Nuevo modelo prevería emergencias en proyectos como Hidroituango

 Un modelo multicriterio, probado por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín, logró hacer previsiones a modo de ranking –de mayor a menor– de los impactos ocurridos en torno a este proyecto, por lo que sería una herramienta útil para tomar decisiones acertadas, prevenir riesgos y evitar mayores gastos. Su uso se podría extender a futuros planes hidroeléctricos, o similares, de gran envergadura.

Hidroituango, una de las centrales de generación de energía más grandes de Sudamérica, tuvo una de sus mayores contingencias operacionales en 2018 por la obstrucción de uno de los túneles auxiliares de desviación. Así mismo, y pese a su importancia para la economía del país, tuvo una fuerte oposición por parte de la comunidad, lo que implicó retos económicos, sociales y ambientales.

“Durante la planeación de proyectos como este se busca prever, evitar y mitigar riesgos. Sin embargo, los estudios suelen ser muy limitados y unidireccionales, centrados a favor de los resultados que el proyecto pretende alcanzar”, explica Juan Felipe Laverde Salazar, magíster en Ingeniería de Sistemas de la UNAL Sede Medellín.

Hidroituango como caso de estudio

El nuevo modelo se considera integral porque determina la influencia que puede haber entre variables y revela conexiones que pasan desapercibidas con otros métodos. “En la bibliografía encontramos 21 metodologías existentes, luego seleccionamos aquellos impactos relacionados con las hidroeléctricas (148 en total), y por último con el modelo DEMATEL-WINGS (empleado para analizar factores entrelazados) determinamos cómo influía cada impacto en el sistema o en ‘el todo’”.

Para este estudio se analizó el Listado de impactos ambientales específicos2021, publicado en por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. “Obtuvimos 1.104 combinaciones que siguen la estructura: Decisor – Espacio geográfico – Temporalidad del proyecto – Impacto, lo que nos permitió determinar quiénes eran los más afectados por el proyecto, en qué etapa y en cuál área de influencia”.

Y además realizar un análisis complementario para los planes de manejo ambiental, de manera que sean más precisos y efectivos. “Para validar el modelo propuesto según los impactos ‘listados’, tomamos como caso de estudio el proyecto Hidroituango y los datos públicos de su Evaluación de Impacto Ambiental”.

Esta información se ingresó al modelo para analizar los 30 impactos que finalmente se muestran “ranqueados”, y encontramos que la mayoría se concentran en el proyecto mismo, tal como ocurrió en la vida real con la emergencia operacional.

Según estos resultados, el proyecto es el principal agente de impacto dentro del sistema, y además sugieren que la comunidad es la más afectada por su implementación. En cuanto a la dimensión temporal, se destaca que la mayoría de los impactos ocurre durante la fase de construcción.

Con respecto a la dimensión espacial, se obtuvo que la zona del embalse experimenta la mayor incidencia de impactos, principalmente atribuibles al proyecto. “Aunque la validación se correspondió con la realidad, el modelo se puede mejorar aún más, incluyendo actores como los estatales y variables de causalidad”, agrega el investigador.

Potenciar un modelo como este sería establecer un precedente para construcciones más equilibradas y sostenibles, de manera que se prevean y mitiguen conflictos socioambientales y de operatividad. Por último, también es importante señalar que es extrapolable a proyectos similares y de gran magnitud.

Con cenizas de cascarilla de arroz se mejorarían vías terciarias de los Llanos Orientales

 Un proyecto liderado por docentes y profesionales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y financiado por el Sistema General de Regalías (SGR) busca aprovechar la ceniza resultante de la quema de la cascarilla de arroz para fabricar cementos no convencionales, con el fin de aplicarlos para mejorar las vías terciarias de la región Orinoquia.

En 2023 se produjeron en Colombia 6,5 millones de toneladas de productos agrícolas, entre ellos el arroz, con 1,7 millones toneladas en el Casanare y 1,4 millones de toneladas en el Meta, lo que demuestra que los Llanos Orientales es la zona de mayor producción arrocera del país, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), sobre la más reciente Evaluación Agropecuaria Municipal (EVA).

Sin embargo el mal estado de las vías internas de la región es uno de los problemas que dificulta sacar eficientemente los productos agropecuarios (arroz, soya, piña, caucho, palma africana, pino, maíz, plátano, patilla, yuca, cítricos y árboles maderables, entre otros), y además repercute en un alza en los costos de transporte, situación que obedecería a la ubicación geográfica, el clima, y la falta de inversión y de soluciones definitivas.

“El 70 % de las vías colombianas se clasifican como “terciarias”, es decir las que unen las cabeceras municipales y las veredas, por lo que son fundamentales para el desarrollo de la economía regional”, expuso el profesor de la UNAL Ary Alain Hoyos, ingeniero civil, doctor en Ingeniería - Ciencia y Tecnología de Materiales y líder de la investigación.

Ante esta problemática, la UNAL Sedes Medellín y Orinoquia se unieron para adelantar un proyecto que explora soluciones de economía circular, es decir aprovechar al máximo todos los recursos materiales para reducir, reciclar y reutilizar lo que se desecha.

Los investigadores encontraron en la producción arrocera un recurso útil para aportar a la solución del estado de las vías terciarias de la región: “elegimos la ceniza de la cascarilla de arroz como materia prima porque esta ya pasó por todo un proceso químico, la huella de carbono es mucho más baja y es algo que no se utiliza, es un residuo”, explica el profesor Hoyos.

