Pelícanos, entre las especies amenazadas por la construcción en Santa Marta

 Pese al enfoque ecológico de la Constitución Política de Colombia, y al importante número de normas que protegen el medioambiente en el país, no será posible salvar un refugio de pelícanos ubicado en una casa lote de la zona de Bello Horizonte (Santa Marta), en donde se construirá un edificio escalonado de 258 apartamentos. Una de las razones es que las regulaciones de las instituciones públicas involucradas no están integradas, no se complementan, muchas veces se contradicen, y la interpretación delegada a los jueces siempre llega tarde.

Además, 7 eucaliptos sembrados hace más de 30 años junto con árboles frutales bordean parte del lote, que también alberga otras especies de aves, iguanas, serpientes, zarigüeyas y ardillas.

Cuando el terreno se vendió para construir un edificio, algunas personas que ven a diario la llegada de los pelícanos a su hábitat reaccionaron pidiendo la protección preventiva de la fauna y la flora del lugar ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente), y ante la autoridad ambiental de la ciudad, confiando en que la intervención de las autoridades mitigaría el riesgo medioambiental que representaba la construcción, que contempla la tala total de la flora del lugar.

Un ejemplo de la desarticulación de las entidades es que Minambiente declaró su incompetencia ante diha solicitud, argumentando que aunque forma parte de la rama ejecutiva del poder público solo se encarga de establecer políticas y lineamientos nacionales para la protección del ambiente, y que a las autoridades locales les corresponde cumplir y velar por el cumplimiento de dichas normas. Se entendió que es un Ministerio más legislador que ejecutor.

De otra parte la autoridad local, que en este caso es el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA), respondió adelantando una serie de visitas técnicas al lote y dio cuenta de la variedad de fauna y flora existente en el lugar, representada en una cantidad importante de especies autóctonas de la región.

Como era de esperarse, el proceso de venta y construcción continuó y la Curaduría 2 de Santa Marta ya les anunció a los vecinos que ya existía una solicitud de permiso de construcción. Así mismo, los constructores o sus representantes le presentaron al DADSA una “solicitud de aprovechamiento forestal”, lo que significa la autorización para talar 29 árboles del lote, aparte de las 24 palmas de coco que son de tala libre, lo que significa una pérdida de 53 árboles en total.

Aunque se desconoce el contenido de la solicitud, lo que sí se tiene claro es que los eucaliptos, como especie foránea, pueden ser los más afectados, y por ende los pelícanos. Las normas lo permiten, por lo que la entidad ambiental no estaría incumpliendo sus funciones si concediera el permiso, y la Curaduría 2 de Santa Marta tampoco estaría incumpliendo si concede la licencia de construcción, pues es un ente privado que ejerce funciones públicas, solo debe analizar requisitos estructurales y técnicos para concederla. El medioambiente no forma parte del espectro de lo que se debe considerar para conceder una licencia de construcción.

Desarticulación institucional

Ahora bien, el procedimiento es tan desarticulado normativa y administrativamente, que deja la puerta abierta para que la construcción no tenga ningún tipo de talanquera y para que todos los problemas se resuelvan posteriormente, ya sea con el pago de sanciones o con la siembra de árboles en diferentes sitios de la ciudad, que nadie controla, cuida, ni mantiene. Así se van perdiendo los ecosistemas y correlativamente se videncia que el supuesto liderazgo del país en temas ambientales, es de papel y como se dice coloquialmente “un saludo a la bandera”.

En este caso, las normas permiten que el DADSA otorgue permiso para la tala de árboles, sin que exista un mecanismo que privilegie el traslado de animales antes de que su hábitat sea destruido. En este momento la referencia ya no es a los pelícanos, que tristemente tendrán que partir hacia el Aeropuerto como único sitio que les queda para refugiarse y donde representarán un riesgo para la entrada y salida de aviones, sino también a las iguanas, serpientes, ardillas, zarigüellas y demás especies que habitan el bosque y que huirán a la carretera cuando los 29 árboles y los 24 cocoteros ya no existan.

Además el DADSA carece no solo de personal permanente y suficiente, sino de presupuesto para ejecutar las funciones que le ordena la ley y las que le delega el Ministerio, y esa histórica discapacidad institucional genera aún más riesgo para el medioambiente y más caminos aprovechados y aprovechables para que los intereses privados primen sobre el derecho fundamental a un ambiente sano, que es un derecho colectivo.

No habrá más remedio que despedirse de los pelícanos, de los árboles del hermoso bosque y del resto de sus habitantes terrestres y aéreos, para darle cabida a una piscina, un jacuzzi y cualquier otra clase de amenidades que requieren los apartamentos en primera línea de playa. Estas lindas aves se chocarán contra los grandes ventanales cuando se equivoquen de rumbo y busquen sus árboles perdidos, y nada, ni los mecanismos de la Constitución ecológica, como la tutela o la acción popular, los van a salvar.  

En esta zona existen dos relictos de manglar, denominados Playa Dormida Norte y Playa Dormida Sur que están en procedimiento de delimitación por parte del DADSA, que fueron ignorados por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) al catalogar el predio “en tratamiento urbanístico de consolidación” que presupone un sector en el que se puede construir indiscriminadamente por cuanto cuenta con servicios.

Los habitantes del lugar saben que la calificación no es adecuada por la falta de agua potable, por la inexistencia de redes de alcantarillado y por la falta de estudios de carga poblacional que pueden soportar los lugares, y en especial las playas. Pero nada de esto le compete a la entidad que otorga la licencia, ni siquiera teniendo a la vista el desastre socioecológico de El Rodadero.

Para finalizar, el hecho de no poder tratar un tema como este de una forma integral interinstitucional, se hace extensivo a todo el país y amerita por lo menos una denuncia colectiva, por cuanto los intereses públicos están siendo amenazados con la “tabla de la ley en la mano” y en ese estado del juego la partida la va ganando el círculo vicioso de la voracidad privada y del ingreso de los municipios por impuestos prediales por impuestos prediales, sin más consideraciones.

