Buenas relaciones comerciales aumentan la adopción de tecnologías en el sector agrícola

 Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales revela que las buenas relaciones entre los agricultores y los proveedores de insumos y servicios inciden en la manera como los agricultores adoptan nuevas tecnologías en la producción agrícola.

La investigación muestra que una relación comercial sólida no solo facilita el acceso a nuevas tecnologías, sino que además mejora la capacidad de los productores para implementar estos avances, aumentando así su competitividad y sostenibilidad.

El estudio fue realizado por Charles Robin Arosa Carrera para el Doctorado en Administración, con el objetivo de analizar el “capital relacional” a través de la red de actores en los territorios agrícolas en el Meta y cómo este capital influye en la innovación tecnológica.

El investigador aplicó encuestas a 250 productores agrícolas (medianos y pequeños) de palma, arroz, café, cítricos, yuca, plátano, cacao, maíz, aguacate, caña y maracuyá. Se eligió el Meta por su importancia agrícola y diversidad de cultivos, aunque presenta un bajo índice de innovación frente a otros departamentos colombianos.

“Para medir la calidad de la relación comercial entre productores y proveedores se utilizó una escala de 7 puntos, con una media general de 3,75, lo que sugiere que, en términos generales, las relaciones comerciales se perciben positivamente, aunque se identificó un margen para mejorar”, explica el investigador.

En cuanto al nivel de adopción de innovaciones tecnológicas, el estudio reveló que el 52 % de los productores adoptaron al menos una nueva tecnología en los últimos 2 años. “De estos, el 70 % de aquellos que reportaron una buena calidad (alta) en la relación comercial, también adoptaron innovaciones, mientras que solo el 35 % con una relación comercial de baja calidad adoptaron nuevas tecnologías”, precisa el investigador. Esto demuestra una fuerte relación entre la calidad de la relación comercial y la adopción de innovaciones.

En los agronegocios con relaciones comerciales de alta calidad se observó un incremento del 15 % en la adopción de nuevas tecnologías, en comparación con aquellos con relaciones menos efectivas. Este aumento en la adopción de herramientas tecnológicas demuestra que las buenas relaciones comerciales están estrechamente relacionadas con la disposición para incorporar innovaciones en la agricultura.

“El análisis estadístico mostró una correlación positiva significativa de 0,65 entre la calidad de la relación comercial y la adopción de tecnologías, con un valor p < 0,01, significa que hay menos del 1 % de probabilidades de que los resultados observados se deban al azar si la hipótesis nula es cierta. En otras palabras, es muy improbable que el resultado se deba a una casualidad.

Esto confirma que la relación entre ambos factores es estadísticamente significativa y destaca la importancia de una buena relación comercial para fomentar la innovación tecnológica en el sector agrícola”, menciona el investigador.

La mayoría de los agronegocios muestran una relación estable con sus proveedores, pues hay coherencia entre el tiempo dedicado al cultivo y la duración de la relación comercial. Los cultivos perennes, como la palma, tienen tiempos de dedicación más prolongados en comparación con los cultivos transitorios como el arroz.

En términos de área cultivada, la palma de aceite lidera con 1.465,9 hectáreas y una alta productividad de 17,2 toneladas por hectárea, además de un tiempo promedio de dedicación de 24,7 años. En contraste, el arroz tiene una menor área cultivada (177,5 hectáreas) y una productividad inferior (5,3 toneladas por hectárea), pero los productores se dedican a esta actividad durante un promedio de 10,4 años. Otros cultivos como el café y los cítricos presentan distintas combinaciones de hectáreas y productividad, con tiempos de dedicación que varían según su antigüedad y tipo.

En muchos casos la baja área cultivada obedece a la estructura organizacional basada en la economía campesina en la región del Meta, que está compuesta predominantemente por pequeños y medianos productores. La productividad presenta una gran dispersión, influenciada por la edad de los cultivos y las inversiones necesarias para su desarrollo. En general, los valores observados son consistentes con los niveles de productividad nacionales.

El sector agrícola colombiano tiene la oportunidad de mejorar la optimización de sus cultivos mediante la adopción de innovaciones tecnológicas avanzadas. Por ejemplo, emplear pulverizadoras modernas para fumigar cultivos, junto con sensores digitales para el monitorear parcelas, podría garantizar un manejo más preciso y eficiente.

Las sembradoras de precisión optimizarían el proceso de siembra, mientras que los biofertilizantes y bioestimulantes fortalecerían el desarrollo de las plantas. Además, los drones facilitarían el monitoreo aéreo de los cultivos, y el uso de macrodatos (big data) permitiría recopilar y analizar información detallada sobre factores cruciales como el suelo, el clima y la calidad del agua, contribuyendo a una gestión agrícola más efectiva e informada.

Con participación de la UNAL, el Valle del Cauca adopta el primer Plan Agroecológico del país

 Más de 7.000 productores agro-ecológicos del departamento se beneficiarán con la implementación del Plan Agro-ecológico construido colectivamente y adoptado por el Valle del Cauca para el periodo 2024-2035, proceso acompañado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira.

El nuevo Plan Agro-ecológico del Valle del Cauca, adoptado por la Ordenanza 656 del 11 de junio, contempla una inversión cercana a los 95.000 millones de pesos para transformar en los siguientes 11 años la agricultura departamental y beneficiar mediante su implementación a más de 7.473 personas agrupadas en 233 asociaciones agro-ecológicas.