La ceniza de cascarilla de arroz mejoraría el suelo vial

La cascarilla de arroz suministrada por la Comercializadora de los Llanos fue la materia prima de la investigación: “su ceniza se adquiere mediante un proceso de quema controlada, el cual implica calentarla a temperaturas específicas, y de allí se produce la calcinación y se transforma en cenizas. Después, este subproducto se incorpora en mezclas de concreto como un sustituto parcial del cemento, lo que mejora la resistencia y durabilidad del material”, explica el docente.

Aclara además que “el proceso para aprovechar este residuo consiste en recolectar la ceniza y mezclarla con el suelo en ciertas proporciones, y a esa mezcla agregarle activadores alcalinos, lo  que permite disolver parte de la ceniza para obtener lo que se necesita –en este caso silicio y aluminio– y generar un material que se pueda conglomerar”.

Aunque todo el proceso se estudió en laboratorio para saber cómo funcionarían los componentes en la vía, el líder del proyecto manifiesta que “la aplicación sería muy similar a la actual. El pavimento está formado por 4 capas: subrasante, subbase, base y carpeta de rodadura; las vías terciarias tienen máximo 2 de estas, por eso se presenta un deterioro más rápido en estas carreteras”.

activador; luego las volquetas van colocando la ceniza cada cierta distancia, posteriormente la moto niveladora mezcla el suelo existente con la ceniza, y por último un carro riega el activador. Es importante aclarar que este procedimiento se realizó desde 0 hasta los primeros 50 cm de suelo de la vía, y dio resultados satisfactorios”, indica el profesor Hoyos.

Aportes educativos y tecnológicos

Los beneficios del estudio se observan no solo en la sostenibilidad sino también en la articulación entre la academia, el Estado y la industria, pues además de la participación del sector privado se contó con el vínculo entre las Sedes Medellín y Orinoquia de la UNAL, la Institución Universitaria Pascual Bravo de Medellín y la Universidad Minuto de Dios, que aportaron el conocimiento de sus profesionales y los espacios de investigación en laboratorios. También contribuyeron de los departamentos Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, cuyos esfuerzos buscan no solo resolver la problemática, sino además promover la ciencia y el progreso de esta región.

El objetivo principal del proyecto es fortalecer las capacidades científicas, que se reflejan en la dotación de equipos de alta tecnología para la UNAL usados durante el estudio, como el microscopio electrónico de barrido que queda a disposición de la comunidad académica de la Sede Orinoquia.

En la investigación también participaron estudiantes del Doctorado en Ingeniería - Ciencia y Tecnología de Materiales, y de la Maestría en Ingeniería Materiales y Procesos, contratados para formar parte del equipo investigador, y quienes a su vez apoyaron a estudiantes de pregrado, uno de los cuales fabricó un tipo de cemento.

Este proyecto evidencia los logros del fortalecimiento de la ciencia para la sostenibilidad, los cuales se gestan desde la academia y sus beneficios se enfocan en pro de la región y de las comunidades rurales, que pueden aportar a iniciativas locales gubernamentales para mejorar las vías y el progreso de la Orinoquia, que repercutiría en una mayor competitividad y calidad de vida para los llaneros.

Con plástico se construirían muros ligeros y sostenibles en viviendas

 Según un estudio de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), con plásticos reciclados y fibras de madera se fabricarían muros divisorios en viviendas para reducir el uso de materiales convencionales con impacto ambiental.

Estos paneles prefabricados se harían a partir de polietileno de alta densidad (HDPE), un tipo de plástico comúnmente empleado en las botellas de agua que, junto con fibras de madera de una especie de pino, contribuiría a reducir el problema de los residuos plásticos y el impacto ambiental generado por la fabricación de ladrillos de arcilla, ya que este mantiene sus propiedades mecánicas incluso después de ser reutilizado.

“Lo que buscamos es tratar de mejorar el medioambiente utilizando esos materiales desechados, pero que también mantengan sus propiedades mecánicas después del reciclaje”, explica Luisa Fernanda Sierra Franco, magíster en Construcción de la UNAL, autora del estudio.

Para reforzar el material se propone incorporar fibras de madera del pino romerón, una especie nativa de Colombia seleccionada porque mejora la cobertura vegetal durante su crecimiento y tiene la capacidad de regenerarse después de ser talado. Además, se incluirían fibras de vidrio para aumentar la resistencia del material compuesto.

“Para llegar a estos materiales y sus propiedades, el estudio se basó en cálculos teóricos y análisis comparativos con paneles prefabricados existentes, como por ejemplo uno de una empresa eslovaca compuesto por una estructura de madera natural y un relleno de paja”, explica la investigadora.

Así, utilizando datos de propiedades mecánicas obtenidos de la literatura científica, la investigadora y su director de tesis, el profesor Andrés Felipe Pérez Marín, de la Facultad de Artes, realizó una “regla de mezclas” para determinar las características del nuevo material compuesto y si su uso sería eficiente.

“A través de fórmulas y cálculos medimos las propiedades del material compuesto que conforma el panel de 85 cm de largo, 40 cm de ancho y 3 m de alto. La resistencia a la flexión arrojada fue de 27,65 megapascales (MPa), la elasticidad fue de 5,802 MPa, el esfuerzo a la atracción de 105,71 MPa y el coeficiente de Poisson de 0,49, que indica cómo se deforma un material”, explica la magíster.

La lectura que hizo es que el panel de madera plástica es sumamente viable para emplearlo en construcción. Esto quiere decir que, con estos resultados, se podrían realizar pruebas de laboratorio y ensayos prácticos para confirmar estos resultados antes de cualquier implementación real.

“El potencial que vemos es que los paneles servirían como alternativa a la mampostería en muros divisorios en viviendas que sería más sostenible y ligera”, enfatiza.