Contaminación en Bogotá está provocando cambios genéticos en las personas

 Hasta ahora se sabía poco sobre cómo la exposición al material particulado (PM) impacta directamente en la genética humana, especialmente el 2,5, que son partículas imperceptibles al ojo humano provenientes de automóviles, camiones y fábricas, o de la quema de madera. Un estudio pionero en Colombia identificó tres procesos en los genes que se alteran en personas expuestas por más de 10 horas diarias a altos niveles de PM 2,5 en los sectores de Carvajal-Sevillana y el Tunal, de las localidades de Kennedy y Tunjuelito, en Bogotá

Es probable que cuando usted pasa por algunas zonas de Bogotá –considerada como una de las ciudades más contaminadas de América Latina– sienta picazón en los ojos y la nariz, e incluso irritación en la garganta. No es solo percepción. En los últimos años la ciudad ha tenido múltiples alertas ambientales por la mala calidad del aire, producto del tráfico vehicular, las emisiones de fábricas, los incendios en los Cerros, y hasta por su altitud, que dificulta la dispersión de contaminantes.

Las partículas microscópicas como las PM 2,5 tienen contaminantes como sulfato, nitratos y hollín, y se consideran  de gran riesgo para la salud, pues al ser hasta 30 veces más delgadas que un cabello humano fácilmente pueden inhalarse y penetrar profundamente en los pulmones, llegando incluso al torrente sanguíneo. Por eso la frecuencia de enfermedades como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el cáncer de pulmón han aumentado en todo el mundo.

Para los investigadores Liliana López, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Adriana Rojas, de la Pontificia Universidad Javeriana, y Carlos Zafra, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, era claro que la contaminación generaba estos daños, pero como había tan poca evidencia de cómo sucedían, ellos exploraron si existía una alteración en los mecanismos que regulan la expresión de los genes.

Localidades con mayor contaminación

Los investigadores de la Universidad Distrital comenzaron analizando la calidad del aire en Bogotá durante los últimos 6 años, utilizando los datos de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá. A partir de esta información clasificaron las diferentes zonas de la ciudad según los niveles de exposición al material particulado, así: bajo, medio, alto, y muy alto.

“Entre las áreas con peor calidad del aire se encuentran barrios como Carvajal-Sevillana y El Tunal, en las localidades de Kennedy y Tunjuelito, al suroccidente de la ciudad. Analizando los mapas se ve que esto ocurre por condiciones como el intenso tráfico en estas zonas, además del tránsito de camiones diésel, que son los que más contaminan”, explica el biólogo Byron Alexis Infante Hurtado, magíster en Bioinformática de la UNAL.

Por el contrario, las estaciones de Usaquén y del Centro de Alto Rendimiento se clasificaron como de baja concentración de PM2,5, lo que se relacionaría con una mayor presencia de zonas verdes, que actúan como filtros naturales atrapando esas partículas contaminantes del aire.

Con esta información los investigadores se enfrentaron al proceso de recolección de muestras, que no fue una tarea nada fácil. A diferencia de un hospital, en donde los pacientes ya están predispuestos a participar en estudios médicos, aquí tuvieron que convencer a los habitantes de estas zonas para que se sumaran al proyecto.

“Fue todo un reto”, comenta el bacteriólogo Daniel González Cubides, magíster y candidato a doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Javeriana, recordando cómo tuvieron que acercarse a las personas en sus lugares de trabajo o en la calle de las zonas que reportaron mayor contaminación. La buena noticia fue que obtuvieron muestras de sangre de 120 personas que pasaban al menos 10 horas diarias en las localidades estudiadas, ya que viven o trabajan allí.

De estas muestras, 30 se procesaron en laboratorio para estudiar el ARN y las marcas de histonas de células mononucleares de la sangre, por medio de secuenciación genética, una herramienta que permite entender cómo la exposición al material particulado altera la expresión de los genes. Los investigadores explican que la secuenciación de ARN se realizó en Colombia, mientras que la ChIP-seq, una técnica más especializada para identificar alteraciones “epigenéticas”, se realizó en un laboratorio de Bélgica.

Genes afectados por la contaminación

Los datos no tardaron en llegar, y después del análisis bioinformático los investigadores encontraron algo no reportado antes: en las personas expuestas a altos niveles de contaminación identificaron tres grupos de genes, con más de 50 cada uno, relacionados con tres procesos biológicos críticos que mostraban alteraciones.

El primero de ellos es la transición epitelio-mesénquima, un mecanismo que les permite a las células repararse después de un daño, pero que cuando se altera puede generar fibrosis pulmonar, una enfermedad respiratoria que cicatriza los pulmones y dificulta la respiración.

El segundo proceso afectado es la respuesta a la hipoxia, que se activa cuando el organismo detecta una falta de oxígeno. Según los expertos, en algunas circunstancias esta adaptación facilitaría el desarrollo de células cancerígenas.

Por último está el plegamiento de proteínas, que es otro mecanismo afectado. Cuando las proteínas no se pliegan correctamente debido al estrés celular, se pueden formar proteínas mal estructuradas que contribuyen a enfermedades respiratorias y otras condiciones de salud.

Además, en el estudio se utilizaron técnicas avanzadas de bioinformática para identificar regiones específicas del genoma donde ocurren estas alteraciones. “Es como reconstruir un libro a partir de fragmentos desordenados”, explica el investigador Infante.

A través de esta técnica pudieron observar qué genes estaban activos en las personas expuestas a la contaminación y compararlos con los de un grupo control, formado por personas del mismo sexo y edad pero que viven en áreas con mejor calidad del aire, como Usaquén.

El investigador González considera que estos resultados son un claro indicio de que la contaminación del aire va más allá de los efectos inmediatos y visibles, como el asma o la tos crónica, y puede estar causando profundas alteraciones genéticas.

“Queremos demostrar los efectos que el material particulado deja en los bogotanos y que está alterando nuestros genes. Es necesario tomar medidas ambientales que permitan disminuir la exposición, especialmente en zonas álgidas como Carvajal-Sevillana, Kennedy y Tunal, lo que ayudará a disminuir este problema de salud pública”, concluye.

Poderosa alianza entre microorganismos eliminaría desechos del cultivo de arroz

 En Colombia, por cada tonelada producida de arroz se genera una tonelada de residuos, es decir hojas, tallos y raíces que quedan en el suelo y que los cultivadores queman para poder volver a sembrar; sin embargo, este proceso contamina el aire con gases tóxicos como monóxido y dióxido de carbono. En pruebas de laboratorio, investigadores encontraron una forma de reemplazar este proceso utilizando hongos microscópicos, que les “dan una manito” a bacterias de tipo bacilo para que reduzcan dichos restos hasta en un 40 %.