La agro-ecología toma cada vez más interés en el mundo porque promueve la conexión de conocimientos científicos y tradicionales para desarrollar sistemas agrícolas sustentables. Por eso en el Plan también se propone promover la autosuficiencia alimentaria, posibilitar el acceso a la tierra con dignidad y asegurar la conservación de la biodiversidad y la inclusión de la agro-ecología en la producción rural.

Desde sus inicios esta iniciativa ha estado respaldada por la experiencia y acción de más de 20 años del Grupo de Investigación y del Centro de Pensamiento en Agro-ecología de la UNAL Sede Palmira, los cuales, a través de seminarios y encuentros con agricultores, han facilitado la apertura institucional hacia la investigación y el trabajo comunitario en los territorios. Así la Institución busca articularse al Plan mediante la participación activa en el grupo “Alianzas por la Agro-ecología”.

“Esta coalición buscará impulsar la agro-ecología en todos sus componentes: tecnológico, económico, social, político y ambiental, con la articulación de la Gobernación, organizaciones campesinas agro-ecológicas, el Instituto Mayor Campesino (Inca), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la UNAL”, informa la profesora Marina Sánchez de Prager, coordinadora del Centro de Pensamiento y del Grupo de Investigación en Agro-ecología, el cual avanza en la formulación de proyectos para contribuir al bienestar de las comunidades.

“A partir de esta ordenanza la UNAL debe proyectarse más allá de sus paredes y seguir trabajando de manera integral con la comunidad, pues la agro-ecología es una herramienta poderosa para mitigar el cambio climático, bajar los costos de producción y promover la justicia social, fundamental para la sostenibilidad y la paz en los territorios”, enfatiza la coordinadora.

Con la adopción del Plan Agroecológico, el Valle del Cauca se convierte en el primer departamento de Colombia en asumir con acciones reales los pilares de la política nacional para el campo, la cual plantea: convertir el país en potencia agroalimentaria para promover la soberanía y seguridad alimentaria desde lo local; frenar la crisis del hambre; garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada; sustituir las importaciones de alimentos y de insumos con base en la  petroquímica, y además estimular la producción rural con miras a fortalecer la agricultura campesina, familiar, comunitaria y popular.

Plan de Agro-ecología, un trabajo colectivo

En entrevista con la Agencia UNAL, el ingeniero agrónomo Fernando de Jesús Álvarez Ramírez, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca y coordinador de la construcción colectiva del Plan, destacó que “la iniciativa se hizo con enfoque territorial y de género, lo que permitió una participación amplia de los municipios en las 4 subregiones del departamento: norte, centro, Pacífico y sur”.

“Para los agricultores que adopten prácticas agro-ecológicas el Plan incluirá incentivos, como subsidios para la compra de insumos orgánicos y apoyo técnico continuo. Estamos comprometidos a garantizar que los agricultores tengan acceso a los recursos necesarios para implementar estas prácticas y mejorar la rentabilidad y calidad de vida de las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes”.

El Plan Agroecológico del Valle del Cauca prevé la implementación de 50 mercados agro-ecológicos, 20 casas de semillas, 500 escuelas campesinas de agroecología, y 8 casas museo para la memoria biocultural. Además, la construcción de redes subregionales de consumidores agro-ecológicos y la creación de 84 proyectos para la producción de energías alternativas y 178 biofábricas, con el apoyo de la UNAL y otras instituciones académicas y de investigación de la región.

La estrategia se estructuró en 4 dimensiones: (i) ecológica técnico-productiva para el manejo y la conservación de la agro-biodiversidad, (ii) histórico-cultural y espiritual para recuperar la memoria cultural y los saberes ancestrales, (iii) las económicas diversas y alternativas como la del cuidado, popular y solidaria, y (iv) organizativo-política e institucional, que fortalecerá el movimiento agro-ecológico y la integración de la agro-ecología con las instituciones de la región.

Dada la importancia del Plan, la agenda previa de la COP16 en la UNAL Sede Palmira inició con el conversatorio “Agroecología y futuro local, regional, territorial y planetario: una mirada desde el Valle del Cauca y el PLAVEV”, en el que se socializó parte de la iniciativa. Revívelo aquí.

Universitarios y campesinos rescatan árboles para restaurar alta montaña en el Valle del Cauca

 Academia, empresa y familias campesinas restauraron ecológicamente en cooperación zonas degradadas por la deforestación para agricultura y ganadería en áreas de conservación de recursos naturales de la alta montaña de Palmira. La siembra de casi 500 árboles rescatados por las comunidades fue un éxito al lograr el 60,6 % de supervivencia en el primer semestre del año

Este territorio, ubicado entre los 2.400 y 2.800 msnm, es rico en biodiversidad y de allí se originan importantes ríos que surten al municipio. Además ha sido históricamente escenario del conflicto armado y actividades al margen de la ley, que luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, se abrió a nuevas oportunidades productivas y turísticas, y con ello vino una mayor ocupación y uso de la tierra. Algunas familias regresaron al territorio y otras llegaron buscando un nuevo comienzo.

La paz brindó la oportunidad a la academia, representada en profesores, investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira, de subir a estas zonas del municipio y reconocerlas, un proceso que desde 2017 ha originado diversos proyectos de investigación en los corregimientos de Toche, Teatino, Cabuyal y Combia.