Reducir el impacto ambiental de la construcción

“A lo largo de la historia hemos visto que la construcción se ha manejado con los mismos materiales. Aunque existen tecnologías suficientes para mejorarlos, en 2024 seguimos utilizando el concreto y la mampostería, que implican la explotación de recursos naturales, deforestación e impactos significativos al medioambiente”, señala la magíster Sierra.

Por ejemplo, la fabricación tradicional de ladrillos de arcilla conlleva varios problemas ambientales, entre ellos que los hornos empleados en este proceso operan continuamente emitiendo partículas contaminantes al aire las 24 horas del día, lo cual no solo afecta la calidad del aire, sino que además provocaría enfermedades respiratorias en las poblaciones cercanas a las ladrilleras.

Además, la extracción de arcilla para estos ladrillos a menudo implica remover vegetación, lo cual altera la estructura del suelo que generaría pérdida de fertilidad, lo que conlleva que difícilmente pueda crecer cualquier tipo de planta.

Esta investigación abre la puerta a futuras exploraciones en el campo de los materiales sostenibles para la construcción a propósito del creciente énfasis en la sostenibilidad y la economía circular para transformar la industria de la construcción hacia prácticas con menor impacto ambiental.

Con imágenes satelitales monitorean pérdida de bosque en Nariño

 En este departamento la deforestación ha sido un problema creciente que afecta tanto al medioambiente como a las comunidades y la biodiversidad. Un estudio reciente de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales utilizó imágenes satelitales avanzadas para analizar la cobertura forestal y entender mejor la magnitud de la tala de árboles en la región.

La investigación desarrollada por Mónica Yolanda Moreno Revelo para la Maestría en Ingeniería - Automatización Industrial de la UNAL Sede Manizales se centra en desarrollar un enfoque basado en técnicas de visión artificial cuyo objetivo es resaltar características en imágenes para detectar más fácilmente los cambios en los bosques.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam, 2020), en Nariño se han destruido 3.461 hectáreas de bosques, ubicándose en el noveno lugar del país en tasas de destrucción boscosa.

Los resultados del estudio permitieron generar mapas detallados que muestran las áreas deforestadas entre 2014 y 2019 destacando las zonas de mayor impacto, lo que ayuda a entender mejor las dinámicas de la deforestación en la región. Esta metodología no solo proporcionó una visión clara de la magnitud de la pérdida forestal, sino que además facilitó identificar patrones espaciales como deforestación (amarillo), sin cambios (azul), regeneración (rojo) y nubes (rosado), útiles para planificar estrategias de conservación y recuperación del ecosistema.

“Para llevar a cabo la investigación, y considerando la importancia del departamento, se utilizaron imágenes del Landsat 8, un satélite de la NASA que toma imágenes detalladas de la Tierra para monitorear cambios ambientales con enfoque en la clasificación y detección de las transformaciones del suelo”, afirma la investigadora.

Además se realizó un análisis temporal detallado comparando mapas etiquetados en diferentes fechas, lo que permitió rastrear y cuantificar los cambios en la cobertura forestal a lo largo del tiempo.

El municipio de El Rosario fue el más afectado por la deforestación. En el periodo 2002-2023 perdió 228 ha de bosque primario húmedo, lo que representa 31 % de su pérdida total de cobertura arbórea en el mismo periodo, mientras que el área total de bosque primario húmedo disminuyó en 2,8 % en este tiempo, según Global Forest Watch (2024).

Este territorio es importante tanto por su notable diversidad de especies como por la fertilidad de sus suelos, que son fundamentales para el equilibrio ecológico y la productividad agrícola. De las 79.831 especies registradas en Colombia, Nariño aporta 11.227 especies de fauna terrestre, 326 de peces (56 marinos), y una notable diversidad de plantas que constituyen el 63 % del total regional. Además la región es crucial para la observación de ballenas amenazadas y especies migratorias, según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia.

Así mismo, los territorios rurales son fundamentales para el cultivo de alimentos esenciales como papa, caña panelera, plátano, coco, tomate invernadero, palmito, café, zanahoria, yuca y maíz tradicional; sin embargo la destrucción de los bosques ha tenido un impacto negativo notable en las comunidades locales que dependen de la tierra para su subsistencia.

La deforestación altera la fertilidad del suelo, que es vital para el crecimiento de cultivos agrícolas. La eliminación de vegetación arbórea reduce la capacidad del suelo para retener nutrientes y humedad, afectando negativamente la productividad agrícola.

Además, la pérdida de bosques puede provocar un aumento en la erosión del suelo y disminuir los recursos hídricos, lo que también afecta la capacidad de los agricultores para cultivar alimentos de manera sostenible. La alteración de los ciclos ecológicos y la pérdida de hábitats naturales afectan la biodiversidad de polinizadores y otros organismos importantes para la producción de alimentos.

Esta pérdida de cobertura forestal está impulsada en gran medida por la expansión de cultivos de uso ilícito, especialmente de coca para la producción de cocaína, que representan una de las principales causas de la pérdida de selva en la región. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2023), el 13 % de la deforestación anual del país está vinculada a este fenómeno.

Algunos métodos para erradicar cultivos de coca son: la aspersión aérea con herbicidas como el glifosato, un químico que puede reducir la fertilidad del suelo y contaminar las fuentes de agua; la destrucción manual, y la quema de cultivos, alternativa que altera el suelo y contribuye a su desgaste paulatino. Según el periódico ambiental Mongabay (2023), en 2022 Tumaco (Nariño) era el segundo municipio en Colombia con más cultivos de coca, con 20.720 hectáreas, mientras El Charco-Olaya Herrera contaba con 11.088 hectáreas.

