El fuego también deja huella en los escarabajos de la Orinoquia

 Los escarabajos estercoleros no solo reciclan excrementos: también dispersan semillas, airean el suelo y ayudan a controlar parásitos. Son piezas fundamentales en la salud del ecosistema. Por eso, su respuesta ante el fuego es un termómetro de lo que pasa en la naturaleza. Un estudio encontró que los incendios recientes en la Orinoquia colombiana afectan gravemente la diversidad y función ecológica de estos insectos.

Una de los aspectos importantes del estudio liderado por Carlos Julián Moreno Fonseca, investigador del Grupo de Investigación en Ecología del Paisaje y Modelación de Ecosistemas (Ecolmod) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), fue observar lo que sucede en los llamados bordes entre bosque y sabana, conocidos también como ecotonos.

“Se trata de zonas de transición donde se encuentran dos ecosistemas distintos: el bosque denso y húmedo y la sabana más abierta y seca. En estos puntos coexisten especies de ambos entornos, y aunque pueden parecer solo ‘franjas de vegetación’, son esenciales para la biodiversidad”, explica el candidato a Doctor en Ciencias - Biología.

Además, la investigación se concentró en las transiciones de bosque ripario, es decir aquellos bosques que bordean ríos y quebradas, y que progresivamente se convierten en sabana, a medida que se alejan de los cuerpos de agua. Estos paisajes mixtos ofrecen conectividad ecológica, albergan gran diversidad y son especialmente sensibles a perturbaciones como los incendios.

Una franja ecológica que merece atención

La investigación se realizó en dos reservas naturales del Vichada: Los Robles y Doña Ana. La primera enfrenta constantes presiones por entresacado de madera, caza furtiva y quemas no controladas. La segunda, en cambio, cuenta con un manejo más estricto, monitoreo de fauna y estrategias de control del fuego como quemas prescritas, que reducen el material combustible para evitar incendios incontrolables.

Allí se capturaron 25.768 individuos de 32 especies usando trampas de caída con cebo mezclado de origen humano y porcino, además de arenas experimentales para evaluar funciones ecológicas como la remoción de excremento, la bioturbación del suelo y la dispersión secundaria de semillas. El muestreo se hizo en tres hábitats representativos del paisaje orinoquense: sabana, ecotono (borde) y bosque.

“Queríamos ver cómo las presiones antrópicas y las medidas de conservación influyen en los resultados ecológicos tras el fuego. Encontramos que en las áreas con mejor conservación hay más escarabajos capaces de repoblar zonas quemadas”, menciona el investigador Moreno. Además, subraya que la conectividad entre hábitats favorece la recuperación ecológica.

Las presiones antrópicas se refieren a las alteraciones causadas por actividades humanas como la deforestación, la caza, el uso del fuego para abrir espacio en el paisaje natural y el aprovechamiento descontrolado de los recursos.

El estudio también identificó que los efectos negativos del fuego son más evidentes en sitios con incendios recientes y frecuentes. Sin embargo, en zonas que llevaban al menos 6 años sin incendios, la biomasa total se recuperaba notablemente debido a la proliferación de unas pocas especies muy abundantes.

“Esto indica una homogeneización funcional, es decir que el ecosistema empieza a depender de menos especies, lo que lo hace más frágil ante futuros cambios”, advierte.

Funciones que no se recuperan fácilmente

Si bien especies pequeñas lograron mantener funciones como la remoción de excremento, otras como la dispersión de semillas grandes y la bioturbación profunda se vieron afectadas por la ausencia de escarabajos de gran tamaño.

“Los grandes rodadores fueron los más impactados. Algunos ni siquiera se encontraron en los sitios más afectados”. En cambio, especies como Uroxys cf. brevis y Digitonthophagus gazella –esta última introducida desde Australia– mostraron alta resistencia.

Según el experto Moreno, D. gazella podría estar desplazando a especies nativas en áreas alteradas debido a su rápida reproducción, capacidad para detectar excremento ganadero y alta tolerancia al fuego.

El estudio concluye que conservar bosques, sabanas y ecotonos es fundamental para que los escarabajos puedan recolonizar áreas degradadas. Además, propone medidas concretas: gestionar el fuego con inteligencia, implementar quemas prescritas, crear barreras cortafuego y educar desde edades tempranas sobre el impacto de los incendios.

“El fuego hay que entenderlo, pero de manera consciente y planificada. Los escarabajos nos están mostrando eso”, afirma. También recalca que estas estrategias deben aplicarse tanto en áreas protegidas como en zonas productivas, y que deben incluir educación ambiental desde la infancia.

La investigación, publicada en la revista Biology, pone sobre la mesa la necesidad urgente de integrar a los insectos en las estrategias de conservación y restauración ecológica en regiones altamente vulnerables al fuego como la Orinoquia.

Además, propone usar a los escarabajos estercoleros como bioindicadores: su presencia, abundancia y diversidad funcional ofrecen pistas valiosas para monitorear la recuperación ecológica y diseñar estrategias de manejo del fuego más sostenibles.

 

Residuos incinerados se transforman en materiales de construcción en San Andrés

 Reducir residuos, producir energía, y al mismo tiempo pavimentar vías con materiales reciclados ya es una realidad en San Andrés. Investigadores transformaron las escorias de una planta de incineración en adoquines, bloques y mobiliario urbano, reduciendo hasta en un 80 % los costos de materiales y fortaleciendo la autosuficiencia constructiva del Archipiélago.

La isla de San Andrés enfrenta grandes desafíos ambientales y logísticos: todos sus materiales de construcción deben ser importados, y el manejo de los residuos sólidos urbanos es limitado por su condición insular. El relleno sanitario Magic Garden, que funciona como sitio de disposición final desde hace más de 30 años, ha recibido cerca de 500.000 toneladas de desechos, según estimaciones basadas en la población fija y flotante (turistas) del Archipiélago.