En este último, ubicado en la parte más alta de la montaña cerca al Parque Nacional Natural de Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño, se realizó la restauración ecológica en cooperación con la siembra de 487 árboles nativos como gavilán, flor amarilla, sauce, cedro negro, molde y palma de cera, el árbol nacional del país.

Cerca del 60 % de las plantas fueron rescatadas por la comunidad. Las 13 familias campesinas, en sus recorridos por la zona montañosa, se dedicaron a identificar árboles pequeños de entre 20 y 40 cm de altura, utilizando su conocimiento ancestral y una cartilla proporcionada por el Grupo de Investigación Prospectiva Ambiental y su semillero de Investigación Ambiental (SIAMB). Durante las caminatas encontraban estos arbolitos en lugares donde probablemente no sobrevivirían, y siguiendo las indicaciones los sacaban cuidadosamente protegiendo la raíz y parte del sustrato.

Yorledis Esquivel, una de las participantes de la zona rural de Combia, quien ordeña en las mañanas y en las tardes realiza los oficios de la casa, manifestó: “uno que no conoce muchos árboles puede pensar que son maleza y no sirven, pero este proyecto nos enseñó su importancia y cómo cuidarlos para ayudar al medioambiente”.

Luego de recolectar los árboles, los llevaban a sus casas y los cuidaban en bolsas especiales que les habían sido suministradas. Cuando llegaba el momento de la siembra, profesores y estudiantes revisaban el material vegetal rescatado, y si estaba en buenas condiciones lo trasladaban al lugar de plantación en la montaña.

“Durante el proceso de investigación adelantado con un equipo multidisciplinario identificamos uno de los problemas más importantes: la fragilidad ambiental que tienen estas zonas frente a la conservación de su biodiversidad, particularmente sus árboles nativos y sus bosques, que son clave para la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático”, señaló la profesora María Victoria Pinzón Botero, directora del SIAMB y líder de la iniciativa, respecto al origen del proyecto.

A pesar del impacto del fenómeno de El Niño a inicio de 2024, en el seguimiento adelantado en el primer semestre se registró que los árboles lograron un porcentaje de supervivencia de 60,6 %, “lo que evidencia que ese esfuerzo compartido logró un éxito contundente, incluso a pesar de las variaciones climáticas”, agregó la profesora Pinzón.

La metodología empleada se centró en un enfoque participativo y de transferencia de conocimiento. El trabajo de siembra se distribuyó en tres jornadas entre febrero y abril de 2024, y paralelamente se fue realizando el seguimiento a cada uno de los arbolitos sembrados en los diferentes sectores correspondientes a las franjas de protección del río Amaime y de la quebrada Los Cuchos, fuente abastecedora del centro poblado plan de vivienda del corregimiento.

Restauración ecológica en cooperación

En el trabajo con las comunidades que venía adelantando la UNAL Sede Palmira en Combia, la iniciativa fue impulsada por el vivero local con el campesino Jaime Quintero, quien desde hace algunos años trabaja en el rescate de la palma de cera, nativa de las regiones montañosas de los Andes colombianos. Luego, con el apoyo del SIAMB, se propusieron destinar un área adicional para cultivar y rescatar árboles nativos.

Desde 2017 la actividad investigativa ha sido apoyada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Parques Nacionales Naturales de Colombia, el municipio de Palmira y la empresa Ecotank, que en 2023, a través del programa “Reverdece con propósito” y con la colaboración de compañías de diversos sectores a los que presta sus servicios, logra contribuir con la puesta en marcha de la siembra de árboles con apoyo económico para las familias campesinas.

Diana Giraldo, quien vive con su familia en la vereda Combia y se dedica a diversos oficios como la recolección de cebolla y otras tareas del campo, recorrió con su esposo y dos hijos pequeños la montaña en el rescate de árboles. Ella destaca que fue “algo muy bonito que les enseñó a valorar y proteger el entorno natural, donde mis hijos aprendieron la importancia de esta tarea”.

Para la profesora Pinzón “es fundamental que los futuros profesionales comprendan que las zonas de conservación y protección no siempre están en las condiciones ideales que imaginamos. Este proyecto ha permitido que los estudiantes se enfrenten a la realidad de los territorios y conozcan la importancia de conservar los árboles nativos y la biodiversidad para un ordenamiento territorial más sostenible que aporte efectivamente a los retos de la adaptación al cambio climático”.

Nuevo modelo prevería emergencias en proyectos como Hidroituango

 Un modelo multicriterio, probado por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín, logró hacer previsiones a modo de ranking –de mayor a menor– de los impactos ocurridos en torno a este proyecto, por lo que sería una herramienta útil para tomar decisiones acertadas, prevenir riesgos y evitar mayores gastos. Su uso se podría extender a futuros planes hidroeléctricos, o similares, de gran envergadura.

Hidroituango, una de las centrales de generación de energía más grandes de Sudamérica, tuvo una de sus mayores contingencias operacionales en 2018 por la obstrucción de uno de los túneles auxiliares de desviación. Así mismo, y pese a su importancia para la economía del país, tuvo una fuerte oposición por parte de la comunidad, lo que implicó retos económicos, sociales y ambientales.

“Durante la planeación de proyectos como este se busca prever, evitar y mitigar riesgos. Sin embargo, los estudios suelen ser muy limitados y unidireccionales, centrados a favor de los resultados que el proyecto pretende alcanzar”, explica Juan Felipe Laverde Salazar, magíster en Ingeniería de Sistemas de la UNAL Sede Medellín.