La Jagua de Ibirico (Cesar) muestra el lado crítico de la transición energética

 La “fiebre” del carbón dejó al borde del colapso a La Jagua de Ibirico, uno de los 25 municipios del Cesar. Mientras el país busca energías más limpias, esta comunidad se debate entre la esperanza de un futuro mejor y la desesperación ante los daños ambientales y sociales causados por décadas de explotación minera, entre ellos la deforestación masiva, la contaminación de fuentes hídricas y el deterioro de la calidad del aire.

En 2021, la salida de la empresa minera Prodeco dejó la región sin una fuente crucial de ingresos, reduciendo en cerca del 60 % los recursos financieros que antes se obtenían a través de las regalías del carbón. Por eso la economista Johana Regino Vergara, estudiante del Doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), ha dedicado sus últimos 4 años a analizar esta transición en La Jagua de Ibirico.

“Lo que vemos aquí es un adelanto de lo que ocurriría en otras zonas mineras de Colombia como La Guajira, por eso es importante que aprendamos de esta experiencia para diseñar políticas de transición energética que sean verdaderamente justas y sostenibles”, precisa la investigadora.

Su estudio se enfocó en conocer la realidad de este territorio realizando entrevistas con diversos actores, entre ellos miembros de la comunidad, funcionarios gubernamentales y académicos. Además aplicó una encuesta a 100 personas para evaluar las percepciones sobre la naturaleza y las expectativas para el futuro.

“En estos años de análisis he identificado que la comunidad de este territorio valora la naturaleza más allá de su potencial económico; las personas no la ven como un recurso para explotar, sino que aprecian el aire limpio, los paisajes, hablan de la posibilidad de compartir tiempo en familia en el río, valores que no se pueden medir fácilmente en términos monetarios”, comenta la economista Regino.

En su estudio aborda estos aspectos como parte de una “valoración plural de la naturaleza”, la cual considera crucial porque contrasta con el enfoque tradicional de desarrollo económico que ha predominado en la región, pues durante casi 3 décadas La Jagua de Ibirico orientó su economía casi exclusivamente hacia la minería de carbón a cielo abierto.

“La dependencia de la explotación del carbón no solo transformó el paisaje físico, sino también el tejido social y cultural del municipio”, afirma.

El caso de Boquerón, un corregimiento de La Jagua, muestra precisamente uno de los impactos más profundos de esta transformación, ya que su comunidad fue desplazada por la contaminación ambiental causada por la minería. En 2021, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) revocó la orden de reasentamiento, y en vez de eso les exigió a las empresas mineras implementar un Plan de Manejo Socioeconómico.

“Los habitantes, que habían esperado ser reasentados, ahora deben adaptarse a vivir en un entorno significativamente alterado por las actividades mineras. Enfrentan desafíos como la reconstrucción de su comunidad y la recuperación de su entorno natural, afectado por la minería a cielo abierto”, señala la economista Regino, quien después de varios años de seguirle el rastro a esta problemática en La Jagua de Ibirico determinó que “la transición energética justa no se puede limitar a cambiar una fuente de energía, pues debe reconocer los vínculos que las personas tienen con su entorno”.

“Lo que la gente está pidiendo es un cambio estructural, quieren recuperar sus saberes tradicionales, explorar alternativas económicas que sean verdaderamente sostenibles, y sobre todo quieren formar parte del proceso de toma de decisiones”, precisa.

“Una de las barreras para lograr la transición energética justa con la participación de las personas es la falta de confianza de la comunidad en ese concepto”, sostiene la investigadora en su estudio.

“A partir de las entrevistas con los residentes vi que muchos habitantes sienten que las políticas se están diseñando sin su participación real y que no responden a las necesidades específicas de su territorio, como por ejemplo atraer y desarrollar sectores económicos alternativos al carbón, como la agricultura, e incluso que se den procesos de descontaminación de fuentes de agua afectadas por la actividad minera”, sostiene.

Por eso el estudio concluye que para que la transición energética sea verdaderamente justa debe ser un proceso participativo que involucre activamente a las comunidades afectadas y se debe basar en una comprensión profunda de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza en cada territorio específico.

“Debe ir más allá de las consideraciones puramente económicas para incluir una gama más amplia de valores y aspiraciones comunitarias”, precisa la candidata a Doctora.

Al respecto menciona 4 puntos que aportarían a superar las barreras que se presentan en este territorio específico; estos son:

• Plataformas de participación comunitaria: crear espacios en los que las comunidades puedan participar activamente en la planificación y ejecución de la transición energética.
• Educación y sensibilización: iniciar programas de educación para informarle a la población sobre la importancia y los beneficios de una transición energética justa. “Estos programas deben incluir talleres, seminarios y campañas de sensibilización sobre prácticas sustentables y el valor de la naturaleza”, precisa la investigadora.
• Diversificación económica: promover la diversificación de la economía local hacia actividades más respetuosas con la naturaleza, como la producción de café, cacao, maíz y productos forestales no maderables.
• Procesos estructurales para la transición: es crucial que las transiciones energéticas no se limiten a cambios superficiales en la fuente de energía, sino que aborden de manera integral las estructuras económicas y sociales subyacentes. “Se debe pensar en una transición energética que integre valores culturales, sociales y ecológicos en la toma de decisiones”, reitera. 

Este estudio está enmarcado en el Proyecto Trajects, convenio suscrito entre el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la UNAL y la Universidad Técnica de Berlín.

Sede Palmira cumple 90 años aportando al desarrollo regional en Colombia

 La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira celebra este año 9 décadas de aportes al progreso del suroccidente colombiano a través de sus actividades de formación, investigación y extensión, con más de 12.000 egresados y 3.000 estudiantes del Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. El aniversario se conmemorará con eventos académicos, un libro sobre su historia y una exposición fotográfica, entre otras actividades.