El arroz es uno de los alimentos por excelencia en el país, es raro no verlo en cualquier preparación de restaurantes y hogares colombianos. La Federación Nacional de Arroceros señala que en 2024 había en el país 631.071 hectáreas cultivadas de este grano, con la región llanera como principal productor, en especial Casanare, un lugar en donde este cultivo ha aumentado año tras año y es la base económica para alrededor de 400.000 familias.

Pese a su importancia, los residuos que genera su producción también llaman la atención, pues además de su quema, en los suelos se está presentando una falta de nutrientes que hacen que sea más difícil degradarlos. Se estima que en Colombia los residuos asociados con el cultivo de arroz alcanzan las 400.000 toneladas al año.

El investigador Nicolás Alberto Novoa Montenegro, magíster en Microbiología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), integrante del grupo de Microbiología Agrícola del Instituto de Biotecnología (IBUN), asegura que estudios recientes muestran que en Colombia el 70 % de los suelos tienen algún tipo de degradación por falta de nutrientes, debido en parte al cultivo intensivo.

“Por ejemplo en Tolima los arroceros tienen cosechas cada 120 días, lo que termina alterando el ciclo natural e impide que haya materia orgánica suficiente para que los insectos y microorganismos se alimenten y produzcan nutrientes como el nitrógeno, que hace más fértiles los suelos”.

Dicho aspecto llevó al magíster a estudiar tres hongos del género Trichoderma –conocidos por controlar plagas en los cultivos– y dos bacterias del género Bacillus, colectadas en el IBUN. En la literatura estos dos microorganismos imperceptibles al ojo humano se han reportado como “degradadores de residuos”, pero no se había estudiado su trabajo juntos, es decir cuando se combinan para eliminar desechos de cultivos.

Todos los caminos conducen al arroz

Como si se tratara de amigos que se conocen de toda la vida, cuando estos hongos crecen y esparcen su “brazos” por los recipientes en donde crecen en laboratorio, las bacterias de la especie B. altitudinis,llamada así porque se describió por primera vez en la zona andina de  Colombia, pueden moverse por estas “carreteras” fúngicas y crecen de manera simbiótica con los hongos.

Esto es importante porque trabajando juntos son capaces de degradar los residuos de arroz hasta en un 40 %, como lo descubrió el investigador Novoa en los laboratorios de la UNAL, en donde probó distintas formas de interacción de los microorganismos en una caja de Petri, y luego los dejó 20 días interactuando con algunos gramos de tamo de arroz colectados en regiones como Casanare, Tolima o Valle del Cauca. Tras este lapso su efectividad fue evidente.

Una de las cepas evaluadas resultó ser agresiva con el hongo, por lo que se descartó, ya que en esta pelea se olvidaba de eliminar los desechos; sin embargo, aún faltan más investigaciones para determinar si puede trabajar con otro tipo de hongo, o sola, en otro contexto agrícola.

No conforme con estos resultados, el magíster decidió llevar esto a campo, es decir a un contexto real de cultivo; contactó al Centro Internacional de Agricultura Tropical, con sede entre Palmira y Cali, y allí se dispusieron 2 lotes de residuos de arroz en parcelas de 15 m X 1 m. En estos experimentos se traspasó la combinación de los hongos con la bacteria que resultó mejor “compañera” de su acción, y se dejaron 30 días para ver su desempeño.

“Lo interesante de este proceso es que en uno de los tratamientos evaluamos qué pasaría si a la combinación entre los hongos y la bacteria le añadíamos una cantidad considerable de nitrógeno, ya que, al haber un déficit de este nutriente en los suelos, su adición ayudaría a los microorganismos a trabajar. Se encontró que las parcelas con este tratamiento tenían mayor actividad asociada con la degradación de compuestos de carbono, y por ende con una mayor capacidad para realizar este proceso”, indica el investigador Novoa.

Añade que el trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de la Universidad de Friburgo (Alemania) y del Instituto Suizo de Bioinformática, en cuyos laboratorios se hicieron pruebas genéticas y moleculares para determinar cómo se comportaban las combinaciones a nivel genético, y saber qué microorganismos hay en el tamo de arroz y los suelos de este cultivo.

“El experimento se realizó teniendo en cuenta las bacterias que forman parte del tamo de arroz, pues, así como los humanos, estas plantas tienen microorganismos que las ayudan a crecer y estar sanas. Determinamos que con la combinación de los hongos y los bacilos, la microbiota de los desechos presente en los suelos de estos cultivos no tiene problemas para sobrevivir”, expresa el magíster, cuyo trabajo fue dirigido por los profesores Daniel Uribe Vélez, del IBUN, y Vanessa Otero Jiménez, de la Universidad de Idaho (Estados Unidos).

Aunque la investigación se centró en los residuos de arroz, se podría ajustar para otros cultivos como la soya o el maíz, que también presentan problemas sobre la reutilización de sus desechos. Además, la materia orgánica producida por estos microorganismos ayudaría a tener más carbono y nitrógeno en los suelos, haciendo que insectos y otras bacterias que ya están allí mejoren la movilización de estos nutrientes de forma eficiente.

Los residuos de arroz no se están utilizando hoy industrialmente, por lo que darles valor agregado y reducir la quema ayudaría a tener cultivos más sostenibles, con suelos más fértiles y menos contaminación en el aire circundante.

Ecosistemas del Pacífico colombiano, amenazados por baja calidad del agua que llega al mar

 Los cambios en la calidad del agua, causados principalmente por la inadecuada gestión de vertimientos humanos en Tumaco (Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca), están alterando el equilibrio natural de estos ecosistemas poniendo en riesgo tanto la pesca de especies comerciales –como barbinche, pelada y ñato– como la diversidad de especies marinas, ya que dichos municipios abastecen alrededor del 80 % del mercado local y regional y garantizan la seguridad alimentaria de miles de familias.

El Pacífico colombiano es una región caracterizada por albergar algunos de los ecosistemas más ricos y diversos del mundo, pero también por ser una de las más vulnerables en términos de manejo ambiental y social. Las bahías de Buenaventura y Tumaco, las dos principales puertas al mar, se han visto afectadas por años de conflicto, desarrollo urbano desorganizado, turismo, minería legal e ilegal, agricultura intensiva y expansión de monocultivos como la palma de aceite.

