alteración significativa que hace que en épocas húmedas o de lluvia se generen encharcamientos y que el agua no se absorba del todo.

Para indagar sobre la influencia de las actividades humanas en la variación morfológica del terreno y su impacto en la absorción del agua, la investigadora escogió 6 cuencas de este páramo en las que seleccionó 168 puntos de manera aleatoria.

“El objetivo era analizar la materia orgánica del suelo, capa formada por acumulación de residuos como hojas, plantas secas, raíces, animales muertos, tallos y cáscaras de cultivo que se van uniendo con el tiempo alcanzando niveles superiores a los 50 cm por encima del terreno rocoso; esta cumple un valioso papel de fijación de CO₂, lo que a su vez inhibe el aumento del calentamiento global por carbono, ya que este no queda libre en la atmósfera”, explica la investigadora.

Para su trabajo tomó 3 cuencas con alta modificación y otras 3 de mediana a baja intervención. De estas 6 seleccionó aleatoriamente 168 sitios para realizar “calicatas”, una especie de hoyos o cajas en el suelo de 1 m de alto, ancho y profundidad. En ellas midió el almacenamiento de agua, la densidad del suelo sin alterar, la porosidad total y las curvas de retención de humedad, elementos cruciales para entender la relación entre agua, terreno y páramo.

Para calcular la cantidad de materia orgánica recurrió a la combustión completa, en la que primero llevó las muestras a una especie de horno y posteriormente a una mufla, para que estuviera seca.

En la comparación de la textura utilizó el método de Bouyoucos, que consiste en introducir un hidrómetro para determinar la densidad relativa de los líquidos sin necesidad de calcular antes su masa, conductividad y temperatura.

Así, evidenció que los valores de la materia orgánica disminuyen en un 31,2 % para profundidades de 0 a 20 cm, un 24,1 % en suelos de 20-40 cm, y un 15,6 % para profundidades superiores a los 40 cm, presentando una diferencia estadísticamente significativa entre capas.

Por su parte, las cuencas alteradas presentaron valores de densidad aparente que oscilan entre 0,7 y 0,9 gramos por centímetro cúbico (gr/cm³) y las cuencas con nivel bajo de alteración tuvieron niveles de 0,5 y 0,6 gr/cm³, sin mostrar diferencias estadísticamente significativas.

En estas cuencas la porosidad presentó niveles de entre 74,9 y 79,9 %; y un 0,29 % en profundidades de 0-20 cm, además se determinaron valores entre los 0,28 cm³ para profundidades de 20-40 cm y 0,24 cm³ para profundidades superiores a 40 cm”.

La ingeniera menciona que, “los valores del agua disponible para las plantas tenían una disminución parcial del 50 %. A su vez, la materia orgánica se concentraba en los primeros 20 cm del suelo, con raíces finas, pero en cuencas alteradas se debía principalmente a las heces de ganado y a la baja densidad aparente, como la alta porosidad en las áreas de estudio, que se relacionarían a la poca profundidad del suelo”.

Los resultados de estas muestras también se midieron con modelos computacionales y algoritmos, bajo bases de datos o softwares de cálculo, para determinar todas las posibles variaciones y tener la información más precisa posible.

“Es importante resaltar que aunque en este estudio separamos las cuencas por su nivel de intervención, ninguna de ellas está totalmente alterada o totalmente conservada, por lo que en algunos sitios pueden variar las condiciones de las propiedades presentes en los suelos”, concluye la ingeniera.

Sensores de bajo costo, aliados para medir la calidad del aire en jardines infantiles

 Los puestos de comida al aire libre, el tráfico vehicular y la resuspensión de polvo en las vías son factores que alteran las concentraciones de contaminantes en el aire en zonas cercanas a jardines infantiles. Con sensores de bajo costo se evaluaron 6 jardines en sendas localidades de Bogotá; la de Suba presentó picos asociados con dichas fuentes de contaminación.

Durante un año, los sensores registraron datos tanto de la concentración de material particulado PM1, PM2.5, PM10 –factores que pueden causar problemas respiratorios y cardiovasculares– como de temperatura, humedad relativa y dióxido de carbono (CO₂). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación del aire es una de las principales causas de muerte prematura en el mundo, por eso es importante realizar este tipo de monitoreos.

Aunque en diferentes ciudades del país se han implementado redes de monitoreo de la calidad del aire que proporcionan información para evaluar las condiciones del aire en general y analizar cómo se afecta por diversas fuentes de emisión como el tráfico vehicular, las industrias, las chimeneas, los incendios forestales y otros fenómenos presentes en el entorno, estas redes no permiten evaluar la calidad del aire en microambientes específicos como los jardines infantiles. Esto es importante, ya que los niños son más susceptibles a los efectos de la contaminación del aire.