Para hablar de los inicios de la Sede Palmira hay que remontarse al siglo XIX, cuando en Colombia emergieron dos modelos económicos capitalistas con enfoques distintos: el inglés, que promovía la gran propiedad rural y la producción intensiva, y el francés, basado en la pequeña propiedad rural y el desarrollo de cooperativas y asociaciones, e impulsado en el país por figuras intelectuales y políticas que influyeron profundamente en la visión agrícola del Valle del Cauca.

Entre ellos estuvo Manuel Esteban Ancízar Basterra, primer rector de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia –como se llamó en sus inicios la UNAL–, quien en su obra Peregrinación del Alpha resaltó la importancia de apoyar a las comunidades rurales para que se conviertan en pequeños empresarios, reflejando así el modelo francés, enfoque compartido por otros personajes y líderes vallecaucanos.

Sin embargo, en medio de la crisis mundial del capitalismo de 1929, y con una ley de emergencia que autorizaba la importación de alimentos, el sector agrícola colombiano estaba prácticamente arruinado y ante un desafío. En ese periodo llegó desde Puerto Rico al departamento la Misión Chardón para realizar un reconocimiento agropecuario, que al final sugirió que la investigación agrícola fuera transferida al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, país que mostró interés por tratarse de un territorio ubicado en el Trópico.

Esta propuesta marcó el primer momento de la Universalidad en el Valle del Cauca, destacando la transferencia de modelos agrícolas foráneos, especialmente estadounidenses, que se impusieron en la región.

En 1931, con la expedición de la Ley 132, cada departamento del país podía crear un instituto agrícola, el cual debería estar conformado por una escuela superior de agricultura, un servicio de extensión agrícola y una granja experimental, con la que ya se contaba, y el 5 de noviembre de 1934 se fundó en Cali la Escuela Superior de Agricultura Tropical con un plan de estudios adaptado al modelo francés y a las necesidades locales, que luego de superar diversas transformaciones y pasar a ser la Facultad de Agronomía, hoy celebra sus 90 años como Sede Palmira de la UNAL.

En resumen, la agricultura regional se desarrolló en medio de estas dos líneas de pensamiento, y con ello inició la historia de la Sede Palmira, como recuerda el profesor Néstor Fabio Valencia Llano, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, autor de varias publicaciones que compilan esta historia, y quien concluye que “con el tiempo se instauraron los dos sistemas productivos: el que  utiliza la agricultura convencional en amplias extensiones de tierra, y el de la pequeña propiedad rural, modelos que también influencian el currículo”.

Progreso e impacto en la región

Desde su fundación, la Sede Palmira ha estado a la vanguardia en la investigación agrícola, ambiental, agroindustrial y pecuaria, además de otros campos del conocimiento como el diseño y la administración, abarcando la transferencia tecnológica de modelos extranjeros y la investigación autóctona centrada en las necesidades locales.

La profesora Luz Stella Cadavid Rodríguez, vicerrectora de la Sede, anunció que “para celebrar este aniversario, durante este año el campus será el escenario de diversas actividades y eventos académicos que conmemorarán la rica trayectoria de la Universidad y su contribución al desarrollo regional de la mano de las comunidades. Además se publicará un libro y se desarrollará una exposición fotográfica con los hitos más relevantes de estos 90 años”.

Agro-ecología, comunidades y liderazgo femenino

En el legado de la Sede Palmira han sido fundamentales los aportes de la profesora titular Marina Sánchez de Prager en la evolución de la agro-ecología en la región. Su trayectoria comenzó hace más de 50 años, cuando la científica rompió barreras de género al ser la primera mujer en ocupar un cargo en un entorno dominado por hombres, rol que le permitió demostrar las capacidades de las mujeres en la ciencia y la agricultura y fue la primera Decana de Sede antes de que surgiera la figura de Vicerrector.

Bajo su liderazgo, la UNAL ha contribuido con el movimiento nacional y latinoamericano de la agro-ecología, formando profesionales y colaborando estrechamente con comunidades campesinas en la implementación de tecnologías blandas y prácticas de cultivo sostenibles.

Hortalizas, aporte de la Sede Palmira al país

En paralelo, el profesor emérito Franco Alirio Vallejo, primer vicerrector de la Sede Palmira, ha dejado una marca indeleble en la agricultura nacional a través de su trabajo con el grupo de investigación “Mejoramiento genético, agronomía y producción de semillas de hortalizas”, uno de los más antiguos de la Institución y que ha permitido la formación de 30 doctores, 55 magísteres y 130 profesionales al servicio del país.

Su contribución llevó al desarrollo de las variedades de hortalizas “Unapal”, que incluyen tomate chonto Maravilla, cilantro Laurena, habichuela Milenio, pimentón Serrano y zapallo Bolo Verde, innovaciones que han beneficiado en productividad y calidad a los agricultores nacionales, especialmente en Valle del Cauca, Cauca y Eje Cafetero.

Por sus aportes a la investigación, en 1994 el profesor Vallejo recibió el Premio Nacional en Ciencias de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, y en 2021 la Orden Simón Bolívar en el grado Gran Maestro, conferida por el Ministerio de Educación Nacional.

 

Manejo centralizado del turismo impediría la sostenibilidad del sector

 En Colombia la planificación turística centralizada a menudo ignora las realidades locales, lo que afecta la efectividad de las políticas públicas para atender las necesidades de las comunidades que viven en los lugares de interés para los viajeros.

Un estudio realizado en los Parques Nacionales Naturales Los Nevados, Salento - Cocora y San Cipriano, examinó cómo la sostenibilidad del turismo se ve afectada por las estructuras de gobernanza, es decir por los actores encargados de administrar las zonas turísticas.