Diego Esteban Gamboa García, doctor en Ciencias Agrarias e integrante del Grupo de Investigación en Ecología y Contaminación Acuática (Econacua) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira, menciona que “en Buenaventura, cada vez que se abren las compuertas de la represa del río Anchicayá se libera una gran cantidad de sedimentos que alteran la dinámica del estuario, donde el agua dulce de los ríos —rica en nutrientes y sedimentaciones— desemboca y se mezcla con la salada del océano, lo que produce cambios en la salinidad, condición que determina qué especies pueden habitar en esa zona”.

A esto se suma el hecho de que los dos municipios carecen de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) lo suficientemente grandes como para manejar las cantidades de vertimientos urbanos. La mayoría de las descargas de las ciudades terminan en el mar sin ser tratadas, lo que aumenta la contaminación.

Para su trabajo doctoral, el investigador Gamboa desarrolló un análisis sobre la relación entre la calidad del agua y su impacto en la biodiversidad y la pesca artesanal en ambos municipios costeros del Pacífico, y encontró que los cambios en la salinidad y los nutrientes del agua, aunque son naturales, se ven alterados por vertimientos de asentamientos humanos y producen cambios en la variedad de especies que habitan los estuarios.

Estas zonas son fundamentales para la cría de especies acuáticas aprovechadas por los pescadores locales. La producción pesquera de esta región es de unas 30.000 toneladas anuales, casi un 65 % de la nacional, una actividad económica esencial en municipios como Tumaco y Buenaventura, que abastecen alrededor del 80 % del mercado local y regional y garantizan la seguridad alimentaria de miles de familias.

Durante 2 años, gracias a un esfuerzo conjunto con pescadores locales, el investigador colectó y analizó 114 especies de peces y cerca de 6.465 individuos en los estuarios de Buenaventura y Tumaco, en muestreos desarrollados con la dirección del profesor Guillermo Duque Nivia,

coordinador del grupo Econacua, y la codirección de la profesora Pilar Cogua, de la Universidad Santiago de Cali.

Además tomó muestras de agua a dos profundidades para evaluar las variables fisicoquímicas –como salinidad, oxígeno disuelto, nitritos, nitratos, fosfatos y calidad general– asociadas con los sitios de pesca y captura.

El estudio se enfocó en la captura de peces y macroinvertebrados, para lo cual se emplearon métodos tradicionales de pesca artesanal como la red de arrastre, conocida como “changa”, un oficio practicado ancestralmente en las costas del Pacífico. También analizó dos áreas específicas en cada bahía (interna y externa) y abarcó épocas tanto de menor como de mayor precipitación o lluvias.

Diferencias en la biodiversidad por contaminación

Uno de los hallazgos del estudio es que Buenaventura, a pesar de ser una bahía altamente impactada por la actividad humana y la contaminación, tiene una mayor diversidad de peces en su zona externa (más alejada de la costa) en comparación con Tumaco, lo cual obedecería a las características ecológicas del estuario, que cuenta con áreas de baja salinidad en su interior, lo que permite la presencia de especies adaptadas a aguas dulces, mientras que en la zona externa, con mayor salinidad, se encuentran especies marinas.

Los peces capturados en Buenaventura incluyeron especies como el barbinche, la pelada y el ñato, todas de importancia tanto para la pesca comercial como para la subsistencia de las comunidades locales. En Tumaco, aunque la diversidad de peces fue menor, se observó una mayor estabilidad en las condiciones del estuario, lo que, por el contrario, favorece la presencia de especies de macroinvertebrados como el camarón tití y las jaibas, que requieren hábitats más estables, sin alteraciones fuertes en salinidad y nutrientes.

En relación con la calidad del agua de los estuarios se observó que mientras Tumaco registró concentraciones más bajas de nitratos –un indicador de contaminación por actividades humanas–, Buenaventura mostró niveles altos, resultado de las descargas de los ríos que desembocan en la bahía, agravadas por la minería ilegal y la deficiente gestión de residuos en la cuenca.

“La diversidad fue significativamente menor en Buenaventura, donde hay menor salinidad por las descargas de los asentamientos humanos, y mayor concentración de fosfatos y clorofila. Esas zonas se asocian con los sitios donde descargan los ríos, que cambian muy fuertemente la salinidad, donde pueden prevalecer las especies tolerantes”, explica el investigador Gamboa.

Por su parte, el profesor Duque advierte sobre los riesgos de la eutrofización, “un proceso de acumulación excesiva de nutrientes que puede llevar a condiciones de hipoxia, afectando gravemente a la fauna acuática”.

El docente se refiere a que este fenómeno ambiental, que ocurre cuando los cuerpos de agua reciben una cantidad excesiva de nutrientes, especialmente nitratos y fosfatos –provenientes de actividades como la agricultura, el vertimiento de aguas residuales y la industria–, se genera un crecimiento descontrolado de algas en la superficie del agua, y cuando estas mueren y se descomponen consumen grandes cantidades de oxígeno creando en el agua condiciones de bajos  niveles de oxígeno (hipoxia) que dañan la salud y la reproducción, e incluso provocan la muerte de muchas especies, especialmente peces y otros animales que dependen de este para sobrevivir.

El investigador Gamboa advierte que “si no se toman medidas urgentes, con el tiempo veremos una reducción significativa en los rendimientos de la pesca artesanal, lo que afectará directamente la seguridad alimentaria y la economía de estas regiones”.

 

Aves de los Andes colombianos tendrían riesgo de amenaza mayor al registrado

 El análisis de las principales bases de datos digitales sobre biodiversidad en el mundo mostró que casi toda la información disponible para 11 especies de aves del género Grallaria –dentro de las que se encuentra el tororoí, que habita la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta– presentan errores en los registros sobre los lugares donde habitan y la identidad de las especies. Así, en tres de ellas, descritas en 2020, hay un riesgo de amenaza mayor al que se tenía registrado, pues su distribución geográfica y los lugares en donde se pueden encontrar son menores.

Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y ocupa el primer lugar en número de especies de aves, con 1.966 (20 % del global), superando a países como Perú, Brasil, Ecuador e India. Aquí por lo menos 82 de estas especies son nativas.

Un ejemplo de esta diversidad está en la Sierra Nevada de Santa Marta, hábitat principal de las aves del género Grallaria –palabra del latín que significa “que camina sobre zancos”–, conocidas por las curiosas y largas patas que las sostienen; de hecho no vuelan sino que saltan y se mueven rápidamente por hábitats boscosos. 