De ahí que Fredy Escobar Díaz, magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), implementó sensores de bajo costo –donados por la Fundación Horizonte Ciudadano a través de la Institución– para monitorear el exterior de 6 jardines infantiles públicos de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, Fontibón, Kennedy y Suba, utilizando un enfoque estratégico basado en zonificación de la ciudad para seleccionar las zonas y los jardines en donde es más necesario hacer mediciones complementarias de calidad del aire.

“En el estudio, después de recopilar la información analizamos las mediciones tanto fuera como dentro de los jardines para ver si la contaminación del ambiente externo ingresaba al jardín, o si la cocina es un factor que influye. También medimos el CO₂ como un indicador de esa ventilación”.

“Cuando se mide la concentración de CO₂ en partes por millón (ppm) en espacios interiores, una concentración por debajo de 700 ppm indica una buena ventilación, es decir que el aire circula adecuadamente”, explica el investigador.

Focos de contaminación

Los sensores de bajo costo realizan un seguimiento en tiempo real de las partículas que pasan a través de un conducto equipado con un láser que las cuenta. La cantidad calculada por este sistema se convierte luego en una medida de concentración expresada en microgramos por metro cúbico, es decir que cada minuto se generan datos y se transmiten a través de wifi a la plataforma del fabricante, de donde se pueden descargar a diferentes resoluciones temporales.

En este caso, después de analizar cada uno de los parámetros, el magíster determinó que el interior de los jardines infantiles tenían una buena ventilación, pues las concentraciones de CO₂ estaban por debajo de 500 ppm. Sin embargo, en el jardín de Suba encontraron picos de martes a sábado después de las 5 de la tarde que indican el aumento de contaminantes en el ambiente.

Con este hallazgo, se entrevistó a los profesionales del jardín y se recorrieron las calles de la zona para encontrar la razón del notable impacto que tenía la calidad del aire en ese periodo de tiempo.

Tras indagar, se encontró que los picos coincidían con la presencia de fuentes de contaminación cercanas como la quema de carbón en puestos de comida al aire libre y el tráfico vehicular, “factores que influyen en la calidad del aire en el interior de los jardines, ya que estos contaminantes pueden ingresar a través de los sistemas de ventilación”, explica el ingeniero.

El proyecto no solo proporcionó datos relevantes sobre la calidad del aire que se socializaron con entidades distritales, sino que además generó recomendaciones y acciones como la adquisición de filtros HEPA, que tienen la capacidad de retener partículas muy pequeñas y así reducir la exposición de los niños a momentos críticos de contaminación. También se realizaron sesiones de capacitación con el personal de los jardines infantiles, en las que se presentaron las tendencias de las concentraciones de contaminantes en cada institución y se propusieron medidas como no hacer actividades en zonas verdes cuando se presenten los picos.

El experto enfatiza en que “aunque la ciudad está cubierta con una red de monitoreo robusta, es necesario empezar a medir esos microambientes para identificar fuentes de contaminación cercanas a los lugares en donde se desarrollan actividades diarias, que impactan la salud. Con los sensores de bajo costo se pueden medir y tienen una buena eficacia”.

Hallan altos niveles de mercurio en aves migratorias de Latinoamérica

 El primer mapeo sobre concentraciones de mercurio en aves migratorias de Colombia, Perú y Belice evidenció que su presencia en sangre y plumas supera hasta cuatro veces los niveles normales, un resultado alarmante si se tiene en cuenta que este metal pesado es uno de los más utilizados en la extracción de oro, y por lo tanto uno de los mayores contaminantes de los ecosistemas de las zonas mineras de América Latina, como ríos y quebradas.

“A vuelo de pájaro”, así se le dice popularmente en el país a algo que está pasando muy rápido, y aplica muy bien para lo que está sucediendo con el mercurio en zonas como la Ciénaga de Ayapel, ubicada en Córdoba, un complejo de extensos lagos y humedales que tal vez son uno de los recursos hídricos más importantes de Colombia, y que tiene al manatí como su especie insignia.

En sus aguas mansas se posan hermosas aves como el martín pescador verde (Chloroceryle americana), cuyo nombre le hace honor a los matices verdosos de sus plumas, que contrastan con una especie de naranja o amarillo en la parte de arriba de su pecho. Se encontró que esta especie tiene en su sangre alrededor de 5,3 microgramos sobre gramo (mg/g) de mercurio, una cantidad que excede con creces la normativa estipulada de 1 mg/g.

Así lo determinó una investigación que cruzó las fronteras, como una migración del conocimiento que va y vuelve, y que reunió a nueve países de Centro, Suramérica y el Caribe, regiones que componen el neotrópico. Entre ellos, Colombia tuvo la representación del investigador Sebastián Tabares Segovia, del Semillero Ecotoxicología Medioambiente y Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

“Se reunió la base de datos más grande hasta el momento sobre concentraciones de mercurio en aves de esta región, un esfuerzo sin precedentes ya que solo se conocían datos de Estados Unidos, país que ha identificado los efectos sobre las aves de dichas concentraciones”, asegura el biólogo. 