El estudio fue realizado por Alejandro Echeverri Rubio para el Doctorado en Administración en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales, dirigido por el profesor Jaime Andrés Vieira-Salazar, Ph. D. en Ciencias de la Gestión, y con el apoyo del grupo de investigación Gestión Responsable para la Sostenibilidad Territorial (GREST).

El objetivo de este trabajo fue analizar los principales desafíos que enfrentan los actores en la configuración de estructuras de gobernanza para lograr la sostenibilidad de los socio-ecosistemas con aprovechamiento turístico en Colombia y contribuir a que las políticas públicas se adapten a las necesidades locales. La tesis fue laureada por su notable contribución al campo de la gobernanza turística y la sostenibilidad.

Según el estudio, en Colombia las leyes y políticas turísticas –como la Ley 2068 de 2020, la Política Nacional de Turismo Comunitario y los Planes de Ordenamiento Territorial (POT)– han causado controversias entre el Gobierno y las comunidades locales por priorizar el desarrollo turístico sobre las necesidades y los derechos de estas colectividades, excluyéndolas de beneficios económicos, y además por no considerar suficientemente los impactos culturales y ambientales.

Tanto en las regiones de los tres parques estudiados como en el Eje Cafetero y Valle del Cauca se realizaron entrevistas y grupos focales para profundizar en la comprensión de las dinámicas y los retos presentes, utilizando observación directa y encuestas a actores del turismo.

Estos instrumentos permitieron recopilar datos para identificar a los actores involucrados, describir sus relaciones, caracterizar los conflictos socio-ecológicos, detallar las estructuras de gobernanza y proponer escenarios prospectivos para el aprovechamiento turístico sostenible en cada caso de estudio.

En el estudio, los actores clave identificados variaron según el caso. En el Parque Los Nevados los principales actores fueron la Oficina de Parques Nacionales y la Unión Temporal de Operación Nevados (UTON), encargados de la gestión y conservación del Parque, mientras que las comunidades locales desempeñaron un papel secundario.

En Salento - Cocora el análisis incluyó al gobierno local y al Gobierno nacional, que regulan y apoyan el turismo, además de las comunidades locales y las agencias de viajes y operadores turísticos, que participan activamente en la gestión y promoción del turismo.

Para el caso de San Cipriano, los actores clave fueron la Fundación San Cipriano, que coordina la red local; la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, encargada de la gestión ambiental; el Consejo Comunal, que representa a la comunidad; y las agencias de viajes y operadores turísticos, que apoyan el desarrollo del turismo en la región.

Las redes expuestas en la tesis muestran cómo las estructuras de gobernanza afectan la gestión del turismo en cada caso: en el Parque Los Nevados la centralización limita la participación local. En Salento - Cocora la coordinación horizontal facilita una gestión colaborativa, y en San Cipriano, aunque existe una centralización, la participación local sigue siendo relevante.

La estructura jerárquica y centralizada del Parque Nacional Natural Los Nevados no es inherentemente negativa, de hecho los resultados sugieren que este tipo de gobernanza puede ser necesaria y adecuada para destinos turísticos que requieren un control riguroso y una administración estricta para asegurar la conservación y gestión efectiva de recursos naturales.

Esta estructura, aunque limita la participación local, puede ser esencial para garantizar la protección de áreas de alta biodiversidad y la implementación de políticas de conservación. Por otro lado, la estructura de gobernanza en Salento es menos jerárquica y fomenta una mayor participación colaborativa, mientras que la de San Cipriano, aunque más horizontal en comparación con la del Parque Los Nevados, aún presenta elementos de centralización.

“Es vital mencionar la relevancia del factor socioecológico en la gobernanza del turismo, porque es fundamental para asegurar una gestión equilibrada y sostenible de los recursos naturales y culturales”, explica el investigador. Este factor se refiere a la interacción entre aspectos sociales y ecológicos, y cómo estas interacciones influyen en la sostenibilidad de los destinos turísticos.

“La integración efectiva de las dinámicas socio-ecológicas en la planificación y gestión turística permite no solo conservar el medioambiente, sino además fortalecer a las comunidades locales promoviendo un desarrollo turístico que beneficia tanto a las personas como al entorno natural”, puntualiza el investigador.

Las redes colaborativas, como la de San Cipriano, tienden a manejar mejor los recursos turísticos y a abordar las necesidades locales. En contraste, las estructuras más centralizadas, como en Parque Los Nevados, pueden enfrentar desafíos en términos de inclusión y adaptabilidad. Comprender y adaptar estas estructuras a las dinámicas socio-ecológicas específicas de cada destino es esencial para promover un desarrollo turístico sostenible y equilibrado.

UNAL en la COP16: inicia la agenda previa con seminarios de biodiversidad y conservación

 Las 9 Sedes de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) se preparan para la Decimosexta Conferencia de las Partes (COP16) sobre biodiversidad –que congregará en Cali a líderes, científicos y expertos nacionales e internacionales–, iniciando la agenda académica PreCOP16 con un evento de agro-ecología en la Sede Palmira.

Bajo el lema “Paz con la Naturaleza”, la COP16 abordará los desafíos globales en la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. En este contexto, la UNAL compartirá con el mundo su cúmulo de conocimiento y prácticas de conservación desarrollados en el país en 4 grandes temas: Amazonia; mares y océanos; ciudades verdes; y protección de la biodiversidad biológica.

Al destacar el rol de la UNAL en esta cumbre mundial, la profesora Nubia Janeth Ruiz Ruiz, vicerrectora de Investigación, informó que “la Universidad participará de manera activa en este escenario internacional, a partir de las fortalezas y capacidades de todas las Sedes, y actuando de manera articulada”.