El plumaje de dichas aves es de color pardo, café y un poco anaranjado, una de las características que las hacen difíciles de identificar, y su canto es como un silbido intenso que sigue a una vibración, y es uno de los rasgos principales que durante años le ha permitido a los científicos identificar su presencia, pues son reacios a dejarse observar.

La investigadora Dennys Johana Plazas Cardona, magíster en Biología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) e investigadora de la Asociación Selva, observó con detalle si los registros geográficos disponibles para varias especies de Grallaria tenían sesgos geográficos que potencialmente influyeran en la sobreestimación o subestimación (tener más o menos datos) de los rangos de distribución, afectando así la evaluación de su riesgo de extinción. 

Luego de trabajar con más de 10.000 registros de las bases de datos de acceso público y que se alimentan de los registros de cualquier biólogo, científico o interesado en “pajarear”, y de usar programas de análisis como RStudio, MaxEnt y ArcGIS, la investigadora encontró que esto sí ocurre. Al “limpiar” la información, es decir eliminar duplicados exactos y cotejar coordenadas de la presencia de las aves, evidenció que los datos disminuían significativamente; por ejemplo algunas especies tenían 4.000 registros sin el filtrado, pero después del análisis se notó que realmente había 800 o menos. Además algunas especies se incluían dentro de una sola especie, lo cual dificulta su identificación.

“Cuanta mayor rigurosidad en el filtrado de los datos menor probabilidad habrá de obtener modelos que estimen mal la distribución geográfica, y por lo tanto los modelos de nicho ecológico utilizados en la investigación son mucho más confiables y permiten tener información de mejor calidad y confiable”, indica la magíster Plazas.

Entre las causas principales de amenaza estarían actividades como la deforestación y la pérdida de los bosques andinos y altoandinos, que se hace para plantar monocultivos de café; también la construcción de carreteras que dañan el tránsito ecológico; la extracción de carbón y oro, una industria marcada en estas zonas que termina contaminando ríos, y aunque falta más investigación, existe la posibilidad de que esto dañe la cadena alimenticia; y el cambio climático, con temperaturas altas y lluvias precipitadas que les dificultan a las aves encontrar alimento. 

Crece el riesgo de amenaza

En 1964 la Unión Internacional para la Conservación y la Naturaleza (UICN) creó la Lista de roja de especies amenazadas, que incluye criterios específicos para hablar del peligro que tienen frente a la extinción. Uno de ellos es la distribución geográfica y el lugar de ocurrencia, es decir el terreno en el que habitan: dependiendo de los kilómetros a la redonda en los que se pueden encontrar varios individuos, se puede hablar de un mayor o menor riesgo.

Dentro del estudio, la investigadora analizó cinco nuevas especies para Colombia, descritas en 2020 por profesores como Andrés Cuervo, del Instituto de Ciencias Naturales de la UNAL. Tres de ellas, que forman parte del complejo G. rufula, presentaron un riesgo de amenaza mayor al registrado, debido a que su distribución geográfica y lugar de ocurrencia en lugares como la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta es más baja, y concuerda con el criterio de la UICN para hablar de especies en grado de amenaza. Una de las especies que presentaría el mayor riesgo es el tororoí del Perijá (G. saltuensis), cuya distribución geográfica es de unos 169 km², lo que significa que más allá de esa distancia es difícil encontrarlo. 

Esta investigación es un llamado urgente para mejorar la calidad de los datos en plataformas científicas y fortalecer las estrategias de conservación de especies en peligro en Colombia, teniendo a la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta como lugares con una amplia diversidad que merecen tener un plan de manejo que reduzca los sesgos geográficos y ayude a proteger sus aves endémicas.

Explotación mundial de níquel aumentaría 30 % en 2030, urgen medidas para manejar los residuos mineros

 Así lo evidenció un grupo de geólogos, quienes utilizando inteligencia artificial (IA) analizó cientos de datos generados entre 2000 y 2021 en 80 países por cerca de 2.700 minas de níquel, hierro, cobre, carbón y oro, entre otros minerales. Encontraron que Brasil es el mayor productor de oro, Rusia de carbón, China de aluminio y coque (sacado del carbón bituminoso) y Australia de níquel, y que los residuos generados por estas actividades mineras representan un verdadero desafío para el medioambiente, ya que por ejemplo del níquel se estima un aumento del 30 % en su producción para el próximo lustro.

El análisis detallado mediante herramientas de aprendizaje de máquina (machine learning) de la “Base de datos abierta sobre la producción mundial de carbón y metales” pone de manifiesto la necesidad de usar herramientas tecnológicas para mejorar la predicción sobre la cantidad de residuos que se generarán con la producción minera mundial.

Los geólogos Juan Esteban Mosquera Rivera y Juan Manuel Jiménez Vergara, de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), afirman que “en este campo todavía no se utiliza ampliamente el aprendizaje de máquina”. Así, la implementación realizada por ellos en el lenguaje de programación Python complementaría métodos como la geometalurgia, que combina la información geológica, minera, metalúrgica y económica de este sector para maximizar el valor actual de toda esta operación; o los iones metálicos móviles, para explorar las zonas donde es más viable extraer minerales de manera precisa. 

En la actualidad, entre las formas más usadas para la gestión de estos residuos está el almacenamiento en depósitos especiales, diseñados para prevenir su filtración hacia el medioambiente, los cuales deben ser vigilados y monitoreados para que no contaminen aguas superficiales y subterráneas; sin embargo, este seguimiento aún es un desafío y un problema que se acentúa con la minería ilegal, la cual no tiene definida una gestión ambiental y todo termina llegando a los cuerpos de agua.

Por otro lado, el níquel es un metal resistente a la corrosión y al desgaste, ampliamente utilizado en la fabricación de aleaciones como el acero inoxidable, las baterías recargables, los celulares y otros aparatos electrónicos. Se encuentra principalmente en depósitos de sulfuro y lateritas y se extrae mediante minería a cielo abierto o subterránea. Durante la fundición y refinación de este metal se desprenden varios desechos como dióxido de azufre y metales pesados como arsénico y cobalto.