En el estudio se identificaron tres consecuencias en aves en distintas regiones de Norteamérica y que también estarían relacionadas con las concentraciones del territorio colombiano, pues las aves migran a lugares como Chocó, Caquetá o Antioquia y terminan quedándose porque el metal pesado daña su “GPS” natural, o incluso, en vez de volver a su hogar, llegan a países como Argentina. 

En especies como el conocido cucarachero de Carolina (Thryothorus ludovicianus) se ha evidenciado la pérdida de hasta el 10 % de su nidada, es decir de los huevos que tienen en el nido; por otro lado, en especies marinas como el gran bribón (Gavia immer) o el charrán de Forster (Sterna forsteri) hay problemas en la simetría bilateral, lo que significa que sus alas no desarrollan bien. 

Se estudiaron 2.316 aves migratorias de estos territorios, de 322 especies distintas; se destacan los hallazgos de mercurio en el martín pescador enano, el hornero patiamarillo (cuatro de las cinco  aves estudiadas tuvieron niveles letales de mercurio), y el hormiguero caripelado, que ha tenido una reducción importante en su población. 

Estos animales se alimentan de peces pequeños en ríos y quebradas, y aunque aún no se conocen las especies específicas, el investigador asegura que su estudio se debe hacer pronto, pues su consumo puede poner en riesgo la salud humana. 

El trabajo de campo tenía que ser tan rápido y ágil como estas aves; para ello se ponía una red de niebla –de nailon o poliéster– en los puntos de muestreo, sostenida por tubos de aluminio anclados a árboles cercanos o al suelo, un método muy utilizado para capturar a estos animales. Después de capturarlos, y con el mayor de los cuidados, se realizaron las pruebas de sangre y se tomó una muestra de sus plumas.

“Las pruebas se enviaron a algunos laboratorios del Biodiversity Research Institute, en Estados Unidos, y con resonancia magnética nuclear y espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente, se obtuvieron las concentraciones”, explica el investigador. 

En estas zonas la mayor parte de la minería de oro la hacen grupos al margen de la ley, que –según el biólogo– mantuvieron estricta vigilancia sobre lo que midieron los investigadores en el trabajo de campo. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la explotación ilícita de este recurso aumentó en Chocó, Antioquia y Nariño, con hasta un 73 % de la minería de oro ilegal.

“Un factor preocupante y que hay que seguir estudiando es el metilmercurio, tal vez no tan conocido pero que es todavía más letal y difícil de eliminar que el mercurio, y que aún es un problema sin descifrar en los lechos de los ríos, en donde algunas bacterias transforman el metal y lo combinan con carbono”.

Fruto de la investigación se escribió un artículo para la revista internacional Ecotoxicology, que se se puede leer completo en el siguiente enlace: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10646-023-02706-y

Inundaciones en el país se estarían dando en un mayor porcentaje del que se creía

 Desde 2014 se ha pensado que la magnitud de las inundaciones es de un 27 % del territorio cada año, pero este porcentaje sería de hasta el 40 %, un desfase que según expertos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) se deberían a la falta de comprensión sobre cómo funcionan las rondas hídricas –franjas de terreno aledaño a un río o quebrada– en regiones como la Amazonia, ya que no han sido medidas con exactitud y harían más difícil temas como la gestión de riesgo ante algún desastre.

En Colombia existe el Decreto 2811 de 1974, el cual establece el uso de rondas hídricas para construir viviendas y conservar los ríos. Aunque es un documento muy completo, en la práctica tiene dificultades pues plantea que estas zonas tengan una distancia de 30 m a lado y lado del río o afluente, pero no considera los cambios que se presentan según el momento del año, o las épocas de sequía y lluvia intensa.

Así lo asegura el biólogo Santiago Duque, profesor de la UNAL Sede Amazonia, quien ha seguido de cerca el tema ambiental en esta región, en donde ha adelantado investigaciones y proyectos en los que se han medido estos fragmentos aledaños a los ríos. Así, encontró lugares en donde la ronda puede tener 1 km o 900 m, lo cual lleva a pensar en que es una zona con una alta probabilidad de inundación y se debe tener precaución.

Añade que desastres como el de Mocoa (Putumayo), ocurrido el 1 de abril de 2017 a causa de una grave inundación y que dejó alrededor de 1.400 muertos y 15.000 damnificados, se pudo prever teniendo en cuenta las rondas de los ríos, un aspecto ignorado por las autoridades locales, regionales y nacionales al hablar de estos temas en los territorios, por lo que hay vacíos e imprecisiones al respecto.

El profesor Duque ha participado en proyectos con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, en los que han mejorado la capacidad para identificar estas zonas –ríos, quebradas y arroyuelos de Leticia, Florencia y Putumayo– utilizando escalas geográficas más precisas, esto quiere decir que en imágenes amplias del terreno se puede determinar qué tanto se acotan las rondas de los ríos en cada momento del año.