La etapa actual del relleno (zona 5) llegó a su capacidad máxima en octubre de 2019, pero continúa operando, lo que representa un riesgo latente para la población y para el frágil ecosistema de la Reserva de la Biósfera Seaflower.

En la búsqueda de soluciones para disminuir el alto volumen de residuos y diversificar la matriz energética insular —actualmente 100 % dependiente del diésel—, en 2013 se construyó la planta de generación eléctrica a partir de residuos sólidos urbanos (Planta RSU). Esta procesa entre 50 y 80 toneladas diarias de basura preprocesada, pero también genera entre 8 y 10 toneladas diarias de remanentes de combustión, entre ellas escorias, cenizas y sales cálcicas, cuyo manejo técnico y ambiental no había sido claramente establecido.

Ante este panorama, un proyecto desarrolló un modelo innovador para aprovechar estos residuos de la incineración. La iniciativa fue liderada por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín y la Empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (EEDAS SA), en alianza con instituciones locales y nacionales como el Laboratorio del Campo, la Universidad del Cauca, la Cámara de Comercio y comunidades locales.

El proyecto —financiado con recursos del Sistema General de Regalías— planteó soluciones técnicas, ambientales y sociales para convertir remanentes de combustión en nuevos insumos útiles para la Isla.

“El reto era doble: por un lado, reducir el volumen de residuos acumulados, y por otro buscar una aplicación útil y sostenible que beneficiara directamente a las comunidades locales”, explica el profesor Óscar Jaime Restrepo, coordinador del proyecto e investigador del grupo Observatorio ÍGNEA de la UNAL Medellín.

Resultados que pavimentan el cambio

El proyecto empezó con la identificación de los residuos generados por la planta de incineración. A partir de un riguroso protocolo de muestreo y análisis en los laboratorios de la Facultad de Minas se caracterizaron tres tipos principales de remanentes: escorias (o cenizas de fondo), cenizas  volantes y sales cálcicas. Cada una de estas fracciones fue estudiada para determinar su composición fisicoquímica y mineralógica, su potencial de aprovechamiento y su impacto ambiental.

Los resultados de esta caracterización les permitieron al equipo desarrollar diferentes mezclas para la fabricación de materiales como adoquines, bloques de cemento, mobiliario urbano y pavimentos de concreto.

Estas mezclas fueron validadas primero en laboratorio y luego en pruebas de campo realizadas directamente en la Isla, siempre con participación activa de la comunidad y proveedores locales.

Entre los hallazgos más destacados están los ahorros de hasta el 80 % en costos de arena y 61 % en agregados triturados, comparados con los materiales tradicionales que deben ser importados desde el continente. Además, los productos desarrollados cumplen con la normativa técnica nacional y demostraron buen desempeño estructural en condiciones reales de uso.

Prototipos como sillas, adoquines de colores y un tramo de vía pavimentada en una zona comunitaria muestran la aplicabilidad de los resultados.

“Nosotros partimos de la premisa de que la ingeniería no puede ser solo técnica; tiene que ser sociotécnica. No se trata solo de transformar materiales, sino de construir soluciones con la gente, que respondan a su entorno y a su cultura”, afirmó el profesor Gustavo Viana, investigador de grupo ÍGNEA.

En ese sentido, la comunidad raizal de la Isla jugó un papel clave en la definición de usos, diseños, colores y lugares de aplicación. El enfoque participativo garantizó la pertinencia de las soluciones y fortaleció la apropiación local del proyecto.

Además de mitigar el impacto ambiental de los residuos de incineración, el proyecto Green Ashes plantea un modelo replicable en otros territorios insulares con problemas similares de gestión de residuos y abastecimiento de materiales. La articulación entre academia, gobierno, empresa y comunidad demuestra que es posible construir alternativas sostenibles desde la ciencia, con impacto real y transformador.

ESTUDIANTES DE BUENAVENTURA PROMUEVEN EL CUIDADO DEL RECURSO HÍDRICO

 CUIDAR EL AGUA ES CUIDAR LA VIDA

Cuidar el territorio, especialmente las fuentes de agua que abastecen a la comunidad del Cajambre, es la estrategia de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez, sede José Joaquín Caicedo y Cuero, en Buenaventura, la cual consiste en generar conciencia sobre el uso responsable de los residuos sólidos, la recuperación del entorno natural y el fortalecimiento del vínculo entre los estudiantes y su territorio.

“Hacemos brigadas de aseo, recolección de residuos y jornadas de socialización con los padres de familia para fomentar el buen uso de los desechos. Si los residuos terminan en el río, nos afectamos todos, por eso trabajamos desde casa, escuela y comunidad en puntos de recolección para conservar nuestras fuentes hídricas”, explicó Nayibe Caicedo, docente de la institución y una de las impulsoras del proyecto.

Pero no se trata solo de limpieza, ya que el enfoque del Prae también abarca procesos educativos integrales, donde el área agropecuaria cobra un papel fundamental. Desde preescolar hasta grado once, los estudiantes participan en la creación y mantenimiento de huertas escolares en las zoteas, promoviendo así el manejo y la conservación de plantas nativas y comestibles.

 La metodología de las zoteas productivas ha sido clave en el fortalecimiento del sentido de pertenencia. Además de aprender sobre cultivos, los jóvenes se apropian de su territorio y desarrollan habilidades sostenibles que trascienden lo escolar.

 

“El trabajo ha sido bien recibido por los estudiantes, quienes aplican lo aprendido en sus hogares. En el día a día, vemos cómo las actividades tienen impacto real: más conciencia, menos residuos, más compromiso”, añadió Nayibe.

 El proceso incluye también la reutilización creativa de materiales reciclados, transformándolos en herramientas para sembrar, elementos decorativos y objetos útiles. Cada acción está diseñada para que los estudiantes comprendan el valor del agua y sobre cómo sus decisiones pueden proteger o deteriorar su entorno.