Problemas ambientales y de salud

A principios de 2025 se aprobaron en Filipinas proyectos de extracción de níquel, a pesar de los graves riesgos a los que se estaban enfrentando comunidades indígenas (pala’wan) y rurales cercanas a estas minas. Los habitantes de lugares como Zambales y la Punta de Brooke están en  riesgo de salud por agua contaminada con metales pesados y contaminación del aire por gases tóxicos que también se producen durante este proceso minero.

Y para no ir tan lejos, en Brasil también se realizó una demanda civil por la contaminación del río Catete con estas sustancias. En Colombia, la comunidad indígena Zenú, en Córdoba, denunció que una mina de níquel a cielo abierto de una empresa australiana estaría dañando el aire de la zona, pues sus pobladores han experimentado problemas respiratorios y reumatológicos, e incluso riesgo de cáncer por la exposición a gases y partículas tóxicas como carbonilo de níquel y óxidos de níquel. En un documental del canal France 24, emitido en abril de 2023, los pobladores de la zona aseguran que todo se agudizó desde 2000. 

Este grave impacto se refleja en que allí no tienen medidas de protección ambiental que impidan que la minería genere estos daños, por ello la IA emerge como una aliada, pues su aplicación ayudaría a mejorar la prevención y gestión de los residuos, y a saber cómo se comportará la producción de los minerales para emitir alertas para este tipo de problemas.

La Agencia Nacional de Minería señaló que en Colombia hay 9.602 títulos mineros vigentes, que abarcan 312 tipos de mineral distinto clasificados en 8 grandes grupos según su uso. El más explotado es el material de construcción, con un 57 %, seguido del carbón con un 17 % y los metales preciosos con 11 %, entre otros. Además, de los 114 millones de hectáreas del territorio nacional, solo el 5 % están tituladas para estas actividades, con un 2,3 % para exploración, 1,6 % para construcción y montaje, y 1,1 % para explotación.

La minería artesanal y a gran escala de otros minerales –como el oro y el carbón– también ha tenido implicaciones graves en los ríos del país, debido a que la gestión de los residuos no es la adecuada, y una muestra de ello es la presencia de metales pesados como mercurio o cianuro en los ríos Atrato (Chocó), Guainía y Cauca (Antioquia).

Aunque en Colombia la minería sostenible se viene barajando como una prioridad en la agenda gubernamental tanto en la Ley 1658 de 2013 como en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que establecen que esta actividad debe ser responsable con el medioambiente, esto no es así aún, por lo que la IA sería una herramienta esencial para la gestión y producción minera.

Investigación premiada

Los geólogos Rivera y Jiménez obtuvieron el tercer puesto en un concurso realizado entre el 8 y 11 de febrero de 2025 en la Universidad de Petróleo y Minerales de King Fahd (KFUPM), en Arabia Saudita, en el cual compitieron 140 estudiantes de 43 universidades para analizar con IA bases de datos mundiales sobre la detección de anomalías en la producción de petróleo, las operaciones mineras globales y la predicción de trazas sísmicas.

Estos talentosos estudiantes de la UNAL ganaron pasantías exclusivas en la KFUPM y en los principales centros de investigación de la industria en ese país, lo cual se convierte en una gran oportunidad para que investigadores de la Universidad sigan consolidando lazos de cooperación de ciencia y tecnología con instituciones como esta, y además aportar a que en el campo de la minería se tomen decisiones con base en lo que muestran los datos sobre el incremento de la producción y los desechos.

Calendarios ecológicos ayudan a preservar la salud indígena en el Amazonas

 El análisis de siete calendarios indígenas de tres regiones de la Amazonia colombiana (Medio Caquetá, Igara-Paraná y Mirití-Paraná) muestra la relación que existe entre la época del friaje –temporada fría que se presenta entre julio y agosto– y la transición hidrológica, con los periodos de mayor incidencia de enfermedades como malaria y dengue.

En la Amazonia colombiana, en donde la manigua pareciera ir a otro ritmo, los indígenas han aprendido a observar, escuchar, sentir e interpretar la selva. Parte de ese conocimiento lo han plasmado en relatos y bailes tradicionales, pero también en calendarios propios que les sirven para prever los momentos más importantes de la vida en sus territorios, como por ejemplo la relación entre los ciclos lunares y solares con el momento de cultivar o cosechar la chagra, o el de las aguas altas y bajas (lluvias o sequías) con el tiempo propicio para la pesca o la caza.

Los calendarios son valiosas herramientas por medio de las cuales ofrecen un conocimiento y manejo tanto del territorio como de la organización de las actividades productivas. Además, la información que reúnen se transmite según la posición que ocupan los líderes dentro de la comunidad.

Tal habilidad para entender los ecosistemas también les ha permitido incluir los momentos en los que son más susceptibles a enfermedades como el dengue y la malaria, a las cuales no denominan así, aunque sí relacionan sus síntomas con el “tiempo del mal del cuerpo”, el “tiempo de fiebre”, el “tiempo de gusano”, o el “tiempo de vómito”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2020 Brasil, Colombia y Venezuela concentraron más del 86 % de los casos de malaria en Suramérica, con el 90 % de los pacientes reportados en la región Amazónica.

Con respecto al dengue, Colombia enfrentó un preocupante aumento en los casos, con 242.849 registros hasta agosto de 2024, es decir, un incremento del 208 % frente al mismo periodo de 2023, según lo advirtió el Instituto Nacional de Salud (INS).

Una de las razones de esta situación es que la sequía y la disminución de lluvias obliga a las personas a almacenar agua en todo tipo de recipientes, y si estos no son los adecuados y no están limpios o cubiertos, se convierten en criaderos de mosquitos.

Transiciones y enfermedad

En el estudio se analizaron siete calendarios ecológicos de tres regiones en la Amazonia colombiana, así: tres de la región del Medio Caquetá en Colombia (comunidades Nɨpodɨmakɨ, Féenemɨna’a y Andoque), dos Murui Mɨnɨka de la región de Igara-Paraná, y dos del Mirití-Región del río Paraná, uno Yukuna y otro Tanimuka.

Andrés David Jiménez, biólogo de la UNAL, amplía que “de los calendarios ecológicos sintetizamos la parte biológica, información climática, cultural y de enfermedades, y la correlacionamos con los meses del calendario gregoriano, que es el que se utiliza en todo el mundo”.