Para el experto, “la estrategia de poner muros en los ríos para que no se presenten inundaciones no sirve; por ejemplo, hoy el río Amazonas está retirando su cauce y se está desplazando a territorio peruano, por lo que es necesario cambiar los límites fronterizos y entender mejor los procesos de cambio de estos ecosistemas”.

La reforestación, un tema de nunca acabar

En la misma línea, el experto, director del Laboratorio de Limnología Amazónica de la UNAL, se refirió a la deforestación, un problema que también incide en las inundaciones y los cambios ambientales en la Amazonia, un lugar en donde cada árbol nativo en pie puede liberar hasta 1.000  litros de agua al día, por lo que insiste en que “urgen mejores estrategias y políticas públicas que vayan más allá del discurso sobre el cambio climático, que no es el causante de fenómenos como El Niño y La Niña”.

“La estrategia de reforestación que se adelanta hoy no resuelve el problema y se estaría haciendo de una manera poco eficiente, pues los árboles plantados no tienen el mismo impacto en términos de agua que los que se han talado”, indicó.

Aunque cifras del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) muestran que en 2022 la deforestación en el país fue de 123.517 hectáreas, lo cual representó una disminución del 29,1 % si se contrasta con las 174.103 hectáreas en 2021, la cantidad aún sigue siendo muy alta.

Hoy se presenta el fenómeno del “síndrome de los bosques vacíos”, que son lugares en donde ha colapsado el ciclo natural de la regeneración de especies de árboles y animales, ya que no existe una interacción beneficiosa y natural entre todas las partes del ecosistema.

“Necesitamos llegar a tener cero porcentaje de deforestación, es preferible tener un bosque en pie que reforestado, y hay que dejar de hablar del cambio climático como el principal problema y empezar a mirar los cambios ambientales globales que generamos cuando dañamos los bosques proveedores de agua”, asegura.

Este punto es determinante, pues el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ya indicó que su objetivo de reforestación para 2026 será de 750.000 hectáreas, y en el Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno estimó que su meta es reducir hasta en un 20 % la deforestación. Por eso revisar cómo que se lleve a cabo este proceso es fundamental, pues, como dice el profesor Duque, “la preservación es la clave real para solucionar el problema”.

La conferencia formó parte del tercer día del VII Congreso Internacional de Gestión Territorial para el Desarrollo Rural, que agrupa el XIV Foro Internacional de Desarrollo Territorial y celebra los 60 años de la Facultad de Ciencias Agrarias de UNAL.

Hallan alta concentración de mercurio en huertos caseros de Chocó

 El análisis de 36 huertos caseros de Nóvita, Istmina y Tadó –18 establecidos hace más de 50 años en zonas de actividad minera y alta deforestación y otros 18 en zonas de reserva– evidenció que más del 40 % de sus suelos tienen altos niveles de mercurio, lo cual afecta frutas, verduras y plantas medicinales, fundamentales para la alimentación de las comunidades locales.

Entre las especies más afectadas por mercurio están zapote, anón, bore, naranja, ‘pipilongo’, guanábana, árbol del pan, chontaduro, ñame, aguacate, limón, papachina, marañón y palma de Cristo, todas fundamentales en la culinaria y la medicina tradicional de la región.

Una de las más preocupantes por su alto contenido de mercurio es el saúco, planta medicinal muy consumida en fresco por niños y adultos. No obstante, se encontró un nivel de contaminación más bajo en raíces y tubérculos como la yuca y especies de la familia de las musáceas (plátanos y bananos).

Aunque el mercurio se había evaluado con mayor interés en las aguas del Pacífico colombiano, hasta el momento ningún estudio se había ocupado en indagar si la contaminación había migrado del suelo a las plantas, y en particular a sus frutos.

Los huertos tradicionales de Chocó, esenciales en la vida y cultura de estas poblaciones, se caracterizan por proporcionar los alimentos básicos para la subsistencia y las plantas que por siglos han utilizado en la medicina tradicional. La mayor parte de lo que cultivan es para el autoconsumo de las familias y el restante es comercializado, por eso se conocen como mixtos.

El estudio de Liviston Barrios Arango, doctor en Agroecología del Grupo de Investigación en Agroecología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira, también encontró que algunas huertas habían superado el límite máximo permitido por la normatividad internacional europea para suelos agrícolas, que es de 1 mg de mercurio por kilogramo.

“Por ejemplo en Tadó, de los seis huertos cercanos a actividad minera, dos tienen niveles por encima de la norma”, confirmó el investigador, cuyo trabajo fue dirigido por la experta en agroecología Marina Sánchez de Prager, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNAL Sede Palmira.

También reveló que aunque el mercurio se encuentra especialmente en las raíces, se desplaza por toda la planta, incluyendo el tallo y, de manera preocupante, los frutos.