La CVC ha acompañado de activamente al proceso. A través de capacitaciones, asesoría técnica y seguimiento continuo, se ha brindado soporte a las iniciativas del colegio, fortaleciendo su alcance e impacto.

 “La importancia y el impacto de las actividades del Prae radican en la reducción de residuos sólidos y, por ende, de la contaminación del río. Hemos visto cómo la comunidad se ha concientizado y participa en las jornadas”, expresó Paola Andrea Díaz Ramírez, funcionaria de la CVC.

El Prae de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez se ha convertido en un modelo de educación ambiental participativa y contextualizada. El trabajo coordinado entre docentes, estudiantes, familias, la comunidad y entidades como la CVC demuestra que es posible sembrar conciencia, cosechar compromiso y construir un futuro más sostenible desde la escuela.

En Punta Soldado los manglares resisten, pero el mar no da tregua

 En el Pacífico colombiano, los manglares de la isla Punta Soldado son fuente de alimento, forman parte de la cultura, y además protegen a las comunidades costeras de inundaciones y erosión. Sin embargo, un estudio revela que su capacidad de defensa natural se ve afectada tanto por el aumento del nivel del mar y los eventos extremos como El Niño, como por la deforestación y la sedimentación provocadas por actividades naturales y humanas. En 25 años se han perdido alrededor de 37 hectáreas de manglar, situación que pone en riesgo a la comunidad.

Ubicada al sur de la bahía de Buenaventura, hace más de 100 años la isla Punta Soldado es habitada por una comunidad afrodescendiente organizada en el Consejo Comunitario, que ha desarrollado sus actividades de pesca, agricultura y recolección al ritmo de la marea. Este ecosistema ha sido su fuente de alimento, espacio cultural y escudo natural frente a los embates del mar, pero hoy su cobertura se reduce año tras año, afectada por la variabilidad climática y la acción humana.

Un reciente estudio realizado por Natalia Zapata Delgado, magíster en Ingeniería - Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín, evidenció que la capacidad de protección de los manglares está en riesgo. Según los modelos desarrollados por la investigadora, se requieren al menos 30 hectáreas para mitigar eficazmente el impacto de las olas, pero entre 1996 y 2020 la zona ha perdido alrededor de 37 hectáreas.

La magíster explica que “las raíces de los manglares funcionan como escudos vivos que disipan la energía de las olas del mar, pero su eficacia depende de condiciones específicas como la altura de las olas, su dirección y el nivel del mar”.

Al respecto, el profesor Andrés Osorio, director del Grupo de Investigación en Oceanografía e Ingeniería Costera (Oceánicos), destaca que “Punta Soldado enfrenta una doble amenaza: por un lado, la variabilidad climática –como los eventos de El Niño que elevan el nivel del mar hasta en 60 cm, lo que equivale a décadas de cambio climático acumulado–, y por otro las presiones humanas como la tala de manglares.

“Cuando el nivel del mar sube, las olas ganan fuerza y la erosión se intensifica poniendo en riesgo a la comunidad y sus medios de vida, ya que estos ecosistemas no solo ofrecen protección sino también alimento, madera, aire limpio y oportunidades económicas”.

“Invertir en conservación no es solo una cuestión ambiental, es prevenir pérdidas mucho más costosas a futuro”, explica el investigador Osorio, director del estudio.

Sistemas que respiran y se transforman

En su investigación, la magíster Zapata analizó la función protectora de estos ecosistemas frente a fenómenos como la subida del nivel del mar y las olas extremas. El trabajo parte del enfoque de sistemas socio-ecológicos y del concepto de “contribuciones de la naturaleza a las personas”,

propuesto por el Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES). Ella lo resume así: “los manglares no son solo árboles que detienen olas, son sistemas vivos donde la naturaleza y las personas están profundamente conectadas, por lo que los cambios en uno afectan al otro”.

Así, su tesis buscó entender cómo esa relación se ve afectada por eventos extremos como El Niño y la pérdida de manglar: “una pequeña decisión en el sistema puede tener consecuencias grandes en su capacidad para proteger a la comunidad”, dice.

El estudio combinó herramientas cuantitativas –como modelación numérica y valoración económica– con enfoques cualitativos como entrevistas y observación participante. “No se trataba solo llegar con datos, sino de escuchar lo que la comunidad tiene para decir sobre el manglar”, explica la investigadora. Así se construyó un diálogo que permitió validar los resultados técnicos con el conocimiento local.

Las mujeres piangueras manifestaron que “cuando el mar está muy bravo no hay palo que aguante”, una frase que refleja lo que confirmaron los modelos: en condiciones extremas la capacidad de protección del manglar puede reducirse hasta en un 80 %.

Además se identificaron los “drivers de cambio”, es decir los factores que provocan transformaciones en el ecosistema, como la deforestación, la contaminación y las dificultades para hacer cumplir las regulaciones de protección, tarea esencial para construir un modelo de dinámica de sistemas que permita entender las interacciones entre las dimensiones física, social y económica.

El valor de lo tangible y lo intangible

Uno de los aportes más innovadores del estudio fue traducir en cifras económicas los servicios ecosistémicos que brinda el manglar. Para esta parte la magíster estuvo co-dirigida por la profesora Clara Inés Villegas, experta en valoración económica de ecosistemas. Se estimó cuánto costaría reemplazar los servicios de protección que ofrecen los manglares si se perdieran por completo, y la cifra fue contundente: alrededor de 8.000 millones de pesos.

Pero el valor va más allá del dinero: “si se pierde el manglar también se pierde la piangua, la tranquilidad, y la identidad cultural”, señala la tesis. Las mujeres piangueras, por ejemplo, no solo recolectan este molusco, sino que además lideran acciones de restauración.