La UNAL expondrá su rol en la conservación de ecosistemas como la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco (Valle del Cauca), un laboratorio vivo de más de 500 hectáreas a su cargo, vital para la regulación hídrica, la captura de carbono y la conservación de especies en la región.

Por su parte, la profesora Diana Carolina López Álvarez, del grupo de investigación Diversidad Biológica de la Sede Palmira y una de las delegadas para centralizar la participación de la UNAL en la COP16, resaltó que “la Universidad es un espacio abierto que recoge la problemática de la sociedad y la aplica a estudios específicos que permiten generar conocimiento científico, el cual debe ser retribuido a las comunidades, y por lo tanto esta será una oportunidad para acercar la ciencia a los ciudadanos”.

La COP16 contará con dos espacios: la Zona Azul, en donde se realizará la Conferencia de las Partes, el órgano decisor del Convenio sobre la Diversidad Biológica conformado por líderes de 150 países que promueven el desarrollo sostenible mundial; y la Zona Verde, que será el epicentro de la estrategia de movilización y participación.

“En la Zona Verde se materializará la COP de la gente. Allí, universidades, empresas, organizaciones y sociedad civil compartirán su visión y sus compromisos para proteger la biodiversidad”, agregó la vicerrectora Ruiz. Además, desde la Vicerrectoría de Investigación se gestiona la suscripción de un convenio de cooperación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el objetivo de aunar esfuerzos para conseguir actividades en el marco de la COP16.

La COP16 contará con una amplia agenda académica liderada por universidades con sede en el Valle del Cauca, centros de investigación y el Instituto Humboldt, que busca integrar Estado, sector privado y sociedad civil en torno a la biodiversidad. Esta programación –en la que participa la UNAL–, anunciada por la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, promueve la participación durante la PreCOP16, la COP16 y la PosCOP16.

Sede Palmira, 90 años aportando a la biodiversidad

La UNAL Sede Palmira es refugio de la biodiversidad de flora y fauna del suroccidente colombiano. Su participación en la COP16 se centra en dos áreas clave: recursos genéticos y servicios ecosistémicos, un enfoque integral que permite desarrollar de la mano de las comunidades soluciones más completas y efectivas ante los retos ambientales del país.

La agenda preCOP16, que se desarrollará durante las semanas previas al 21 de octubre, inició el 25 de julio con el conversatorio “Agroecología y futuro local, regional, territorial y planetario: una mirada desde el Valle del Cauca”.

Continúa el 15 de agosto con el “Seminario Nacional Sentipensares y Pluriversos: acciones y retos para la conservación de la diversidad biológica”, del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA Palmira), y el 4, 5 y 6 de septiembre sigue el “Seminario Biotecnología y Biodiversidad: clave para un futuro sostenible y resiliente”, organizado en conjunto por la UNAL Sede Palmira, la Universidad del Valle y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia).

El 12 de septiembre será la jornada de reflexión “El cuidado del territorio como un eslabón en la conservación de la biodiversidad desde una mirada holística de la ciencia, tecnología e innovación”, y el 19 de septiembre cierra el simposio “Colecciones entomológicas: mucho más que estantes con insectos”, del grupo de investigación Interacciones Tritróficas.

Uno de los eventos de la UNAL más relevantes y confirmados en la Zona Verde de la COP16 es el Simposio Internacional Biopolis2024, que contará con la participación de expertos nacionales e internacionales, organizado por la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UNAL en colaboración con otras entidades del sector; el evento será el 22 de octubre entre 9 a. m. y 4 p. m. en la Casa Humboldt. 

Moluscos en Tumaco presentan alta contaminación por hidrocarburos

 Un análisis de contaminación por hidrocarburos en moluscos bivalvos de la bahía de Tumaco identificó niveles tóxicos para los seres vivos. Los resultados sugieren que las entidades protectoras del medioambiente y de la salud de los habitantes del puerto nariñense tomen acciones preventivas.

El ingeniero químico Jesús Alberto Angulo Cuero –oriundo de Tumaco–, magíster en Ingeniería Ambiental la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales, analizó la contaminación por hidrocarburos en moluscos bivalvos (que se encuentran dentro de una concha rígida formada por dos piezas o valvas) de la bahía de Tumaco, asociada con los derrames de petróleo.

Inicialmente el investigador escogió el caso ocurrido en 2000, cuando 3.500 barriles de petróleo crudo (provenientes del oleoducto trasandino) se derramaron en el río Rosario, y cuya mancha se extendió por más de 40 km amenazando con llegar al océano Pacífico a través de la bahía de Tumaco.

El río Rosario es la principal fuente de abastecimiento para las comunidades ribereñas, donde habitan principalmente consejos comunitarios y población afrodescendiente.

Después del derrame se estableció una estación de monitoreo en la desembocadura del río Rosario para medir los niveles de hidrocarburos y detectar su ingreso a la bahía. A pesar de los esfuerzos para evitar más afectaciones, las riberas y los manglares presentaron impregnación de crudo en alturas entre 2 y 3 m.

Con base en esta información, el investigador determinó que los moluscos bivalvos, almejas, piangua y ostras, por tener su hábitat en manglares y formar parte de la dieta alimentaria de los tumaqueños, recibirían una gran carga de contaminantes, ya que estos se alimentan a través de la filtración y presentan la propiedad de biomagnificar (transferencia de químicos a través de la cadena trófica) el contenido de los hidrocarburos en sus tejidos grasos.

Así, y con el área de estudio conformada por 3 puntos: la desembocadura del río Rosario, El Morro y El Pindo, se comprobó la alta concentración de contaminantes, es decir por encima de los 35 nanogramos, considerada como tóxica para el hombre y las especies de animales que cohabitan en estos sectores.