En un ejercicio anterior el investigador Barrios identificó 9.934 individuos y 117 especies frutales y vegetales en Istmina, 5.561 individuos y 145 especies en Nóvita, y 17.335 individuos y 130 especies en Tadó, lo que reafirma la alta diversidad presente en la zona.

Los análisis de suelo se realizaron en el Laboratorio de Suelos del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), y los de mercurio en suelo y material vegetal en el Laboratorio de  Aguas y Química Ambiental de la Universidad de Córdoba. En este se utilizó la técnica de espectrofotometría de absorción atómica por vapor frío, que sirve para determinar niveles de mercurio. Una vez obtuvo los resultados, el investigador verificó cuáles huertos tienen los estándares máximos y mínimos de contaminación.

El mercurio está relacionado con problemas en el sistema nervioso y se ha asociado con enfermedades degenerativas, y aunque aún se necesitan estudios adicionales que formarán parte en una siguiente etapa del trabajo, “se podría relacionar con algunas condiciones de salud en el Chocó, como el aumento de enfermedades neurológicas y motoras, abortos espontáneos y malformaciones en recién nacidos”, afirma el investigador.

Este problema va aún más allá, pues ha desencadenado una crisis de inseguridad alimentaria en estas comunidades, ya que, para prevenir estas enfermedades, algunos habitantes han optado por no consumir pescado debido a las investigaciones que han revelado mercurio en algunos peces.

“Así se afecta la nutrición de las familias, dado que el pescado es una fuente fundamental de proteínas en la dieta local”, advierte al preguntarse ¿qué pasará cuando la población conozca los resultados de su trabajo de investigación?

“Es evidente que el departamento debe cambiar el modelo de extracción por uno de producción sostenible, obviamente hay que hacer un periodo de transición, pero tenemos que hacerlo ahora, porque de lo contrario la afectación de las familias chocoanas podría ser mayor”, recalcó.

Chocó se caracteriza por su economía extractiva, centrada en la minería y la explotación forestal. Muchos de los suelos utilizados por las comunidades para cultivar alimentos han estado expuestos a la contaminación por mercurio durante más de 50 años, un subproducto de la actividad minera que sigue dejando un legado tóxico en esta población.

El doctor Barrios, también profesor de la Universidad Tecnológica del Chocó, presentará mañana a las 8 a. m., los hallazgos de este estudio en el Primer Congreso Internacional por la Conservación de la Biodiversidad del Pacífico que forma parte del Encuentro Internacional: Retos del Pacífico Frente al Cambio Climático, evento organizado por la Alcaldía de Cali.

En Bogotá, lluvias cortas, pero más intensas, evidencian efecto del cambio climático

 Las zonas más afectadas por las intensas lluvias suelen encontrarse hacia el oriente de Bogotá, cerca de los cerros. Áreas específicas como la calle 205 con Autopista Norte y la zona de Contador son más propensas a tormentas intensas. Así se desprende del análisis de la información proporcionada por la red de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, realizado por ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), el cual reveló una disminución de los días que llueve, pero a la vez un aumento de la intensidad.

Los efectos del cambio climático son una realidad y una preocupación mundial. Cuando se presentan altas temperaturas, se alteran los patrones de precipitación o lluvias, lo que significa que la forma en que el agua cae puede ser mayor o menor. Esto conlleva problemas como inundaciones, movimientos de tierra y daños en infraestructuras.

El análisis del ingeniero civil Fabio Rubiano Sánchez, especialista en Análisis Espacial de la UNAL, abarcó datos recopilados entre 1970 y 2020. El propósito de su trabajo era evaluar el impacto del cambio climático en la distribución espacial de las lluvias en Bogotá. “El aumento en la intensidad de las lluvias plantea desafíos considerables en términos de gestión del riesgo y adaptación urbana", afirma.

En la capital las lluvias que solían ser prolongadas y moderadas se han ido transformando de manera gradual debido a los efectos del cambio climático. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ya había alertado que hacia el año 2100 se proyecta una transformación en el comportamiento general, con una disminución del -20 a -10 % de las precipitaciones en la parte oriental y un aumento del 20 a 30 % en la zona occidental.

Lo que indican los datos

En el análisis se recopiló información de eventos extremos, es decir, de esas lluvias que superaban el percentil 99 de la distribución de los datos. Esto permitió evaluar la frecuencia e intensidad de aguaceros que estaban fuera de lo común.

Para identificar la tendencia que se ha venido marcando en la capital, se utilizó una combinación de herramientas, incluyendo rutinas de programación en Python y Sistemas de Información Geográfica (SIG).

“Esta revisión se complementó con una interpolación incluyendo información de los puntos de la red de monitoreo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá que, al igual que otras entidades, miden estos fenómenos”, indica.