El profesor Osorio subraya que estos estudios buscan proveer argumentos sólidos para que las autoridades ambientales y los decisores inviertan en conservación como una estrategia costo-efectiva. “No se trata solo de ser ambientalistas, sino de prevenir riesgos futuros mucho más costosos”, puntualiza.

Precisamente por eso la tesis no se queda en lo académico: parte de sus resultados se están incorporando en la formulación del Plan de Manejo Ambiental de Punta Soldado, liderado por el Consejo Comunitario – asesorado por un equipo técnico-cultural– y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 

“Para mí, más allá de los resultados técnicos, la mayor contribución es que este estudio sirva para que la comunidad tenga más herramientas y pueda tomar mejores decisiones sobre su territorio”, concluye la magíster Zapata.

 

Cuenta regresiva: en las próximas décadas Colombia perderá sus últimos glaciares

 Hace apenas un siglo Colombia contaba con 14 glaciares, hoy sobreviven apenas 6, y, de seguir la tendencia actual, en pocas décadas estos ecosistemas desaparecerán por completo. Su pérdida acelerada no es solo un efecto visible y palpable del cambio climático, sino también una amenaza ambiental que alterará el equilibrio tanto de las cumbres nevadas de las montañas como de la cultura de las comunidades que históricamente han vivido en torno a estas zonas.

Camila Martínez Arenas, geóloga de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) e investigadora del Semillero de Clima y Glaciología de la Asociación Europea de Geocientíficos e Ingenieros (EAGE), advierte que el retroceso glacial es irreversible y que estamos siendo testigos de las últimas décadas de los glaciares en el trópico.

Un fenómeno único en peligro

Los glaciares son una gran masa de hielo que se forma en las partes más altas de las montañas (4.900 msnm en Colombia) o en los polos terrestres, donde la nieve se acumula durante años. Estos ecosistemas cumplen funciones como regular la temperatura y la humedad local, enfriar el aire y favorecer la generación de lluvias; son reserva de agua dulce que alimenta los páramos y bosques altoandinos, y su valor paisajístico y cultural es de los más importantes del país; además, comunidades indígenas como arahuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta o los u’wa en el Cocuy los consideran como parte de su identidad.

Colombia alberga glaciares en pleno trópico, a escasa distancia del ecuador terrestre, un fenómeno que convirtió el país en un caso de estudio global, ya que cerca del 45 % de los glaciares ecuatoriales del planeta están en territorio colombiano, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Pero el cambio climático inducido por la actividad humana está poniendo en jaque estos ecosistemas, llevándolos a su desaparición por derretimiento.

La investigadora Martínez señala que “aunque el planeta siempre ha atravesado ciclos naturales de enfriamiento y calentamiento —conocidos como períodos glaciares e interglaciares—, el calentamiento global del último siglo ha sido más rápido e intenso que cualquier otro en la historia reciente. Lo que les preocupa a los científicos es la rapidez con la que la temperatura global ha aumentado en el último siglo. Nuestra actividad industrial ha acelerado el calentamiento del planeta, y los glaciares están respondiendo a ese cambio”.

Actualmente Colombia cuenta con 6 glaciares: el Nevado del Ruiz, Santa Isabel (en grave riesgo de desaparecer en los próximos años), el Tolima, el Huila, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra Nevada del Cocuy. Cabe mencionar que cuatro de ellos están sobre volcanes, lo que agrega un riesgo, ya que la actividad volcánica también acelera su derretimiento. Según el Ideam, cada año el área glaciar del país disminuye entre 3 y 5 %, una reducción alarmante que no solo amenaza la  biodiversidad de los ecosistemas de alta montaña, sino que además compromete la seguridad hídrica de las comunidades y los sectores productivos del país.

¿Por qué son tan importantes los glaciares?

Aunque su aporte hídrico es de apenas el 7,5 % del total nacional —por lo que no es la fuente principal de agua—, su desaparición sí impactará directamente a las comunidades aledañas que dependen de ellos y a los sistemas ecológicos que están en equilibrio gracias a su presencia. La ausencia de los glaciares también representa un impacto simbólico y cultural, ya que resalta la conexión espiritual de las comunidades con estos paisajes como zonas de rituales o de origen de la vida y su valor como parte del patrimonio natural.

“Perder glaciares en Colombia es un hecho que no tiene vuelta atrás. Más allá de la importancia de sus fuentes hídricas, lo que se está perdiendo es parte de la identidad de muchas personas que han crecido viéndolos, ya sea de cerca, o no tan de cerca”, señala la geóloga.

El profundo vínculo que mantienen las comunidades con los glaciares obedece a que estas los consideran como guardianes de su identidad, y por eso muchos miembros se involucran en iniciativas de protección, promoviendo su cuidado mediante la conciencia ambiental y la preservación de los ecosistemas circundantes. Por eso la desaparición de estos glaciares es una pérdida ecológica y además un golpe emocional y cultural para las poblaciones que, generación tras generación, han vivido en estrecha relación con estas imponentes formaciones.

¿Qué se puede hacer?

Detener el retroceso glacial en Colombia ya no es una opción viable, pero sí es posible ralentizar su desaparición y reducir sus impactos. Esto implica compromisos globales, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y acciones locales como la protección de los ecosistemas de alta montaña y la educación ambiental en comunidades cercanas.

“El mayor aporte hoy es la conciencia. Saber que los estamos perdiendo, entender por qué son importantes y actuar en consecuencia, desde lo académico, lo político y lo ciudadano”, concluye la experta Martínez.

A pesar de la evidencia, la respuesta institucional ha sido limitada. Existen esfuerzos académicos, como la declaración de 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares por parte de la ONU, con el objetivo de aumentar la conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas para el ciclo del agua y el clima, y fomentar acciones de protección. Sin embargo aún falta una política integral del Estado que priorice la conservación activa, la educación ambiental y la mitigación del impacto climático.