Hidroituango como caso de estudio

El nuevo modelo se considera integral porque determina la influencia que puede haber entre variables y revela conexiones que pasan desapercibidas con otros métodos. “En la bibliografía encontramos 21 metodologías existentes, luego seleccionamos aquellos impactos relacionados con las hidroeléctricas (148 en total), y por último con el modelo DEMATEL-WINGS (empleado para analizar factores entrelazados) determinamos cómo influía cada impacto en el sistema o en ‘el todo’”.

Para este estudio se analizó el Listado de impactos ambientales específicos2021, publicado en por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. “Obtuvimos 1.104 combinaciones que siguen la estructura: Decisor – Espacio geográfico – Temporalidad del proyecto – Impacto, lo que nos permitió determinar quiénes eran los más afectados por el proyecto, en qué etapa y en cuál área de influencia”.

Y además realizar un análisis complementario para los planes de manejo ambiental, de manera que sean más precisos y efectivos. “Para validar el modelo propuesto según los impactos ‘listados’, tomamos como caso de estudio el proyecto Hidroituango y los datos públicos de su Evaluación de Impacto Ambiental”.

Esta información se ingresó al modelo para analizar los 30 impactos que finalmente se muestran “ranqueados”, y encontramos que la mayoría se concentran en el proyecto mismo, tal como ocurrió en la vida real con la emergencia operacional.

Según estos resultados, el proyecto es el principal agente de impacto dentro del sistema, y además sugieren que la comunidad es la más afectada por su implementación. En cuanto a la dimensión temporal, se destaca que la mayoría de los impactos ocurre durante la fase de construcción.

Con respecto a la dimensión espacial, se obtuvo que la zona del embalse experimenta la mayor incidencia de impactos, principalmente atribuibles al proyecto. “Aunque la validación se correspondió con la realidad, el modelo se puede mejorar aún más, incluyendo actores como los estatales y variables de causalidad”, agrega el investigador.

Potenciar un modelo como este sería establecer un precedente para construcciones más equilibradas y sostenibles, de manera que se prevean y mitiguen conflictos socioambientales y de operatividad. Por último, también es importante señalar que es extrapolable a proyectos similares y de gran magnitud.

Con cenizas de cascarilla de arroz se mejorarían vías terciarias de los Llanos Orientales

 Un proyecto liderado por docentes y profesionales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y financiado por el Sistema General de Regalías (SGR) busca aprovechar la ceniza resultante de la quema de la cascarilla de arroz para fabricar cementos no convencionales, con el fin de aplicarlos para mejorar las vías terciarias de la región Orinoquia.

En 2023 se produjeron en Colombia 6,5 millones de toneladas de productos agrícolas, entre ellos el arroz, con 1,7 millones toneladas en el Casanare y 1,4 millones de toneladas en el Meta, lo que demuestra que los Llanos Orientales es la zona de mayor producción arrocera del país, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), sobre la más reciente Evaluación Agropecuaria Municipal (EVA).

Sin embargo el mal estado de las vías internas de la región es uno de los problemas que dificulta sacar eficientemente los productos agropecuarios (arroz, soya, piña, caucho, palma africana, pino, maíz, plátano, patilla, yuca, cítricos y árboles maderables, entre otros), y además repercute en un alza en los costos de transporte, situación que obedecería a la ubicación geográfica, el clima, y la falta de inversión y de soluciones definitivas.

“El 70 % de las vías colombianas se clasifican como “terciarias”, es decir las que unen las cabeceras municipales y las veredas, por lo que son fundamentales para el desarrollo de la economía regional”, expuso el profesor de la UNAL Ary Alain Hoyos, ingeniero civil, doctor en Ingeniería - Ciencia y Tecnología de Materiales y líder de la investigación.

Ante esta problemática, la UNAL Sedes Medellín y Orinoquia se unieron para adelantar un proyecto que explora soluciones de economía circular, es decir aprovechar al máximo todos los recursos materiales para reducir, reciclar y reutilizar lo que se desecha.

Los investigadores encontraron en la producción arrocera un recurso útil para aportar a la solución del estado de las vías terciarias de la región: “elegimos la ceniza de la cascarilla de arroz como materia prima porque esta ya pasó por todo un proceso químico, la huella de carbono es mucho más baja y es algo que no se utiliza, es un residuo”, explica el profesor Hoyos.

La ceniza de cascarilla de arroz mejoraría el suelo vial

La cascarilla de arroz suministrada por la Comercializadora de los Llanos fue la materia prima de la investigación: “su ceniza se adquiere mediante un proceso de quema controlada, el cual implica calentarla a temperaturas específicas, y de allí se produce la calcinación y se transforma en cenizas. Después, este subproducto se incorpora en mezclas de concreto como un sustituto parcial del cemento, lo que mejora la resistencia y durabilidad del material”, explica el docente.

Aclara además que “el proceso para aprovechar este residuo consiste en recolectar la ceniza y mezclarla con el suelo en ciertas proporciones, y a esa mezcla agregarle activadores alcalinos, lo  que permite disolver parte de la ceniza para obtener lo que se necesita –en este caso silicio y aluminio– y generar un material que se pueda conglomerar”.