Estos hidrocarburos, clasificados como aromáticos polinucleares por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), y presentes especialmente en fuentes naturales como petróleo, carbón o depósitos de alquitrán, cuando llegan mar provenientes de diferentes orígenes (rio, manglar, puerto) y son ingeridos en distintos niveles de la cadena alimentaria hasta llegar al hombre, ocasionan graves riesgos para su salud.

Con estos resultados se emite una señal de alerta para que las autoridades ambientales y de salubridad continúen los análisis de sedimentos marinos y revisen los planes de contingencia que contribuyan a proteger la vida humana, reducir las consecuencias ambientales y centrar los esfuerzos en la restauración de los ambientes impactados.

Conflicto e intermediarios, retos para la seguridad alimentaria en el Meta

 La presencia de grupos armados y la falta de acceso al mercado se identificaron como los principales obstáculos para desarrollar la agricultura y garantizar la seguridad alimentaria en el Meta, un departamento con abundante biodiversidad y recursos agrícolas.

La abogada Liliana Marcela Baquero Torres, estudiante de la Maestría en Administración de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales, centró su trabajo de investigación en identificar y analizar los factores determinantes que afectan la comercialización de los productos agrícolas en el Meta.

Su estudio se fundamenta en los datos de 405 pequeños agricultores –junto con sus 30 asociaciones y sus 30 unidades productivas en la región–, recopilados con dos propósitos: identificar las condiciones actuales que ellos enfrentan, y proponer estrategias y soluciones que mejoren su situación económica y fortalezcan su seguridad alimentaria.

La inseguridad

Durante décadas el Meta ha sido severamente afectado por la violencia en el país, especialmente su población rural. Según la Defensoría del Pueblo (2024), entre 2018 y 2023 se emitieron 11 alertas tempranas para la región. La más reciente, en febrero de 2023, cobijó a los municipios de Cubarral, El Castillo y Lejanías, debido a la presencia de grupos identificados como disidencias de las FARC (frentes 40 y 53) que provocan terror y control territorial, especialmente en zonas rurales montañosas.

Al indagar sobre la vulnerabilidad de los campesinos, 150 agricultores decidieron no informar sobre sus condiciones en ese sentido, como una muestra del inconformismo por el abandono y la inseguridad en el campo. De los que respondieron, 125 no presentan condiciones de vulnerabilidad, 32 se identificaron como madres o padres cabeza de familia, y había 1 persona en condición de discapacidad.

Los resultados arrojaron que del 40 % de los campesinos agricultores han sido afectados directamente por la violencia; de estos, el 10 % son desplazados, el 2 % desmovilizados, y el 88 % víctimas directas del conflicto mediante amenazas, atentados, desplazamiento forzado, minas antipersona, violación, tortura, desaparición forzada, homicidio, masacre, secuestro, despojo y abandono.

El estudio abarca el periodo 2013-2014, y se desarrolló en los municipios de Villavicencio, Granada, Cubarral, El Dorado, Fuente de Oro, San Juan de Arama, Lejanías y Acacías, “elegidos tanto por la relevancia de los datos sobre el conflicto armado y las alertas tempranas reportadas por la Defensoría del Pueblo, como por su representatividad en el contexto de la investigación sobre la vulnerabilidad y el fortalecimiento emocional de los campesinos en el departamento”, comenta la investigadora.

Relación desigual con los intermediarios

Los principales productos agrícolas cultivados en los municipios estudiados, y su participación, son: café (36 %), plátano (20 %), cacao (16 %), guayaba pera (6 %), mandarina arrayana (5 %), aguacate lorena (5 %), naranja tangelo (5 %), naranja Valencia (3 %), maracuyá (2 %) y yuca (2 %); estos representan la base agrícola predominante en la región analizada.

El estudio destaca el impacto negativo de los intermediarios en el sector agrícola del departamento, ya que estos aprovechan que los campesinos no tienen acceso directo a los mercados para comprarles sus productos a precios muy bajos. Esta práctica reduce significativamente los márgenes de ganancia de los productores y los deja en una posición económica vulnerable.

“La seguridad alimentaria garantiza que todos, tanto en áreas urbanas como rurales, tengan acceso a alimentos suficientes y nutritivos para desayuno, almuerzo y comida. Los campesinos desempeñan un papel crucial en la producción de estos alimentos”, afirma la investigadora. Sin embargo, la falta de transparencia en las transacciones y la escasa información sobre precios y costos de transporte dificultan una negociación justa, lo que afecta los ingresos de los agricultores, y por ende su capacidad de satisfacer sus necesidades básicas.

Los factores determinantes identificados en este estudio ofrecen un marco integral para que los campesinos y el Meta fortalezcan la gestión agrícola y mejoren el proceso de comercialización. Desde el fortalecimiento de la asociatividad y la integración hasta la transformación y generación de valor agregado, cada factor aborda específicamente las falencias encontradas en el sistema actual, como la alta intermediación y las dificultades para adaptarse a las demandas del mercado.

Implementar estas propuestas no solo empoderará a los agricultores, sino que además promoverá más justicia económica, fortalecerá la economía local y contribuirá significativamente a la seguridad alimentaria regional.

Es crucial destacar que la capacitación en tecnología, sostenibilidad y gestión emocional, junto con la consolidación de políticas público-privadas orientadas a infraestructura y apoyo financiero, son elementos clave para asegurar el éxito de estas iniciativas. Estas medidas no solo mejorarán las condiciones de vida de los campesinos, sino que también fomentarán la resiliencia frente a los desafíos climáticos y socioeconómicos, posicionando la agricultura campesina como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria en la región del Meta.