También se tuvieron en cuenta los casos de dengue y malaria reportados entre 2007 y 2019 por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) del INS. Los datos meteorológicos para ese mismo periodo se descargaron de seis estaciones (Aguazul, Angosturas, Araracuara, Cuemaní, Monochoa y Santa Isabel) del Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), y las temperaturas máximas y mínimas diarias de tres estaciones meteorológicas: Araracuara, Tres Esquinas y La Chorrera.

El friaje, un evento crucial

Una de las coincidencias encontradas es que durante la transición húmedo-seco –que ellos llaman “tiempo de gusano” y la asocian con enfermedad– se da el pico de malaria, mientras que el dengue mostró su pico entre marzo y abril.

“Esto es explicable, pues la forma en que se transmiten dichas enfermedades es diferente: el dengue se produce cuando el vector contaminado por el virus pica y transmite la enfermedad, mientras en la malaria el insecto pica a alguien que tiene el parásito, y debe pasar un tiempo para que el zancudo se infecte y transmita el parásito a otra persona”, explica la profesora Nubia Estela Matta, directora del Grupo Estudio Relación Parásito Hospedero (GERPH) de Departamento de Biología de la UNAL.

Señala además que “los datos mostraron que dos aspectos principales de los calendarios indígenas: la época del friaje como marcador crítico del año –se presenta entre julio y agosto– y la transición hidrológica –periodos de mayor susceptibilidad a enfermedades– están respaldados por datos meteorológicos y por la información disponible sobre la incidencia de malaria y dengue”.

El friaje es un fenómeno meteorológico provocado por las corrientes de aire frío que llegan desde Brasil impulsadas por el viento y que se desplazan hacia la selva central y norte; así, entre 3 y 10 días, la temperatura pasa de 27 a 30 °C, a entre 9 y 10 °C.

Otro aspecto identificado es que cuando se presentan estas enfermedades los indígenas usualmente no van al médico, pues, por un lado, tienen su medicina tradicional –de hecho, descubrieron los beneficios de la quina para tratar la malaria–, y por otro, porque moverse en el Amazonas es difícil y dirigirse al centro de salud más cercano puede tomar varios días.

“Al analizar los datos creemos que solo se reportan los casos graves, mas no los leves; para malaria encontramos reportes todos los años, pero para dengue no, y hay meses completos sin reportes;  por ejemplo en 2009, cuando Suramérica afrontó un pico devastador de dengue, en la región de estudio solo se reportó un caso, es decir que evidentemente hay un subregistro”.

“Las coincidencias señalan la convergencia de dos lenguajes: el científico y el ancestral indígena, cuyo potencial, demostrado en este trabajo, puede ser una herramienta poderosa para abordar interdisciplinaria e interculturalmente el cuidado de la salud de las poblaciones de esta región”, concluyen los investigadores.

Con altas temperaturas tratan lodos de las aguas residuales

 
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Salitre produce alrededor de 300 toneladas diarias de residuos orgánicos (biosólidos) resultantes del proceso de purificación del agua, los cuales se acumulan sin una disposición definitiva. Un ingeniero mecánico propone tratarlos a través de pirólisis, un proceso que usa altas temperaturas sin oxígeno para descomponer materiales y transformarlos en subproductos como carbonizados con potencial uso como fertilizante para suelos agrícolas.

Las aguas residuales que provienen del norte y centro de Bogotá llegan a la PTAR El Salitre, ubicada en el noroccidente de la ciudad, entre las localidades de Suba y Engativá. Estas aguas –que vienen de hogares, industrias y comercios– pasan por un proceso de tratamiento mediante el cual se eliminan primero los sólidos grandes, las arenas y grasas, y luego, en una etapa biológica, los microorganismos especializados descomponen la materia orgánica y así se mejora la calidad del agua.

Al final de este proceso se obtiene agua más limpia que se devuelve a los ríos, y también un residuo sólido compuesto por lodos y restos de materia orgánica: los biosólidos, que aunque son ricos en nutrientes como nitrógeno y fósforo, también pueden contener metales pesados como plomo, mercurio y arsénico, además de material patógeno como bacterias, por lo que es necesario aplicar un tratamiento adecuado antes de su disposición o su posible reutilización.

“Nuestro grupo, Biomasa y Optimización Térmica de Procesos (BIOT), recibió este problema y por eso estudiamos diferentes tecnologías para el procesamiento de la pirólisis. En este caso empleamos el reactor de lecho fluidizado”, explica Andrés Felipe Pardo Martínez, estudiante de la Maestría en Ingeniería - Ingeniería Mecánica de la UNAL Sede Bogotá.

La pirolisis es una técnica que permite transformar la materia orgánica en productos sólidos, líquidos y gaseosos. En esta investigación se enfocaron específicamente en los sólidos resultantes, conocidos como carbonizados, analizando su composición y posibles aplicaciones.

Pruebas de laboratorio

El proceso experimental comenzó con la recolección de muestras de biosólidos de la PTAR El Salitre, tarea adelantada por algunos investigadores del grupo; para avanzar en el estudio, en el laboratorio se sometieron dichas muestras a un tratamiento previo de secado y molienda.

Después el estudiante realizó pruebas en el reactor de lecho fluidizado que mantenía las partículas suspendidas mediante un flujo de aire a alta velocidad, lo cual mejora la eficiencia del calentamiento y la conversión de los biosólidos, lo que le permitió observar cómo las distintas temperaturas influían en su transformación.

Las pruebas se realizaron en un rango de temperaturas entre 700 y 900 °C y en la marcha, y además se identificó que a medida que se incrementaba la temperatura, la cantidad de material sólido generado disminuía.

“A 700 °C se obtuvo alrededor de un 54 % de carbonizados, mientras que a 900 °C bajó a un 42 %. Este fenómeno se debe a que, con temperaturas más elevadas, una mayor proporción de los componentes volátiles se libera en forma de gases y líquidos”, aclara.

Otro resultado que llamó su atención fue que, a temperaturas más altas, la cantidad de metales pesados en el carbonizado disminuía, ya que algunos se volatilizaban y dejaban el sólido más limpio. Además, el material obtenido tenía un alto contenido de cenizas, lo que sugiere que se podría usar en la agricultura, siempre y cuando se realicen más estudios para garantizar su seguridad.

“Los carbonizados que obtuvimos serían útiles en la recuperación de suelos degradados, pero necesitamos evaluar sus efectos a largo plazo”, afirma el investigador de la UNAL. Es importante destacar que algunos estudios de la Universidad ya han explorado el uso de materiales similares para mejorar la estructura y fertilidad del suelo, como en el cultivo de tomate.