Aunque todo el proceso se estudió en laboratorio para saber cómo funcionarían los componentes en la vía, el líder del proyecto manifiesta que “la aplicación sería muy similar a la actual. El pavimento está formado por 4 capas: subrasante, subbase, base y carpeta de rodadura; las vías terciarias tienen máximo 2 de estas, por eso se presenta un deterioro más rápido en estas carreteras”.

activador; luego las volquetas van colocando la ceniza cada cierta distancia, posteriormente la moto niveladora mezcla el suelo existente con la ceniza, y por último un carro riega el activador. Es importante aclarar que este procedimiento se realizó desde 0 hasta los primeros 50 cm de suelo de la vía, y dio resultados satisfactorios”, indica el profesor Hoyos.

Aportes educativos y tecnológicos

Los beneficios del estudio se observan no solo en la sostenibilidad sino también en la articulación entre la academia, el Estado y la industria, pues además de la participación del sector privado se contó con el vínculo entre las Sedes Medellín y Orinoquia de la UNAL, la Institución Universitaria Pascual Bravo de Medellín y la Universidad Minuto de Dios, que aportaron el conocimiento de sus profesionales y los espacios de investigación en laboratorios. También contribuyeron de los departamentos Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, cuyos esfuerzos buscan no solo resolver la problemática, sino además promover la ciencia y el progreso de esta región.

El objetivo principal del proyecto es fortalecer las capacidades científicas, que se reflejan en la dotación de equipos de alta tecnología para la UNAL usados durante el estudio, como el microscopio electrónico de barrido que queda a disposición de la comunidad académica de la Sede Orinoquia.

En la investigación también participaron estudiantes del Doctorado en Ingeniería - Ciencia y Tecnología de Materiales, y de la Maestría en Ingeniería Materiales y Procesos, contratados para formar parte del equipo investigador, y quienes a su vez apoyaron a estudiantes de pregrado, uno de los cuales fabricó un tipo de cemento.

Este proyecto evidencia los logros del fortalecimiento de la ciencia para la sostenibilidad, los cuales se gestan desde la academia y sus beneficios se enfocan en pro de la región y de las comunidades rurales, que pueden aportar a iniciativas locales gubernamentales para mejorar las vías y el progreso de la Orinoquia, que repercutiría en una mayor competitividad y calidad de vida para los llaneros.

Con plástico se construirían muros ligeros y sostenibles en viviendas

 Según un estudio de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), con plásticos reciclados y fibras de madera se fabricarían muros divisorios en viviendas para reducir el uso de materiales convencionales con impacto ambiental.

Estos paneles prefabricados se harían a partir de polietileno de alta densidad (HDPE), un tipo de plástico comúnmente empleado en las botellas de agua que, junto con fibras de madera de una especie de pino, contribuiría a reducir el problema de los residuos plásticos y el impacto ambiental generado por la fabricación de ladrillos de arcilla, ya que este mantiene sus propiedades mecánicas incluso después de ser reutilizado.

“Lo que buscamos es tratar de mejorar el medioambiente utilizando esos materiales desechados, pero que también mantengan sus propiedades mecánicas después del reciclaje”, explica Luisa Fernanda Sierra Franco, magíster en Construcción de la UNAL, autora del estudio.

Para reforzar el material se propone incorporar fibras de madera del pino romerón, una especie nativa de Colombia seleccionada porque mejora la cobertura vegetal durante su crecimiento y tiene la capacidad de regenerarse después de ser talado. Además, se incluirían fibras de vidrio para aumentar la resistencia del material compuesto.

“Para llegar a estos materiales y sus propiedades, el estudio se basó en cálculos teóricos y análisis comparativos con paneles prefabricados existentes, como por ejemplo uno de una empresa eslovaca compuesto por una estructura de madera natural y un relleno de paja”, explica la investigadora.

Así, utilizando datos de propiedades mecánicas obtenidos de la literatura científica, la investigadora y su director de tesis, el profesor Andrés Felipe Pérez Marín, de la Facultad de Artes, realizó una “regla de mezclas” para determinar las características del nuevo material compuesto y si su uso sería eficiente.

“A través de fórmulas y cálculos medimos las propiedades del material compuesto que conforma el panel de 85 cm de largo, 40 cm de ancho y 3 m de alto. La resistencia a la flexión arrojada fue de 27,65 megapascales (MPa), la elasticidad fue de 5,802 MPa, el esfuerzo a la atracción de 105,71 MPa y el coeficiente de Poisson de 0,49, que indica cómo se deforma un material”, explica la magíster.

La lectura que hizo es que el panel de madera plástica es sumamente viable para emplearlo en construcción. Esto quiere decir que, con estos resultados, se podrían realizar pruebas de laboratorio y ensayos prácticos para confirmar estos resultados antes de cualquier implementación real.

“El potencial que vemos es que los paneles servirían como alternativa a la mampostería en muros divisorios en viviendas que sería más sostenible y ligera”, enfatiza.

Reducir el impacto ambiental de la construcción

“A lo largo de la historia hemos visto que la construcción se ha manejado con los mismos materiales. Aunque existen tecnologías suficientes para mejorarlos, en 2024 seguimos utilizando el concreto y la mampostería, que implican la explotación de recursos naturales, deforestación e impactos significativos al medioambiente”, señala la magíster Sierra.