Los puntos de riesgo

Las zonas más afectadas por las intensas lluvias suelen encontrarse hacia el oriente de Bogotá, cerca de los cerros. Áreas específicas como la calle 205 con Autopista Norte y la zona de Contador han sido identificadas como propensas a tormentas intensas.

Mientras que las zonas más secas en Bogotá suelen ubicarse hacia el occidente y suroccidente, en localidades como Kennedy, Fontibón y Engativá. De hecho, Kennedy tiene una referencia histórica con el primer aeropuerto de Bogotá en Techo, que indica que esta zona ha sido tradicionalmente menos propensa a las lluvias intensas.

Según el experto, “hablar del riesgo de inundaciones en determinadas zonas de una ciudad como Bogotá no es tan sencillo. Este se calcula teniendo en cuenta la amenaza y la vulnerabilidad. Para el caso de la ciudad, la amenaza está asociada con la intensificación de las lluvias, y la vulnerabilidad se refiere a la capacidad de adaptación ante estos eventos”.

Sin embargo, con la tendencia que pone en conocimiento este estudio, se pueden crear estrategias en gestión del riesgo frente a estos eventos naturales, que aunque no se pueden controlar sí se pueden atender con una mayor preparación.

“Hay una necesidad de crear medidas en la planificación urbana, el diseño de sistemas de drenaje y la concientización pública para minimizar los riesgos asociados con las inundaciones. Con estos datos se puede avanzar en ello”, puntualiza el investigador.

Cianuro de la minería caldense supera con creces los índices de la normativa ambiental

 El análisis de aspectos físicos –como color, olor o turbidez y niveles de acidez o alcalinidad (pH)– y de la presencia de mercurio o plomo, entre otros parámetros químicos del agua resultante del proceso de extracción de oro en 6 muestras procedentes de empresas mineras en Caldas, evidenció que sustancias como el cianuro alcanzaban entre 500 y 3.000 partes por millón, muy por encima del límite establecido por la normativa ambiental colombiana, que indica que este debe estar por debajo de 1 parte por millón.

El hallazgo fue posible gracias a la aplicación del índice de calidad de agua residual (ICAR), basado en la Resolución 0631 de 2015 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la cual se establecen las concentraciones máximas en las que se pueden verter 23 compuestos –como hierro, plomo, zinc y cianuro– a los diferentes afluentes del país.

Guillermo Humberto Gaviria López, magíster en Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales, diseñó una herramienta que mide de 0 a 100, en cinco niveles, y con un “semáforo”, el impacto de la minería, un importante sector económico de la región junto con el café, pero que afecta los ecosistemas. Su uso les permitiría a grandes y pequeños mineros monitorear el cumplimiento de la normativa ambiental.

La Resolución 0631 de 2015 aplica para más de 73 sectores productivos como la metalmecánica, el plástico, los textiles, el lavado de carros, las curtiembres y la minería. Para el caso de Caldas, a la fecha existen más de 400 concesiones mineras en funcionamiento.

Otro factor que poco favorece a la región con respecto a la gestión de las aguas residuales es la inexistencia de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que permita frenar el impacto de la contaminación antes de que llegue a los ríos Magdalena, Cauca, Otún y Risaralda.

“El ICAR describiría qué tan positivo o negativo está siendo el proceso de potabilización de un minero, pequeño o grande, en su producción de oro. La norma es tan extensa que en la mayoría de los casos es difícil aplicarla; por ejemplo, exige limpiezas profundas cuando no se cuenta con las maquinarias o los insumos tecnológicos apropiados”.

“Eso no quiere decir que no se siga la norma, pero sí que existe un camino posible para mitigar el impacto o el vertimiento descontrolado de residuos químicos al agua, empezando por unos pocos y no todos a la vez, al simplificar la información”, destaca el magíster.

Las cinco categorías de medición son: nivel ICAR, el cual muestra el impacto inicial en valores de 0 a 100; luego por letras, donde A es bueno, B aceptable, C regular, D malo y E muy malo; y una tercera columna está por colores, o “semaforización”, donde azul es positivo, verde y amarillo es regular, naranja es malo y rojo es preocupante.

Índice eficaz

Las 6 muestras procedentes de empresas mineras en Caldas se colectaron en frascos de vidrio y se trasladaron hasta el laboratorio del grupo Procesos Reactivos Intensificados con Separación en Materiales Avanzados (Prisma), en donde se determinaron los parámetros fisicoquímicos de interés según los métodos estándar para agua y agua residual, y así se obtuvo un ICAR de 828,06, el cual indica una calidad muy mala del efluente.

Por ejemplo el cianuro alcanzó porcentajes que oscilaban entre 500 y 3.000 partes por millón, muy por encima del límite establecido por la normativa, que debería ser inferior a 1 parte por millón. En relación con otros parámetros se hallaron altas concentraciones de zinc, cobre, hierro, plomo, cadmio, mercurio y níquel.