Ante los altos precios del oro Colombia debe formalizar a pequeños mineros

 Después de romper la barrera de los 3.000 dólares por onza, el precio del oro mantiene su tendencia al alza marcando récords históricos. Según expertos, esa cifra se mantendrá en los próximos meses, lo que motivará los procesos informales de extracción minera y de explotación ilegal en países como en Colombia, en donde la mayoría del metal se obtiene por esta vía.

En el país más del 90 % de la extracción del oro es informal y se realiza por minería artesanal y de pequeña escala, a la que se dedican más de 350.000 personas que encuentran en el barequeo y actividades similares un medio de subsistencia, y que genera cerca de 1 millón de empleos, según el Informe nacional: minería ilegal y contaminación por mercurio en Colombia, publicado en 2024 por la Procuraduría General de la Nación (PGN). En Antioquia, Cauca y Chocó, donde se concentra el 80 % de la producción nacional de oro, el 95 % es realizado por organizaciones de menos de 25 trabajadores.

Según el Informe, la minería ilegal se presenta en 323 municipios de 26 de los 32 departamentos de Colombia, y en 2022 creció un 19 %. El 85 % del oro que exporta el país tiene un origen ilícito, y el 70 % de este es controlado por grupos armados ilegales que han encontrado en esta práctica una forma de financiar sus actividades, incluso más lucrativa que la cocaína, y a veces a gran escala con dragas y maquinaria pesada como en el río Quito (Chocó). Ante el auge del oro se ha evidenciado un aumento de este tipo de extracción en zonas como Santa Fe de Antioquia y Buriticá (Antioquia).

Por la poca confianza que tiene el dólar en el panorama político, el oro sirve de refugio físico y psicológico de valor frente a una posible recesión económica mundial. Por eso alcanzó un precio histórico de 3.133,70 dólares por onza troy (medida estándar de metales preciosos equivalente a unos 31 g), sobrepasando un umbral que en el mediano plazo es muy difícil que vuelva a estar por debajo de los 3.000 dólares”, explica el profesor Giovanni Franco Sepúlveda, Ph. D. en Ingeniería y director del Grupo de Planeamiento Minero (Giplamin) del Departamento de Materiales y Minerales de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín.

El docente señala además que “ante este panorama, los altos precios del oro implican un incremento considerable en el mercado ilegal del mercurio, utilizado de manera irracional –técnica y ambientalmente– en las explotaciones de oro aluvial”. Por ejemplo, el Informe de la PGN indica que en Cauca se vierten en promedio 16,85 t anuales de mercurio y se usan 8,56 g por cada gramo de oro extraído, a pesar de que en Colombia el mercurio está prohibido según el Acuerdo de Minamata. Así mismo demandará más explosivos que se usan en la minería subterránea de oro de veta.

Según la Agencia Nacional de Minería y la Unidad Planeación Minero Energética (UPME), en 2024, mientras todas las exportaciones mineras se redujeron, el oro incrementó un 20,5 %.

El profesor Franco agrega que “los procesos informales de extracción minera de oro aumentan para aprovechar el precio de oportunidad de las altas cotizaciones del mineral”. Lo que preocupa es que esta situación lleva a que el Estado deje de percibir incalculables sumas de dinero provenientes de estas explotaciones, pues no se pagan cargas impositivas ni tributarias, y mucho menos regalías fruto de esta extracción, por lo que esta renta minera que no se distribuye equitativamente en toda la población debería financiar proyectos locales, departamentales y nacionales, mas no los bolsillos ilícitos.

Oportunidades y desafíos

“En Colombia seguimos enfrentando un desafío que parece insuperable: la incapacidad de construir una política pública eficaz que les permita a los mineros informales acceder de manera rápida y sencilla a programas de formalización, ya que los requisitos y la inversión necesaria para sus títulos los lleva a preferir la informalidad”, sostiene el profesor Franco.

Por eso propone construir puentes entre las grandes empresas mineras y los pequeños mineros que cumplan requisitos básicos para formalizarse, con el fin de construir una cadena productiva de la extracción del oro, una minería bien hecha que proteja la flora y la fauna de la contaminación, y además formalizada, de modo que permita aprovechar los conocimientos de todos los actores para convertir el sector minero en un apalancador de responsabilidad social y protección del medioambiente.

“La propuesta no es solo una solución pragmática, sino un modelo en el que todos ganan. El Estado se beneficiaría al reducir los niveles de informalidad y aumentaría el recaudo tributario, lo que fortalecería las finanzas públicas. Las empresas mineras, por su parte, podrían aprovechar los altos precios del oro para mejorar sus balances financieros y generar mayor confianza entre sus accionistas. Los mineros formalizados accederían a prestaciones sociales y seguridad laboral, protegiendo tanto su bienestar como el de sus familias”, concluye el docente.

Aplicación móvil colombiana predice muerte masiva de peces en el Caribe

 La Ciénaga Grande de Santa Marta, un vasto complejo lagunar considerado como uno de los ecosistemas más importantes del Caribe colombiano, ha sido el escenario de la muerte masiva de peces, lo que afecta a miles de familias de la región que dependen de la pesca. Para atender este fenómeno –provocado por el crecimiento descontrolado de algas tóxicas y el aumento de la temperatura–, un equipo científico logró validar y poner en funcionamiento una herramienta predictiva capaz de anticipar con precisión cuándo las condiciones del agua afectarían la vida marina.

La muerte masiva de peces como róbalo, lisa, tilapia, mojarra y pargo en la Ciénaga Grande de Santa Marta se relaciona con los florecimientos algales nocivos (FAN), un fenómeno natural que se vuelve más frecuente y peligroso por el cambio climático y la contaminación que llevan las aguas residuales agrícolas o humanas, con fertilizantes o detergentes ricos en fósforo.

Cuando microalgas como Anabaenopsis encuentran un exceso de nutrientes –entre ellos el fósforo– proliferan descontroladamente. Este “brote” de algas consume el oxígeno disuelto en el agua generando hipoxia (bajo oxígeno) o anoxia (ausencia total de oxígeno), lo que provoca la asfixia de peces y otros organismos acuáticos.