Por ejemplo, la fabricación tradicional de ladrillos de arcilla conlleva varios problemas ambientales, entre ellos que los hornos empleados en este proceso operan continuamente emitiendo partículas contaminantes al aire las 24 horas del día, lo cual no solo afecta la calidad del aire, sino que además provocaría enfermedades respiratorias en las poblaciones cercanas a las ladrilleras.

Además, la extracción de arcilla para estos ladrillos a menudo implica remover vegetación, lo cual altera la estructura del suelo que generaría pérdida de fertilidad, lo que conlleva que difícilmente pueda crecer cualquier tipo de planta.

Esta investigación abre la puerta a futuras exploraciones en el campo de los materiales sostenibles para la construcción a propósito del creciente énfasis en la sostenibilidad y la economía circular para transformar la industria de la construcción hacia prácticas con menor impacto ambiental.

Con imágenes satelitales monitorean pérdida de bosque en Nariño

 En este departamento la deforestación ha sido un problema creciente que afecta tanto al medioambiente como a las comunidades y la biodiversidad. Un estudio reciente de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales utilizó imágenes satelitales avanzadas para analizar la cobertura forestal y entender mejor la magnitud de la tala de árboles en la región.

La investigación desarrollada por Mónica Yolanda Moreno Revelo para la Maestría en Ingeniería - Automatización Industrial de la UNAL Sede Manizales se centra en desarrollar un enfoque basado en técnicas de visión artificial cuyo objetivo es resaltar características en imágenes para detectar más fácilmente los cambios en los bosques.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam, 2020), en Nariño se han destruido 3.461 hectáreas de bosques, ubicándose en el noveno lugar del país en tasas de destrucción boscosa.

Los resultados del estudio permitieron generar mapas detallados que muestran las áreas deforestadas entre 2014 y 2019 destacando las zonas de mayor impacto, lo que ayuda a entender mejor las dinámicas de la deforestación en la región. Esta metodología no solo proporcionó una visión clara de la magnitud de la pérdida forestal, sino que además facilitó identificar patrones espaciales como deforestación (amarillo), sin cambios (azul), regeneración (rojo) y nubes (rosado), útiles para planificar estrategias de conservación y recuperación del ecosistema.

“Para llevar a cabo la investigación, y considerando la importancia del departamento, se utilizaron imágenes del Landsat 8, un satélite de la NASA que toma imágenes detalladas de la Tierra para monitorear cambios ambientales con enfoque en la clasificación y detección de las transformaciones del suelo”, afirma la investigadora.

Además se realizó un análisis temporal detallado comparando mapas etiquetados en diferentes fechas, lo que permitió rastrear y cuantificar los cambios en la cobertura forestal a lo largo del tiempo.

El municipio de El Rosario fue el más afectado por la deforestación. En el periodo 2002-2023 perdió 228 ha de bosque primario húmedo, lo que representa 31 % de su pérdida total de cobertura arbórea en el mismo periodo, mientras que el área total de bosque primario húmedo disminuyó en 2,8 % en este tiempo, según Global Forest Watch (2024).

Este territorio es importante tanto por su notable diversidad de especies como por la fertilidad de sus suelos, que son fundamentales para el equilibrio ecológico y la productividad agrícola. De las 79.831 especies registradas en Colombia, Nariño aporta 11.227 especies de fauna terrestre, 326 de peces (56 marinos), y una notable diversidad de plantas que constituyen el 63 % del total regional. Además la región es crucial para la observación de ballenas amenazadas y especies migratorias, según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia.

Así mismo, los territorios rurales son fundamentales para el cultivo de alimentos esenciales como papa, caña panelera, plátano, coco, tomate invernadero, palmito, café, zanahoria, yuca y maíz tradicional; sin embargo la destrucción de los bosques ha tenido un impacto negativo notable en las comunidades locales que dependen de la tierra para su subsistencia.

La deforestación altera la fertilidad del suelo, que es vital para el crecimiento de cultivos agrícolas. La eliminación de vegetación arbórea reduce la capacidad del suelo para retener nutrientes y humedad, afectando negativamente la productividad agrícola.

Además, la pérdida de bosques puede provocar un aumento en la erosión del suelo y disminuir los recursos hídricos, lo que también afecta la capacidad de los agricultores para cultivar alimentos de manera sostenible. La alteración de los ciclos ecológicos y la pérdida de hábitats naturales afectan la biodiversidad de polinizadores y otros organismos importantes para la producción de alimentos.

Esta pérdida de cobertura forestal está impulsada en gran medida por la expansión de cultivos de uso ilícito, especialmente de coca para la producción de cocaína, que representan una de las principales causas de la pérdida de selva en la región. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2023), el 13 % de la deforestación anual del país está vinculada a este fenómeno.

Algunos métodos para erradicar cultivos de coca son: la aspersión aérea con herbicidas como el glifosato, un químico que puede reducir la fertilidad del suelo y contaminar las fuentes de agua; la destrucción manual, y la quema de cultivos, alternativa que altera el suelo y contribuye a su desgaste paulatino. Según el periódico ambiental Mongabay (2023), en 2022 Tumaco (Nariño) era el segundo municipio en Colombia con más cultivos de coca, con 20.720 hectáreas, mientras El Charco-Olaya Herrera contaba con 11.088 hectáreas.