Según el ingeniero, “el uso de un sistema de tratamiento como la pirólisis ayudaría a reducir la acumulación de estos residuos y disminuir los riesgos ambientales, a la vez que genera un material útil para la agricultura. Estamos ante una alternativa que no solo resuelve un problema ambiental, sino que además generaría beneficios en otros sectores”.

Basura espacial: miles de escombros de no más de 10 cm orbitan la Tierra

 Según la Agencia Espacial Europea (ESA), desde septiembre de 2024 las redes de vigilancia espacial están rastreando casi 37.000 objetos de más de 10 cm alrededor de la Tierra, incluso partículas más pequeñas que una moneda, que viajan a más de 35.000 km/hora, pueden arruinar un satélite crítico o poner en peligro a las estaciones espaciales internacionales. Los impactos pueden generar más basura, lo que aumenta la probabilidad de más colisiones, y a su vez más fragmentos de desechos.

Se estima que para 2030 habrá más de 58.000 satélites activos orbitando la Tierra, por lo que se espera que los impactos de basura espacial con instalaciones físicas aumente considerablemente. Para tal caso, es necesario que las agencias espaciales nacionales responsables establezcan canales claros para compensar a los damnificados por estos sucesos.

“Dejar objetos en órbita es una práctica común entre los países con acceso al espacio ultraterrestre, y cada vez más entre las empresas privadas que trabajan allí. Algunas piezas van hacia la Tierra y se desintegran en la atmósfera o impactan el suelo, otras nunca dejan de orbitar el planeta, por lo que se consideran como las más preocupantes”, afirma el geólogo David Tovar Rodríguez, codirector del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

Según el experto, “si alguna vivienda es impactada por un pedazo de basura espacial, el seguro para propietarios debería cubrir los daños materiales; sin embargo, los daños que no cubra el seguro son mucho más complicados de recuperar, a pesar de que la normativa internacional establece que el país que lanzó el material que reingresó a la Tierra es el responsable”.

“En órbita la responsabilidad no es tan clara y las cosas son menos ordenadas. Los astronautas pueden perder algunos objetos o herramientas de trabajo mientras realizan sus operaciones allí. Las piezas desechadas de cohetes con combustible residual a menudo explotan accidentalmente creando muchos fragmentos más pequeños que viajan más rápido que los proyectiles disparados por un arma de fuego”.

Cuando China destruyó un satélite meteorológico que ya no era útil, generó aproximadamente 3.000 fragmentos rastreables de basura, la mayoría de los cuales aún orbitan el planeta. Sin embargo, el tamaño de dichos fragmentos no siempre es lo suficientemente grande para ser identificables, y aquí es donde comienza el problema, ya que tal vez haya 10 veces más fragmentos demasiado pequeños para ser detectados. La comunidad de científicos e ingenieros enterados de dicha situación estiman que hay más de 1 millón de escombros orbitando la Tierra, con tamaños que van de 1 a 10 cm.

De otra parte, el informe de Naciones Unidas Para toda la humanidad – el futuro de la gobernanza del espacio ultraterrestre, publicado en 2023, explica que entre 1957 y 2012 el número de satélites lanzados al espacio se mantuvo estable, con una media de 150 cada año, aunque a partir de 2013 la cantidad ha aumentado hasta alcanzar 2.470 en 2022.

El geólogo Tovar explica que “el desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido reducir los costos de lanzamiento de objetos al espacio, lo que a su vez ha fomentado la participación del sector privado; gracias a ello, el número de satélites inscritos ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha alcanzado los 1,7 millones, los cuales se podrán poner en órbita hasta principios de 2030”.

Torre de Babel espacial

La preocupación por los desechos espaciales va más allá de los daños a un satélite o una nave individual. Los operadores espaciales son muy conscientes de un peligro conocido como el efecto o síndrome Kessler, nombrado así por el científico de NASA Donald J. Kessler, quien en 1978, junto con Burton G. Cour-Palais, publicó un artículo en el que aseguraba que cuanto más aumentara el número de satélites, también lo haría la probabilidad de colisiones. A medida que estas aumentan se produce más basura espacial y el riesgo de nuevas colisiones crece. En una masa crítica, un solo choque desencadenaría una cascada imparable de colisiones, hasta el punto de que toda una órbita podría quedar inutilizada.

Estas advertencias sobre la creciente acumulación de desechos espaciales y sus consecuencias se ha vuelto más prominente, especialmente a medida que los satélites y otras tecnologías espaciales se multiplican, lo que aumenta el riesgo de que colisiones en órbita desaten un ciclo de destrucción imparable. Este fenómeno afectaría gravemente las comunicaciones globales, entre otros avances tecnológicos fundamentales.

Considerando que no solo Estados Unidos y varios países de Europa siguen lanzando satélites al espacio, sino que China, Emiratos Árabes Unidos, Corea de Sur o India también lo hacen, la preocupación en la comunidad científica internacional aumenta.

“Algunos consideran que la cooperación global es inexorable, argumentando que la comunidad espacial debería trabajar junta lo antes posible, aprendiendo de la evolución de otras tecnologías transformadoras como las redes de telefonía móvil e internet, teniendo en cuenta que la principal preocupación radica en cómo construir esta coordinación en ausencia de un sistema global”, indica.

¿Solución a la vista?

Según el informe de Naciones Unidas, las oportunidades del espacio ultraterrestre vienen acompañadas de riesgos si no se establece un régimen unificado de sostenibilidad espacial, o nuevos marcos de gobernanza entre los Estados. Por ejemplo, “ante el aumento exponencial del número de satélites, hace falta una mejor coordinación del tráfico y establecer una plataforma internacional para vigilar los riesgos de accidente y colisión y mitigar sus consecuencias”.

Entre las iniciativas de corto plazo está la liderada por la Agencia Espacial del Reino Unido y el sector privado, conocida como Cosmic (Cleaning Outer Space Mission through Innovative Capture), cuyo objetivo es retirar satélites británicos inactivos utilizando un brazo robótico. Según lo planeado, se espera lanzar Cosmic en 2027-2028 y contribuir a la disminución de potenciales  satélites que puedan ser impactados por basura espacial y así mitigar la cantidad de escombros que se pudieran generar en la próxima década.