Estos eventos tienen consecuencias no solo ecológicas, sino también sociales y económicas: los pescadores pierden su sustento, se afectan los ecosistemas costeros, y si no se actúa a tiempo se pueden generar impactos sobre la salud pública. Según Parques Nacionales Naturales, más de 30.000 habitantes dependen de los recursos pesqueros del complejo lagunar de esta región.

Una aplicación para actuar a tiempo

A mediados de la década de 1990 científicos colombianos propusieron una idea visionaria: crear una herramienta que permitiera anticipar estas crisis, y así nació el indicador de riesgo de muerte de aerobios (IRMA), diseñado para alertar sobre el riesgo de mortandad masiva de peces a partir del monitoreo de tres variables esenciales del agua: fosfato (PO₄), clorofila (CLA) y oxígeno disuelto (OD).

Sin embargo en ese entonces el IRMA no se pudo validar con suficientes datos y su uso se descontinuó hasta ahora, cuando un equipo de trabajo lo retomó y actualizó utilizando 5.778 registros históricos recolectados entre 1993 y 2019 en 71 Estaciones de Monitoreo de la Ciénaga Grande de Santa Marta, información que se consolidó gracias a la cooperación del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar).

También incluyó una base de datos única construida con 26 años de noticias y reportes sobre mortandad de peces en la región, gracias al trabajo de investigadores y medios de comunicación. En este caso se contó con la información del “Proyecto de cooperación técnica colombo alemán:

rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta” (Pro-Ciénaga), dirigido por el doctor Horst Salzwedel, biólogo marino de la Universidad de Kiel (Alemania).

El resultado es una versión validada, precisa y operativa del IRMA, y, aún más importante, un sistema de alerta temprana listo para ser utilizado por autoridades ambientales, pescadores y cualquier persona interesada en proteger este ecosistema vital, con una precisión del 78 % para predecir la mortandad de estos peces.

El proyecto no se quedó en el laboratorio, sino que con el apoyo de desarrolladores de Nova Transmedia, el equipo creó una aplicación móvil gratuita que ya está disponible en App Store (https://apps.apple.com/es/app/florecimientos-algales-nocivos/id1602753063), que pone el IRMA directamente en la palma de la mano.

La app les permite a los usuarios ingresar valores de fósforo, clorofila y oxígeno disuelto obtenidos con sensores básicos o estaciones de monitoreo, y el sistema calcula automáticamente el nivel de riesgo de mortandad de peces en una escala que va de “poco riesgo” a “muy alto riesgo”.

También ofrece un tablero gráfico interactivo, mapas de riesgo geoespacial y un módulo educativo virtual que enseña a identificar microalgas tóxicas, realizar muestreo de campo y entender los ciclos ecológicos de la Ciénaga.

El estadístico Luis Felipe Santos Becerra, magíster en Biología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), trabajó en la investigación con los profesores José Ernesto Mancera, del Departamento de Biología, y Liliana López Kleine, del Departamento de Estadística. El estudio contó con toda la rigurosidad científica necesaria, pues se utilizaron modelos estadísticos avanzados como análisis multivariados, aprendizaje automático (machine learning) –a través de bosques aleatorios utilizados para predicción–, y modelado geoestadístico (Kriging).

Además contiene datos históricos valiosos, que integran más de dos décadas de monitoreo ambiental y noticias que permiten observar patrones a largo plazo que antes eran invisibles; y una aplicabilidad real, ya que la herramienta se diseñó no solo para investigadores sino también para pescadores, educadores, estudiantes, y autoridades que necesitan actuar con rapidez.

Un problema que se extiende

Este problema sigue latente, pues en 2019 el Invemar señaló que más de 2 toneladas de peces en la Ciénaga Grande de Santa Marta (desembocaduras de los ríos Fundación y Aracataca) murieron por el fenómeno de disminución de oxígeno con varias causas, entre ellas el aumento de la temperatura por el fenómeno de El Niño, un evento asociado con el incremento de algas tóxicas como las cianobacterias.

De hecho en medio del mar ya hay zonas llamadas como “muertas”, que son como grandes bolsas sin oxígeno, y por ende sin vida. Un estudio de 2018 publicado en la revista Science mostró que desde mediados del siglo XX estas zonas se han cuadruplicado en los océanos, mientras que cerca de las costas se han multiplicado por 10. Estas condiciones se dan por el aumento de calor de la Tierra, que es la base para que las cianobacterias se sigan reproduciendo; se estima que en los próximos 5 años la temperatura aumentaría 1,5 °C de más.

Según la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), en Colombia hay más de 300.000 pescadores y solo en 2021 la pesca y la acuicultura alcanzaron una producción de más de 300.000 toneladas, en especial de tilapia, cachama, trucha y camarón. Sumado a esto, el consumo per cápita de pescado pasó de 6,9 kg en 2018 a 9,6 kg en 2022, datos que evidencian la importancia de este sector no solo para esta región costera sino para todo el país.

Por eso la investigación del magíster Santos se convierte en un salvavidas, pues permite tener herramientas que generen sistemas de alerta temprana frente a la mortandad de peces, un problema que incide directamente en la economía no solo del Caribe sino del país, y de la cual dependen miles de familias.

 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL RÍO PANCE, PREVIO A SEMANA SANTA

 Frente a la Semana Santa y como parte de una campaña interinstitucional de prevención y gestión del riesgo, la institucionalidad de Cali hace un llamado a los bañistas y a la comunidad que visita el río Pance para que tomen precauciones ante los peligros derivados de las intensas lluvias.