La Jagua de Ibirico (Cesar) muestra el lado crítico de la transición energética

 La “fiebre” del carbón dejó al borde del colapso a La Jagua de Ibirico, uno de los 25 municipios del Cesar. Mientras el país busca energías más limpias, esta comunidad se debate entre la esperanza de un futuro mejor y la desesperación ante los daños ambientales y sociales causados por décadas de explotación minera, entre ellos la deforestación masiva, la contaminación de fuentes hídricas y el deterioro de la calidad del aire.

En 2021, la salida de la empresa minera Prodeco dejó la región sin una fuente crucial de ingresos, reduciendo en cerca del 60 % los recursos financieros que antes se obtenían a través de las regalías del carbón. Por eso la economista Johana Regino Vergara, estudiante del Doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), ha dedicado sus últimos 4 años a analizar esta transición en La Jagua de Ibirico.

“Lo que vemos aquí es un adelanto de lo que ocurriría en otras zonas mineras de Colombia como La Guajira, por eso es importante que aprendamos de esta experiencia para diseñar políticas de transición energética que sean verdaderamente justas y sostenibles”, precisa la investigadora.

Su estudio se enfocó en conocer la realidad de este territorio realizando entrevistas con diversos actores, entre ellos miembros de la comunidad, funcionarios gubernamentales y académicos. Además aplicó una encuesta a 100 personas para evaluar las percepciones sobre la naturaleza y las expectativas para el futuro.

“En estos años de análisis he identificado que la comunidad de este territorio valora la naturaleza más allá de su potencial económico; las personas no la ven como un recurso para explotar, sino que aprecian el aire limpio, los paisajes, hablan de la posibilidad de compartir tiempo en familia en el río, valores que no se pueden medir fácilmente en términos monetarios”, comenta la economista Regino.

En su estudio aborda estos aspectos como parte de una “valoración plural de la naturaleza”, la cual considera crucial porque contrasta con el enfoque tradicional de desarrollo económico que ha predominado en la región, pues durante casi 3 décadas La Jagua de Ibirico orientó su economía casi exclusivamente hacia la minería de carbón a cielo abierto.

“La dependencia de la explotación del carbón no solo transformó el paisaje físico, sino también el tejido social y cultural del municipio”, afirma.

El caso de Boquerón, un corregimiento de La Jagua, muestra precisamente uno de los impactos más profundos de esta transformación, ya que su comunidad fue desplazada por la contaminación ambiental causada por la minería. En 2021, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) revocó la orden de reasentamiento, y en vez de eso les exigió a las empresas mineras implementar un Plan de Manejo Socioeconómico.

“Los habitantes, que habían esperado ser reasentados, ahora deben adaptarse a vivir en un entorno significativamente alterado por las actividades mineras. Enfrentan desafíos como la reconstrucción de su comunidad y la recuperación de su entorno natural, afectado por la minería a cielo abierto”, señala la economista Regino, quien después de varios años de seguirle el rastro a esta problemática en La Jagua de Ibirico determinó que “la transición energética justa no se puede limitar a cambiar una fuente de energía, pues debe reconocer los vínculos que las personas tienen con su entorno”.

“Lo que la gente está pidiendo es un cambio estructural, quieren recuperar sus saberes tradicionales, explorar alternativas económicas que sean verdaderamente sostenibles, y sobre todo quieren formar parte del proceso de toma de decisiones”, precisa.

“Una de las barreras para lograr la transición energética justa con la participación de las personas es la falta de confianza de la comunidad en ese concepto”, sostiene la investigadora en su estudio.

“A partir de las entrevistas con los residentes vi que muchos habitantes sienten que las políticas se están diseñando sin su participación real y que no responden a las necesidades específicas de su territorio, como por ejemplo atraer y desarrollar sectores económicos alternativos al carbón, como la agricultura, e incluso que se den procesos de descontaminación de fuentes de agua afectadas por la actividad minera”, sostiene.

Por eso el estudio concluye que para que la transición energética sea verdaderamente justa debe ser un proceso participativo que involucre activamente a las comunidades afectadas y se debe basar en una comprensión profunda de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza en cada territorio específico.

“Debe ir más allá de las consideraciones puramente económicas para incluir una gama más amplia de valores y aspiraciones comunitarias”, precisa la candidata a Doctora.

Al respecto menciona 4 puntos que aportarían a superar las barreras que se presentan en este territorio específico; estos son:

• Plataformas de participación comunitaria: crear espacios en los que las comunidades puedan participar activamente en la planificación y ejecución de la transición energética.
• Educación y sensibilización: iniciar programas de educación para informarle a la población sobre la importancia y los beneficios de una transición energética justa. “Estos programas deben incluir talleres, seminarios y campañas de sensibilización sobre prácticas sustentables y el valor de la naturaleza”, precisa la investigadora.
• Diversificación económica: promover la diversificación de la economía local hacia actividades más respetuosas con la naturaleza, como la producción de café, cacao, maíz y productos forestales no maderables.
• Procesos estructurales para la transición: es crucial que las transiciones energéticas no se limiten a cambios superficiales en la fuente de energía, sino que aborden de manera integral las estructuras económicas y sociales subyacentes. “Se debe pensar en una transición energética que integre valores culturales, sociales y ecológicos en la toma de decisiones”, reitera. 

Este estudio está enmarcado en el Proyecto Trajects, convenio suscrito entre el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la UNAL y la Universidad Técnica de Berlín.

