Imaginar un mundo sin agua parece algo del futuro, pero es
una realidad del presente: alrededor de 2.200 millones de personas en el mundo
no tienen acceso a agua potable. Pedro Arrojo, relator especial sobre los
derechos humanos al agua potable y al saneamiento, de la Organización de las
Naciones Unidas, se reunió con organizaciones regionales y comunitarias
defensoras de este derecho en el país para discutir la problemática y la
resistencia en torno a esta.
Casi el 40 % de la población mundial sufre de falta de
agua y más del 50 % (4.200 millones de personas) carecen de servicios de
saneamiento gestionados de forma segura, según cifras de Organización Mundial
de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
El profesor Gregorio Mesa, de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL),
director del Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales
(GIDCA), le dio la bienvenida al relator Arrojo e hizo una breve introducción
en la que planteó los retos a los que se enfrenta la humanidad, y en particular
Colombia, por la gestión y gobernanza del agua.
Por su parte, Libardo León Pinzón, de la Red Nacional de
Acueductos Comunitarios –articulación de asociaciones y redes de acueductos
comunitarios que lucha por el fortalecimiento y reconocimiento de la gestión
comunitaria del agua–, enfatizó en la importancia de estos espacios para las
comunidades del país, que se encargan de aprovechar saberes ancestrales tanto
indígenas como campesinos –desde La Guajira hasta Nariño– para proteger las
fuentes hídricas para que sean el manantial para cerca de 11 millones de
colombianos.
El relator Arrojo expresó que “en informes del año ya se
hablaba de la necesidad de que la sociedad hiciera las paces con los ríos, de
que debía haber una ingeniería natural que promueva la gobernanza del agua como
un bien común y no como una mercancía, situación que se veía, por ejemplo, con
que el agua se fuera a negociar en Wall Street”.
Agregó que el informe “Riesgos de privatización,
financiarización y gestión”, presentado este año, señala que es clave construir
una gestión comunitaria del agua que tenga como eje principal la participación
tanto de las comunidades indígenas –quienes ven este recurso como el alma azul
de la vida, que forma parte del territorio– como de las campesinas, que ayudan
a que el agua se vea como un bien común, como un tesoro de la gobernanza
democrática.
El derecho al agua y la resistencia en Colombia
Como parte de la visita del relator Arrojo se realizó un
panel con expertos de organizaciones como el Comité por la Defensa y la Vida de
Buenaventura, la Organización Sütsuin Jiyeyu Wayuu –o Fuerza y Mujeres Wayuu– y
la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD).
En el evento, el sociólogo Andreiev Pinzón, del Comité de
Buenaventura, dijo que “es increíble que el municipio tenga 9 cuencas
hidrográficas, por las que fluyen alrededor de 10.000 m3 por
segundo de este recurso, y la comunidad no tenga agua, lo cual es consecuencia
de la gestión gubernamental enfocada a que el agua forme parte de proyectos
para los muelles o los trenes, mas no para la población”.
Como parte de la conversación, el líder indígena Miguel
Socarrás, de la comunidad wayuu, expuso la problemática de La Guajira señalando
que cada año se usan alrededor de 30 millones de litros de agua en procesos de
minería que afectan al río Ranchería, principal afluente de la región, y
específicamente al arroyo Bruno, lo cual provoca que la comunidad tenga escasez
del líquido vital.
Enfatizó además en que las actividades adelantadas por las
multinacionales no están generando desarrollo, sino “des-arroyo”, refiriéndose
a la destrucción del arroyo Bruno y las demás fuentes hídricas: “las empresas
pueden producir petróleo, gas o muchos minerales, pero ninguna puede producir
agua, porque esta solo la da la madre naturaleza”.
Aura Rodríguez, representante de la PCDHDD, expresó que
algunos de los problemas más graves asociados con el agua en el país son su uso
en la agroindustria, en productos como la caña de azúcar o las flores, además
del fracking, las empresas de bebidas azucaradas, la generación de
energía y electricidad, y el asesinato de líderes sociales.
Después de exponer las dificultades que trae esta situación,
los panelistas expusieron algunas de las formas en que sus comunidades han
estado resistiendo y protegiendo el derecho fundamental al agua.
Entre estas iniciativas se pueden destacar: el paro cívico
realizado en Buenaventura en 2018, con el que se consiguieron recursos para
crear empresas público-comunitarias para la gestión y gobernanza del agua; el
diseño de políticas públicas en comunidades de Antioquia y Santander gracias a
la Red Nacional de Acueductos Comunitarios; y la Sentencia de la Corte
Constitucional de 2016, mediante la cual se reconoce al río Atrato como un
sujeto de derechos.