“Estamos realizando actividades en colaboración con los lideres comunitarios que hacen parte del Sistema de Alertas Tempranas – Satic Pance, anticipándonos al incremento de visitantes al corregimiento. Nuestro objetivo es sensibilizar sobre temas ambientales y promover la gestión del riesgo y desastres en esta temporada de lluvias”, destacó Norely Cuello, funcionaria de la Regional Suroccidente de la CVC.
 
Esta iniciativa es promovida por la CVC, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil, Parques Nacionales Naturales de Colombia y el grupo comunitario Guardianes del río Pance, que se encargan de sensibilizar a los bañistas y demás visitantes sobre la importancia de una conducta responsable.

 

Edwin Cortes, socorrista de la Cruz Roja, dijo que la campaña de prevención y promoción busca educar sobre la gestión del riesgo y temáticas ambientales. “Les aconsejamos que sean precavidos al bañarse, especialmente en zonas seguras, y que tengan cuidado con los niños. Además, es importante no realizar fogatas para evitar impactos negativos en la fauna silvestre y los bosques”.

 

Durante esta jornada, también se sensibilizó sobre las serpientes nativas del área, utilizando modelos realistas en 3D para facilitar su identificación. Asimismo, se llevó a cabo una observación de aves y de la fauna silvestre presente, apoyada por un sendero interpretativo con 18 estaciones, gracias a las Guardianas del río Pance, quienes explicaron la fauna y flora del ecoparque y la relevancia de su protección.

 

Recuerde que si va a Pance, debe hacerlo de manera responsable, contribuyendo a preservar la belleza natural de este corregimiento de Cali:

 

•    Llévese la basura que generó durante su visita y deposítela en los lugares adecuados.
•    No arroje basura en el río, ni en los senderos.
•    Si va a preparar sancocho de leña, recuerde usar los espacios autorizados para evitar incendios y daños a la fauna silvestre que habita en la zona.
•    Está prohibido quemar material agrícola, vegetal u otro tipo de residuos sin autorización.

Falta de control agrava el deterioro del páramo de Sumapaz

 La falta de control sobre la expansión agrícola y la ausencia de una planificación ambiental efectiva están poniendo en riesgo el páramo de Sumapaz, el más grande del mundo. Aunque la Provincia Administrativa y de Planificación del Sumapaz (PAP-Sumapaz) se creó para coordinar su protección, la desarticulación entre entidades dificulta su impacto, mientras los cultivos y el turismo sin regulación siguen degradando este ecosistema esencial para el agua en Colombia.

El páramo de Sumapaz cubre más de 300.000 hectáreas y es vital para la regulación hídrica, ya que abastece a millones de personas en Bogotá y otras regiones del país, pero su frágil equilibrio está en riesgo.

“El páramo representa la vida de todos”, le dijo un habitante de la vereda Santa Bárbara –quien ha dedicado su vida a la agricultura– a la abogada María Fernanda Pirabán Cañón, candidata a magíster en Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien adelantó este estudio.

Históricamente el territorio ha estado ligado a movimientos de colonización campesina y luchas agrarias por el acceso a la tierra. Sin embargo, la expansión de la frontera agrícola ha afectado gravemente la conservación del páramo, debido especialmente a actividades agropecuarias y asentamientos rurales. La Ley 1930 de 2018 prohíbe la agricultura y la minería en los páramos, pero la regulación ha sido insuficiente en municipios como Pasca, Arbeláez y Cabrera.

“Nosotros reforestamos y protegemos el recurso hídrico solos, sin ayuda de las instituciones porque no ayudan en nada ni se aparecen por aquí”, le manifestó también la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Salitre. Su testimonio refleja la frustración de las comunidades campesinas, que sienten el abandono institucional frente a los retos ambientales que afrontan.

Aunque la PAP-Sumapaz se creó en 2023 para coordinar la gestión ambiental en la región y debía ofrecer soluciones, la falta de articulación entre entidades ha limitado su impacto.

Descoordinación y conflictos por el uso del suelo

A partir de un enfoque cualitativo, la abogada Pirabán analizó las dinámicas del territorio más allá de los datos estadísticos, priorizando la percepción de los actores involucrados. A través de entrevistas a habitantes del páramo, líderes comunales y funcionarios públicos, documentó cómo la falta de diálogo y coordinación entre entidades ha debilitado la gestión del ecosistema.

También revisó documentos oficiales como los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios afectados, el Plan de Manejo Ambiental del Parque Nacional Natural Sumapaz y registros cartográficos sobre los cambios en el uso del suelo.

El estudio encontró que la falta de coordinación entre entidades ambientales y municipales es uno de los mayores obstáculos para conservar el páramo. Existen superposiciones de competencias entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente), las Corporaciones .

Además, la delimitación del páramo ha sido un proceso problemático. La Resolución 1437 de 2017 de Minambiente estableció límites sin la participación de las comunidades. Frente a esto, la Coordinadora Campesina de Sumapaz-Cruz Verde presentó una acción de tutela exigiendo la protección de sus derechos al mínimo vital, igualdad y participación ambiental. En 2019, un juzgado dejó sin efectos la delimitación y ordenó un nuevo proceso participativo que incluya a las comunidades de los municipios con cobertura de páramo.

“No existe una definición común y precisa de la extensión del páramo; en algunos casos su ubicación se asocia con la altitud, pero no hay una única referencia de altura, y en otros casos se define con base en veredas específicas, lo que genera confusión en la aplicación de las normativas y en la protección efectiva del ecosistema”, detalla.

Además, el turismo sin regulación ha sumado otro problema: en lugares como las lagunas de Colorados, Larga y Negra, el aumento de visitantes ha generado contaminación y daño en la biodiversidad. “Aquí vienen turistas, pero no hay control. No hay quién cuide el páramo y cada vez hay más gente entrando”, advirtió un campesino entrevistado en la vereda Santa Bárbara.

Urge una estrategia integral

La abogada enfatiza en que la Ley de Páramos es un gran avance, ya que establece una perspectiva integral para la gestión del ecosistema. Aún así, destaca la importancia de fortalecer los escenarios de participación y concertación con las comunidades, dado su arraigo histórico y social en la región.