Sede Palmira cumple 90 años aportando al desarrollo regional en Colombia

 La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira celebra este año 9 décadas de aportes al progreso del suroccidente colombiano a través de sus actividades de formación, investigación y extensión, con más de 12.000 egresados y 3.000 estudiantes del Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. El aniversario se conmemorará con eventos académicos, un libro sobre su historia y una exposición fotográfica, entre otras actividades.

Para hablar de los inicios de la Sede Palmira hay que remontarse al siglo XIX, cuando en Colombia emergieron dos modelos económicos capitalistas con enfoques distintos: el inglés, que promovía la gran propiedad rural y la producción intensiva, y el francés, basado en la pequeña propiedad rural y el desarrollo de cooperativas y asociaciones, e impulsado en el país por figuras intelectuales y políticas que influyeron profundamente en la visión agrícola del Valle del Cauca.

Entre ellos estuvo Manuel Esteban Ancízar Basterra, primer rector de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia –como se llamó en sus inicios la UNAL–, quien en su obra Peregrinación del Alpha resaltó la importancia de apoyar a las comunidades rurales para que se conviertan en pequeños empresarios, reflejando así el modelo francés, enfoque compartido por otros personajes y líderes vallecaucanos.

Sin embargo, en medio de la crisis mundial del capitalismo de 1929, y con una ley de emergencia que autorizaba la importación de alimentos, el sector agrícola colombiano estaba prácticamente arruinado y ante un desafío. En ese periodo llegó desde Puerto Rico al departamento la Misión Chardón para realizar un reconocimiento agropecuario, que al final sugirió que la investigación agrícola fuera transferida al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, país que mostró interés por tratarse de un territorio ubicado en el Trópico.

Esta propuesta marcó el primer momento de la Universalidad en el Valle del Cauca, destacando la transferencia de modelos agrícolas foráneos, especialmente estadounidenses, que se impusieron en la región.

En 1931, con la expedición de la Ley 132, cada departamento del país podía crear un instituto agrícola, el cual debería estar conformado por una escuela superior de agricultura, un servicio de extensión agrícola y una granja experimental, con la que ya se contaba, y el 5 de noviembre de 1934 se fundó en Cali la Escuela Superior de Agricultura Tropical con un plan de estudios adaptado al modelo francés y a las necesidades locales, que luego de superar diversas transformaciones y pasar a ser la Facultad de Agronomía, hoy celebra sus 90 años como Sede Palmira de la UNAL.

En resumen, la agricultura regional se desarrolló en medio de estas dos líneas de pensamiento, y con ello inició la historia de la Sede Palmira, como recuerda el profesor Néstor Fabio Valencia Llano, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, autor de varias publicaciones que compilan esta historia, y quien concluye que “con el tiempo se instauraron los dos sistemas productivos: el que  utiliza la agricultura convencional en amplias extensiones de tierra, y el de la pequeña propiedad rural, modelos que también influencian el currículo”.

Progreso e impacto en la región

Desde su fundación, la Sede Palmira ha estado a la vanguardia en la investigación agrícola, ambiental, agroindustrial y pecuaria, además de otros campos del conocimiento como el diseño y la administración, abarcando la transferencia tecnológica de modelos extranjeros y la investigación autóctona centrada en las necesidades locales.

La profesora Luz Stella Cadavid Rodríguez, vicerrectora de la Sede, anunció que “para celebrar este aniversario, durante este año el campus será el escenario de diversas actividades y eventos académicos que conmemorarán la rica trayectoria de la Universidad y su contribución al desarrollo regional de la mano de las comunidades. Además se publicará un libro y se desarrollará una exposición fotográfica con los hitos más relevantes de estos 90 años”.

Agro-ecología, comunidades y liderazgo femenino

En el legado de la Sede Palmira han sido fundamentales los aportes de la profesora titular Marina Sánchez de Prager en la evolución de la agro-ecología en la región. Su trayectoria comenzó hace más de 50 años, cuando la científica rompió barreras de género al ser la primera mujer en ocupar un cargo en un entorno dominado por hombres, rol que le permitió demostrar las capacidades de las mujeres en la ciencia y la agricultura y fue la primera Decana de Sede antes de que surgiera la figura de Vicerrector.

Bajo su liderazgo, la UNAL ha contribuido con el movimiento nacional y latinoamericano de la agro-ecología, formando profesionales y colaborando estrechamente con comunidades campesinas en la implementación de tecnologías blandas y prácticas de cultivo sostenibles.

Hortalizas, aporte de la Sede Palmira al país

En paralelo, el profesor emérito Franco Alirio Vallejo, primer vicerrector de la Sede Palmira, ha dejado una marca indeleble en la agricultura nacional a través de su trabajo con el grupo de investigación “Mejoramiento genético, agronomía y producción de semillas de hortalizas”, uno de los más antiguos de la Institución y que ha permitido la formación de 30 doctores, 55 magísteres y 130 profesionales al servicio del país.

Su contribución llevó al desarrollo de las variedades de hortalizas “Unapal”, que incluyen tomate chonto Maravilla, cilantro Laurena, habichuela Milenio, pimentón Serrano y zapallo Bolo Verde, innovaciones que han beneficiado en productividad y calidad a los agricultores nacionales, especialmente en Valle del Cauca, Cauca y Eje Cafetero.

Por sus aportes a la investigación, en 1994 el profesor Vallejo recibió el Premio Nacional en Ciencias de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, y en 2021 la Orden Simón Bolívar en el grado Gran Maestro, conferida por el Ministerio de Educación Nacional.