“Tanto el cobre como el zinc superan ampliamente lo establecido en la normativa” afirma el investigador. Estos minerales pueden formar complejos químicos con el cianuro, lo cual modifica la toxicidad de los efluentes.

Así, el ICAR diseñado evidenció que es posible crear descriptores categóricos fáciles de interpretar para el tratamiento de aguas residuales por extracción de minería. Los aportes se presentaron en el Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería, organizado por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (Acofi) y celebrado en Cartagena.

El magíster, quien adelanta el Doctorado en Ingeniería Química, sigue avanzando en el desarrollo del ICAR, ahora de la mano de los docentes Izabela Dobrosz Gómez y Miguel Ángel Gómez García, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNAL Sede Manizales.

Polímero + arcilla = limpieza de agua contaminada con dañino colorante industrial

 Así lo demostró un experimento realizado en laboratorio, en el cual se mezclaron el quitosano y la bentonita, que, aunque no son superhéroes, sí tienen el poder de la limpieza. El primero es un polímero abundante en la naturaleza y recubre el cuerpo de crustáceos, insectos y hongos, y el segundo, es una arcilla fina formada de ceniza volcánica; al combinarlos removieron en un 90 % agua contaminada con tartrazina, colorante artificial amarillo usado por la industria en helados, panes o bebidas.

La tartrazina representa el 30,78 % de los colorantes más presentes en aguas residuales por encima del rojo y el azul, es altamente soluble y de difícil remoción; tiene una vida media de 300 días en presencia de rayos ultravioleta y su vertimiento presenta un riesgo para el ambiente, ya que impide la penetración de la luz, lo cual afecta los procesos fotosintéticos y el oxígeno disuelto, afectando la flora y fauna de ríos y quebradas entre otros afluentes.

Además, tiene un efecto toxico para algunas especies acuáticas, ya que su descomposición genera aminas aromáticas (sustancias cancerígenas y mutagénicas), por esta razón su tratamiento forma parte de evaluaciones y estudios.

Willy Alexander Velásquez Bustos, magíster en Ingeniería - Ingeniería Ambiental, del Grupo de Investigación en Procesos Químicos, Catalíticos y Biotecnológicos (PQCB) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales, probó una alternativa a la captación de colorantes artificiales durante la producción de alimentos, antes de verter el agua de las industrias a ríos y quebradas.

Afirma que, “la bentonita y el quitosano, fáciles de conseguir en el mercado, son eficaces para diseñar métodos de cristalización de aguas, algo que se logra mediante la adsorción, técnica en la que se produce un compuesto de ambos materiales permitiendo que la tartrazina se adhiera a la superficie de la sustancia mezclada en cortos lapsos”.

En cinco ensayos, el investigador trituró una muestra de bentonita que pasó a través de un tamiz (rejilla) para conseguir la muestra más fina del producto; después agregó este fino polvo a un recipiente con agua, y sobre este puso el quitosano; durante 24 horas ambas sustancias se mezclaron en un agitador magnético.

“La estructura molecular de la bentonita genera dos capas, una superior y una inferior, dejando un espacio en medio para que las partículas del quitosano se adhieran generando un compuesto de dos materiales”, señala el investigador.

Para garantizar la mezcla entre los materiales se añadió una pequeña cantidad de glutaraldehído, compuesto químico que garantiza que el quitosano no se disuelva en el agua.

Posteriormente, la muestra se secó a temperatura ambiente, adquiriendo una forma gelatinosa que se trituró y tamizó de nuevo; el resultado fue un polvo fino de tonalidad gris, listo para ser añadido al agua contaminada con tartrazina.

De las cinco muestras de agua residual utilizadas, cuatro fueron artificiales, es decir, creadas en el laboratorio, mientras que la quinta sí fue real, obtenida de una industria alimentaria de Manizales.

Este proceso se hizo teniendo en cuenta diferentes variables como el pH, tiempo de contacto, la carga de adsorbente y la concentración del colorante, dentro de la muestra, con el fin de determinar el valor exacto en el cual se podría generar una contención del colorante.

Así, se evaluaron muestras desde los 30 hasta los 100 mg de tartrazina por litro de agua, a tres temperaturas: 25, 35 y 45 °C, con valores en pH de 3,5, una carga de adsorción del compuesto de 0,2 a 0,4 gramos por litro y una agitación constante 300 revoluciones por minuto a 120 minutos durante 24 horas.

Los resultados mostraron que el valor indicado para remover un 98,6 % del colorante de la muestra es a los 45 °C durante 120 minutos con un compuesto de quitosano y bentonita al 4 % por litro de agua.