“Las comunidades han experimentado conflictos por el acceso a la tierra y tienen una percepción negativa de las entidades públicas, en especial de las autoridades ambientales, que imponen restricciones pero no ofrecen alternativas viables”, sostiene.

En ese sentido, recomienda que la gestión del páramo no se limite a la delimitación del territorio y la formulación del Plan de Manejo Ambiental, sino que las comunidades se incluiyan como aliadas en el control y monitoreo permanentes. “Ellos son habitantes perennes de la zona, lo que los convierte en actores estratégicos para la protección del ecosistema”, agrega.

Otra importante medida es fortalecer los pagos por servicios ambientales, un incentivo económico para fomentar prácticas de restauración y conservación. Asimismo se requiere realizar el censo de habitantes del páramo, una obligación del DANE según la Ley de Páramos. “Este censo es crucial para diseñar estrategias de reconversión productiva y garantizarles alternativas de sustento a las familias que dependen del páramo”, puntualiza.

Por último, la investigadora Pirabán sugiere que en la revisión de los POT de los municipios con área de páramo se regulen los usos del suelo en las zonas colindantes. “Esto permitiría establecer una zona de amortiguación para prevenir la expansión de actividades que amenacen la conservación del ecosistema”, concluye.

Manglares de San Andrés y Tumaco responden distinto a la erosión costera

 Mientras en las playas de Bocagrande (Tumaco), cuando el oleaje es más intenso, los manglares prosperan, en el Parque Nacional Manglares de Old Point (San Andrés) ocurre lo contrario: la potencia de las olas los deteriora, debilitándolos con el tiempo. Así se evidenció luego del análisis de imágenes satelitales y datos sobre oleaje y caudal en estas regiones, un enfoque novedoso ya que considera a estos ecosistemas como indicadores de la erosión costera.

La erosión costera es un fenómeno natural generado por el oleaje, el viento, las corrientes oceánicas y las mareas. Sin embargo, según la investigadora Johanna Paola Echeverry Hernández, magíster en Biología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), la actividad humana acelera este proceso, convirtiéndolo en un problema no solo para los ecosistemas sino también para las comunidades que habitan las zonas costeras.

Este fenómeno afecta a diversas regiones del país. Datos del Observatorio Ambiental de Cartagena de Indias —una ciudad que la experta ya había estudiado en relación con la erosión costera— indican que “La Heroica” enfrenta un alto riesgo debido al aumento del nivel del mar, las lluvias torrenciales y otros factores que propician la erosión y las inundaciones.

Investigaciones de las Universidades de los Andes y EAFIT advierten que para 2040 el nivel del mar en Cartagena se incrementaría entre 15 y 20 cm, poniendo en peligro al menos al 80 % de los barrios de la ciudad. 

Este problema no es exclusivo de Colombia. Según un artículo publicado en la revista Nature Climate Change, en las próximas tres décadas el mar avanzará unos 100 m sobre las playas del mundo, con América Latina entre las regiones más afectadas; particularmente Chile, Argentina y México serían los países más vulnerables.

Dado que se estima que el 40 % de la erosión costera es prevenible, la investigación de la magíster Echeverry cobra especial relevancia, ya que en su estudio comparó el comportamiento de los manglares de San Andrés, donde se encuentran dentro de un área protegida, y en Tumaco, donde la madera de estos ecosistemas es aprovechada con fines comerciales. 

Estos bosques de árboles y arbustos, además de servir como barreras naturales contra la erosión, cumplen funciones ecológicas esenciales: capturan y almacenan carbono, y albergan una gran diversidad de especies marinas, como peces y moluscos.

Del satélite al detalle

Para su análisis la investigadora utilizó imágenes satelitales de acceso público y gratuito, como las de PlanetScope y Rapideye, del periodo 2010-2023. Estas herramientas le permitieron obtener una visión detallada de la cobertura vegetal en el Caribe y el Pacífico colombianos, con especial énfasis en los manglares.

Además recurrió a los datos del programa Climate Data Store Copernicus de la Unión Europea —dedicado al monitoreo ambiental del planeta— para evaluar variables como temperatura y oleaje. También utilizó imágenes de la NASA y registros del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sobre el impacto del fenómeno de El Niño en estas zonas.

El análisis de estas variables, realizado a través de un software especializado en geografía y estadística, reveló hallazgos significativos. En primer lugar, los manglares no responden de la misma manera a la erosión en todo el país, lo que cuestiona las estrategias de conservación que los abordan como ecosistemas homogéneos.

Por ejemplo en Bocagrande (Tumaco), cuando el oleaje es más intenso, los manglares prosperan. La fuerza del mar contribuye a la acumulación de sedimentos permitiendo la expansión de estos ecosistemas y evitando la progresión de la erosión, mientras en San Andrés ocurre lo contrario: la intensidad de las olas deteriora los manglares, debilitándolos con el tiempo.

Otro factor determinante es la temperatura. Durante los eventos de El Niño —que elevan la temperatura del agua— los manglares de Tumaco no logran resistir y mueren, mientras que los de San Andrés se ven favorecidos y prosperan. En cambio, con el fenómeno de La Niña ocurre lo opuesto.

El estudio también evidenció la importancia del caudal de ríos y mares en estos procesos: mientras en Tumaco un mayor volumen de agua ayuda a los manglares a procesar y aprovechar los sedimentos, en San Andrés esta dinámica es diferente, ya que la Isla carece de ríos que alimenten sus costas con estos materiales.

La investigación aporta un nuevo enfoque para entender la erosión costera, al demostrar que los manglares pueden ser indicadores importantes de estos procesos. Sin embargo, su respuesta a los cambios ambientales varía según la región, lo que resalta la necesidad de diseñar estrategias de conservación adaptadas a las particularidades de cada ecosistema.