Es importante destacar que, a pesar de ser un polvo fino, este no se disuelve en el agua, por lo que se debe retirar mediante un proceso de filtración por celulosa. Este método separa las partículas sólidas o materiales no deseados del líquido mediante un papel de filtro con porosidad controlada, dejando el agua libre de residuos sólidos, en este caso, el compuesto con quitosano y bentonita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre burocracia y taponamientos, ciénagas en Bolívar se están secando

 No hay certeza sobre la cantidad de ciénagas sedimentadas o secadas en el complejo cenagoso de Cascaloa, en Magangué, lo cual afecta a cientos de campesinos que dependen de la pesca. Un problema que se agravó con la construcción de una vía carreteable en 2002, pues taponó la conexión de estas aguas con el río Magdalena. Las autoridades aún no tienen respuesta, por lo que un grupo de investigadores trabajó con la comunidad para intervenir estos puntos, una tutela sería la solución.

El complejo cenagoso de Cascaloa tiene cerca de 11.000 hectáreas, con 92 ciénagas, en las que más de 23.000 personas se benefician de la pesca; sin embargo, desde los años setenta, y debido a los cambios en el uso de estos ecosistemas, esta actividad tradicional se ha disminuido considerablemente, dando lugar a cultivos de arroz, que deterioran y modifican cada vez más las ciénagas.

Así lo describe el investigador Juan Manuel Quinche Roa, magíster en Gestión y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), para quien el problema es que los playones junto a estos humedales son “terrenos baldíos”, superficies que no tienen una delimitación clara en el país y de las cuales se supone el Estado es dueño. Los procesos administrativos para conocer su extensión son lentos e impiden la atención de fenómenos de apropiación iniciados por actores que no forman parte de las comunidades tradicionales.

“Los procesos de delimitación de estas zonas se llaman deslindes, y determinarían desde qué punto se pueden constituir propiedad privada, disminuyendo los riesgos de apropiación; sin embargo, a febrero de 2023, solo un proceso de este tipo se había culminado en el municipio de Simití, sur de Bolívar, luego de que la Corte Constitucional fallara a favor una acción de tutela interpuesta por las organizaciones campesinas”, asegura.

Desde hace tres años el investigador se ha interesado en aportar de alguna forma a que esto no siga ocurriendo, y a que factores que aceleran los procesos de sedimentación de las ciénagas, como la construcción de vías carreteables que taponan caños como el “rompedero”, no impacten de manera negativa el ciclo reproductivo de los peces, que dependen de un flujo de agua óptimo entre el río y las ciénagas.

Aproximación pionera

En ocasiones pasadas no se había tenido en cuenta la variable del “deslinde”, clave a la hora de atender los conflictos en torno a la tenencia la tierra que afectan a las comunidades. En este caso, el experto analizó la relación existente entre la no culminación del deslinde y el taponamiento de los caños con ocasión a la construcción de la vía carreteable antes mencionada.

Fueron numerosas entrevistas a líderes campesinos y pescadores que habitan la ciénaga, la revisión de 32 expedientes de deslindes abiertos en el complejo, una exhaustiva revisión de  sentencias proferidas por tribunales de todo el país, y la sistematización de la información que la Agencia Nacional de Tierras tiene sobre las ciénagas en el sur de Bolívar.

El experto indica que este es un gran logro, pues las administraciones municipales no habían atendido las peticiones que buscaban rehabilitar el caño, lo cual es paradójico, porque alrededor de 2021 la vía carreteable sufrió graves daños, y en vez de tener en cuenta las demandas de la comunidad para restaurar las ciénagas y contemplar obras civiles que no generaran taponamientos en el tránsito del agua, se volvieron a rellenar con material los mismos puntos en donde el daño y la obstrucción ya estaban presentes.

“Debido a los taponamientos de los caños, hay regiones de las ciénagas que aceleran su sedimentación, acentuando problemas de vieja data en humedales sin delimitar como la deforestación, la expansión de ganadería extensiva o los monocultivos. Se busca que con la tutela se suspendan las obras que impiden la conectividad ecológica, interviniendo y garantizando la rehabilitación de los caños, y teniendo procesos de concertación con los habitantes para que la pesca no se vea marchitada”, expresa el magíster.

Para él es importante hacer la distinción entre la forma en que antes se realizaban cultivos temporales que no modificaban el ecosistema cenagoso, y lo que se está haciendo hoy en día en la región, dando lugar a que diversos puntos de las ciénagas tengas cercas y diques, afectando el tránsito natural de agua y materia orgánica entre los ecosistemas.

“Es necesario seguir con los procesos de concertación en torno a la restauración ecológica mientras se espera la culminación del deslinde y una decisión de la tutela presentada. La idea es que las autoridades administrativas y las corporaciones regionales tengan en cuenta la voz de los pescadores artesanales, y que establecer y respetar los límites del complejo cenagoso sea una prioridad”, asegura el investigador.

La tutela fue producto de un trabajo conjunto con la comunidad y la Corporación Tiempos de Vida, y está siendo estudiada por la Corte Constitucional en el despacho de la magistrada Natalia Ángel Cabo.